La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio por las amenazas e intimidaciones sufridas por referentes del movimiento de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y gremiales y cuya denuncia fue radicada en la ciudad de Rosario, en ocasión de un nuevo aniversario del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 y la conmemoración del Día Nacional por la Verdad, la Memoria y la Justicia.

Señor presidente:

En los días previos a un nuevo aniversario del Día Nacional por la Verdad, la Memoria y la Justicia, 24 de marzo, se produjeron una serie de sucesos intimidatorios y amenazas destinados a dirigentes políticos y sociales y referentes de los derechos humanos de la ciudad.

Esta situación, por demás repudiable, llamó la atención de gran parte de la sociedad rosarina por la virulencia de estos actos. Por primera vez en muchos años, un hecho evidentemente coordinado y premeditado se orientó a generar miedo a quienes luchan por el esclarecimiento de los acontecimientos sucedidos en la atroz dictadura cívicos militar de 1976-1983.

Entre los ciudadanos y ciudadanas amenazadas, de las decenas de víctimas de las amenazas, se encuentran las diputadas nacionales Josefina González, Verónica Mercado y Lucila De Ponti, los y las concejales Norma López, Eduardo Toniolli y Marina Magnani; dirigentes sociales Alejandra Fedele y Eduardo Del Monte e integrantes del movimiento de derechos humanos como Nadia Schujman (Hijos), Ana Moro, Iris Perez, (Grupo de la Ronda de las Madres de la plaza 25 de Mayo); Mario López (APDH), Élida Luna (Familiares de detenidos y desaparecidos por causas politicas); dirigentes sindicales Javier Almirón, Juan Pablo Bustamante, Paulo Juncos y Raúl Daz y funcionarios del ámbito judicial como el ex Defensor General de la provincia Gabriel Ganón, el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Marcelo Trucco, y el fiscal federal Adolfo Villate.

Los diversos espacios políticos y de derechos humanos realizaron las denuncias correspondientes ante los tribunales de la provincia de Santa Fe, exigiendo una pronta respuesta para dilucidar el origen de estos delitos.

Estos hechos, se puede inferir, son parte de una campaña u operación de intimidación de grandes proporciones que es necesario poder dilucidar a la brevedad. La gravedad de los hechos, estimados en más de un centenar de amenazas e intimidaciones realizadas por redes sociales y servicios de mensajería telefónica, es la muestra de una situación aún más preocupante que es la supervivencia de actores y organizaciones que realizan acciones psicológicas tradicionales de los servicios de inteligencia, tanto del pasado reciente, como de la actualidad, con el empleo de tecnología moderna.

El sostenimiento económico de semejantes estructuras, así como el empleo y resguardo de servidores informáticos y digitales y la participación de personas con conocimiento técnico, insume una gran cantidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos que es necesario identificar, para lo cual es urgente una decisión política en tal sentido.

Entendemos la gravedad de estos hechos, asimismo, en el marco de una suerte de retirada de la conducción política de las fuerzas de seguridad por parte del Gobierno nacional. No es menor que desde los máximos niveles de conducción del Estado argentino se respalde un accionar policial y de las fuerzas de seguridad que avasalla los derechos y garantías de los ciudadanos, emplea la doctrina del gatillo fácil como la nueva doctrina en seguridad, de reprimir antes que brindar seguridad por medio de la acción disuasiva.

En igual modo, la indulgencia del Gobierno Nacional hacia los sectores que fueron parte activa de la represión y del terrorismo de Estado durante los años de la dictadura, hace suponer un escenario donde la impunidad y el revanchismo vuelven a ser protagonistas en nuestra Nación. Recordemos que varias de las amenazas dirigidas a las víctimas de estos hechos fueron frases como “los vamos a secuestrar” o “Videla Vive”.

Una vez más, como legisladores nacionales, exigimos justicia, en esta oportunidad en la investigación de estos hechos que lesionan gravemente nuestra democracia.

Por estos motivos, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto de Resolución.