La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y por su intermedio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para que informe qué acciones está llevando a cabo para garantizar las fuentes de trabajo, las condiciones laborales y la intangibilidad de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la empresa avícola “Cresta Roja”, ubicada en la localidad de Esteban Echeverría y Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.

Señor presidente:

Los/as trabajadores/as de las plantas de faena de la empresa avícola “Cresta Roja”, localizadas en Esteban Echeverría y Ezeiza vienen atravesando una situación muy penosa desde hace varios años. La empresa, originariamente manejada por la familia Rasic, luego comenzó a ser gestionada por el Consorcio Proyeinsa, encontrándose en la actualidad a cargo de la empresa Wade S.A., parte del grupo Granja Tres Arroyos. Los/las trabajadores/as nunca cobraron la indemnización que les correspondía al retirarse la empresa original, y nunca se recuperaron los puestos de trabajo perdidos.

Actualmente los/as trabajadores/as denuncian que se pretende llevar adelante una restructuración que implicará la pérdida de aproximadamente ochocientos puestos de trabajo. Según relatan los propios perjudicados, ya se han despedido a más de doscientos trabajadores y trabajadoras. Esta decisión empresaria fue resistida por los/las trabajadores/as con la adopción de medidas de fuerza que fueron reprimidas por la Gendarmería. Según la información publicada en los medios periodísticos, en la madrugada del 16 de mayo del corriente más de 600 efectivos de la Gendarmería Nacional con apoyo de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comenzaron el operativo para desplazar a los/as operarios/as de la planta y concluir con la medida de fuerza que estaban realizando. Para el desalojo, la Gendarmería utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.

Parecería ser que el gobierno nacional piensa al conflicto social como una patología que debe ser erradica mediante la represión estatal. Estoy convencido de exactamente lo contrario. La conflictividad social no es una patología, sino una expresión de la sociedad democrática: existe porque no vivimos en una sociedad de iguales, aunque aspiremos a una sociedad más igualitaria.

Ninguna solución puede obtenerse de la represión o el intento de eliminación artificial de los conflictos; muy por el contrario, éstos deben ser abordados desde una lógica que los acoge como expresión de la sociedad democrática, libre y plural. Precisamente por ello, jamás deben ser reprimidos sino encauzados mediante acciones o medidas estatales adoptadas en la búsqueda de instancias de resolución.

Es por todo ello que solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto.