El Senado y Cámara de Diputados...

Establecer en las dependencias de la Administración Publica Nacional con atención al público, personal capacitado en el Lenguaje de Señas.

Artículo 1º: Institúyase en el Estado Nacional —entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— la obligación de contar con personal capacitado en el Lenguaje de Señas a efectos de prestar, asistir, facilitar y simplificar la comunicación y gestión en la realización de todo tipo de trámites y quehaceres administrativos a personas con Dificultad o Discapacidad Auditiva.

Artículo 2º: El Estado Nacional conjuntamente con la Agencia Nacional de Discapacidad deberá instrumentar un programa de capacitación y aprendizaje para los empleados y funcionarios públicos que deban y deseen aprender y ser intérpretes del Lenguaje de Señas.

Artículo 3º: Los empleados comprendidos en los alcances del artículo 1º, que acrediten debidamente estar capacitados por una entidad reconocida oficialmente en el Lenguaje de Señas, recibirán una bonificación en sus salarios, las cuales deberán acordarse en las reuniones paritarias de cada sector del Estado Nacional.

“2019 – Año de la exportación”

Artículo 4º: El Poder Ejecutivo Nacional procederá a reglamentar la presente ley en un plazo de ciento ochenta (180) días, desde su promulgación.

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Señor presidente:

El objeto del presente proyecto es establecer en todas las dependencias públicas, la presencia de personal capacitado en el Lenguaje de Señas, que puedan brindar información, asistencia y ayuda a las personas con discapacidad auditiva.

Para ello es necesario capacitar a los recursos humanos en el lenguaje de señas, esto permitirá mejorar las competencias del personal en las áreas pertinentes de la Administración Publica Nacional con atención al público.

Según el informe mundial del año 2011 de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) sobre discapacidad, más de mil millones de personas o sea alrededor del 15% de la población mundial, viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan discapacidades consideradas graves.

No podemos soslayar lo considerado por la Resolución Nº 1209/2010, que crea el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, (Ministerio de Salud Pública) el cual estableció en ese momento, que en nuestro país “la discapacidad auditiva correspondía al 18% del total de las discapacidades distribuyéndose en un 86,6% con dificultades auditiva y 13,4% con sordera.

En el informe de marzo 2018 sobre “Sordera y pérdida de la audición” , la O.M.S. indica que más del 5% de la población mundial, o sea unos 466 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición incapacitante, de las cuales 34 millones son niños. Calculando que para el 2050, más de 900 millones de personas —es decir, 1 de cada 10— sufrirá una pérdida de audición incapacitante.

En cuanto a lo que respecta a la población de nuestro país durante el año 2018 se estima de acuerdo al INDEC en 44.949.502 habitantes , de los cuales y de acuerdo a los datos recabados en el último Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad durante el primer semestre del año 2018 , el cual se llevó a cabo en localidades urbanas de más de 5.000 habitantes de todo el territorio nacional e implico visitar alrededor de 41.000 viviendas particulares, la población con dificultad de 6 años y más (entendiendo por tales a las personas con dificultades para ver, oír, agarrar y levantar objetos con las manos o los brazos, caminar o subir escaleras, bañarse, vestirse o comer solo/a, comunicarse, aprender cosas, recordar, concentrarse o controlar su comportamiento y, en particular en el caso de los niños, jugar), alcanzo un estimado de 3.571.983 personas . Es decir, aproximadamente 10 de cada 100 personas que viven en las localidades relevadas, siendo la región de Cuyo la que registra la mayor proporción de personas con dificultad (11,0%) y la región Patagónica la que presenta la menor proporción (9,0%).

De este universo poblacional relevado, el 20,8% presenta dificultades auditivas, de estos el 49% no puede oír o usa audífono o implante coclear y el 51% presenta mucha dificultad para oír, cifra que aumenta a medida que ascendemos en la edad de la población involucrada.

Estos datos indican que existe un gran número de personas con discapacidad y dificultades auditivas, número que se incrementara en el futuro, que acuden a las distintas dependencias del estado nacional encontrándose con grandes y graves dificultades para comunicarse, debido a que en nuestra sociedad y en las dependencias públicas en general se ignora el lenguaje de señas. También faltan intérpretes idóneos de este lenguaje el cual es necesario para asegurarles una mejor accesibilidad y mayor inclusión social e independencia, para la realización de trámites, gestiones, etc., en las instituciones públicas.

Lamentablemente hay un desconocimiento de las disposiciones de la ley 26.378, que incorpora a nuestra legislación la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y aprueba su protocolo facultativo. Esta establece en su artículo 9°, Accesibilidad, Inc. 2, Pto. e, la obligación de ofrecer asistencia profesional para facilitar el acceso a instalaciones públicas esto es interpretes idóneos en el lenguaje de señas, el cual debe ofrecerse de forma gratuita y sin tramitaciones adicionales, por eso contar en el ámbito público con personal capacitado e idóneo en el lenguaje de señas permitirá dar cumplimiento concreto a los compromisos internacionales asumidos oportunamente nuestro país. –

Por los motivos anteriormente expuestos, solicito el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de Ley.-