La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar el más enérgico repudio ante el brutal asesinato de Facundo Ferreira, en manos de la policía de la provincia de Tucumán en la madrugada del pasado jueves 8 de marzo.

La muerte del joven, de tan solo 12 años de edad, se enmarca en un contexto de recrudecimiento de la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional a partir de la aplicación de la “doctrina Chocobar”.

Instamos a que las autoridades competentes investiguen e individualicen a sus responsables, con el objetivo de condenar estos averrantes episodios que representan una grave afectación a los Derechos Humanos.

Señor presidente:

El “gatillo fácil” no es un accidente, porque podría evitarse. A Facundo, el pibe tucumano de tan solo 12 años lo mataron dos policías por la espalda y fueron liberados. Quienes alientan la “doctrina Chocobar” son responsables, porque envían a las Fuerzas de Seguridad un mensaje de impunidad y discrecionalidad para el uso de armas de fuego que nos dejan a todos y todas expuestas.

Facundo iba en una moto, como acompañante de un chico de 14 años que cuenta que se salvó de milagro. “Fueron como 20 tiros”, le dijo a un diario local. Se supone que la policía perseguía a otras tres motos, y que los chicos tuvieron la desdicha de quedar en medio del fuego cruzado. La fiscal Adriana Gianonni defendió el olfato policial, y tras tomar testimonios dejó en libertad a los uniformados que dispararon a quemarropa contra otros seis jóvenes, confirmando ahora sí que los únicos delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra son los que tienen uniforme. Nadie merecía morir en esa escena: tampoco los chicos acusados de correr picadas, de robar alguna moto, de haber matado a otra persona.

Las declaraciones policiales abundan en sospechas, en acusaciones contra sus blancos móviles para defenderse. Y no tienen pruebas más que sus propias palabras. La fiscal les creyó y los dejó en libertad, de eso se trata la “doctrina Chocobar”, impunidad para matar. Acusarán de garantista a cualquiera que diga que la vida vale más que la propiedad privada, como si fuera un insulto. La defensa de otro policía asesino -que recibió condecoraciones por matar a otro joven en vez de apresarlo y ponerlo a disposición de la Justicia-, cala muy hondo en el accionar de policías y funcionarios judiciales. Es una forma de legalizar la pena de muerte, sin ningún recaudo. La ONU, en 1990, elaboró los Principios Básico sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que establecen directrices de índole legislativa, institucional y práctica que deben tomar los gobiernos y los organismos facultados de hacer cumplir la ley, y hacen hincapié en la resolución de los conflictos por medios no violentos, en la medida de lo posible.

El documento enfatiza que “no se podrá matar a un ladrón que está huyendo y no supone un peligro inmediato, aunque ello suponga que se escape”. La “inseguridad” es un problema bastante serio para ser utilizado con fines políticos. El delito se organiza y tiene recaudadores en las policías y en el poder político. Necesitamos una política de seguridad que enfoque la raíz del problema, el narcotráfico, la trata de personas y la venta de armas, solo por poner algunos ejemplos, no son organizados por chicos de 12 años, son tramas criminales complejas, que necesitan dinero, logística y contactos para funcionar. En todo caso que el Estado dispare a un adolescente, o a un niño, o a cualquier persona es el fracaso de la política, es el fracaso de nuestra forma de organizar la sociedad. Cualquier muerte es un

fracaso. El daño colateral de la política de seguridad de Bullrich y Macri hoy se llama Facundo, que tenía 12 años, que lo mataron y sus asesinos están libres. La política de Seguridad de Bullrich y Macri ha fracasado.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.