La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Declara su preocupación por el intento de censura previa y violación a la libertad de expresión perpetrado por el Juez de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Luis Silvio Carzoglio, quien el pasado 14 de octubre resolvió prohibir a todos los medios periodísticos de radio y televisión, difundir información e imágenes de Roberto Petrov y su núcleo familiar, por el plazo de ciento ochenta días; y recuerda que decisiones de esta naturaleza son incompatibles con la plena vigencia del sistema democrático y los derechos humanos.

Señor presidente:

El pasado 14 de octubre, el juez bonaerense Luis Silvio Carzoglio, titular del Juzgado de Garantías N° 9 del Polo Judicial de Avellaneda, Departamento de Lomas de Zamora, resolvió solicitar al Comité Federal de Radio Difusión (COMFER) que notifique a los medios de radiodifusión la prohibición de difundir contenido sobre el Sr. Roberto Petrov y su familia, debido a que el mismo se encuentra imputado en una investigación que lleva actualmente a cabo el magistrado.

Dicha solicitud, ha sido notificada el 16 de octubre, y días después se hizo pública en los medios de comunicación debido al rechazo y repudio que generó, en especial entre los periodistas y las asociaciones que los nuclean. Al respecto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) denunció censura por parte del juez de Avellaneda, remarcando que “Imponer la censura y consecuente desinformación de la ciudadanía sobre temas de importancia institucional, implica propiciar la ignorancia del pueblo, fomentar la impunidad y cercenar la libertad de expresión, que es la base de todo sistema democrático constitucional y de su Estado de Derecho”.

Recordamos que Roberto, alias “Polaco”, Petrov es un hombre de confianza de la familia Moyano. Fue chofer de los sindicalistas y hasta habría trabajado a sueldo en el sindicato de los camioneros. Actualmente está detenido en el marco de la causa que investiga lavado de dinero y negocios ilegales en el Club Atlético Independiente, que también tiene en la mira a Pablo Moyano, quien días atrás pudo esquivar un pedido de detención del fiscal Sebastian Scalera, gracias a la cuestionable decisión del mismo juez Carzoglio.

En este sentido, el juez Carzoglio investiga si Petrov fue el nexo entre las demandas de Pablo 'Bebote' Álvarez, integrante de la Barra Brava de Independiente y Pablo Moyano. Según surgió de las pruebas obtenidas, Petrov habría actuado para que Álvarez obtenga dinero del Club Avellaneda.

La decisión adoptada por el juez que prohíbe que se difunda en medios de comunicación contenido sobre Petrov, carece de sentido y constituye un caso de censura previa, según el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura".

Es imperioso que, desde nuestra labor como legisladores, repudiemos todo tipo de decisión que coarte la libertad de expresión, incluso si se trata de una proveniente de la justicia, por la gravedad que ello supone, y es por este motivo que no debemos hacer caso omiso de lo ocurrido, ya que garantizar el correcto funcionamiento de nuestras instituciones y nuestro sistema democrático, nos obliga a apoyar, en todo momento, la labor de periodistas y comunicadores sociales.

Es la libertad de expresión, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el dialogo, con el cual debemos hacer crecer a nuestra nación. Se trata de un derecho universal que debemos salvaguardar, más aún si ocupamos el rol de legisladores.

Por todo lo antes mencionado, es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.