La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, ante el creciente aumento de la indigencia, de la pobreza y del precio de los alimentos de la canasta básica de alimentos, a los efectos de solicitarle que adopte, entre otras, las siguientes medidas de emergencia alimentaria y nutricional destinadas a la efectiva implementación de la Ley Nº 25.724, en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación y a la nutrición saludable y de calidad de la ciudadanía:

1) Aumentar el presupuesto del Programa “Políticas Alimentarias” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, creado por la Ley Nº 25.724, compensando y actualizando como mínimo el presupuesto del presente año a la par del aumento de la inflación del rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas”, del Índice de precios al consumidor (IPC), establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que en el año 2018 fue del 51,2%, y en los tres primeros meses del año 2019, fue del 15,1% (3,4% en enero; 5,7% febrero, 6% en marzo); y establecer un mecanismo de actualización automática mensual del presupuesto del mencionado Programa, que compense como mínimo el aumento mensual de la inflación en el rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas”, del Índice de precios al consumidor (IPC);

2) Aumentar el presupuesto y fortalecer el Programa “Atención a la Madre y al Niño” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, y los recursos para promover la lactancia materna, incluyendo el apoyo nutricional a las madres hasta los doce (12) meses de vida de sus hijos; según lo establece la Ley Nº 25.724;

3) Implementar una Canasta Básica de Primera Infancia con productos esenciales distribuidos, según se determine, gratuitamente y/o a costo subsidiado para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, y los cuidados de calidad de niñas y niños, incluyendo medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo fortificada, y otros productos lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, legumbres, otros nutrientes, pañales, entre otros productos esenciales;

4) Articular en forma integral y estratégica las políticas públicas sociales y de alimentación y nutrición con las políticas públicas sanitarias, e implementar un Sistema Permanente para la Evaluación del Estado Nutricional de la Población, articulando con los organismos gubernamentales con competencia en materia alimentaria y nutricional y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para la elaboración de un mapa de situación de riesgo; según lo establece la Ley Nº 25.724;

5) Aumentar el presupuesto destinado a los Comedores y a las Huertas Escolares, Comunitarias y Familiares, y a emprendimientos de la Agricultura Familiar y Social, garantizando la equidad y la calidad federal de los servicios de asistencia alimentaria y nutricional;

6) Constituir, en caso que no estuviera constituida, la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación, integrada por representantes de distintos Ministerios y asesorada por entidades sociales, científicas, universitarias, eclesiásticas, productivas, entre otras, según lo establece la Ley Nº 25.724;

7) Implementar un programa masivo e integral de educación alimentaria y nutricional de la población, a los efectos de promover la alimentación y la nutrición saludable y erradicar la malnutrición y la obesidad, según lo establece la Ley Nº 25.724;

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene el objetivo de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de proponer una serie de medidas de emergencia alimentaria y nutricional.

Nuestro País se encuentra en una situación de emergencia alimentaria y nutricional por el aumento de la indigencia, de la pobreza, de la desocupación, y porque se ha desmadrado el precio de los alimentos de la canasta básica, situación que pone en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), “en el segundo semestre de 2018 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza es del 23,4%; estos comprenden el 32,0% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 4,8% de hogares indigentes que incluyen el 6,7% de las personas. Los indicadores mencionados registran una suba de la pobreza y la indigencia con respecto al primer semestre de 2018 y también respecto de los consignados en el segundo semestre de 2017”.

La inseguridad alimentaria y nutricional afecta especialmente a las niñas y a los niños, que según el INDEC en el segundo semestre de 2018 son pobres el 46,8% de las y los mismos.

Con relación a la desocupación, el INDEC señala que en el cuarto trimestre de 2018 la tasa de desocupación alcanza el 9,1% de la población en general, pero impacta en el 21,4% de las mujeres de 14 a 29 años.

Asimismo, con relación al aumento del nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC), establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el mismo fue del 47,6% durante el año 2018, pero se elevó al 51,2% en la división de la canasta del IPC “alimentos y bebidas no alcohólicas”.

El aumento del rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” del IPC, se elevó en los tres primeros meses del año 2019 al 15,1% (3,4% en enero; 5,7% febrero, 6% en marzo), proyectándose para el presente año una inflación superior al año 2018, de continuar esta tendencia.

Desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional se ha reconocido que en la Argentina se vive una situación de emergencia alimentaria y nutricional, señalada por hasta por funcionarias y funcionarios nacionales que han señalado que "la inflación es el peor impuesto a las familias más vulnerables", y que las familias “frente a la inflación viven angustiados porque les cuesta llegar a fin de mes y pasan una situación de incertidumbre”.

La presentación de “productos esenciales”, en el marco del Programa Precios Cuidados, es un reconocimiento, aunque tardío, del Gobierno de la Nación de la gravedad del desmadre del precio de los alimentos.

A pesar del creciente aumento de los precios de los alimentos, el presupuesto del Programa Nº 26 “Políticas Alimentarias” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación pasó de $9.980.010.229 asignados en el año 2018, a $12.582.197.967 asignados en el año 2019, aumentando solo el 20,68% cuando la inflación en “alimentos y bebida no alcohólicas” fue del 51,2% en el año 2018, porcentaje que se podría reiterar, e incluso aumentar en el presente año, ya que en el primer trimestre la inflación en “alimentos y bebida no alcohólicas” aumentó un 15,1%.

El aumento de la inflación en el rubro “alimentos y bebida no alcohólicas”, también impacta en los recursos públicos para abordar la emergencia alimentaria, generando que menos personas, familias y comedores escolares y comunitarios sean asistidos con alimentos saludables y de calidad en cantidad suficiente.

El aumento del presupuesto de las “Políticas Alimentarias” por debajo de la inflación implica el ajuste presupuestario de programas esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, por eso, es clave que el Poder Ejecutivo Nacional disponga un aumento de emergencia del mismo.

Asimismo, se observa con preocupación el fuerte ajuste del presupuesto del Programa de “Atención a la Madre y el Niño” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación que pasó de un presupuesto de $1.784.727.474 asignados en el año 2018, a solo un presupuesto de $476.247.101 asignados en el presente año.

En este contexto, se proponen 7 medidas de emergencia alimentaria y nutricional:

1) Aumentar el presupuesto del Programa “Políticas Alimentarias” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, creado por la Ley Nº 25.724;

2) Aumentar el presupuesto y fortalecer el Programa “Atención a la Madre y al Niño” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación;

3) Implementar una Canasta Básica de Primera Infancia;

4) Implementar un Sistema Permanente para la Evaluación del Estado Nutricional de la Población, articulando con los organismos gubernamentales con competencia en materia alimentaria y nutricional y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para la elaboración de un mapa de situación de riesgo; según lo establece la Ley Nº 25.724;

5) Aumentar el presupuesto destinado a los Comedores y a las Huertas Escolares, Comunitarias y Familiares, y a emprendimientos de la Agricultura Familiar y Social;

6) Constituir, en caso que no estuviera constituida, la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación, según lo establece la Ley Nº 25.724;

7) Implementar un programa de educación nutricional de la población.

Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución