El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 26 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 26.- En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. El tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes aportar también la prueba útil a tal efecto.

Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al reo no excediese los tres años de prisión.

No procederá la condenación condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación o cuando se tratare de un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones y hubiese participado en los delitos de Cohecho y Tráfico de Influencias (Libro Segundo, Titulo XI, Capítulo VI, artículos 256, 256 bis, 257, 258, 258 bis y 259); Malversación de caudales públicos (Libro Segundo, Titulo XI, Capítulo VII, artículos 260, 261 y 262); Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Libro Segundo, Titulo XI, Capítulo VIII, artículo 265; Exacciones Ilegales(Libro Segundo, Titulo XI, Capítulo IX, artículos 266, 267, 268 ); Enriquecimiento ilícito de funcionarios. (Libro Segundo, Titulo XI, Capítulo IX bis, artículos 268 (1), 268 (2) y 268 (3).

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Por el presente proyecto se propone la modificación del Código Penal en su artículo 26, que regula y establece el régimen de condena de ejecución condicional. La presente iniciativa postula la posibilidad que ese beneficio no sea aplicable a los casos de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones por hechos vinculados a delitos de corrupción, como lo son el cohecho, el enriquecimiento sin causa, las exacciones ilegales o la malversación de caudales públicos.

El artículo 26 del Código Penal establece que la concesión del beneficio de condena de ejecución condicional es una facultad de los tribunales y que debe ser siempre fundada en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad, fulminando con la nulidad las otorgadas carentes de este requisito. Sin embargo, en muchos casos nuestros tribunales hacen una concesión automática equivocada del instituto cuando se trata delincuentes primarios y con pena menor a tres años.

En función de esta facultad consideramos que en casos de delitos vinculados a hechos de corrupción debemos exceptuar este beneficio previsto por el Código Penal para todos los funcionarios públicos que hayan intervenido en la comisión del mismo.

La corrupción ha sido definida por Transparency International siguiendo a Gianfranco Pasquino como: "El fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal" (Transparencia Internacional Latinoamericana y El Caribe, 1999).

Según Robert Klitgaard en su libro "Controlando la Corrupción", el comportamiento ilícito prospera cuando las agentes tienen poder monopólico sobre los clientes, cuando tienen un alto nivel de arbitrio y cuando la responsabilidad de la agente respecto del director es débil.

Por su parte las Naciones Unidas, consideran que la corrupción tiene efectos devastadores sobre las economías que pasan por una situación difícil. La corrupción vacía las arcas de los Estados, arruina el libre comercio y ahuyenta a los inversionistas. El Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 puntos porcentuales por año. Según las investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción. En un estudio del Banco Mundial, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo, calificaban a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollaran y crecieran económicamente.

Asimismo, la agencia de calificación de valores Standard and Poor's, afirma que hay una probabilidad de entre un 50% y un 100% de que los inversores pierdan todas sus inversiones en un plazo de cinco años en países con diversos grados de corrupción. Esto hace que la inversión a largo plazo la que más beneficia a un país sea peligrosa e improbable. El Banco Mundial ha señalado que el pago de sobornos a los funcionarios públicos representa un alto costo para las empresas, lo que las mueve a declarar a las autoridades menores ventas, costos y nómina, para pagar menos impuestos

El mayor impacto de la corrupción es sobre los pobres, aquellos menos capaces de absorber los costos. (UNODC, 2005) La corrupción afecta la calidad y el costo de los servicios básicos como la emisión de documentación oficial, educación, salud y transporte para la población que justamente más depende de su carácter público. No solamente erosiona la ayuda al desarrollo de las instituciones internacionales y de los propios estados nacionales, sino que además tiene consecuencias más profundas que tienen que ver con la reducción de la inversión en la economía del país y el impacto negativo que posee en su crecimiento. (Mauro, 1997) (Word Bank, 2005) Es difícil pensar en que alguien quiera invertir en un escenario de imprevisibilidad, información imperfecta, competencia desleal y un nivel de tributación adicional.

Como efectos de largo plazo encontramos aumento en la desigualdad social y ausencia de respeto por los Derechos Humanos (UNODC, 2005). Ya que la corrupción beneficia principalmente a aquellos que pueden costearla, enriqueciéndolos, y dejando de lado a los que no pueden hacerlo. Además, socava el respeto por los Derechos Humanos al disminuir el respeto a las normas en general por parte de los funcionarios públicos, incitando al abuso de autoridad, y al generar un círculo de complicidades que impiden el accionar conforme a la ley de uno o varios de ellos, e inclusive su denuncia pública.

"La corrupción atrapa a millones de personas en la pobreza," afirmó Huguette Labelle, presidenta de Transparency International. "A pesar de la década de avances en la definición de leyes y normativas anticorrupción, los resultados que hoy presentamos indican que todavía queda mucho por hacer antes de que podamos registrar una mejora significativa en las vidas de los ciudadanos más pobres del mundo".

Transparency International (TI) publica el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que apunta confirmar la estrecha correlación entre la corrupción y la pobreza, que se materializa en una acumulación de estados empobrecidos al final de la clasificación.

Es de hacer notar que nuestro Código Penal al momento de establecer las condiciones y requisitos para acceder a la suspensión del juicio a prueba en el artículo 76 bis, prohibió la aplicación de dicho instituto cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito, una razón más para impedir la aplicación del beneficio de la condena de ejecución condicional a funcionarios públicos condenados por hechos de corrupción.

Este proyecto tiene como antecedente el Expediente 5699-D-2015, cuyo estado parlamentario a la fecha se encuentra vencido.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley