La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad, implemente, con carácter urgente, las medidas necesarias para revocar las resoluciones n°2342, 2368 y 2369 del año 2018, debido a las consecuencias negativas que generan sobre la sociedad y sobre los sectores comerciales y productivos de nuestro país.

Señor presidente:

Por el presente proyecto proponemos que se solicite al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad, implemente, con carácter urgente, las medidas necesarias para revocar las resoluciones n°2342, 2368 y 2369 del año 2018 debido a las consecuencias negativas que generan sobre la sociedad y sobre los sectores comerciales y productivos de nuestro país.

Las resoluciones n°2342 y 2368 del año 2018 han aprobado nuevos cuadros tarifarios para peajes de los corredores viales nacionales 1, 2 (Pergamino-General Villegas, Provincia de Buenos Aires, ruta nacional n°188, 290km), 3 (Provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, rutas nacionales n°9 y 34, 797km), 4 (Provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, rutas nacionales n°19 y 34, 664km) , 5, 6 (Provincias de Chaco, Corrientes y Misiones, rutas nacionales n°12 y 16, 933km), 7, 8 (Provincias de Buenos Aires y Córdoba, rutas naciones n°8, 36 y A005, 687km) y 18 (Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, rutas nacionales n°12, 14, 135, A15, 117 y 174, 677km).

Es decir que las medidas suponen aumentos para peajes de más de 4000 (cuatro mil) kilómetros de rutas nacionales (https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/corredoresviales).

Por cierto, los aumentos van desde el 30 hasta el 56% (https://tn.com.ar/economia/el-gobierno-autorizo-subas-de-peajes-de-entre-30-y-56-por-ciento-por-la-devaluacion-y-la-caida-del_920260).

Los referidos aumentos, sumados a los de la inflación general interanual (noviembre 2017-noviembre 2018) que ya ronda el 46%, impactan negativamente en la sociedad argentina. Los nuevos cuadros tarifarios asestan otro golpe más a la capacidad económica de nuestros ciudadanos. En paralelo, estos aumentos también suponen un obstáculo más para el comercio y para la producción nacional.

Cabe subrayar que los aumentos previstos en las resoluciones 2342 y 2368 del año 2018 en algunos casos (56%) superan el índice de inflación internanual (46%) o anual (con base en 48%). Si bien en las resoluciones se hace alusión a la necesidad de mantener costos operativos y planes de obras, lo cierto es que los porcentajes fijados exceden lo razonable.

Asimismo, no se trata de aumentos aislados, sino que se suman a otros que afectan lo que se denomina la canasta automotor. De acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, a septiembre de 2018 el costo para mantener un vehículo ya había aumentado un 55% . Por lo tanto, los aumentos en peajes de estas resoluciones se añaden a los ya producidos en otros rubros, como, por ejemplo, combustibles (más del 75%), estacionamientos (más del 33%), VTV (más del 42%), seguros (más del 37%), patente (más del 30%).

Ahora bien, los peajes en zonas urbanas ya habían aumentado hasta septiembre de 2018 más de un 78%. Y ese porcentaje probablemente sea acrecentado en lo sucesivo de conformidad a la resolución 2369/2018. Aquella resolución establece la apertura de procedimientos previos de participación para la redeterminación de tarifas de los Contratos de Concesión de los Accesos NORTE y OESTE. En otras palabras: se pone en marcha un próximo aumento para autopistas urbanas.

Sin embargo, si los aumentos de las resoluciones 2342 y 2368 son irrazonables, los que propone la resolución 2369 son también ilegítimos. La redeterminación tarifaria de los contratos de los accesos Norte y Oeste se basan en acuerdos de renogociación suscriptos en junio de este año entre los concesionarios, el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad, por ese entonces dirigida por Javier Iguacel. Los acuerdos de junio previeron cláusulas para redeterminar tarifas por distintas razones, una ellas la reducción de circulación de vehículos en porcentaje superior al 5%.

En la resolución 2369 se invoca la cláusula 4.6 de los acuerdos integrales de renegociación: ““En caso de que a los efectos del procedimiento de REDETERMINACION TARIFARIA previsto en el inciso (a) de la Cláusula 4.2 debiera tomarse en cuenta (i) un TRÁNSITO COMPUTABLE inferior en más de un Cinco por ciento (5%) al TRÁNSITO BASE… la AUTORIDAD DE APLICACIÓN deberá llevar adelante un procedimiento previo que contemple la participación ciudadana, habilitando un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas por parte de los interesados…”.

En caso de aprobarse los nuevos cuadros tarifarios, los peajes de los accesos Oeste y Norte pasarían a costar 65 y 75 pesos, respectivamente, cuando hoy cuestan 50 y 55 pesos. Es decir que se impondrían aumentos de hasta el 37%. Todo ello en virtud de una cláusula de renegociación contractual fijada en junio de este mismo año.

Con esto último se pretende resaltar que fue la propia impericia del Gobierno Nacional la que ató el destino de los aumentos de los peajes. Dada la escalada de aumentos que ya se operaban, era previsible que se redujera la circulación de vehículos. Sin embargo, el Gobierno Nacional castiga con aumentos a la ciudadanía y premia a los concesionarios con aquellos. Debe aclararse, también, que los concesionarios conocen estas cuestiones fácticas y jurídicas, por lo que la revocación de las resoluciones sería procedente, en los términos de los artículos 17 y 18 de la ley 19.549.

Asimismo, téngase presente que esta renegociación contractual implica un caso más de compensaciones del Estado a empresas, como la fallida Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía para compensar a distribuidoras de gas, también suscripta por Javier Iguacel.

En resumen, todas las resoluciones referidas deben dejarse sin efecto en tanto suponen aumentos irrazonables de precios de peajes. El Gobierno Nacional debe adoptar políticas que favorezcan al comercio y la producción. La prioridad del Gobierno no puede consistir en compensar pérdidas de concesionarios.

Por esas razones, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con la sanción del presente proyecto.