La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que reglamente la ley 27118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, sancionada por este Congreso de la Nación el 17 de diciembre de 2014 y promulgada el 20 de enero de 2015.

Señor presidente:

Debido a la volatilidad de los precios de los alimentos valorados como commodities a nivel global y a la crisis sistémica de 2008, la FAO expresa que los gobiernos de la región están revalorando la importancia de la producción doméstica de alimentos básicos, sobre todo en los segmentos de pequeños productores. Así, la Agricultura Familiar, que tradicionalmente se enmarcaba como un problema de pobreza rural, se convierte ahora en parte de la solución del problema del hambre y la seguridad alimentaria en la Región (FAO, 2009). El Censo Nacional Agropecuario del 2002 arrojó que existían 218.868 Explotaciones Agropecuarias Productivas (EAP) familiares en todo el país, lo que significaba dos tercios del total de explotaciones agropecuarias. En términos de superficie las EAP familiares cubrían 23,5 millones de hectáreas, lo que representaban el 13,5% del área total de explotaciones agropecuarias (MAGyP, 2009). Este sector generaba para esa fecha el 19% del valor de la producción, calculado sobre la base del valor bruto de la producción potencial si se hubiesen obtenido los rendimientos promedios del sector agropecuario. A su vez, la Agricultura Familiar emplea cerca del 53% de la mano de obra utilizada en el sector agropecuario (Datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2009).

El Ministerio de Agricultura de la Nación en la gestión de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner llevó adelante el Registro Nacional de la Agricultura Familiar que proporciona estadísticas en forma periódica. A marzo de 2012 se encontraban registrados 59.111 Núcleos de Agricultores Familiares (NAF) en todo el país. Las regiones que presentaban más NAF eran Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) con 18.590 y 18.394, respectivamente; luego le seguían la región Pampeana con 11.032, Cuyo con 8.014 y, por último, la Patagonia con 3.081. Al analizar la fuerza de trabajo, las NAF se componen mayormente de dos trabajadores familiares permanentes. En general las NAF no contratan trabajadores externos (más del 95%). El 70% de las NAF realizan actividades agrícolas, el 81% se dedica a la producción animal, el 16% a la agroindustria y menos del 10% a otras actividades como recolección, artesanías, caza, etc. La producción ganadera de las NAF se focaliza principalmente en aves, con más de dos tercios de las NAF y le sigue la producción de vacunos a la cual se dedica cerca de un 50%.

Para enero de 2013, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) manifiesta que la agricultura familiar representa el 75 % de la mano de obra rural. A nivel regional, en el mismo año, según datos del Ministério do Desenvolvimento Agrário en Brasil (MDA), la agricultura familiar produce el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del MERCOSUR. Se componía de 4,9 millones de negocios productivos y daba trabajo a 20 millones de personas. Sólo en Brasil producía para 2012-2013 casi el 70 por ciento de los alimentos de consumo nacional.

Durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Dirección de Agricultura Familiar, se transformó en Subsecretaría de Agricultura Familiar y luego en Secretaría de Agricultura Familiar con sedes provinciales en cada uno de los distritos de nuestro país, atravesando el debate que dio origen a la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (Ley 27.118). La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, fue sancionada luego de un intenso trabajo entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y entidades representativas del sector, junto al importante debate en las Comisiones Permanentes de ambas cámaras legislativas del Congreso de la Nación. La ley fue aprobada por unanimidad en éste Congreso de la Nación en diciembre de 2014, en el año de la Agricultura Familiar.

La nueva ley de “Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”, Ley 27118, declara de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. En ese sentido, esta ley también es el resultado de la lucha que llevaron adelante las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena.

Los objetivos de ésta ley son promover el desarrollo humano integral de los agricultores familiares, campesinos e indígenas, el bienestar social y económico de los productores y sus comunidades mediante la diversificación y la generación de empleo en la ruralidad y contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria del país mediante la producción agropecuaria, la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable. Asimismo la ley considera imprescindible promover el desarrollo de los territorios rurales con la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio rural, reconocer las prácticas de vida y productivas de las comunidades originarias, promover una vida digna de los pequeños productores, apoyar la generación de actividades agropecuarias artesanales, industriales y de servicios con agregado de valor en los lugares de origen, y garantizar los derechos de acceso y a la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales en general, como las semillas, el ganado y la biodiversidad para que estén en manos de quienes producen alimentos (Ley 27.118).

Entre sus lineamientos se encuentra el acceso a la tierra considerada como un bien social, para lo cual se crea un Banco de Tierras para la agricultura familiar, se suspenden las ejecuciones que tengan como objetivo el desalojo de agricultores familiares por tres años, y se planea un relevamiento de regularización dominial. En relación a la mirada integral que tienen las organizaciones sociales en los territorios rurales, la ley garantizaría el acceso y el funcionamiento de todos los servicios sociales, educación, salud, deportes, cultura, discapacidad, desarrollo y promoción social, para toda la población rural con el objeto de asegurar el arraigo de las familias en los territorios donde han vivido tradicionalmente. En el ámbito de la educación y la capacitación, se proponen acciones para la educación rural, el desarrollo y transferencia de tecnología y la asistencia técnica, junto con la investigación en la mejora de procesos en toda la cadena agroalimentaria donde el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena participa.

