La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informe sobre los motivos de por los cuales no se concretó la entrega del premio Emilio Mig-none, a PROVEA, otorgado desde el año 2007 por el gobierno argentino a organizaciones in-ternacionales defensoras de derechos humanos.

Señor presidente:

A mediados del mes de marzo, Provea fue informada por la cancillería Argentina, a través de su repre-sentación diplomática en Caracas, que la nominación al premio Emilio Mignone, realizada por el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), que habían decidido otorgárselo en reconocimiento de su labor. Este galardón, otorgado desde el año 2007 por el gobierno argentino a organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, significaba para éstas la oportunidad de continuar informando a la comunidad regional sobre vulneraciones graves a los derechos humanos en sus países.

Provea postuló a Raúl Cubas, co-fundador, detenido desaparecido y con dos hermanos asesinados por la dictadura militar argentina, para que los acompañara en la ceremonia a realizarse en Buenos Aires. Razones personales se lo impidieron, pidiéndonos éste que leyéramos en el acto de premiación, un texto en donde opinaba sobre la situación de derechos humanos en los dos países donde tiene naciona-lidad: Argentina y Venezuela. Provea había preparado su propio discurso, tras el cual serían leídas las palabras de este referente regional en la lucha por los derechos humanos, cuyo testimonio ha sido fun-damental para los procesos judiciales en los casos ESMA I, II y IV, así como de ciudadanos españoles e italianos desaparecidos en Argentina durante aquellos años. Sin embargo, la Cancillería Argentina con-dicionó la participación de Provea en la ceremonia de premiación, a no leer las palabras de Raúl Cubas, debido al tipo de descripción que hacía sobre la situación actual de los derechos humanos en el país del cual es ciudadano. Mal puede una organización defensora de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, avalar una solicitud de esta naturaleza. Por dicha razón Provea informó a los funcionarios de la Cancillería que en tales circunstancias declinaba aceptar el premio Emilio Mignone. De todas for-mas, esta condición de no hablar libremente a la entrega de dicho premio, fue anunciada minutos antes de proceder los representantes de Provea a leer dicho texto. Los mismos sospechan que, cuando solici-taron a funcionarios de cancillería que le impriman el documento, éstos lo leyeron y resolvieron in situ impedir su lectura. Tal esto es así, que cancillería desde su twitter oficial llegó a anunciar, con foto y todo, que habían dado dicho premio a Provea, cuando en realidad, luego de este desagradable episo-dio, Provea lo terminó rechazando.

A continuación, el texto que no pudo ser leído.

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

15 de marzo de 2018

Palabras responsabilidad de Provea

“Buenas noches

Desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, ONG que este año cumple su 30 aniversario, queremos agradecer en primer lugar tanto a la Cancillería argentina como a todas las organizaciones sociales involucradas en el premio Emilio Mignone, incluyendo a nuestros compañeros del CELS, quienes tuvieron la deferencia de postularnos. Este galardón es significativo para nosotros por varias razones. La primera de ellas por que es, en primer lugar, un reconocimiento a la siembra del exilio argentino para la lucha internacional por la dignidad humana. Raul Cubas, detenido desaparecido de la ESMA, con dos hermanos y un cuñado desaparecidos, se exilió en Venezuela en 1979 para luego fundar, junto a dos personas más, a Provea. Raúl Cubas, quien no pudo acompañarños en la noche de hoy como hubiéramos querido, nos enseñó muchas cosas. Una de ellas es que ser un defensor de derechos humanos no es un título nobiliario. Para estar a la altura, significa un posiciona-miento permanente contra el abuso de poder, sea quien sea el que lo cometa. Y, especialmente, si este abuso es realizado por personas con las cuales nos identificamos, por sus palabras o por sus acciones. Esta lección la hemos aprendido, amargamente, en la Venezuela de los últimos años. Tuvimos que alzar la voz cuando las palabras comenzaron a significar todo lo contrario de las acciones que invocaban. Y cuando estas palabras, vaciadas ya de significado, justificaban la impunidad por la cual Raúl había abandonado su propio país. Con su acento porteño nos recordaba que los defensores de derechos hu-manos, si verdaderamente quieren serlo, no pueden ponerse del lado de quienes escriben la historia, sino al servicio de quienes la padecen.

