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PROYECTO DE TP
Expediente 3897-D-2018
Sumario: EXPRESAR REPUDIO POR EL ALLANAMIENTO DE LA SEDE DE LA ORGANIZACION TUPAC AMARU, DE LA PROVINCIA DE JUJUY, DISPUESTO POR EL JUEZ PABLO M. PULLEN LLERMANOS.
Fecha: 28/06/2018
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 77
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su más hondo repudio al irregular allanamiento de la sede de San Salvador de Jujuy de la organización “Tupac Amaru”, dispuesto por el juez Pablo M. Pullen Llermanos, que configura un nuevo acto de persecución política contra la citada organización y sus integrantes y una nueva violación al Estado de derecho.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Policía de Jujuy allanó - en la tarde del 5 de junio del corriente - la sede de la organización Tupac Amaru mientras en su interior se realizaban diversas actividades deportivas y recreativas, con niños, niñas, adolescentes y personas mayores.
La orden judicial fue dispuesta por el juez Pablo M. Pullen Llermanos, quien participó del operativo, que sumó a la policía provincial y a un grupo especial, entre ellos, efectivos de la Brigada de Investigaciones y del Cuerpo Especial Operaciones Policiales: CEOP.
Las autoridades de la organización social que se encontraban presentes en el momento denunciaron que el operativo se hizo sin exhibición ni entrega de copia de la orden de allanamiento y sin permitir el ingreso a los abogados y al diputado Juan Manuel Esquivel, a pesar de su investidura y su carácter de reconocido integrante de la Organización.
No resulta superfluo resaltar cuales son las formalidades que exige la ley ritual jujeña. El art. 243 del Código Procesal Penal de aquella provincia establece que “La orden de allanamiento será notificada entregándose una copia de ella al que habite el lugar donde debe efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que allí se hallare. Se preferirá a los familiares del primero. Al notificado se le invitará a presenciar el registro; y cuando no se encontrare persona alguna, se hará constar en el acta, en cuyo caso se deberá contar con la presencia de dos (2) testigos (…)”.
La violación de la normativa procesal penal citada luce evidente.
Según manifestaron sus miembros, hasta la fecha el Poder Judicial tampoco brindó información sobre los resultados del allanamiento ni se permitieron ingresos o permanencias en la sede.
Así, no es casual que en esta coyuntura política el Gobernador Gerardo Morales, dos días después y en conferencia de prensa, anunciara que la sede central de la organización
"Tupac Amaru", de la calle Alvear 1152 en S. S. de Jujuy, por decisión de la Justicia (Pullen Llermanos) fue entregada al Estado provincial, que la administrará a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.
La sede continúa vallada y ocupada a la fecha.
En tal sentido, la policía montó una guardia permanente en la puerta del lugar que estuvo en vigilia durante la noche y continúa a la fecha, efectivizando una verdadera ocupación ilegal.
Lamentablemente, este hecho no resulta novedoso.
El hostigamiento y la persecución política que padecen los integrantes de la organización social Tupac Amaru, efectivizado por el entramado de relaciones espurias que existe entre los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia de Jujuy y el Poder Ejecutivo Nacional son la constante desde que asumió el gobernador Gerardo Morales.
Ejemplo de ello es la detención ilegal de la dirigente Milagro Sala. La privación de su libertad se sostiene de forma arbitraria y contrariando las garantías constitucionales - que deben regir en un Estado de derecho - referidas al debido proceso sustantivo y a la igualdad ante la ley.
El carácter de presa política que remarca su detención ha sido exteriorizado, en reiteradas oportunidades, por diversos organismos internacionales. La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, entre otros, han reclamado al Estado Argentino por su inmediata liberación.
