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Emergencia Laboral en la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación

ARTÍCULO 1°. - Declárese la emergencia laboral en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, hasta el 31 de diciembre de 2019.

ARTÍCULO 2°. - El objeto de la presente Ley es garantizar la protección del trabajo y asegurar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación.

ARTÍCULO 3°. - Establézcase, durante la vigencia de la emergencia laboral enunciada en el artículo 1°, la prohibición de despedir sin justa causa o suspender a cualquier trabajador o trabajadora en el ámbito de aplicación de la presente Ley. La prohibición se aplicará a todos los trabajadores y las trabajadoras, cualquiera fuera su forma contractual.

ARTÍCULO 4°. - Durante el plazo previsto en el artículo 1°, los actos administrativos que tengan por objeto la desvinculación de empleadas y/o empleados públicos, cualquiera sea la naturaleza jurídica de su vinculación o denominación que se le asigne, y cualquiera sea la jurisdicción o poder del estado que lo disponga, serán nulos de nulidad absoluta.

Artículo 5°. - Reincorpórese paulatinamente a la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores que hayan sido contratados por art. 9 de la Ley 25.164 cuyos contratos no hayan sido renovados durante los últimos tres (3) ejercicios fiscales, cuando estos se encuentran a disposición y aceptan retornar con beneficios similares. Estas reincorporaciones se realizan en su totalidad a los noventa (90) días de la sanción de esta Ley.

ARTÍCULO 6°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El objetivo del presente proyecto de Ley es la protección de las trabajadoras y los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación y de sus derechos laborales.

En este sentido, es preciso remarcar la existencia de la Ley Nacional N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar sancionada el 7 de diciembre de 2014 y promulgada el 20 de enero de 2015. Esta Ley declara “de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”. Entre sus objetivos se destacan los siguientes:

• Promover el bienestar socio-económico de los productores y los trabajadores rurales y de sus comunidades en armonía con la naturaleza

• Corregir las disparidades del desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones con mayor atraso

• Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la Nación

• Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales

• Reconocer las prácticas de vida y productivas de las comunidades originarias

La introducción masiva de la soja genéticamente modificada desde la década de 1990 significó un cambio muy importante en las formas de producir, en la utilización del suelo y en los resultados económicos de la producción agrícola. Fue aquí cuando a una gran cantidad de productores de la región pampeana el tamaño de sus explotaciones les resultó insuficiente para alcanzar niveles mínimos de rentabilidad. La expansión de la frontera agrícola desplazó a muchos pequeños agricultores rurales a las zonas urbanas y periurbanas. Entre 1991 y 2001, de acuerdo con los censos nacionales de esos años, se produjo una disminución del 8,4% en la participación de la población rural en todo el país.

Desde el 10 de diciembre de 2015 el Gobierno de Cambiemos, el Presidente Mauricio Macri tomó una serie de decisiones económicas y políticas que profundizaron ese proceso. La reducción de las retenciones a la soja consolidó un modelo agro-exportador, coronado políticamente con la designación del ex Presidente de la Sociedad Rural Argentina Miguel Etchevere al frente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, una de cuyas primeras medidas fue la baja del Monotributo Social Agropecuario. El vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación es parte fundamental de esa política impulsada no solamente por el agro concentrado local, sino también por el capital trasnacional y el Fondo Monetario Internacional.

Los recortes presupuestarios y los despidos masivos en la estructura territorial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación responden a ese modelo y ese mandato neoliberal donde el agro argentino no tiene como prioridad alimentar a los habitantes de nuestro país, sino la generación de utilidades para un puñado de grandes inversores. Por eso resulta necesario para el actual Gobierno fagocitar las experiencias de agricultura familiar. No porque representen una amenaza real al agro concentrado, sino porque los sujetos y los territorios donde se desarrolla esta actividad no entran en la ecuación del modelo de Cambiemos, la Sociedad Rural Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

En lo que va de 2018 la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación sufrió más de 300 despidos y se espera que en las próximas semanas sean despedidos entre 500 y 600 trabajadores y trabajadoras más. Se trata de trabajadores y trabajadoras altamente calificados, muchos de ellos con más de 20 años de antigüedad y una vida dedicada al servicio público en el área. Con cada despido se ha puesto en riesgo o se ha afectado directamente la continuidad de los proyectos y emprendimientos territoriales, lo que en los hechos supone cientos de familias y miles de personas que pierden su fuente de ingreso y alimentación, y con ellos una forma de vida.

Es por ello que consideramos fundamental la presentación, tratamiento y sanción del presente proyecto de Ley: para proteger a los trabajadores y las trabajadoras, para proteger a las familias, para proteger el derecho a la alimentación, para proteger la agricultura familiar y las economías regionales y para proteger otro modelo posible de vida y organización social.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de Ley. Muchas gracias.