El Senado y Cámara de Diputados...

Emergencia alimentaria y social

Artículo 1°: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2021 la vigencia del artículo primero del decreto 180/2002, publicado en el Boletín Oficial el 16 de enero de 2002, que fuera prorrogado por Ley 27.345.

Artículo 2°: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2021 la vigencia de la emergencia social en los términos de la Ley 27.200, prorrogada por la Ley 27.345.

Artículo 3°: Los fondos necesarios para cumplir con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la presente, serán tomados de los fondos previstos en el presupuesto vigente para el rubro “Publicidad de los actos de gobierno”.

Artículo 4°: El Poder Ejecutivo deberá prever los fondos necesarios para hacer frente a las emergencias social y alimentaria en los proyectos de presupuesto para los años siguientes.

Artículo 5°: De forma.

Señor presidente:

Los resultados económicos de los últimos años han sido muy malos para grandes sectores de la población. El mayor desempleo, el mayor subempleo, la destrucción de puestos de trabajo en el sector industrial, los mayores índices de pobreza, la mayor inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las asignaciones asistenciales son parte de la realidad que estamos viendo sobre finales de 2019.

El resultado del modelo desindustrializador y que ha privilegiado la especulación financiera, comandado por la Alianza Cambiemos, ha tenido los resultados sociales y económicos que todos auguramos que iba a tener. El modelo neoliberal, aplicando las mismas recetas de siempre, no podría dar ninguna sorpresa. Lo único que deja el modelo es la extracción de ganancias rápidas y fáciles (de ahí el privilegio a la renta financiera) y la subordinación al gran capital extranjero (de ahí la apertura del mercado financiero y de las fronteras nacional) para que la mayor cantidad de productos sean producidos en el exterior. El tipo de cambio bajo facilitó la toma de ganancias para girar al exterior por parte de los especuladores locales con sus empresas y cuentas off shore. Ni siquiera los ministros de gobierno han tenido la delicadeza de ocultarlo. Hemos visto que, mientras se destruían puestos de trabajo, mientras se decía que había que ajustar el gasto público (lo que implicó el desfinanciamiento de planes de vacunación obligatorios, por ejemplo), el Ministro de Hacienda estafaba al fisco de la Ciudad de Buenos Aires porque no había declarado la construcción de su casa, y estafaba al fisco nacional porque no había declarado fondos que tenía en el exterior, por lo que no pagaba impuestos. Familiares del Presidente entrando por la ventana de un decreto para entrar a un blanqueo, ministros multimillonarios que siguieron aumentando sus riquezas (las declaradas y, seguramente, las no declaradas); ministros que violentaron la ley de ética pública al tener intereses cruzados con los negocios privados que venían de comandar y que, seguramente, volverán a dirigir en breve. El escándalo de la riqueza mal habida frente a la miseria de los que quedaban al margen del consumo – hasta de alimentos – en medio de ese enorme despilfarro de fondos que recién empezaremos a pagar el año entrante.

Decíamos que el resultado no podía ser otro. Dijeron que la inflación del 25% era un escándalo y la llevaron al 50% (y anualizada, en estos meses supera el 70%). Dijeron que el desempleo del 7% era muy alto y lo llevaron al 11%. Dijeron que la pobreza era vergonzosamente alta en el 30% y la dejan en el 40%. Todo lo que criticaron, lo hicieron peor.

La eliminación del IVA, una medida recientemente aprobada para algunos productos básicos, fue rápidamente absorbida por los comerciantes o por aumentos sucesivos de precios en medio de la escalada del dólar. La Iglesia Católica ha pedido la declaración de la emergencia ante el “severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica” según expresó la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, agregando que, si bien entendían que el Gobierno estaba destinando más fondos, se los juzgaba insuficientes. En el mismo sentido se expresaron organizaciones sociales como Barrios de Pie o la CTEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.

