PROYECTO DE TP
Expediente 4804-D-2019
Sumario: EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, POR SU SITUACION POLITICA Y SOCIAL, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 16/10/2019
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 150
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Expresar solidaridad con el pueblo de la hermana República del Ecuador y preocupación por la grave situación política y social que atraviesa por la aplicación de medidas de ajuste económico como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye la liberación del precio de los combustibles y la implementación de reformas laborales y tributarias.
Expresar preocupación y rechazo por la declaración del estado de excepción por parte del gobierno ecuatoriano y la represión indiscriminada desplegada sobre la población indefensa en ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales.
Expresar preocupación por las detenciones arbitrarias realizadas, entre ellas la correspondiente a la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón y por la persecución política de Gabriela Rivadeneira Expresidenta de la Asamblea Nacional (2013-2017), quien recibió asilo en la Embajada de México.
Exhortar al Gobierno de la República del Ecuador al restablecimiento de la paz para su pueblo, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos civiles y libertades fundamentales, en el marco del respeto a la democracia, las garantías constitucionales y el estado de derecho.
Expresar rechazo por la declaración emitida por el gobierno argentino a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Información para la Prensa N°: 388/19, respaldando el cercenamiento de garantías constitucionales en contraposición al principio de autodeterminación de los pueblos respetado por la República Argentina a lo largo de su historia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es expresar solidaridad con el pueblo de la hermana República del Ecuador y preocupación por la grave situación política y social que atraviesa y rechazo por la declaración del estado de excepción por parte del gobierno ecuatoriano que lo faculta a restringir derechos y la represión indiscriminada desplegada sobre la población indefensa en ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales.
Asimismo, se propone, exhortar al Gobierno de la República del Ecuador al restablecimiento de la paz para su pueblo, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos civiles y libertades fundamentales, en el marco del respeto a la democracia, las garantías constitucionales y el estado de derecho.
Mientras el gobierno pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir. En un mensaje transmitido por la TV pública, Moreno manifestó su confianza en encontrar una pronta solución a las protestas.
El presidente de la República del Ecuador Lenín Moreno anunció el 1 de octubre un paquete de medidas económicas como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- por USD$ 4,5 mil millones de dólares- que incluye la liberación del precio de los combustibles a partir del 3 de octubre; la eliminación del subsidio a las gasolinas después de cuarenta años de vigencia, (incrementos de 120% en el diésel y 30% en la gasolina regular) y reformas laborales y tributarias que afectan a los trabajadores y benefician a grupos empresariales.
Otras de las medidas comprenden reducir en un 20 por ciento el salario por los contratos ocasionales renovados y disminuir de 30 a 15 el período vacacional de los empleados públicos. Aportar un día de salario al mes, para el caso de quienes laboran en empresas públicas, se sumó a las propuestas rechazadas por el pueblo ecuatoriano.
El Gobierno ecuatoriano estaba obligado a aprobar estas reformas para que el FMI desembolse USD$ 250 millones al país, aunque en realidad, lo que se busca, es cambiar el modelo económico en todo el país, pretendiendo que el neoliberalismo se haga irreversible.
Asimismo, se busca cambiar la estructura de los impuestos. Por ejemplo, la rebaja de aranceles a la importación de computadoras, tablets y celulares tecnología y a los vehículos que cuesten menos de 32.000 dólares, beneficiando a importadores que podrán ingresar sus productos a menores precios, olvidando por completo que la empresa automotriz ecuatoriana está cerca de la quiebra total. Así, el Gobierno deja de lado su política de protección a la producción nacional.
Además, han decidido reducir a la mitad el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que fue creado para evitar la fuga de capitales y proteger la dolarización. Pero el Gobierno ecuatoriano se escuda en la idea de entregar “mejores condiciones” para el emprendimiento.
Por otro lado, el Ejecutivo tiene previsto enviar a la Asamblea Nacional un proyecto económico de carácter urgente, que incluye la flexibilización de las relaciones laborales, en otras palabras, la precarización del trabajo. La reforma laboral contempla extender el plazo para los contratos de prueba y flexibilizar la jornada laboral de 40 horas semanales, para que pueda ser repartida de acuerdo a las exigencias de las empresas.
Resguardándose en el emprendimiento, el presidente de Ecuador asegura que el trabajo infantil significa desarrollo y que se acabó el empleo en el sector público, vanagloriándose de haber despedido a 25.000 empleados. Como si no fuera poco, excusándose en la crisis y la falta de recursos, propone rebajar en un 20% los sueldos de los empleados públicos con contratos ocasionales, apartándose abiertamente de los derechos constitucionales y de los derechos de los trabajadores.
