La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de los organismos que estime corresponder, informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación los alcances, objetivos y fundamentos de la política de enajenación de tierra pública que está llevando adelante el Estado Nacional.

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo Nacional viene conduciendo una política sistemática de venta de tierra pública. A través de lo dispuesto en los decretos 952 de 2016, 1064 de 2016, 1173 de 2016 y 225 de 2017, el Estado se está desprendiendo de inmuebles urbanos y rurales en diferentes localidades del país y ciudades del extranjero. A través de esta política, el fisco recaudó más de US$442 millones en los últimos dos años.

En la ciudad de Buenos Aires, que concentra las tierras más valorizadas de todo el país, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) vendió propiedades a grandes desarrolladores inmobiliarios por valores que oscilaron entre los U$S 60.000 y los U$S 40.000.000. La empresa Consultatio, de Eduardo Constantini, desembolsó U$S 140 millones por tres terrenos en Catalinas Norte y U$S 20 millones por una parcela en Monserrat, frente a Puerto Madero. El grupo TGLT, pagó US$ 40 millones por otro terreno en Catalinas Norte, cerca de Retiro. Como parte de esta política, también se vendieron o venderán tierras en La Boca, Chacarita y Palermo.

Por otra parte, en dos etapas se concretó la subasta de un campo de 8600 hectáreas en la provincia de Córdoba, Propiedad del Ejército Nacional, que implicó una recaudación de U$S 80 millones.

Si bien el Poder Ejecutivo cuenta con los instrumentos jurídicos para enajenar parte del patrimonio estatal, es cuestionable la unilateralidad con la que se está definiendo el futuro de bienes escasos, valiosos y difícilmente recuperables por parte del Estado. Es por eso que solicitamos al Poder Ejecutivo que presente la fundamentación que justifique el tratamiento que están dando a los bienes públicos. Teniendo en cuenta que las características de los inmuebles involucrados es tan heterogénea, parece difícil sostener para todos los casos idéntico tratamiento. En ese sentido, cabe resaltar que existen otras herramientas para la gestión de la tierra pública además de su venta. En otros países, por ejemplo, el suelo del Estado es otorgado en concesión a actores privados e incluso alquilado por plazos de hasta 99 años. Este tipo de instrumentos tiene la doble ventaja de que a través de los mismos, el Estado no se desprende de un bien escaso y no reproducible como la tierra, sino que también permite, de forma periódica, captar sus sucesivas valorizaciones.

La enajenación del patrimonio público, si bien financia al Estado en el corto plazo, limita la capacidad de agencia de los futuros gobiernos. Por eso mismo, estas decisiones deben ser consensuadas y justificadas. Por lo tanto, solicitamos a los diputados que acompañen el presente proyecto de resolución.