La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, al Secretario de Salud de la Nación y titular del Consejo Federal de Salud, Adolfo Rubinstein, que informen sobre el cumplimiento del aborto no punible (ILE: interrupción legal del embarazo), garantizado en el Art. 86 del Código Penal de la Nación, en todo el territorio nacional, respondiendo a las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos abortos no punibles se han realizado efectivamente en el último año en nuestro país? ¿Cuántas solicitudes de acceso a la práctica se han registrado en el último año a nivel nacional? Por favor segregue los datos del informe por Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- ¿Cuántos abortos no punibles han sido denegados a nivel nacional? ¿Cuántos en cada Provincia y cuántos en CABA?

- ¿Cuáles son los requisitos de acceso para el cumplimiento del aborto no punible en cada jurisdicción?

- ¿Cuáles son los obstáculos registrados para el acceso a la práctica en cada jurisdicción?

- ¿Cuántas internaciones por abortos se han registrado en el último año en los hospitales públicos y privados? Segregue la información según cada jurisdicción.

- ¿Cuántos hospitales –públicos y privados- a nivel nacional, y en cada jurisdicción, se han declarado objetores de conciencia, negando el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo?

- ¿Cuántos hospitales –públicos y privados- a nivel nacional, y en cada jurisdicción, realizan abortos no punibles?

- Según información del Secretario de Salud de la Nación, sólo 10 de las 24 jurisdicciones (23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) han adherido al Protocolo Nacional para garantizar el acceso a los abortos no punibles. Las restantes se dividen entre las que no cuentan con ninguna norma propia que garantice el cumplimiento de este derecho, o han redactado protocolos restrictivos y contrarios al acceso al aborto no punible. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué medidas piensan disponer para impedir que se siga violando un derecho consagrado en numerosas provincias?

- ¿Por qué motivos se sigue permitiendo que en la provincia de Córdoba una ONG clerical impida con maniobras judiciales el derecho al acceso a la salud de las mujeres a través del cumplimiento efectivo del aborto no punible?

- ¿Por qué motivos el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del año 2015 aún carece de rasgo ministerial? ¿Cuándo piensan revertir esta situación?

Señor presidente:

En el día de hoy el Estado argentino ha vuelto a permitir una ofensiva contra el derecho de las mujeres al aborto no punible en la provincia de Córdoba. Una nueva maniobra clerical de la ONG del Opus Dei –Portal de Belén- suspendió la aplicación de la Guía de Procedimientos para la Atención de Abortos No Punible en los hospitales de la Provincia. Desde el año 2012 esta ONG impuso, con medidas cautelares, el bloqueo de la práctica –que recién en diciembre pasado (2018) fue convalidada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Los hechos conocidos en el día de hoy dan cuenta de que en Córdoba gobierna el Portal de Belén, con absoluta complicidad del poder político local y nacional.

Este año comenzó con una enorme conmoción ante el caso de la niña jujeña de 12 años que fue obligada a continuar un embarazo forzado producto de una violación hasta los 6 meses de gestación, y luego a atravesar una cesárea que culminó con el fallecimiento del bebé. Lo que puso de manifiesto una vez más la sistemática violación del derecho al aborto no punible en nuestro país (¡que figura en el Código Penal desde 1921!), y la tortura a la que el Estado y las Iglesias someten a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. No se trata de un caso aislado, sino que –como refleja la situación de Córdoba- es una práctica recurrente del poder político y clerical en todo el territorio nacional. Precisamente por ello, el movimiento de mujeres se movilizó en todo el país el pasado #1F, adhiriendo al reclamo de las organizaciones de lucha de Jujuy por la inmediata destitución del Ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid, así como el efectivo cumplimiento del aborto no punible (ANP) a nivel nacional y por el derecho al aborto legal.

La situación de Jujuy y de Córdoba son apenas botones de muestra del flagelo que representa para las mujeres y niñas, y para el cumplimiento de nuestros derechos, la enorme injerencia clerical y el poder del oscurantismo en todos los niveles del Estado. En materia sanitaria y educativa las consecuencias son dramáticas. Es el poder de ese lobby el que llevó a la defensa del aborto clandestino en el Senado en agosto del año pasado, y que se sigue cobrando muertes de mujeres pobres. Es esa subordinación al Vaticano la que ha impuesto el bloqueo a la educación sexual laica y científica y su tratamiento en esta Cámara. El tratamiento parlamentario del derecho al aborto legal puso en evidencia que todos los partidos y bloques capitalistas están poblados de agentes del clero. La separación de la Iglesia del Estado, por lo tanto, incluye una necesaria superación de este régimen político agotado y podrido.

En un país donde oficialistas y opositores intentan permanentemente reforzar la política represiva y el endurecimiento de penas, la sistemática violación del Código Penal en lo que respecta a un derecho para las mujeres, no moviliza ni preocupa a ninguno. Llegamos incluso a la situación de que una diputada de esta Cámara, la Radical-Cambiemos Burgos, opere abiertamente junto con los sectores más reaccionarios contra el derecho de la niña jujeña. O que en Córdoba prime el oscurantismo reaccionario del Opus Dei como política de Estado. Ese es el verdadero rostro de los “pañuelos celestes” que dicen defender la vida. Para el movimiento de mujeres no hay terreno de unidad posible con los enemigos de nuestros derechos –como predica ahora la expresidenta Cristina Kirchner, aliada destacada del Vaticano.

El Secretario de Salud Rubinstein se ha pronunciado a favor de la legalización del aborto. Sin embargo, bajo sus narices se incumple sistemáticamente el ANP en la mayoría del territorio nacional. Contamos incluso con un fallo de la Corte Suprema desde el año 2012 (fallo F.A.L.) que reforzó los criterios para el cumplimiento de la interrupción del embarazo en los casos en que “la salud o la vida de la mujer están en peligro, o cuando el embarazo es producto de una violación o un atentado al pudor de una mujer idiota o demente”. Y a pesar de todas las herramientas y disposiciones legales, el derecho no se cumple. A esta altura resulta asimismo intolerable que ningún titular de la cartera de salud de la nación se haya dispuesto a otorgar rango ministerial al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que data del año 2015 –que al menos sería una herramienta importante para reforzar los reclamos de las mujeres, que chocan sistemáticamente con un sistema de salud copado por el aparato clerical, en numerosas provincias. ¿Qué están esperando? ¿Cuántos casos más como el de la niña jujeña deben conmocionar al país para que se dignen a hacer algo? Huelga decir que el problema de fondo es separar definitivamente a las empresas clericales de la salud y la educación, y a las iglesias del Estado.

Hacemos este pedido de informes para que se conozcan públicamente las cifras nacionales en esta materia, y para que el movimiento de mujeres cuente con toda la información disponible para seguir reforzando su lucha por sus derechos.

La votación contra las mujeres el 8 de agosto en el Senado no ha derrotado a la marea verde. Será ésta la que más temprano que tarde barra con el oscurantismo capitalista y clerical, y todos sus agentes, en la lucha por la emancipación de las mujeres, que es la lucha por la emancipación de toda opresión y explotación social.

Por estos motivos, solicitamos a los señores Diputados que coincidan con este Pedido de Informes adhieran al mismo.