La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 669, publicado en el Boletín Oficial en fecha 30 de septiembre de 2019, por haber sido dictado en violación a lo dispuesto por el artículo 99, inc. 3 de la Constitución Nacional y porque la modificación a la Ley N° 24.557 introducida viola el principio de progresividad y atenta contra los derechos de los trabajadores consagrados en el ordenamiento jurídico vigente.

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 669/19, ha modificado la Ley N° 24.557. Según el Decreto, la cifra que se usa para determinar cuánto se abona en concepto de indemnización por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, que hasta el dictado de la norma mencionada era la tasa activa del Banco Nación, pasa a depender de la variación del índice Remuneración Imponible Promedio de los trabajadores Estables (RIPTE). Esta modificación del modo de actualización de las indemnizaciones supone, en la práctica, una reducción en los montos que cobrarán los trabajadores por dicho concepto.

Así, una vez más y en línea con la política que ha venido llevando a cabo este Gobierno, se toma una medida que perjudica a los trabajadores y se ocupa de preservar, en este caso, los intereses de las compañías de seguros. Cabe enfatizar este punto puesto que, durante los casi cuatro años de Gobierno del presidente Mauricio Macri, se han llevando a cabo políticas que deterioraron el salario real, enmarcados por la inflación, el creciente número de desempleo y el aumento de tarifas de servicios públicos.

Vale mencionar que la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas ha expresado que el DNU N° 669/19 se trata de “una norma regresiva e inconstitucional”. Además, cuestionó la “aplicación retroactiva, en perjuicio de la persona que trabaja, estableciendo que las modificaciones se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante”. Por su parte, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó un amparo contra el DNU solicitando la nulidad de la norma por su carácter inconstitucional.

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores sobre las modificaciones a la Ley N° 24.557 introducidas, el DNU no cumple con los requisitos que la Constitución Nacional establece para el dictado de este tipo de normas. Es decir, el dictado del DNU N° 669/19 constituye una violación al orden jurídico constitucional por parte del Poder Ejecutivo. Conforme el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional, “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.”

La única referencia a la urgencia que parecería ser el motivo para legislar mediante un DNU que se encuentra en los considerandos es: “Que ante los recientes acontecimientos económico-financieros que son de público conocimiento, es indispensable adoptar medidas urgentes para regular con mayor certidumbre y equidad el Sistema de Riesgos del Trabajo, fortalecer su normal funcionamiento y contribuir a una administración prudente por parte de los diferentes actores que lo componen.” En un considerando posterior, se afirma de manera genérica “Que la naturaleza excepcional de las cuestiones planteadas hace imposible el seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.”

Por lo tanto, de los considerandos del Decreto N° 669/2019 no surgen elementos que permitan su encuadre bajo un decreto de necesidad y urgencia y que, en consecuencia, pudieran habilitar al Poder Ejecutivo para su dictado en lugar de que el tratamiento de la materia estuviera a cargo del Congreso de la Nación.

En conclusión, se trata de un decreto en el que no se justifica el ejercicio excepcional de la facultad legislativa por parte del Poder Ejecutivo. Asimismo, la medida parece intentar dar primacía a los intereses de las empresas aseguradoras por sobre los derechos de los trabajadores accidentados en ocasión del trabajo, hecho que resulta violatorio del principio protectorio en favor de la parte más débil en la relación de trabajo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de resolución.