La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto en forma inmediata la Resolución N° 956/2018 emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación y publicada en el Boletín Oficial del día 3 de diciembre del corriente año.

Rechazar dicha resolución ministerial según la cual se aprueba el “Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, que amplía los casos en que policías y miembros de las fuerzas represivas pueden usar armas de fuego, habilitando incluso su uso cuando la persona que supuestamente cometió un delito no está armada. El reglamento en cuestión autoriza a los agentes a usar armas letales sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa, así como su uso en "defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" o "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas", generalizando así su uso ambiguo y arbitrario.

Alertar y denunciar que esta resolución implica la promoción del fusilamiento liso y llano por la espalda, aun si la persona está desarmada, así como la legalización del llamado “gatillo fácil” y la institucionalización de la "doctrina Chocobar", instalada por Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Denunciar asimismo su inconstitucionalidad, ya que una resolución ministerial no puede violentar las leyes vigentes, la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional que impiden taxativamente la ejecución sumaria de las personas por parte de la fuerza pública.

Señor presidente:

Traemos a consideración de este cuerpo un proyecto de resolución a fin de solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto en forma inmediata la Resolución N° 956/2018 emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación y publicada en el Boletín Oficial el día 3 de diciembre del corriente año.

Con su publicación el Gobierno oficializó un nuevo “Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, que les otorga mayor libertad a las fuerzas federales de seguridad y amplía los casos en que policías y miembros de las fuerzas represivas pueden usar armas de fuego, habilitando incluso su uso cuando la persona que supuestamente cometió un delito no está armada. Esta resolución, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también deroga toda disposición o normativa contraria a la nueva reglamentación.

Debemos recordar aquí que esta nueva reglamentación ya había sido implementada durante la Cumbre del G-20, con la excusa de dar mayor libertad a los efectivos para “proteger a los presidentes”, y si bien en un principio se había anunciado que perdería su vigencia una vez finalizado el mismo, el Ministerio de Seguridad prorroga sus alcances y le otorga mayor jerarquía con la publicación de la resolución que venimos a rechazar con este proyecto.

Entre los fundamentos esgrimidos por la Ministra se plantea que "resulta necesario implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, cuando se encuentren en una situación de peligro inminente, como así también velar por la protección de los derechos fundamentales de todas las personas".

Entendemos que se trata de una medida que implica un nuevo intento de legalizar el llamado "gatillo fácil" policial así como la determinación del Gobierno de institucionalizar la “doctrina Chocobar”, después de que hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallará contra el asesino de Pablo Kukoc de 18 años, el policía Luis Chocobar, ratificando la calificación “de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber”. En la investigación del hecho las cámaras no solo registraron que el policía disparó contra el joven por la espalda, sino que además estaba en el piso. A pesar de estas pruebas Mauricio Macri lo recibió en la Casa Rosada y junto a la ministra Patricia Bullrich se fotografiaron con el asesino de Kukoc.

La nueva resolución del Ministerio de Seguridad no hace referencia al accionar que tendrán las fuerzas federales en las manifestaciones. Sin embargo, el reglamento emitido por Patricia Bullrich es tan amplio que podrá usarse bajo cualquier circunstancia.

Diversos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas repudiaron esta normativa, que además resulta inconstitucional en virtud de modificar vía una resolución ministerial el Código Penal. Como señalamos ut supra una resolución ministerial no puede violentar las leyes vigentes, la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional que impiden taxativamente la ejecución sumaria de las personas por parte de la fuerza pública.

Organismos de derechos humanos, por ejemplo, advierten asimismo que se abandona la noción de uso proporcional de la fuerza, el principio de inocencia y el carácter de acción extrema, para generalizar un uso ambiguo y arbitrario donde cada integrante de cualquiera de las fuerzas federales podría justificar fácilmente ejecuciones de personas que considera "sospechosas".

En el marco del fuerte ajuste que viene aplicando el Gobierno bajo el mando del FMI contra los trabajadores y el pueblo, así como el agravamiento de las condiciones de vida de las mayorías populares, alertamos sobre las mayores atribuciones que desde el Gobierno nacional se vienen otorgando durante el último año no sólo a las fuerzas de seguridad sino también a las fuerzas armadas. Ajuste y represión van de la mano una vez más.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos se deje sin efecto la resolución señalada en la parte dispositiva del presente proyecto.