El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°.- Derogar la Resolución Ministerial 20/2018, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 5 de Octubre de 2018 y que dispone que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1 de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en veinticuatro cuotas a partir del 1 de enero de 2019.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La Resolución 20/2018 del Gobierno Nacional establece que los usuarios de la red de gas de todo el país deberán afrontar un cargo extra en sus facturas desde enero y por 24 meses para compensar a las empresas por la devaluación del peso, según consta en una resolución de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial.

La Resolución plantea lo siguiente: ”Dispónese, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1 de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en veinticuatro cuotas a partir del 1 de enero de 2019", se lee en la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía.

El Gobierno Nacional parecería estar fuera de la realidad de los argentinos. En medio de los anuncios de recesión profunda, de paros docentes, de trabajadores que no llegan a fin de mes, de alta inflación y la volatilidad del precio del dólar, esta semana el Gobierno dió a conocer los nuevos aumentos en el gas, más altos de lo anunciado en un primer momento, y además autorizó una "compensación" a las empresas distribuidoras de gas que pagarán los usuarios desde enero.

El secretario de Energía, Javier Iguacel ratificó que el aumento será en promedio del 34,7 %, aunque reconoció que será mayor en los sectores de menos recursos.

No conforme con plantear de manera perversa y sin tapujos que los que menos tienen pagarán más que los sectores de mejores ingresos, genera controversias al decir que los que se quejan de los aumentos son kirchneristas.

Es inconstitucional e ilegal que los usuarios tengan que hacerse cargo de una deuda contraída por las distribuidoras de gas con las productoras como consecuencia de la devaluación del peso.

Es inédito lo que este Gobierno Nacional está realizando. Es una transferencia descomunal e histórica de recursos desde los sectores populares y medios a empresas de gas, luz, financistas, sectores de la alta oligarquía, FMI.

Rechazamos profundamente las decisiones que está tomando este gobierno nacional que, además, es antidemocrático y antirrepublicano ya que no convoca al Congreso Nacional más que para que levanten la mano a estas medidas que la historia se encargará de colocar en el lugar que corresponda.

Solicitamos derogar la Resolución 20/2018 por ilegal e inconstitucional. En este sentido, el fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario Javier Iguacel por el nuevo aumento del gas por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, ya que no puede haber una compensación retroactiva para las distribuidoras.

El fiscal sostuvo que los usuarios "ya han hecho pagos" respecto de esos períodos y detalló que "uno de los efectos del pago es la cancelación total”. ”No se puede en modo alguno quitarle esa entidad jurídica que tiene justamente el acto jurídico -valga la redundancia- del pago", agregó. En su denuncia, pide también una cautelar para frenar el incremento hasta tanto se resuelva el planteo de fondo.

Asimismo, el fiscal plantea que el Código Penal, en el artículo 248, prohíbe justamente dictar resoluciones contrarias a la ley, y el efecto jurídico del pago es la ley misma, porque está establecido así en el Código Civil.

En el marco de lo expuesto es que pretendemos derogar la Resolución 20/2018 ya que no parecería revestir de la legalidad y constitucionalidad requerida.

Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con el presente proyecto.