Como ya hemos señalado anteriormente, la ONU, a través del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, determinó que en el caso de Sala existió un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo, advirtiendo que en su caso se está vulnerando la independencia judicial y que es menester destacar que la mayoría de las causas, por las cuales Milagro –entre otros dirigentes de la Tupac Amaru - se encuentra detenida, fueron abiertas por el gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales con la intervención del fiscal de Estado, Mariano Miranda, a quien Morales designó por decreto.
De forma coincidente, se descubrió, tiempo atrás, que el abogado Federico Wagner – del estudio jurídico del ex juez, ex ministro, ex diputado radical y actual abogado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra - que representó al gobernador Gerardo Morales en la querella en la que Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso, dirigió un elocuente correo electrónico al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, con el claro objetivo de diseñar la estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Minutos después, el letrado dirigió otro correo a la Dra. Falcone y posteriormente, le reenvió el mensaje al Dr. Miranda y la propuesta de reunión para coordinar "la presentación de las víctimas de las arbitrariedades ejecutadas por Milagro Sala, tal como hablamos en diciembre".
Cabe aclarar, a fuerza de sobreabundar, que la Dra. Clara De Langhe de Falcone - ex diputada radical que hoy preside el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy - fue nominada para integrar el tribunal por el hoy gobernador Morales cuando era jefe de la oposición y designada para presidirlo en cuanto se conoció el resultado electoral de 2015.
En cuanto asumió, Morales hizo llegar a la Legislatura el proyecto de ampliación del Superior Tribunal, de cinco a nueve miembros y al tercer día asumieron los cuatro nuevos magistrados, dos de los cuales (Pablo Baca y Beatriz Altamirano) acababan de votar la ampliación como legisladores por la UCR, circunstancia que pone de manifiesto, en primer lugar, la falta de imparcialidad de los magistrados – circunstancia que los excluye de la posibilidad de ser designados - y por otra parte, la subordinación indudable del Poder Judicial provincial al Poder Ejecutivo jujeño, vulnerando de forma palmaria el principio de división de poderes y, consecuentemente, los derechos y garantías de todos los ciudadanos.
Asimismo, y como si esto fuera poco, ya como presidente del tribunal, la Dra. Falcone designó a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas contra Milagro Sala - violando el principio del juez natural -, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a una amiga íntima, Liliana Fernández de Montiel, como fiscal especial a cargo de todas las causas que se le abrieran en el futuro, es decir una comisión especial prohibida por la Constitución.
En idéntico sentido, merece remarcarse que el Dr. Despouy - al que hace referencia el primer mail de Wagner - es el representante de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe responder ante los organismos internacionales de
protección de los Derechos Humanos en nombre del gobierno nacional, circunstancia que demuestra también, que el Poder Ejecutivo Nacional es parte de esta farsa maquiavélica.
Es sabido que, desde la asunción de Morales, el Estado de derecho no rige en la provincia de Jujuy.
Las graves y reiteradas anomalías narradas por los diversos organismos internacionales y la evidente falta de independencia de parte del Poder Judicial de Jujuy respecto del Poder Ejecutivo de dicha provincia, resulta inadmisible.
Por lo expuesto, entendemos que resulta indispensable manifestar el más hondo repudio al irregular allanamiento de la sede de San Salvador de Jujuy de la organización “Tupac Amaru”, dispuesto por el juez Pablo M. Pullen Llermanos, que configura un nuevo acto de persecución política contra la citada organización y sus integrantes y una nueva violación al Estado de derecho de aquella provincia, por lo que solicitamos a los/as legisladores/as el acompañamiento de la presente declaración.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| PIETRAGALLA CORTI, HORACIO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| IGON, SANTIAGO NICOLAS | CHUBUT | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| ALONSO, LAURA V. | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| SALVAREZZA, ROBERTO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| MENDOZA, MAYRA SOLEDAD | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| GONZALEZ, JOSEFINA VICTORIA | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| CLERI, MARCOS | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| BRITEZ, MARIA CRISTINA | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| HUSS, JUAN MANUEL | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| JUSTICIA (Primera Competencia) |