La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Su repudio al despido de 232 trabajadores de NA-SA Nucleoeléctrica Argentina S.A., empresa estatal que opera las plantas generadoras de energía eléctrica de origen nuclear Atucha I y II.

Solicitar su inmediata reincorporación, repudiando la llamada ‘conciliación obligatoria’, dictada por el Ministerio de Trabajo, porque falsamente retrotrae el conflicto, ordenando levantar la huelga por tiempo indeterminado que estaban desarrollando los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza contra estos despidos, pero no reincorpora al mismo tiempo a los trabajadores despedidos.

Declarar asimismo su oposición a la amenaza de nuevos despidos, cuando circulan versiones de una reducción de 1500 puestos de trabajo.

Señor presidente:

El despido de 232 trabajadores de N.A.S.A. es totalmente arbitrario. Obedece, por una parte, a los reclamos de ajuste impuestos por el FMI que plantean una ‘racionalización’ del gasto público, despidiendo trabajadores de empresas estatales. Pero acompañado también por un párate de inversiones en el mantenimiento y desarrollo de obras de generación de energía atómica. Lo cual significa un ataque más profundo: ¿Qué pasara con los 1000 trabajadores de la planta de Agua Pesada (PIAP) de Neuquén? El segundo paso en carpeta será, entonces, despidos masivos también en esta empresa del complejo atómico argentino.

A nadie se le escapa que esto lleva a que el desarrollo de la energía en la Argentina se vuelque prioritariamente hacia las usinas termoeléctricas, que benefician a los monopolios privados de los hidrocarburos. Sospechosamente, los ministros del ramo de la Energía, Aranguren primero y su sucesor, Javier Iguacel, ahora, son representantes directos de estos monopolios hidrocarburíferos.

No se nos debe escapar que buena parte de los empresarios que figuran en los llamados ‘cuadernos’ de la corrupción (Electroingeniería, etc.) son los que realizan los trabajos de construcción de estas centrales y figuran en las ‘licitaciones’ y proyectos PPP que este gobierno ha anunciado. Pero el saqueo de las finanzas públicas en favor del capital privado es un mal del capitalismo, que solo se podrá resolver efectivamente con un gobierno de los trabajadores y que hoy es necesario combatir a través del control obrero, del control de los trabajadores sobre las empresas, las licitaciones y los presupuestos y avanzando en que sean empresas estatales de construcción las que realicen todas las obras que el estado necesita y que sean necesarias para el desarrollo nacional. Lo primero, entonces, es defender el capital humano, a los trabajadores, lo que esta acrecentado en este caso, porque se trata de trabajadores de alta especialización en conocimientos de la industria atómica. No se puede tirar al despido así no más a centenares de técnicos calificados. Esto indica el alto grado de irracionalismo económico-social del gobierno, que usa la razón solo para beneficiar los negociados que llenen sus bolsillos en contra del interés nacional.

Ese es el aspecto donde el gobierno se empeña más. Porque los trabajadores en uso del derecho a la legítima defensa hicieron masivas asambleas e iniciaron un paro por tiempo indeterminado por la reincorporación de los 232 despidos y el compromiso patronal de que no habrá otros (se habla de más de 1500 despidos). Frente al paro unánime, el ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria y se colocó como árbitro. Extraño árbitro porque es juez y parte: Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estatal y el ministerio de trabajo parte del gabinete de gobierno de ese Estado. La resolución que dictaminó fue que el paro gremial fuera levantado, pero…. los trabajadores no fueron reincorporados, como correspondía a cualquier mediación elemental. Esto indica el interés directo del gobierno en avanzar en los planes de despido como lo piden los acuerdos con el FMI. Y encima, se amenaza al sindicato con aplicar multas y sanciones millonarias como las que se dictaron contra los sindicatos de Camioneros y de Docentes, de no acatar la arbitraria resolución. Se trata de una clara política antiobrera y antisindical.

Cabe destacar que los Consejos Deliberantes de Zarate y Campana, en los que se encuentran instaladas las plantas de Atucha 1 y 2 han votado resoluciones reclamando la reincorporación de los 232 despidos.

Por estos motivos solicitamos a los señores Diputados su adhesión a este proyecto de Resolución.