PROYECTO DE TP
Expediente 1524-D-2018
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS MEDIDAS A TOMARSE A PARTIR DEL CONOCIMIENTO DEL AUMENTO DE LA TASA DE ENCARCELAMIENTO EN EL PAIS Y CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 28/03/2018
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 19
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder ejecutivo, para que a través de los organismos que corresponde, se sirva informar acerca de las medidas que se han tomado luego de conocerse del último informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN-2016), que precisó que en el país la tasa de encarcelamiento subió a 168,54 cada 100.000 habitantes en cárceles federales, alertando acerca de la sobrepoblación en las mismas y dando cuenta de más de 50 muertes bajo custodia ocurridas el año pasado y la persistencia de prácticas de tortura por parte de los guardia cárceles.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documento oficial difundido, bajo el título: ‘La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de Argentina’, arrojó que al 31 de diciembre de 2016 la población detenida en cárceles federales se había incrementado hasta 10.968 personas, lo que marcó un nuevo récord histórico.
Para febrero de este año, esa cifra aumentó a 11.128 internos y desde la Procuración se alertó por la sobrepoblación en las cárceles federales, ya que hay un cupo declarado de 11.074 plazas.
Además, el informe precisó que en el país la tasa de encarcelamiento subió a 168,54 cada 100.000 habitantes, incluso sin contar los presos en comisarías, lo que daría una cifra superior a 77.000 personas privadas de su libertad en Argentina, cuya amplia mayoría se concentra en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense con una cifra máxima registrada de 33.482 personas.
El 51 por ciento de las personas privadas de su libertad no tiene una condena firme, sino que están presos en calidad de procesados y en su mayoría son varones, ya que las mujeres representan apenas el 4% de la población carcelaria a nivel nacional.
Es de esperar que el Gobierno Nacional de una pronta y adecuada respuesta a lo solicitado en el presente informe, teniendo en cuenta la centralidad que tiene la institución en cuestión para la protección efectiva de los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de las
personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales.
En uno de los tramos de su disertación el Procurador advirtió: “En las cárceles argentinas hay tortura y yo sé que esto enoja a los penitenciarios y al gobierno de turno”, señaló.
Al abundar sobre el tema, describió que “la tortura no es sólo física”, también se da en forma psicológica y por “el comer mal, no tomar agua, y las cuestiones de salud”.
Por último, la Procuración Penitenciaria alertó por las 36 muertes ocurridas el año pasado dentro de las cárceles, de las cuales 14 se produjeron de forma "violenta": cinco accidentes en el marco de medidas de fuerza extremas, tres homicidios, tres suicidios y tres muertes accidentales.
Un recorrido por su contenido permite identificar como principales problemáticas
- la violencia institucional
- la producción de muertes bajo custodia
- el aislamiento y la sobrepoblación
- y las afectaciones en el acceso a diversos derechos económicos, sociales y culturales.
El aumento acelerado de la población encarcelada y la ausencia de un mecanismo efectivo de control de sobrepoblación determinan altos niveles de hacinamiento. Como el sistema penitenciario no puede contener la presión que significa un ingreso tan alto de personas, empeoran las condiciones de detención y la escasez de recursos. Además, se diluye el impacto de cualquier medida orientada a mejorar la situación penitenciaria
En la Argentina, existen serias dificultades en la producción y en el acceso a información oficial sobre el funcionamiento de las agencias del sistema penal. En la actualidad, no es posible conocer la cantidad total de personas privadas de la libertad en cárceles, comisarías, bajo arresto domiciliario y en institutos de menores e instituciones de salud mental. Tampoco es posible determinar las causas que motivan las detenciones y mucho menos explorada está la interrelación entre los niveles de encarcelamiento y su impacto en los niveles de delito y reincidencia.
Las consecuencias del aumento sostenido del encarcelamiento 235 tan discontinuidades debido a la falta de datos sobre algunos períodos y al subregistro que ocasiona la falta de información sobre persona detenidas en
comisarías u otras dependencias o con medidas alternativas. Los datos se producen de manera fragmentada en función de las injerencias particulares de cada oficina pública, cada una con criterios propios y con bajo nivel de desagregación; esto dificulta el cruce de los datos disponibles y la construcción de otros nuevos.
Para profundizar el diagnóstico sobre el sistema penal es necesario consolidar un sistema de información integral y avanzar en niveles de desagregación que posibiliten cruzar datos y complejizar su lectura a través de indicadores. Ello requiere articulación institucional e innovación en los soportes y sistemas de procesamiento de información.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BIANCHI, IVANA MARIA | SAN LUIS | UNIDAD JUSTICIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |