La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Exhortar al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, a regularizar a la brevedad el funcionamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, Neuquén, asignando el presupuesto necesario para garantizar su mantenimiento y el normal desarrollo de sus actividades.

Solicitar que aplique una actualización salarial en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y demás instituciones del sector para evitar el éxodo de recursos humanos altamente calificados hacia otros países.

Solicitar informe, por un lado, sobre cuál es el impacto estimado en la economía argentina de la cancelación de la construcción de la central Atucha III de tecnología CANDU; y, por otro lado, cómo se estima suplir la demanda de agua pesada de las tres centrales nucleares actualmente en funcionamiento, y de los reactores de investigación exportados por INVAP.

Señor presidente:

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, una de las inversiones más significativas del sector nuclear que es propiedad del estado neuquino a través de la empresa ENSI S.E., y de la CNEA, produce actualmente agua pesada de pureza nuclear, de altísima calidad y valor agregado, con la que abastece la demanda nacional y ocasionalmente la internacional, ya que es una de las más grandes del mundo. El agua pesada es utilizada, junto al uranio natural, en nuestras tres centrales en operación, cuya tecnología es dominada y poseída por nuestro país fruto de muchas décadas de experiencia y de grandes inversiones tanto del sector público como del privado.

Hoy en día esta planta corre un grave riesgo de ser abandonada y sufrir un daño irreversible por falta de mantenimiento adecuado. De sus 450 trabajadores altamente calificados solo quedan 300 y a éstos ya se les ha anunciado un inminente plan de retiro voluntario. La destrucción de la PIAP cerraría para siempre el camino, transitado exitosamente por nuestro país, de continuar con la línea tecnológica de reactores de potencia de agua pesada y uranio natural (en particular la línea CANDU, del mismo tipo que nuestra central de Embalse), para lo cual dispone de toda la experiencia, el capital humano y la infraestructura material necesarias después de décadas de gran inversión pública y privada. Esta destrucción arrastrará consigo una actividad industrial y productiva significativa asociada que tanto nos hace falta. De hecho ya lo está haciendo, como lo atestiguan los cientos de despidos en diferentes empresas y organismos. No dudamos en calificar la destrucción de la PIAP y sus consecuencias como una acción de lesa patria.

Diferentes actores del sector nuclear, con una estimación conservadora, calculan que la cancelación de la central CANDU, Atucha III, hará perder a la economía argentina como mínimo 3000 millones de dólares. Según el proyecto original en estos momentos debía estar construyéndose, pero después del acuerdo con el FMI fue cancelada, y más aún, y de una gravedad extrema, se ha anunciado que se daría por concluida la línea tecnológica del agua pesada dando paso a la instalación de nuevas centrales con una tecnología distinta, de uranio enriquecido y agua liviana, que no es dominada por nuestro país, lo que llevaría inexorablemente a una nueva dependencia en nuestra matriz energética.

Aún en el caso de no continuar con la construcción de la central CANDU, Atucha III, habría que fabricar 300 toneladas de agua pesada para tener el stock para reposición durante toda la vida útil de nuestras tres centrales que emplean esta tecnología, lo que representa unos 150 millones de dólares, presupuesto con el que hoy no cuenta nuestro país. También sería necesaria la importación de este insumo para proveer a los reactores de investigación que exporta INVAP.

Este no es el único daño irreversible con el que se enfrenta el sector: la falta de una política salarial mínimamente aceptable y de promoción de una carrera laboral está vaciando a la CNEA y demás instituciones del sector de los recursos humanos altamente calificados que vienen siendo formados desde hace años, produciendo un éxodo de los mismos hacia otros países que ven con agrado recibirlos ahorrándose los costos de invertir en su formación.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.