Cuando Raúl conoce a miembros nuevos en nuestra oficina, lo primero que les dice es “lo mas impor-tante para Provea son aquellas personas a quienes atendemos”. Y es por esto que nuestra segunda razón de importancia para estar acá, esta noche junto a ustedes, es tener la posibilidad de contarles sus historias, que muchas veces quedan invisibles bajo las frías estadísticas de nuestros informes. Les po-dría relatar cómo en el año 1993 visitamos a Hugo Chávez en prisión, para constatar su situación den-tro de la cárcel, o también cómo rechazamos en abril de 2002 el golpe de Estado en su contra, cuando ya era presidente, y solicitamos a la OEA que aplicara a nuestro país en aquel momento ese novedoso acuerdo llamado Carta Democrática Interamericana. O también cómo en 1993 atendimos al sindicalista Nicolás Maduro cuando tocó las puertas de Provea para pedir apoyo contra el hostigamiento a su acti-vidad gremial. Sin embargo, esta noche quiero contarles otras historias. La de Juan Pedro Lares por ejemplo, un joven de 23 años que tiene 9 meses preso sin haber sido, hasta el momento en que leo estas líneas, presentado ante un tribunal. Juan Pedro ni siquiera aparece en la lista oficial de detenidos de la carcel del Helicoide en Caracas, y está presuntamete privado de libertad hasta que su padre, un dirigente político opositor, regrese de su exilio en Colombia y se entregue a las autoridades. O también podría recordar a Ana, indígena warao, desplazada por el proyecto Arco Minero del Orinoco que sin consulta previa ni estudio de impacto ambiental está entregando el 12% del territorio venezolano a las transnacionales mineras chinas y canadienses. También podría referenciarles a Kevin Lara, joven que falleció el día de su cumpleaños 16 en la ciudad petrolera de Maturín por haber comido yuca amarga, desesperado ante el hambre. Cuando sus familiares lo llevaron a un hospital público para curarlo del envenenamiento los médicos ni siquiera tenían suero intravenoso para hidratarlo. Sólo en el año 2017 otras 23 personas como él fallecieron por comer yuca venenosa, en un país cuya política de soberanía alimentaria importaba en días de precios altos del petróleo, que no son los de hoy, el 70% de los ali-mentos que necesitan sus habitantes.

Otras historias que nos gustaría relatar son la de los militantes del chavismo perseguidos por defender la vigencia de la Constitución de 1999, hoy abolida por la Asamblea Nacional Constituyente. Por ejem-plo la de Sabino Romero, el líder indígena cuyo asesinato por defender sus territorios de la explotación de carbón tuvo la mala hora de ocurrir dos días antes del fallecimiento del presidente Chávez, conmo-ción que arropó la impunidad para sus victimarios. O la desaparición de Alcedo Mora en el año 2015 tras haber denunciado corrupción en la estatal energética PDVSA. O el asesinato de Mijaíl Martínez, hijo de Víctor Martínez, en la misma casa donde Hugo Chávez durmió 7 veces cuando todavía su nombre era desconocido en Argentina, debido a que su papá se empeñaba en denunciar los actos de corrupción de sus compañeros de partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. O también sobre la detención de Angel Zerpa por el supuesto delito de ser uno de los abogados defensores de Luisa Ortega Díaz, fis-cal general de la república en Venezuela desde el año 2007 hasta agosto del 2018, cuando fue destitui-da de manera arbitraria por el gobierno venezolano. Las historias son demasiadas, y seguimos buscan-do los sitios para contarlas.

Venezuela vive un momento muy difícil, con una pobreza por ingresos del 80% de su población, con un salario mínimo equivalente a 4 dólares que no alcanza para adquirir ni siquiera un cartón de huevos; sin democracia ni instituciones que puedan adjetivarse como tales, que den respuesta a los reclamos, cada día más dramáticos, de la gente más humilde. Agradecemos su confianza en nosotros, la cual nos con-tinúa comprometiendo a estar a la altura de nuestros relatos de búsqueda de dignidad, pero también del ejemplo de gente como Raul Cubas y de tantas otras personas que nos han inspirado para reafir-mar, como ayer y como lo seguiremos diciendo mañana “Díme dónde hay abuso de poder contra cual-quier persona y te mostraré cómo lo rechazamos, sin importarme quien sea”.

A nombre de Provea, en Buenos Aires este 16 de marzo de 2018

Muchas gracias”.

