La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1.- Expresar preocupación por la lesión al derecho a la comunicación y a la libertad de expresión configurada por la cobertura sesgada sobre la represión que tuvo lugar en los alrededores del Congreso, durante el debate de la ley de Presupuesto en esta Cámara de Diputados, realizada en la edición central del noticiero de la Televisión Pública bajo responsabilidad de la gerencia de noticias (pese a constarle dicho carácter distorsivo por contar con la información enviada desde la cobertura en el lugar de los hechos realizada por las y los propios periodistas del canal).

2.- Repudiar las agresiones realizadas por efectivos policiales a periodistas, tanto del noticiero de la TV Pública, como de la agencia oficial TELAM y de medios comunitarios como el colectivo La Garganta Poderosa.

3.- Exigir que las autoridades del Sistema Federal de Medios Públicos y de RTA SE den estricto cumplimiento a su obligación positiva de proteger a los periodistas y a otros que corren el riesgo de ser atacados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de iniciar investigaciones eficaces cuando se producen dichos ataques, de manera tal que se exija la rendición de cuentas de los responsables, y de ofrecer reparaciones efectivas a las víctimas, así como de proteger la libertad de los medios de comunicación, propiciando un entorno de trabajo seguro para los periodistas y garantizando el respeto de la independencia de los medios de comunicación y, en particular, la independencia editorial.

4.- Exigir el cese del vaciamiento del sistema de medios públicos y la adopción de medidas de protección de la estabilidad laboral de las y los trabajadores que, en asamblea de trabajadores de dicho noticiero de la Televisión Pública, han denunciado públicamente estos hechos.

5.- La H. Cámara de Diputados exhorta a las autoridades del Sistema Federal de Medios Públicos con jurisdicción de contralor en el caso, a extremar las medidas de investigación a la luz de los tratados y recomendaciones internacionales aplicables en resguardo de la garantía de libertad de expresión.

Señor presidente:

El 25 de octubre próxima pasado, los trabajadores del noticiero de la Televisión Pública denunciaron que la cobertura periodística que hizo la gerencia de noticias sobre el debate del presupuesto en el Congreso y la represión en las inmediaciones, donde varios trabajadores del canal y otros medios resultaron heridos o detenidos, fue SESGADA:

“Mientras los trabajadores de prensa informaban sobre los incidentes, que incluyeron agresiones de policías a periodistas de nuestro noticiero y detenciones de compañeros de Télam y La Garganta Poderosa y de manifestantes, el relato frente a cámara y los invitados al canal estigmatizaban la protesta social para justificar la represión e ignorar el contenido del debate en Diputados”.

En un comunicado, emitido por una asamblea de trabajadoras y trabajadores, criticaron “la mirada parcial” de la gerencia bajo la órbita del titular del Sistema Federal de Medios Públicos y denunciaron el “vaciamiento” que vive el canal que se traduce en el “cierre durante varias horas al día de áreas fundamentales para la elaboración de noticias” y la eliminación de coberturas.

https://twitter.com/Canal7SiPreBA/status/1055511090317217792

Posteriormente, difundieron un clip de noticias que muestra elocuentes imágenes y testimonios, de los que surge la evidencia de la cobertura parcial de la noticia, ya que acreditan una serie de hechos sobre los que la emisión del canal estatal hizo absoluto silencio: https://www.youtube.com/watch?v=o_AduJ9s7sE

Ante ese escenario, debemos recordar, señor Presidente, que el derecho humano a la comunicación es la expresión universalista de la libertad de expresión y se encuentra consagrado en diversos tratados internacionales, entre ellos, en el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Así,“[L]os derechos de reunión y libertad de expresión, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son fundamentales y su garantía es una condición necesaria para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática” (Cfr. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=951&lID=2).

Recientemente, el 2 de mayo de 2018, en la ciudad de Accra, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Relator Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) adoptaron una Declaración Conjunta sobre la Independencia y la Diversidad de los Medios de Comunicación en la Era Digital.

En ella, se han manifestado “Alarmados por el resurgimiento de amenazas políticas a la independencia de los medios de comunicación, como el abuso de recursos del Estado, que incluye la publicidad, los intentos de figuras políticas de controlar a los medios de comunicación y a los órganos reguladores de dichos medios, el retiro de la acreditación de periodistas, los duros ataques con la finalidad de estigmatizar y desacreditar a los medios y la proscripción de aquellos que informan críticamente sobre el gobierno, funcionarios del gobierno u otros actores sociales poderosos” y “Preocupados por los intentos de gobiernos, políticos y funcionarios de coartar la independencia de los medios públicos, limitando de esta forma las oportunidades para que la gente tenga acceso a fuentes de noticias creíbles y confiables que ofrezcan una variedad de puntos de vista”.

