La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que a través de sus organismos competentes intervenga ante la Provincia de Córdoba y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba a fin de encontrar mecanismos alternativos al corte total de suministro eléctrico a los más de 40 comercios de Marcos Juarez que hoy afrontan dificultades para el pago de las tarifas establecidas en los marcos tarifarios vigentes.

Señor presidente:

Desde el sector político al que pertenezco venimos sosteniendo que las tarifas de los servicios públicos se vuelven impagables en un contexto de inflación y recesión. La tan llamada estanflación destruye el bolsillo de los que menos tienen, pero también destruye los medios de los comerciantes que contaban con un medio de subsistencia.

En este sentido nuestra conductora, Cristina Fernandez de Kirchner presento en 2018 la declaración de Emergencia Tarifaria para Hogares, PYMES y Cooperativas, proyecto 1107-S-2018, el cual fuera parte de la Orden del Día 0219/2018 la cual fuera luego aprobada por este Congreso Nacional y vetada por el Presidente Mauricio Macri.

Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el peso de las tarifas de servicios públicos en relación al salario mínimo aumentó 15 puntos porcentuales en los últimos años, transformándose durante el año 2018 en el tercer país de la región de mayor gasto en tarifas, en relación al salario.

A modo ilustrativo, tomando el aumento promedio de tarifas de servicios acumulado en los últimos dos años sobre los hogares residenciales, y sumando los incrementos anunciados para el año 2018, llegaríamos a un aumento del 1490% en electricidad, 1297% en gas natural y hasta 1200% en agua corriente.

Desde el plano normativo, nuestra Constitución Nacional dispone en su artículo 42° que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.

Es en este sentido y a la luz de que los comerciantes ya no pueden sostener sus fuentes de ingresos a razón de la recesión y la terrible inflación que nos aqueja, que solicitamos al poder ejecutivo intervenir ante la Provincia de Córdoba y EPEC con el objetivo de lograr alguna solución al conflicto que aqueja a los comerciantes que sea otro que el corte total al suministro de energía, única solución propuesta por la empresa provincial.

Es importante volver a destacar el contexto macroeconómico actual, que representa una gran amenaza para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) por diversos motivos. En primer lugar, la apertura comercial indiscriminada que ha generado un aumento sideral de las importaciones. En segundo lugar, la caída del poder adquisitivo de los salarios desde diciembre de 2015 ha mermado las ventas en el mercado interno. Por último, el aumento de tarifas ha impactado en las estructuras de costos de estas empresas.

Ya a principios del año el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, señaló que pequeñas y medianas empresas del sector se encontraban con problemas para pagar el servicio eléctrico, por lo que muchas evaluaban reducir su personal para poder afrontar los costos y piden congelar el precio de las tarifas.

Este y otros pedidos por parte de PYMES, comerciantes y ciudadanos en general se han ido repitiendo desde el comienzo de este asedio tarifario del gobierno en favor de los accionistas de las empresas de servicios públicos y en contra de los contribuyentes, sin embargo, no ha recibido respuesta.

Entendemos entonces que es importante que al menos el gobierno demuestre el mínimo gesto de intervenir en favor de los comerciantes, que con sus establecimientos dan trabajo real a los argentinos, de manera que puedan sostener su comercio y todos los puestos laborales y empleos colaterales que se desarrollan a su alrededor, ya es hora de que el gobierno que tanto sacrificio le pide a los argentinos, sacrifique algo de sus amigos por los argentinos.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.