Palabras responsabilidad de Raúl Cubas

Valoro positivamente el reconocimiento a la trayectoria del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) en la defensa de los derechos humanos, que significa recibir el “Premio Internacional Emilio Fermín Mignone de parte de la Cancillería de la República Argentina por postulación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hace 34 años tuve oportunidad de conocer a Mignone y a Carmen Lapacó, cuando me presenté a la original sede del CELS de la calle Rodríguez Peña, a presentar mi testimonio como sobreviviente y ex detenido-desaparecido de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Fue el primer organismo de dere-chos humanos de Argentina que me escuchó y me apoyó en mi lucha por la Verdad y Justicia como tes-tigo y denunciante de los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en ese terrible centro de tor-tura y horror. Fue el CELS con la asistencia de sus abogados, Luis Zamora, Marcelo Parrilli y Alicia Olivei-ra quien me presentó como testigo en el juicio por la desaparición forzada de Dagmar Hagelín, en el que estuvo implicado el Tte. Alfredo Aztiz, compromiso que he mantenido hasta la actualidad partici-pando como testigo y querellante en diversos juicios por la comisión de delitos de lesa humanidad, que han finalizado hasta ahora con condenas ejemplares a los militares responsables.

Desde entonces el CELS ha sido para mí una referencia en la lucha por la defensa de los derechos hu-manos, y tanto es así que en octubre de 1988, cuando Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre me invi-tan a fundar PROVEA, me sumé entusiastamente a la tarea, y hoy a casi 30 años de su existencia doy fe que la semilla sembrada por Mignone dio sus frutos.

Creo que en honor a la memoria de Emilio Mignone, debemos reflexionar y debatir sobre sentido y razón de este premio dado por un Estado a una organización de derechos humanos autónoma e inde-pendiente.

El Premio debe servir para ayudar a construir relaciones democráticas entre el Estado otorgante y los defensores de derechos humanos que reciben el reconocimiento, permitiendo que se establezca un necesario diálogo entre quien tiene la obligación nacional e internacional de garantizar los derechos humanos y quienes deben luchar porque esto sea una efectiva realidad.

En este sentido, soy de la idea que en la actualidad tanto Argentina como Venezuela adolecen de gra-ves fallas y debilidades tanto en la vigencia plena del Estado de Derecho como en la garantía efectiva de los derechos humanos. Asimismo, el autoritarismo de las gestiones gubernamentales, la falta de independencia de los poderes públicos, la impunidad estructural o el retroceso en el proceso de Verdad y Justicia, la existencia de decenas o centenares de presos políticos, la creciente represión a la protesta social, la aplicación de doctrinas de seguridad conocidas como “gatillo fácil” o “dispare primero y ave-rigüe después” que victimiza a los jóvenes que viven en zonas populares, así como le crecimiento cre-ciente de la pobreza, en ambos países, es una realidad que nos interpela.

Cambiar esta preocupante realidad, necesita no solo del otorgamiento de Premios o reconocimientos simbólicos a organizaciones y a defensores de derechos humanos –que son necesarios y bienvenidos- sino también de una auténtica voluntad política de las autoridades estatales de ser coherentes en el diseño e implementación de políticas públicas de derechos humanos caracterizadas por ser inclusivas, no discriminatorias, garantistas y progresivas.

Creo que las actuaciones coherentes de los Estados en materia de derechos humanos son relevantes y fundamentales, y por eso creo necesario que tanto Argentina como Venezuela tomen medidas prontas y oportunas para que el legado de coherencia que nos legó Emilio F. Mignone se convierta en efectiva realidad. Propongo que ambos Estados asuman inmediatamente sus obligaciones internacionales ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la OEA como la ONU, y liberen de forma inmediata los presos políticos, comenzando en Argentina con la dirigente social Mila-gros Sala, y en Venezuela con el abogado y defensor de los derechos humanos, Marcelo Crovato, quien por cierto tiene doble nacionalidad, argentina-venezolana. Ambos tienen decisiones favorables de la CIDH y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que esperan por ser cumplidas por las auto-ridades de ambos países.

Tengan la seguridad que seguiré acompañando todos los esfuerzos destinados a hacer realidad el obje-tivo fundacional de PROVEA de luchar por garantizar “todos los derechos para todos y todas” bajo la premisa de que “no hay democracia sin derechos humanos; y no hay derechos humanos sin democra-cia”.

Atentamente,

Caracas, 15 de marzo de 2018

Raúl Cubas

Ex detenido-desaparecido ESMA (1976-1979)

Cofundador de PROVEA (1988)

Investigador de Amnistía Internacional Venezuela (2013-2018)

Por estas razones es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.