La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través Ministerio de Salud de la Nación, se dispongan las medidas conducentes para saldar la deuda, que ese Ministerio mantiene, en materia de Programas Nacionales de Salud, con Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos.

Señor presidente:

Por medio del presente Proyecto de Resolución, solicito al Ministerio de Salud de la Nación, realice las transferencias de los fondos adeudados, correspondientes a los Programas Nacionales de Salud, destinados a la Provincia de Entre Ríos. La situación de la implementación de los distintos programas de salud nacionales es preocupante, ya que el Estado Nacional, ha dejado de remitir los fondos correspondientes para su implementación. El mismo Estado Nacional, ha recortado contratos con profesionales; hay faltantes de medicamentos en la mayoría de los efectores públicos de salud, entro otros problemas centrales y vitales para el funcionamiento de todo el sistema sanitario entrerriano.

Entre los programas que han dejado de funcionar, o funcionan de forma parcial, por la falta de recursos del Estado Nacional, se encuentran:

* Programa Incluir Salud.

* Médicos Comunitarios.

* Remediar

* Programa Materno Infantil

* Programa de Educación Sexual y Reproductiva.

Todos estos programas nacionales son de vital implicancia, y hoy, están sufriendo una marcada deficiencia en su aplicabilidad, a pesar de que el Gobierno Provincial realiza la contención, con recursos y profesionales. Como ejemplo, podemos citar, que, al 31 de mayo del corriente año el Estado Nacional le adeuda a la provincia de Entre Ríos un total de $94.970.000 millones del Programa Incluir Salud, sumado a la deuda de $73.164.526 que el mismo Poder Ejecutivo Nacional mantiene con los prestadores privados entrerrianos, totalizando la cifra de $168.133.542.

Sr. Presidente, la realidad da cuenta de un traspaso forzado por parte del Ejecutivo Nacional hacia las Provincias, de programas que son parte del primero, para lo cual, Entre Ríos, ha decidido hacerse cargo, mediante la inyección de fondos propios, con el esencial objetivo de sostener un sistema de salud que contiene a cientos de miles de beneficiarios en todo el territorio provincial. Asistimos al atraso de partidas más extenso y traumático que se experimentó en los 14 años que lleva de presencia en el territorio provincial el Programa Incluir Salud. El mencionado programa alcanza a 33.293 personas en Entre Ríos: beneficiarios de pensiones nacionales, muchos de los cuales son pacientes crónicos, con discapacidades que requieren prestaciones de alta complejidad; pacientes oncológicos, adultos mayores, pacientes que requieren diálisis y otras prácticas que no pueden postergarse, ni interrumpirse.

Las partidas nacionales históricamente permitían la atención en algunos de los cincuenta hospitales públicos entrerrianos y clínicas privadas, pero también la cobertura de prestaciones particulares como los traslados o acompañantes terapéuticos. Actualmente, esas prestaciones están siendo atendidas en su totalidad por el Estado Provincial.

Esta asfixia, Sr. Presidente, no sólo la está soportando el Sistema Público de Salud, sino también algunas organizaciones no gubernamentales, como APANA, de la ciudad de Paraná, con una deuda de $2.406.00; la Asociación Santa Rita, de la ciudad de Gualeguaychú, con una deuda que asciende a los $2.950.000; la Fundación La Casita de Gualeguaychú, $1.500.000; Hogar para Discapacitados Mentales Adultos, de la ciudad de Colón $1.600.000; Idea, de Gualeguaychú $2.400.00; San Francisco de Asís, de Paraná, $6.000.000, y la Escuela Privada Lucecitas, de la ciudad de Gualeguay, con una deuda de $1.370.000, entre algunas instituciones con las cuales el Estado Nacional mantiene suspendidos los pagos.

El Programa Nacional Médicos Comunitarios, no recibe fondos de la Nación desde el mes de enero de 2018, para el pago de los 298 contratos para profesionales y no profesionales cuyos perfiles están vinculados a salud: médicos, psicólogos, obstétricas, trabajadores sociales, enfermeros y agentes sanitarios, entre otros. Mensualmente se trata de cerca de $2,5 millones, y la deuda total, aproximadamente es de $12.500.000 millones.

El Programa Nacional REMEDIAR: Éste programa ha sido afectado paulatinamente desde el año 2016, ya que se pasaron de recibir 78 medicamentos a 42, siendo las más afectadas Aspirinas; Azitromicina; Cefalexina, comprimidos y jarabe; Amoxicilina con ácido clavulánico; Dexametasona; Penicilina; Salbutamol y Vitamina D solución, entre otros. Ante ese desfase, que paulatinamente fue cediendo, la provincia de Entre Ríos, debió hacer refuerzos presupuestarios a los Centros de Salud en el año 2016 y 2017 por un monto estimado de $3.000.000.

