La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y otras áreas correspondientes, informe los mecanismos utilizados por los distintos ministerios para asegurar las garantías constitucionales de los niños, niñas y adolescentes víctimas del operativo de desalojo, cuestionado judicialmente, producido entre los días 1° y 2 de Junio en el “Barrio Comunitario Parque Esperanza” ubicado en la localidad de Estación Juárez Celman, departamento de Colón, provincia de Córdoba, sobre el terreno ubicado entre los barrios Guiñazu y Ciudad de los Niños, y entre la Ruta N° 9 antigua y la variante Juárez Celman y otras cuestiones conexas, a saber:

• Si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tomado conocimiento de las condiciones habitacionales en que las personas desalojadas se encuentran y si se encuentran garantizados para las mismas, éste y otros derechos constitucionalmente protegidos.

• Si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tomado conocimiento de las condiciones a la que fueran sometidos algunos detenidos en el desalojo y si estas formas colisionaran con los pactos en materia de derechos humanos suscriptos por nuestro país.

• Si la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha fiscalizado el accionar que ha llevado la justicia y la policía de Córdoba en el desalojo que termino con más de 50 niños, niñas y adolescentes alojados en una parroquia.

• Si la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se ha contactado con la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba a fin de observar se garanticen los derechos y garantías de los niñas, niños y adolescentes y sus familias.

• Que acciones recomienda la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba a fin se dé cumplimiento al art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño con relación al nivel de vida adecuado para el desarrollo de los mismos.

Señor presidente:

El derecho a la Vivienda constituye en los Estados modernos democráticos un derecho fundamental de los ciudadanos, en contra de lo que ocurrió durante otras épocas históricas, así está proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en su artículo 25.1 que reza:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Asimismo, se expresa en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11:

“Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

La Convención sobre los Derechos del Niño, a la que adhirió nuestro país en 1990 por Ley Nº 23.849, declara en su Artículo 27, inc. 1: “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” y en el inc. 3: “Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.”

Nuestra Constitución Nacional, la ley suprema por la cual se rige el funcionamiento institucional de nuestro país, en su artículo 14 bis dice:

“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”

Entre la madrugada del viernes 1° y la del sábado 2 de junio de 2018 la Fuerza Policial de la provincia de Córdoba rodeó y atacó ininterrumpida y salvajemente el “Barrio Comunitario Parque Esperanza” ubicado en la localidad de Estación Juárez Celman, departamento de Colón, provincia de Córdoba, donde habitan 120 familias, las cuales vienen realizando un proceso de organización comunitaria con el único fin de garantizar una vida y una vivienda digna.

Una vez más la policía reprime sin miramientos ni distinciones: madres, niños, mujeres embarazadas fueron víctimas de esta violenta acción, a tal punto llego la represión que uno de los vecinos del barrio se roció con combustible y estuvo a punto de incendiar su cuerpo para lograr detener el desalojo y la crueldad con la cual se manejó este procedimiento. No conformes con esta situación terrible, las autoridades rodearon el barrio con topadoras para arrasar con todo lo que en el barrio estuviera en pie, construcciones, pertenencias de las familias y hasta un comedor comunitario que alimentaba a los niños que residían en el lugar.

En ese contexto además de once (11) vecinos detenidos, uno de ellos sometido a una golpiza torturante en la Comisaría de la localidad de Ciudad de los Niños, se vulneraron los derechos y garantías constitucionales de los más de cincuenta (50) niños, niñas y adolescentes que habitaban el Barrio, los que fueron alojados precariamente en una parroquia, la Capilla Nuestra Señora del Milagro de Salta, del barrio Parque Norte de Estación Juárez Celman, despojados material y espiritualmente con absoluta brutalidad, por ello expresamos nuestra preocupación al respecto además de exigirles a las autoridades que den explicaciones acerca de lo sucedido y lo actuado.

En mi carácter de Diputada Nacional denuncio estas prácticas anti democráticas que tienen como fin imponer, a como dé lugar, una decisión nefasta que viene de un insensible poder político al cual no le interesa ofrecer ningún tipo de remedio, solo reprimir y castigar a quienes menos tienen y sin resguardos para los más vulnerables.

Criminalización de la pobreza, ni más ni menos, mientras el gobierno sigue generando más deuda, el único instrumento que tiene es la brutal represión por medio de la fuerza pública.

La vivienda como derecho fundamental, debe ser resguardada por los gobiernos Nacionales, Provinciales y Comunales, quienes deberían estar tratando de ofrecer soluciones y no profundizar los apremios de quienes más necesitan del Estado.

Es nuestra responsabilidad velar por los intereses de todo el pueblo argentino, en especial la protección de los niños, niñas y adolescentes, y generar las oportunidades y resolver los conflictos sociales por la vía democrática.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente pedido de informes. Muchas gracias.