Con estas acciones, el Ejecutivo responde a la hoja de ruta trazada por el FMI para que el país se abra a los mercados internacionales y a las importaciones, se impulse las privatizaciones, se achique el tamaño del Estado y se impongan medidas de ajuste para equilibrar las cuentas fiscales.
El endeudamiento del Ecuador llegó a más de 51% con relación al Producto Interno Bruto (PIB), algo que era ilegal hasta que se aprobó la Ley de Fomento Productivo presentada por este gobierno que determinó que el endeudamiento puede superar el 40% del PIB.
El Presidente de Ecuador decreta el 3 de octubre, el estado de excepción en todo el país, luego de una jornada marcada por masivas protestas en repudio a la suba del precio de los combustibles, que aumentan hasta un 123 por ciento. La medida le permite, entre otras cosas, disponer de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional y aplicar censura previa en medios de comunicación. Sindicatos del transporte convocan a un paro. En Guayaquil, además de cortes de ruta se reportan saqueos. Enfrentamientos entre la policía y manifestantes dejan un saldo de 35 heridos y alrededor de 300 detenidos. Se suspenden las clases en todo el territorio nacional.
Un manifestante muere el domingo 6 de octubre al ser atropellado por un vehículo que intenta evadir un corte de ruta. Se trata de la primera víctima fatal de un conflicto que a la fecha contabiliza 73 heridos y 379 detenidos. Los colectivos indígenas de Ecuador elevan el tono de la protesta y se dirigen a Quito, preparándose para el paro general del próximo miércoles 9 de octubre. Alrededor de 50 militares ecuatorianos son retenidos por indígenas en zonas andinas del país. Miles de indígenas continúan su marcha hacia Quito, en medio del estado de excepción decretado por Lenín Moreno.
Un joven que había resultado herido en una de las protestas falleció en un hospital, con lo que ascienden a dos hasta el martes 8 de octubre las muertes relacionadas con la ola de manifestaciones contra las medidas económicas del Gobierno. La víctima, Marco Oto, de 26 años, al parecer quedo atrapado junto con otros jóvenes entre una puerta metálica y agentes motorizados en un paso peatonal elevado, según el comunicado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).
El 7 de Octubre la ONU le exige al gobierno que garantice el derecho a la protesta de los ciudadanos, mientras las clases continúan suspendidas en varias regiones. Moreno anuncia por la noche el traslado de la sede del gobierno a Guayaquil, y acusa a Rafael Correa y Nicolás Maduro de planear un golpe de Estado en su contra.
Por Decreto N° 888, el Poder Ejecutivo establece el 8 de octubre el toque de queda entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana en las cercanías de los edificios gubernamentales debido a una nueva y masiva jornada de protestas, que culmina en la toma del edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador.
La policía consigue dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y detonaciones. Unos 10 mil miembros de colectivos indígenas procedentes de distintas regiones de Ecuador llegan hasta Quito en la víspera de la huelga general. En un confuso episodio, tres jóvenes son arrojados por policías municipales desde el puente de San Roque, en el centro Histórico de Quito.
Fiscalía y Policía Nacional allanan Radio Pichincha Universal por presunta comisión del delito de “incitación a la discordia”. La jornada culmina con 600 detenidos. La situación llega a su pico de tensión.
El 9 de octubre, decenas de miles de manifestantes llegaron desde la mañana a la capital de Ecuador, pese al toque de queda con el que el gobierno buscó detener la circulación en todo el país. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay manifiestan su firme respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno", en tanto, la OEA y la Unión Europea llamaron al diálogo entre las partes.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirma 5 personas fallecidas al 10 de octubre, entre las que se encuentra un dirigente indígena, Inocencio Tucumbio, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Indígenas del Ecuador (Conaie) de Cotopaxi. Además, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al Gobierno a erradicar la violencia y garantizar el derecho a la protesta social de forma pacífica.
En discrepancia con el Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto N° 388/19, expresamos nuestro rechazo por considerar que en la hermana República del Ecuador se ha producido un retroceso en la vigencia del estado de derecho que pone en riesgo a la democracia de ese país y de toda la región.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CARMONA, GUILLERMO RAMON | MENDOZA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| ROMERO, JORGE ANTONIO | CORRIENTES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| SOLANAS, JULIO RODOLFO | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| PIETRAGALLA CORTI, HORACIO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| SORAIRE, MIRTA ALICIA | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| GIOJA, JOSE LUIS | SAN JUAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| CASTAGNETO, CARLOS DANIEL | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| MERCADO, VERONICA | CATAMARCA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| CAROL, ANALUZ AILEN | TIERRA DEL FUEGO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE SER COFIRMANTES DE LOS DIPUTADOS CASTAGNETO; MERCADO Y CAROL (A SUS ANTECEDENTES) |