Otros de los programas afectados es el Programa Nacional Materno Infantil. En este caso, a través de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, se provee de unos 270.000 kilos de leche fortificada con hierro, zinc y vitamina C en tres entregas anuales. Habitualmente se recibía el insumo en febrero, pero ante el retraso en el envío, actualmente está llegando a fines de abril y mayo, por esa razón, la Provincia cubre los tres meses para asistir mediante el Programa Apoyo Alimentario. Durante 2016 y 2017 se adquirieron 139.200 kilos de leche entera en polvo fortificada, por un monto estimado de $9.712.860. En 2018 se inicio el Expediente para la compra de 40.000 kilos, por un monto aproximado de $4.400.000 pesos.

Con respecto al Centro Único de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), el Ministerio de Salud de la Provincia debió comprar 200 cajas de 1mg por cien comprimidos de la droga inmunosupresora Tacrolimus para reencauzar el tratamiento de un mes de 130 pacientes trasplantados. La misma demandó un costo aproximado de $1.100.000. Además desde 2016, la Provincia incrementó anualmente la partida de funcionamiento del Cucaier en un monto de $360.000 para cubrir eventualidades ante la falta de provisión de Nación de medicamentos para pacientes transplantados.

El Programa de Prevención de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular, durante el año 2017, registró faltantes de medicamentos. Se compraron 120.000 comprimidos de Levotiroxina de 100 mg por un monto de $336.000 y otros 24.000 comprimidos de Metformina de 850 mg por un monto de $68.000.

Con respecto a los insumos de los Programas de Salud Sexual y Reproductiva y VIH – SIDA, durante el año 2016 la Provincia de Entre Ríos debió adquirir 150.000 unidades por un monto estimado de $361.880 pesos. En tanto que en el año 2017 se compraron 216.000 preservativos por un monto estimado de $410.400. Entre 2016 y 2017 hubo entregas insuficientes de anticonceptivos orales e inyectables por lo cual se habilitó a los Centros de Salud a comprarlos con fondos de las partidas presupuestarias. También, en función de que se comenzó a instrumentar la atención en hormonización en personas trans, la provincia de Entre Ríos, adquirió tratamientos por un monto estimado de $226.414. Incluso desde el Programa VIH se ha solicitado informe a la Dirección Nacional sobre faltantes en la entrega bimensuales de algunos antirretrovirales e incluso algunas drogas que no fueron entregadas: Etravirina; Darunavir 800/100; Lamivudina jarabe y Nevirapina.

Sr. Presidente, ese es el cuadro de situación de la mayoría de los Programas Nacionales de Salud, que están sin funcionamiento o con un claro déficit en su aplicación, producto de la falta de recursos del Estado Nacional. Esta situación no es propia de la Provincia de Entre Ríos, sino que se replica, en idéntica situación. en la mayoría de las provincias de nuestro país.

El derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, que son aquellos que existen con anterioridad a la sociedad y al Estado, ya que corresponden a la persona humana por su condición de tal y por el sólo hecho de serlo. Además de su reconocimiento, sin embargo, los ciudadanos tienen derecho a su protección por parte del Estado nacional. En tal sentido cabe señalar que la llamada pirámide jurídica, se ve significativamente modificada en lo relativo al orden de prelación de las diferentes normas, a partir de la reforma constitucional de 1994, que en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional (CN) establece que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La protección de la vida y de la integridad psicofísica de la persona humana, desplazada de la órbita de los derechos individuales y en el marco de los derechos sociales y colectivos, se enfatizó a partir, justamente, de la referida reforma del texto constitucional, que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, afianzando la supremacía de la persona (Galdós, Jorge Mario, La Ley, 2008). En efecto y conforme el autor citado, la salud es un derecho colectivo, público y social de raigambre constitucional, anclado en el artículo 42 de la Constitución Nacional que reza, en lo pertinente, lo siguiente: Los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz: a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Este derecho involucra no exclusivamente a la garantía de acceso a las prestaciones básicas de salud, sino asimismo de su mantenimiento y regularidad a través del tiempo, y que de acuerdo a jurisprudencia uniforme incumbe principalmente al Estado, más aún en los supuestos específicos de protecciones legales que involucran a personas vulnerables tales como los niños, ancianos, personas con discapacidad, niños en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia (inc. 23, art. 75, CN).

En virtud de lo expuesto, reitero, a través del presente Proyecto de Resolución, que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, regularice la deuda pendiente con la Provincia de Entre Ríos, y con las demás Provincias Argentinas, en materia de los recursos adeudados que corresponde al funcionamiento y desarrollo de los Programas de Salud Nacionales vigentes a la fecha.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su firma en este proyecto de resolución.