La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su repudio contra la decisión de la Contraloría General de Venezuela del día 28 de marzo de 2019 por la que se inhabilita al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y Presidente encargado de Venezuela Juan GUAIDÓ para ejercer cargos públicos durante 15 años. Además, expresar su profunda preocupación por la sistemática persecución política hacia los líderes opositores ejecutada por el gobierno de facto de Nicolás MADURO.

Señor presidente:

En 1984 George ORWELL presenta una sociedad distópica, en la que lo que alguna vez fue llamado Inglaterra o Britania aparece confundida en un estado colectivista signado por la vigilancia hacia sus ciudadanos, la destrucción de las libertades individuales, la uniformidad de pensamiento, el ejercicio del poder sin límites, divisiones ni restricciones, y la aniquilación del concepto de los derechos fundamentales. Todo ello que el autor inglés pensó en 1949 como una ficción notable hoy cobra vida en el devenir institucional venezolano, país del cual llegan noticias que solamente refrendan la sensación de catástrofe en la que aparecen sumidos sus ciudadanos como resultado del obrar del régimen chavista.

En esta oportunidad, los hechos que dan cuenta las crónicas periodísticas revelan actos de suma gravedad, los que a la vez marca un gesto de debilidad gobierno de MADURO, el que como un boxeador próximo a caer a la lona parece estar lanzando sus últimos golpes. Es así que el día 28 de marzo la Contraloría General hizo pública una decisión en la que se resolvió inhabilitar al líder de la Asamblea Nacional y Presidente encargado, Juan GUAIDÓ, durante 15 años para ejercer cargos públicos.

A esta altura, ninguna información que provenga de Venezuela logra sorprendernos, logrando inclusive cada una de ellas superar a la anterior en cuanto al peligro que entrañan y al debilitamiento de las libertades individuales y colectivas de sus habitantes. El acto de inhabilitación hacia GUAIDÓ supone una muestra más del autoritarismo gubernamental ensayado por el madurismo, el que emplea las adictas instituciones existentes en el diseño estatal del país para perseguir a toda voz disonante, a toda persona que levante la bandera de la libertad, la democracia y de la república. La farsa de proceso que se ha seguido contra el Presidente encargado refuerza aún más la necesidad de contar con elecciones libres y con plenas garantías para que los venezolanos encuentren su camino para salir de esta nefasta etapa de crisis y decadencia en la que los ha sumido el chavismo.

El Estado de Derecho se encuentra herido de muerte en Venezuela y sus habitantes sujetos a la tiranía del régimen que inconstitucionalmente pretende quedarse en el poder. El autoritarismo va cada día en franco ascenso y las libertades individuales escasean, mereciendo este hecho el repudio de esta Cámara por constituir un nuevo ataque al orden institucional.

Por lo expresado, queda así fundamentado el presente proyecto y a consideración de los diputados y las diputadas para su sanción.