La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enérgico repudio a la decisión adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, quién fuera condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Señor presidente:

Estamos siendo testigos de un retroceso en la cultura de derechos humanos en nuestro país, esa misma que durante muchos años fue motivo de orgullo.

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de darle el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz es totalmente repudiable, porque marca una vuelta atrás en los avances que se habían logrado en materia de derechos humanos en el último tiempo. Este hecho, garantiza la impunidad, como también lo hacía el beneficio del 2 por 1.

El fallo, que resultó ser dividido, cuenta con las firmas en favor del beneficio de los magistrados Eduardo Rafael Riggi y Liliana Elena Catucci, mientras que Ana María Figueroa votó en contra. La argumentación de los jueces que votaron afirmativamente se sustenta en informes médicos alegando que el recurso pedido debía otorgarse por cuestiones humanitarias debido al estado de salud de Etchecolatz, como constaba en un informe del Cuerpo Médico Forense con fecha 11 de agosto de 2016 y otro del Hospital Penitenciario del 18 de agosto de 2016.

El informe del Cuerpo Médico Forense, que resulta necesario para que los magistrados tengan la información necesaria para tomar una resolución, no fue actualizado desde esa fecha.

Teniendo en cuenta esto último, puede desprenderse que los votos afirmativos tienen como apoyo informes parciales. Además, Guadalupe Godoy, representante de querellantes en delitos de lesa humanidad denunció que hubo informes que fueron falseados.

De este modo, puede considerarse que Etchecoltz podría haber permanecido en condición de detenido. Incuso, se confirma que podría haber continuado cumpliendo su condena en prisión, cuando rompió el régimen de prisión domiciliaria durante el mes de enero, hecho que fue duramente repudiado por organismos de derechos humanos, quienes también criticaron la medida adoptada por el Tribunal.

El repudio que estamos planteando aquí no es por un motivo de revancha hacia los represores, sino que tiene que ver con mantener una línea de conducta en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad cometidos por quienes detentaban el poder del Estado durante los años de la dictadura.

No hay lugar para equívocos en este sentido. Nuestro país ha sido modelo en lo que respecta a Derechos Humanos, por lo que es necesario que todo el arco político de un mensaje claro en repudiar estas decisiones que marcan un retroceso. Es oportuno que la política pida que la condena para los represores sea efectiva, que se cumpla a fin de que el camino iniciado por los Juicios a las Juntas militares llevado a cabo por el Gobierno de Alfonsín siga siendo el horizonte ineludible para que la sociedad perciba que la impunidad no es parte de la construcción democrática.

Es por los motivos expuestos que solicitamos la aprobación del presente proyecto