El Senado y Cámara de Diputados...

CONSULTA POPULAR VINCULANTE POR ACUERDO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

ARTÍCULO 1°.- Convocase a una Consulta Popular Vinculante a los efectos de que el pueblo de la Nación se pronuncie por la afirmativa o por la negativa respecto a la siguiente pregunta:

"¿Está usted a favor del pacto/acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional denominado “Acuerdo Argentina – FMI, Junio 2018”, según el cual nuestro país incrementará su deuda pública en 50 mil millones de dólares a costa de un nuevo achique fiscal que implicará un salto del ajuste en curso, monitoreado en forma directa por este organismo internacional?”

ARTÍCULO 2°.- Esta Consulta Popular será vinculante y deberá realizarse dentro de los 60 días corridos de haberse aprobado la presente Ley.

ARTÍCULO 3°.- La Consulta Popular Vinculante se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 40 de la Constitución Nacional, la ley de Consulta Popular Nº 25.432 y las disposiciones de la Ley N° 19.945 de Código Nacional Electoral y sus modificatorias.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene por objeto someter a una Consulta Popular Vinculante el reciente acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional y anunciado el pasado 7 de junio del corriente año por Nicolás Dujovne y Federico Sturzzeneger, acuerdo que implica incrementar la deuda pública en 50 mil millones de dólares y acelerar el ajuste contra el pueblo trabajador.

Se trata de un pacto firmado a espaldas del pueblo trabajador, inconsulto y que además incluye clausulas o memorandums secretos; pacto cuyas principales víctimas serán nuevamente los trabajadores y el pueblo pobre, que verán incrementadas sus penurias producto de la profundización del ajuste que esta nueva entrega al capital financiero internacional implica.

El objetivo de este proyecto de ley es que los principales afectados e involucrados en esta monumental toma de deuda sean quienes se pronuncien sobre una nueva escalada en el endeudamiento que recaerá en las próximas generaciones de argentinos y argentinas, con el saldo de miseria y penurias que está tan cercano en nuestra memoria. Este acuerdo con el Fondo implicará también al próximo gobierno que asuma al finalizar el mandato de Mauricio Macri el 9 de diciembre de 2019, una razón más para someter a la consideración popular esta nueva entrega.

El pueblo trabajador no puede ser un mero espectador en este desfalco que pretenden consumar. El plan de ajuste anunciado por el Gobierno y acordado con el FMI, tiene un objetivo fundamental oculto tras el programa de alcanzar el "déficit cero": atacar más profundamente el salario real del conjunto de los trabajadores para favorecer las ganancias capitalistas en el país. Los dólares que el gobierno se propone "ahorrar" por un lado a costa de una recesión económica y de mayores penurias para el pueblo se irán por la otra ventanilla para pagar intereses de deuda y garantizar el rescate a los especuladores de la bicicleta financiera y a los fugadores seriales.

Este acuerdo con el FMI implicará, según lo anunciado por el propio Gobierno, que no sólo el déficit bajará más rápido mediante un recorte del salario y el empleo estatal, sino que también requerirá más tarifazos y recortes presupuestarios en áreas sensibles como salud, educación y obra pública. La escalada de endeudamiento que inició Cambiemos hace dos años y medio, aumentando un 50 % la deuda pública, se agudiza con este acuerdo y acerca la relación entre la deuda y el PBI a niveles peligrosos, según los propios parámetros de los organismos internacionales. Mientras tanto, el gobierno de Macri lleva pagados más de U$S 128 mil millones de deuda entre capital e intereses. Los pagos de los intereses de la deuda pública, que en la actualidad se llevan el 14% del gasto público y explican el 60% del déficit financiero, aumentarán su incidencia presupuestaria. Las "metas de inflación", la mayor independencia del Banco Central y el no financiamiento al Tesoro, constituyen un combo de medidas con efectos recesivos.

Claro está que ni un centavo de lo que ingrese al país de las arcas del FMI será para incentivar la economía, ya sea con mayor demanda pública o infraestructura. Por el contrario, el nuevo endeudamiento está estrechamente vinculado a garantizar el pago de los vencimientos de deuda comprometidos previamente a los que ahora se suman los contraídos con el FMI y otros organismos de crédito internacional y blindar a los especuladores. Además, financiará el vaciamiento del país vía fuga de capitales, una permanente del comportamiento de la burguesía "nacional", que tiene una velocidad vertiginosa desde que asumió Cambiemos superando los U$S 41.000 millones acumulados hasta marzo de 2018 y que se aceleró con la corrida cambiaria.