Asimismo, han adoptado la declaración “Deplorando las amenazas continuas a la seguridad de los periodistas y de otros que difunden información de interés público, así como el gran número de asesinatos y la impunidad persistente de tales ataques, que socavan la independencia de los medios de comunicación y la libertad de expresión”

En ese marco, han indicado entre los Principios generales el de “salvaguardar el papel de los medios de comunicación públicos independientes y sostenibles, en particular con la finalidad de asegurar el suministro de información de buena calidad”.

Respecto de las Amenazas a la seguridad de los medios de comunicación señalaron que “[L]os Estados tienen la obligación positiva de proteger a los periodistas y a otros que corren el riesgo de ser atacados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de iniciar investigaciones eficaces cuando se producen dichos ataques, de manera tal que se exija la rendición de cuentas de los responsables, y de ofrecer reparaciones efectivas a las víctimas”.

Respecto de las Amenazas políticas, prescriben: “[L]os políticos y los funcionarios públicos deben abstenerse de tomar medidas que socaven la independencia de los medios de comunicación, como interferir políticamente en las operaciones, asumir el control comercial de los órganos reguladores o de medios de comunicación comerciales, comunitarios o públicos o presionar a las plataformas en línea para que regulen el contenido”.

Por su parte, la DECLARACIÓN CONJUNTA DEL DÉCIMO ANIVERSARIO: DIEZ DESAFÍOS CLAVES PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA PRÓXIMA DÉCADA -suscrita por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP)- incluyó como desafío 7 la necesidad de apoyo a emisoras públicas.

Las y los relatores indicaron en esa oportunidad que “las emisoras públicas y comunitarias pueden desempeñar un rol sumamente importante al ofrecer una programación de interés público y complementar el contenido ofrecido por las emisoras comerciales. De este modo pueden contribuir a la diversidad y responder a la necesidad de información del público”.

Entre las cuestiones más preocupantes destacan en el ámbito internacional “los obstáculos cada vez más frecuentes al financiamiento público de las emisoras públicas” y “la existencia de numerosos medios públicos que no tienen una misión pública claramente definida”. Indican que “se requieren medidas especiales para proteger y preservar los medios públicos en el nuevo espacio radioeléctrico. El mandato de los medios públicos debe estar claramente establecido por ley y debe incluir, entre otros, el contribuir a la diversidad, la cual debe ir más allá de ofrecer diferentes tipos de programación, dar voz a y satisfacer las necesidades de información e intereses de todos los sectores de la sociedad. Se deben explorar mecanismos innovadores para el financiamiento de los medios públicos, de forma tal que éste sea suficiente para permitirles cumplir con su mandado de servicio público, que sea garantizado por adelantado para periodos de varios años y que sea ajustado de acuerdo a la inflación” (DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE DIVERSIDAD EN LA RADIODIFUSION, 2007)

cfr. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=719& ).

Esta declaración se enmarca en una serie de definiciones concretas sobre el rol de los Estados como garantes de la diversidad y el pluralismo. En ella las y los relatores exhortan a los Estados a tomar medidas para asegurar la diversidad de contenidos, garantizando la libertad de expresión y poniendo un límite a la concentración de la propiedad de medios.

En ese contexto tan claro, es indudable el rol asignado por la normativa local e internacional a la cobertura clara, amplia, diversa de la información relevante por parte de los medios públicos. Por esos motivos, vemos con gran preocupación la lesión del derecho a la libertad de expresión que ha acreditado la denuncia y difusión de las imágenes censuradas, realizada por las y los trabajadores.

Por eso, presentamos esta iniciativa para exigir que las autoridades del Sistema Federal de Medios Públicos y de RTA SE den estricto cumplimiento a su obligación positiva de proteger a los periodistas, así como para exigir el cese del vaciamiento del sistema de medios públicos y la adopción de medidas de protección de la estabilidad laboral de las y los trabajadores que en asamblea de trabajadores de dicho noticiero de la Televisión Pública han denunciado públicamente estos hechos.

Por eso, señor presidente sometemos a consideración del cuerpo el presente proyecto.