La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar preocupación por la grave y conflictiva situación política, humanitaria y social que se vive en la República de Nicaragua, instando a la búsqueda de una pronta solución pacífica del conflicto, a través de un amplio diálogo político que involucre a todos los sectores y la preservación del imperio de la ley.

Señor presidente:

Las décadas del ’70 y del ‘80 del siglo pasado supusieron un período bastante oscuro de la historia latinoamericana en cuanto a la vigencia y prevalencia de la regla democrática y del derecho internacional de los derechos humanos. Tan es así que durante ese período de la veintena de países que integran la región catorce se vieron regidos por gobiernos dictatoriales que interrumpieron el orden constitucional y lesionaron severamente los derechos fundamentales de sus habitantes

A la fecha el panorama ha cambiado, y se percibe la íntima convicción de los latinoamericanos y las latinoamericanas en defender a la democracia como forma de gobierno y —principalmente— como un estilo de vida en el que las libertades y los derechos de todos constituyen un faro que marca el rumbo que debe seguirse. Mucho costó conseguir que la regla de derecho impere, y por ello es que los y las habitantes de la región atesoran y valoran la regla democrática y el recto funcionamiento de las instituciones que a ella se ligan como un estado de situación querido y deseado.

Como consecuencia de una decisión del Presidente Daniel ORTEGA, el 18 de abril se desataron una serie de protestas en Nicaragua, las que siguen a la fecha y han crecido en su intensidad. En un comienzo fueron un pequeño grupo de estudiantes los que se manifestaron frente a la jesuita Universidad Centroamericana, situación que luego se replicó hasta las estatales Universidad Nacional Agraria y Universidad Nacional de Ingeniería. Al poco tiempo, las protestas llegaron hasta la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), lugar donde inclusive hoy permanecen más de medio millar de jóvenes a la expectativa de continuar con las manifestaciones. Más allá de ello, lo concreto es que el número de fallecidos se eleva con una peligrosa rapidez, a los que se suman saqueos y enfrentamientos entre ciudadanos y ciudadanas y las fuerzas del orden del país.

En definitiva, todo el cuadro de violencia entraña un grave riesgo tanto para el país centroamericano como para la región latinoamericana, pues actúa poniendo en jaque la gobernabilidad y el clima de paz necesario entre los y las nicaragüenses, elementos imprescindibles para superar esta grave situación. Por todo ello, es que hago un llamado a todos los actores involucrados en él para poner fin a todos los actos de fuerza desplegados, actuando siempre dentro de los márgenes de la legalidad, bregando además por el cumplimiento de todos los compromisos internacionales firmados por Nicaragua, para que así pueda volver la paz al país hermano.

Por lo expresado, queda así fundamentado el presente proyecto y a consideración de los diputados y las diputadas para su sanción.