La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1°- Su más enérgico rechazo a la persecución y proscripción del ex presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a quien le impiden ser candidato a la presidencia.

2°- Su preocupación por el deterioro del estado de derecho y de la democracia en la República Federativa del Brasil, que comenzó con la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff en el golpe parlamentario de 2016 y se manifiesta claramente con el encarcelamiento del principal candidato en las elecciones de octubre próximo.

3°- La necesidad de que el pueblo brasileño pueda decidir libremente y sin ningún tipo de proscripciones para restablecer la democracia y el estado de derecho.

4°- Su apoyo al reporte del Comité de Derechos Humanos de la ONU que solicita se respeten los derechos políticos y civiles de Lula.

Señor presidente:

Estamos asistiendo a un preocupante deterioro del estado de derecho y de la democracia en nuestra región, en general y en la República Federativa del Brasil en particular.

Asistimos de manera impávida a la utilización del poder judicial como elemento determinante en la lucha política, condicionando todo el proceso político y electoral que ya ha comenzado en nuestro vecino país.

Estos hechos que lastimosamente comenzaron con la destitución de Dilma Rousseff en septiembre de 2016, luego de un proceso de juicio político escandaloso donde quienes acusaban a la Presidenta de modificar una partida presupuestaria no pudieron demostrar ninguna de las denuncias.

Sin dudas, desde la destitución de Dilma Rousseff en 2016 por un golpe parlamentario, encabezado por los actores políticos vinculados al a corrupción, las instituciones brasileñas han funcionado con grandes condicionamientos, fundamentalmente pretendiendo proscribir la principal fuerza política y a su líder, con el objetivo de llevar adelante un programa de ajuste que sólo se sostiene con mayor represión e impidiendo la participación política del Lula, líder de los trabajadores.

Asimismo, el aumento del clima de violencia política se potenció a partir de la decisión de la militarización del estado de Rio de Janeiro, que se convirtió en el escenario de la represión, dispuesta por el gobierno de Michel Temer por parte de las fuerzas armadas y policiales contra muchos militantes sociales y políticos.

En el comienzo de la campaña electoral, en los primeros días de abril, el ex presidente Lula sufrió un ataque a tiros durante su caravana en el Sur de Brasil. Estos ataques se centraron, en un primer momento, desde el poder mediático instalando la creencia o percepción de la corrupción vinculada a Lula y Dilma. Luego, llegó la hora de la operación judicial para encarcelar a Lula o limitar sus posibilidades electorales, en un proceso judicial sin ningún tipo de garantías. Ante el crecimiento del liderazgo de Lula, según reflejan todas las encuestas, y a la convicción y compromiso de Lula por defender la democracia brasileña y a los sectores que son víctimas del ajuste de Temer y sus aliados, el intento de la proscripción ha pasado una nueva barrera con la detención en abril de este año y las condiciones de incomunicación a la que está siendo sometido.

Por último, hace pocos días el Tribunal Superior Electoral suspendió la candidatura de Lula e incluso su participación en la campaña electoral, desoyendo el reporte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que sostiene que deben ser respetados los derechos políticos y civiles del expresidente. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido al Gobierno brasileño que permita al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ejercer sus derechos políticos y presentarse libremente a los comicios y participar de la campaña electoral con mensajes a los ciudadanos.

Esta situación deteriora sin duda el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos y pone en jaque a la democracia brasileña y de toda la región. Por lo tanto, no podemos permanecer indiferentes a la restricción de los principios democráticos que se ha instalado en Brasil.

Por ello, creemos que esta Cámara de Diputados debe expedirse sobre la cuestión de manera de alertar el creciente clima de violencia social y política que se vive en nuestra región, condicionando nuestras democracias y el respeto por los derechos humanos.