En la actual gestión de Cambiemos esta ley nunca tuvo presupuesto asignado en la Ley de Presupuesto anual que envía el ejecutivo nacional a este Congreso de la Nación, el presupuesto que tenía en las áreas institucionales de la agricultura familiar dependiente del actual Ministerio de Agroindustria fue subejecutado y las distintas sedes provinciales de la Secretaría de Agricultura Familiar fueron vaciadas a través del desfinanciamiento y de los despidos de trabajadores dedicados a distintos programas y áreas de trabajo de la agricultura familiar, campesina e indígena. Actualmente la Secretaría de Agricultura Familiar fue bajada de rango institucional a subsecretaría y comparte el título con “desarrollo territorial”. En la página oficial de ésta subsecretaría ya figuran muchísimos programas menos que los que se encontraban en ejecución en diciembre de 2015, cuando la gestión Cambiemos asume el gobierno nacional. Este vaciamiento de las políticas públicas destinadas al sector que más produce alimentos para las poblaciones locales, tiene la intencionalidad de profundizar un modelo “abierto al mundo”, para importar alimentos con agregado de valor de otros países pero que también producimos aquí y exportar solo commodities sin agregado de valor (trigo, soja, maíz y otros cereales transgénicos) que permite ampliar las tasas de ganancia de las grandes empresas transnacionales vinculadas a esas cadenas agroalimentarias, que no resuelven necesidades de alimentaria de las poblaciones locales, y por lo tanto vulneran seriamente la seguridad y soberanía alimentaria nacional.

El 1 de junio de 2017 las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena denuncian públicamente que la REAF y el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, están siendo vaciados por la actual gestión, en el financiamiento de los representantes de las organizaciones para asistir a sus reuniones institucional, la escasez y falta de presupuesto para ejecutar la ley de agricultura familiar, y la falta de diálogo por la propuesta de reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar que elaboró el ejecutivo nacional, así como su efectiva reglamentación en el actual gobierno nacional. Las organizaciones que denuncian esta situación de vulnerabilidad institucional para la agricultura familiar, campesina e indígena son INCUPO -Instituto de Cultura Popular-, ACINA – Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino; AGA – Asociación Grito de Alcorta; AMRAF – Asociación Mujeres Rurales Argentinas Federal; ENOTPO – Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios; FAA – Federación Agraria Argentina, FONAF – Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, Frente Agrario Evita; FNC – Frente Nacional Campesino; Frente Rural La Cámpora; ONPIA – Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Argentina, MAELA Argentina – Movimiento Agroecológico de América Latina y El Caribe; MNCI – Movimiento Nacional Campesino Indígena; UAPA – Unión Argentina de Pescadores Artesanales (www.incupo.org.ar).

La FAO en su página web expresa que en el período 2014-2016, Argentina y Perú también registraron aumentos de 0,1 millones de personas subalimentadas en ambos casos. En el mismo período Argentina, Barbados, Chile, México, y Trinidad y Tobago, tienen una prevalencia de subalimentación igual o inferior al 5% de su población. En un documento público de la FAO “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: 2017-2018”, esta institución expresa que a largo plazo (diez años), un grupo importante de países (ente ellos Chile, Colombia, Guyana, Perú y República Dominicana) ha mostrado crecimientos sostenidos del volumen de la producción y de los ingresos agrícolas reales. Pero en países agroexportadores netos de América del Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay) la producción aumentó, pero los ingresos reales cayeron, debido a que estos países se especializan en la producción de cereales y oleaginosas, cuyos precios internacionales se desplomaron en los últimos tres años, y como es nuestra principal especialización productiva, hace que dependamos en mayor medida de los precios internacionales de estos commodities, que no resuelven necesidades internas de las poblaciones como dijimos anteriormente. Las necesidades de las poblaciones locales las resuelve generalmente la agricultura familiar, campesina e indígena en cualquier país del mundo.

Mientras en la gestión del gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, se revalorizó la producción de alimentos de la agricultura familiar, campesina e indígena, que junto con la lucha de las organizaciones del sector, dio como resultado la sanción y promulgación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar en nuestro país, la gestión del gobierno de Cambiemos viene desarmando paulatinamente, sin prisa pero sin pausa, las políticas institucionales que nos permitirían aplicar efectivamente dicha ley. Teniendo en cuenta que en virtud de esta situación institucional, asistimos a la profundización de las políticas públicas destinadas a los sectores del campo vinculados a las empresas transnacionales que producen cereales y oleaginosas para exportación casi exclusivamente, venimos a reinstalar el debate sobre los horizontes productivos del insoslayable sector de la agricultura familiar que más produce alimentos para las poblaciones locales, genera mayor valor agregado en origen y brinda mayores posibilidades de mano de obra ocupada en el sector de la cadena agroalimentaria nacional.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.