La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que, a través del Ministerio de Transporte, informe sobre las siguientes cuestiones:

1 - Explicite en qué consiste el rediseño de la obra vial de la ruta nacional N.º 8, entre los distritos de Pilar y Pergamino, en la provincia de Buenos Aires; detallando tramo por tramo adjudicado.

2 - Indique cuál ha sido la rederteminación de costos y plazos implementada en la obra vial mencionada en el Punto 1; detallando cada uno de los tramos involucrado, así como las empresas adjudicatarias.

3 – Señalar cuáles han sido los motivos para conceder a la empresa IECSA aumentos en el precio de la obra significativamente superiores a los concedidos al resto de las empresas participantes.

4 - Manifieste las razones por las cuales no se procedió a convocar a nuevas licitaciones una vez alteradas las condiciones originales de contratación, tal como marca la normativa vigente. En particular, señale si tal decisión pudo haber lesionado los derechos de terceros que no contaron con la posibilidad de participar de una nueva compulsa con diferentes condiciones; así como los intereses del Estado, que, en su caso, pudo haber obtenido mejores condiciones de contratación.

5 – Remitir la totalidad de la documentación, debidamente certificada, que acredite las redeterminaciones de condiciones y características de las obras; de los plazos de ejecución; así como de los costos, de la totalidad de los tramos adjudicados de la obra vial indicada en el Punto 1.

Señor presidente:

La presente iniciativa tiene por objeto requerir explicaciones al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte, a fin de que esta Honorable Cámara pueda cumplimentar debidamente su función de contralor político con relación a las rederteminaciones de condiciones, características, costos y plazos, efectuadas por Vialidad Nacional, en las obras viales correspondientes a la ruta nacional Nº 8 entre Pergamino y Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

La relevancia de la información solicitada se vincula con la denuncia penal formulada por la señora Graciela Aleña, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, en la que se solicita que se investiguen eventuales ilícitos por sobreprecios en la referidas redeterminaciones; tratos privilegiados para las empresas adjudicatarias (en especial IECSA, históricamente vinculada a la familia Macri); violación de normativa aplicable; incumplimiento de deberes de funcionarios públicos; arbitrariedades varias; defraudación y perjuicio para el Estado.

La mencionada denuncia penal, que recayó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo del Juez Julián Ercolini, tiene la particularidad de que está efectuada por la representación de los propios trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional, que cuentan con información privilegiada, en el propio campo en el que se toman las decisiones y se efectúan las obras, lo que sin dudas le otorga a la misma un cariz de seriedad y conocimiento de causa que no abundan en estos tiempos de denunciadores seriales y burdas operaciones mediático - judiciales.

Según la denuncia citada, que ha sido reflejada en algunos medios periodísticos, la obra objeto de la presente solicitud de informes consta de nueve tramos. A los dos tramos contiguos al adjudicado a la empresa IECSA se les autorizaron aumentos de 35% y 45% respectivamente, pero en el caso de IECSA el incremento autorizado fue de 120%. El total del aumento, con actualización y costos más elevados, ascendería al 877%.

El tramo II B de la ruta Pilar – Pergamino adjudicado a IECSA se extiende desde Arroyo de Giles hasta el puente sobre Arroyo Gómez. Los contratos fueron firmados en el mes de junio de 2015 y la adjudicación fue por 285 millones de pesos, habiéndose presupuestado en 315 millones (es decir que se descontó un 15% de lo presupuestado), el plazo para finalizar la obra venció en junio de 2017.

De acuerdo a la mencionada denuncia penal “sin razón que lo justifique el equipo de

Iguacel decidió modificar el proyecto que ya estaba contratado y en ejecución”.

El cambio en el proyecto de la obra se justificó con el argumento de que implicaría una “reducción de costos y una obra más eficiente”. Sin embargo, a valores de origen se le autorizó a IECSA un aumento de presupuesto que pasó de los 285 millones de pesos originales a 628 millones, que con las actualizaciones convalidadas por Vialidad Nacional resulta un precio actual y vigente de 2001 millones de pesos. Implicando un costo total de la obra de 2500 millones, según refiere la denuncia.

La resolución de Vialidad Nacional expresa “Modificación de la traza del proyecto en cuestión, la cual se retira del valle de inundación del río Areco alejándose de la Ruta nacional Nº 8 actual en dirección noroeste antes de interceptar el arroyo El Zorro por terrenos de mayor cota. Ello evita la construcción de un puente sobre ente arroyo, así como otros en los arroyos Laguna y Vagues y sus respectivos aliviadores. Asimismo, presenta una menor longitud, de aproximadamente 800 metros, lo que ofrece un trazado hidráulicamente más conveniente y de menor recorrido”. Lo llamativo realmente es que se reduce el recorrido y se evita la construcción de puentes y aliviadores, pero el costo se incrementa desmesuradamente.

No resulta ocioso señalar que, al efectuarse modificaciones ostensibles en las condiciones del contrato original, el Poder Ejecutivo en principio debió haber convocado a un nuevo proceso licitatorio. En efecto, los importantes cambios en la traza de la obra proyectada, así como la alteración de las condiciones, plazos y costos de la misma, resulta, en principio, violatoria del derecho de igualdad ante la Ley consagrado en la Constitución Nacional, al imposibilitar la oportunidad para otras empresas de participar de una nueva compulsa en diferentes condiciones. Tal cuestión fue oportunamente advertida por los técnicos de Vialidad Nacional, pero omitida por las autoridades del organismo.

Por otro lado, el hecho de no convocar a una nueva compulsa también pudo haber perjudicado los intereses del Estado, puesto que la participación de nuevos oferentes pudo haber implicado tanto un ahorro de costos como de plazos de la obra, cuestión que los funcionarios del Poder Ejecutivo a cargo de las rederteminaciones contractuales discrecionales que se efectuaron no tuvieron en cuenta.

A lo dicho debe añadirse que, de acuerdo a la evaluación efectuada por la Oficina de Costos de Vialidad Nacional, los precios promedio para el tipo de obra que debe realizarse aumentó un 37%, lo que deja groseramente de manifiesto la total ausencia de razonabilidad del incremento en el precio del tramo adjudicado a la empresa IECSA.

Por los argumentos expuestos, solicitamos a las Legisladoras y los Legisladores que integran este honorable Congreso que acompañen con su voto el Proyecto de Resolución puesto a vuestra consideración.