Es que no es tan importante quién lo diga: es lo que vemos en las calles. Venimos alertando del deterioro de la situación social en distintos proyectos de ley, de resolución, de declaración. Sin embargo, parece que el Gobierno prefiere no ver lo que sucede. La Comisión Episcopal solicitó también la implementación de una canasta básica de primera infancia para ser distribuidos gratuitamente. Quienes se dedican a la asistencia social saben bien que las condiciones se han agravado rápidamente. Quizás los informes más administrativos no hayan reflejado esto, pero quienes se enfrentan en un comedor a la gente que llega a solicitar comida, lo saben bien.

La canasta básica alimentaria muestra aumentos del orden del 70% (setenta por ciento) anual, y no muestra indicios de bajar porque los precios seguirán aumentando por las devaluaciones de los últimos meses. Quienes menos tienen son los que más sufren porque no tienen forma de defenderse de esos aumentos. Así es que la canasta de indigencia muestra, según el INDEC, valores de $4.133.91 por adulto, por lo que para una familia tipo, supera los $12.000.- solo para cubrir las necesidades alimentarias de dos adultos y dos niños. Mientras que, para no ser pobre, un matrimonio con dos niños en edad escolar necesitó $32.000.- mensuales en el mes de julio.

En particular, en la Provincia de Jujuy, hay merenderos y comedores populares que están cerrando por la falta de atención del Estado. Cuando más se necesitan porque aumenta la pobreza, menos pueden atender. Más gente necesita atención porque vemos que los valores de subsistencia alimentaria son inalcanzables para cada vez más familias. Y los problemas son tanto por la efectiva desfinanciación de los merenderos y comedores o por los retrasos (forzados o casuales) en los pagos a los proveedores. La prensa señala esta realidad mostrando que hay retrasos de hasta cuatro meses en los pagos, con lo que ni con la mejor voluntad se pueden seguir sosteniendo comedores y merenderos si no hay perspectivas de cobro ni posibilidad de incorporar alimentos nutritivos en las dietas. Que frente al drama alimentario se ofrezcan arroz, fideos y sémola no es aceptable cuando el Estado debería estar garantizando el acceso a una dieta más equilibrada. No puede ser que por retrasos en los pagos, quienes asisten a los comedores tengan que comer lo poco que se puede pagar con la plata que se junta.

Esta misma dramática situación se vive en muchas localidades del país. De ahí que, ante la necesidad de alimentos propongamos la prórroga de la emergencia alimentaria y social. Esta coyuntura no terminará en breve porque los efectos de la actual situación económica se sentirán por mucho tiempo y tomará otro tanto para resolverse por el nivel de destrucción del aparato productivo y por la destrucción de puestos de trabajo formales que ha vivido nuestra economía durante dos años continuados.

En el puro aspecto técnico, estamos proponiendo la prórroga de la emergencia alimentaria que ha sido declarada por decreto 108/2002, publicado en el Boletín Oficial del 16 de enero de 2002, y ha tenido varias prórrogas. La última, por Ley 27.345, lleva el plazo hasta el 31 de diciembre de 2019, quedando poco tiempo para ampliar los plazos y con un contexto de rápido deterioro de la situación tanto alimentaria como social. Así, creemos que nuevamente es necesario prorrogar la emergencia porque no hay miras de mejora en este aspecto y urge que se destinen más fondos para la atención de estas urgencias.

En cuanto a la emergencia social, la Ley 27.200 estableció el marco y, por Ley 27.345 se prorrogó la emergencia social también hasta el 31 de diciembre de 2019. Así, lo que estamos proponiendo es la prórroga de ambas emergencias hasta una fecha también coincidente, entendiendo que se trata de dos caras del mismo problema social que hace al desmejoramiento de todas las condiciones económicas de nuestra República. Creemos que estas medidas, con los fondos que deberán ser previstos para los presupuestos futuros, ayudarán a mejorar la situación urgente y a despejar el panorama para quienes viven con mayor incertidumbre los sobresaltos de estos últimos tiempos.

Por estas razones es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.