Hay ganadores claros de esta nueva entrega del país al FMI: un aspecto central del acuerdo es el rescate de los que apostaron a la "bicicleta financiera" con Lebac frente al deterioro de la situación patrimonial del Banco Central. Recordemos que la autoridad monetaria perdió más de U$S 10 mil millones en pocas semanas. El tipo de cambio flotante buscará sanear el rojo de la balanza comercial, que está en un nivel de 5 puntos del PBI que constituye un récord histórico, mediante el encarecimiento de las importaciones y abaratamiento de exportaciones. La devaluación ya superó el 25 % en sólo dos meses y está previsto que continúe en los meses siguientes, bajando de esta forma los salarios en dólares y avivando el proceso inflacionario. Mientras tanto, se busca imponer techos salariales en paritarias para que los salarios corran por detrás de la inflación, de modo de garantizar que la devaluación se traduzca en una caída del salario real en favor de los empresarios.

Los U$S 19.300 millones de ajuste hasta 2021 significan en moneda local $ 482.500 millones al tipo de cambio actual. La propia recesión a la que se empuja a la economía con las condiciones del acuerdo implica imponderables sobre recaudación, que por lógica iría hacia la baja junto con la actividad económica: no está descartado que las metas de déficit fiscal finalmente no se cumplan, no porque no se ajuste como pide el FMI, sino porque la economía no reacciona.

Ese círculo vicioso, que en otra escala y con mayores desequilibrios conoce la historia reciente de Grecia, podría implicar nuevas negociaciones, nuevos condicionamientos y más sufrimiento del pueblo trabajador.

La economía argentina está atravesada por profundos desequilibrios económicos desde hace años: 2011 fue el último año de crecimiento significativo. Desde el 2012 el régimen político burgués intentó varias salidas intermedias. La “sintonía fina” fue el invento de Axel Kicillof: implicó, entre otras cosas, la devaluación y deterioro salarial en 2014, suba de tarifas de menor escala que la actual y el intento fallido de regreso a los “mercados”. Ahora, el “gradualismo” de Cambiemos aceleró los ataques al pueblo trabajador sin lograr moderar las contradicciones económicas. La corrida cambiaria iniciada a fines de abril por varios amigos gubernamentales de la banca internacional, como J.P. Morgan, actuaron como un disciplinamiento hacia el macrismo para apretar el acelerador del ajuste.

Ahora directamente pusieron al FMI al mando de la política económica, con las consecuencias de ajuste y penurias que el pueblo argentino ya conoce.

Semanas atrás presentamos ante el pleno de esta Cámara de Diputados un proyecto de resolución (2711-D-2018) rechazando el anuncio hecho por Mauricio Macri del acuerdo que ahora acaba de conocerse, donde rechazábamos también la injerencia de este organismo que necesariamente significará más ajuste y más endeudamiento a cambio de peores condiciones de vida de las grandes mayorías populares y reiterábamos que se impone el no pago de la deuda externa ilegitima y fraudulenta que con este acuerdo se pretende consolidar e incrementar.

También decíamos en esa ocasión que no alcanza con no endeudarse con el organismo y que rechazamos las revisiones bajo el artículo IV y la membresía del país en el organismo, lo cual constituye un aval, como mínimo de hecho, a la agenda del capital financiero internacional y las multinacionales saqueadoras que este organismo impone en todo el mundo con aval de las potencias imperialistas y sus socios locales. Durante el gobierno de Néstor Kirchner el país le pagó al FMI U$S 10.000 millones en efectivo y rechazó la revisión bajo el artículo IV, pero nunca renunció a ser miembro del organismo.

Hoy no es exagerado decir que el acuerdo anunciado con el FMI es un “plan de guerra contra el pueblo trabajador”: los anuncios, si logran llevarlos adelante, implicarán miles de despidos por enfriamiento de la economía, así como un gran ajuste fiscal que redundará en nuevos tarifazos, menos presupuesto para salarios y empleos estatales, educación, salud, obra pública, y que los jubilados sigan en su enorme mayoría en la pobreza. No se nos escapa que el plan se propone dar un nuevo golpe al salario real del conjunto de los trabajadores, profundizando la carestía de vida, así como un mayor disciplinamiento de los ritmos y condiciones de trabajo al servicio del capital.

Nuestra postura es clara: el desconocimiento y el no pago de la ilegítima deuda externa. Por eso reiteramos que el pueblo trabajador que verá nuevamente hipotecado su futuro no puede ser un mero espectador de la nueva estafa que se pretende concretar con este pacto con el FMI, y por ello debe ser consultado.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.