La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación y repudio, por la decisión del gobierno de la República Federativa de Brasil, de cancelar por decreto las tareas de los equipos forenses destinadas a la identificación de restos de desaparecidos producidos durante la última dictadura militar en ese país.

Señor presidente:

Un decreto 9759 firmado el pasado 11 de abril, por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamado “decreto ómnibus” ha cancelado las tareas de identificación de restos de desaparecidos durante la última dictadura militar en ese país (1964-1985), que llevaba adelante el Grupo de Trabajo Perus en el cementerio homónimo, situado en la zona oeste de Sao Paulo.

El decreto 9.759, firmado el pasado 11 de abril, extingue y limita, a partir del 28 de junio, a órganos colegiados vinculados al gobierno federal que hayan sido creados por decreto y que no sean disciplinados por ley.

Al poner fin a consejos y comisiones dependientes del Estado, el Gobierno suspendió la actividad del colectivo de antropólogos forenses que, desde 2014, analizaba unas 1.047 cajas con restos óseos extraídos de fosas comunes, hallados enterrados en el citado cementerio como 'NN' “nomen nescio”, como se denomina en Brasil a los restos aún no identificados.

El grupo dependía de la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos, del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, y tenía la misión de concluir la identificación de víctimas de la represión política durante la dictadura militar, un trabajo iniciado en 2014, durante la presidencia de Dilma Rousseff, tras una orden de la Justicia Federal y del Ministerio Público.

Según la fiscal regional de la República, Eugenia Gonzaga, con esta medida el Gobierno de Bolsonaro "está implosionando todo un sistema volcado a la justicia". De acuerdo a la funcionaria judicial, que representa el Ministerio Público Federal (MPF), el decreto no alcanza sólo al equipo de antropólogos de Perus, sino también al Grupo de Trabajo Araguaia, en la Amazonia brasileña.

Creada por ley federal, la comisión no puede ser alcanzada por el decreto, pero, según Gonzaga, los grupos de trabajo y equipos técnicos de expertos necesarios para los trabajos fueron extinguidos por el decreto de Bolsonaro: "Aunque hay fondos previstos y determinación judicial para que el trabajo sea hecho, no hay nadie hoy que pueda firmar un documento o contratar a quien sea para realizar los trabajos", explicó la fiscal.

La medida fue duramente cuestionada por referentes de la oposición y de los derechos humanos

El libro 'Derecho a la memoria y a la verdad', publicado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República durante el Gobierno de Lula da Silva, señala que al menos 475 personas murieron o desaparecieron por motivos políticos durante la dictadura militar.

Cabe recordar, que el actual presidente Jair Bolsonaro durante su mandato como diputado se opuso a la búsqueda de restos de víctimas de la dictadura enterrados como NN, utilizando la infeliz frase de, "Quienes buscan huesos son los perros.

El golpe de estado de 1964 que instaló una dictadura en Brasil según la Comisión de la Verdad provocó más de 10.000 torturados, unos 434 muertos por conciencia y unos 8.000 asesinados de las tribus indígenas para obras públicas en la selva amazónica.