La reunión conjunta se llevó a cabo en cumplimiento del emplazamiento realizado por el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación en la sesión especial del pasado miércoles 17 de septiembre. Durante el encuentro, se inició el estudio del proyecto de ley, que cuenta con media sanción del Senado, por el cual se modifica el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia -DNU-, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

Cabe recordar que, durante dicha sesión, también se emplazó para el día martes 30 de septiembre de 2025 a las 14:00 horas a fin de emitir dictamen del expediente en cuestión.

En primer lugar, Mónica Litza (UxP), afirmó que es una “norma sencilla que fortalecerá la división de poderes y el sistema democrático”. “Debemos hacer todo lo posible para lograr la modificación de este instrumento mal usado por el Gobierno nacional y seguir en línea del dictamen del Senado”, aseguró.

En otro aspecto, la legisladora hizo mención a que “Cristina Fernández de Kirchner fue la presidente que menos usó esta herramienta en todo el período de vigencia de estos DNU”. En esa línea, remarcó que “este uso y abuso de los DNU es contrario al espíritu de la ley y de la Constitución del 94 que lo que vino hacer es limitarlos y no hacerlos más amplios”.

Luego, detalló los cuatro principales cambios que apunta la media sanción del Senado. “El primero, apunta a que los DNU tendrán una vigencia de 90 días salvo que el Congreso los apruebe. El segundo, habla del silencio de una de las Cámaras, que, vencidos esos 90 días, o el rechazo de alguna de ellas, implicará su derogación. Tercero, el Congreso deberá tratar el DNU aún en período de receso. Y, cuarto, los DNU deberán versar sobre una sola materia y no ser multitemático”, explicó Litza.

Christian Castillo, del PTS-Frente de Izquierda Unidad, sostuvo que el Gobierno hizo “una suerte de reforma constitucional de hecho con un DNU, el 70/2023, a todas luces inconstitucional”. Al respecto, ratificó que “estamos en contra absolutamente de la figura de los decretó de necesidad y urgencia”. “Es una necesidad inmediata que no siga rigiendo esta inconstitucional ley que rige los DNU”, sentenció.

Desde el PRO, Patricia Vásquez, manifestó que “he sostenido muchas veces la inconstitucionalidad de la Ley 26.122; sin embargo, cuando la ley es utilizada solamente con fines políticos es lamentable”. “Las leyes no son buenas o malas de acuerdo a si nos sirven a nosotros y las posturas políticas, sino que es bueno para la seguridad jurídica y para la gente”, subrayó.

“Están queriendo limitar las posibilidades constitucionales e institucionales que tiene un Poder Ejecutivo democráticamente electo y no que les importa la seguridad jurídica ni la constitucionalidad de una ley”, fustigó la diputada Vásquez.

En representación del bloque Democracia para Siempre, Manuel Aguirre, señaló que “este proyecto es nuestro deber para velar por la ley y la Constitución, para que los decretos no sean vulnerables ni pierda el rol que le corresponda al Congreso y los derechos de los ciudadanos”. “Debemos respetar la república, la democracia y al pueblo argentino”, sintetizó para concluir.

La titular de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato (PRO), celebró que “el sector político que propuso esta ley hoy admita que es una ley inconstitucional”. “Cuando algunos están en el gobierno promueven normas como esta, que es inconstitucional, pero que los favorece; y, cuando están en la oposición, la quieren cambiar”, criticó.

“Los proyectos que fueron presentados desde nuestro bloque eran bastante más exigentes que el que viene del Senado”, ponderó la legisladora del PRO.

Rodrigo De Loredo (UCR), a su turno, contextualizó sobre la cantidad de DNU en cada presidencia desde la reforma constitucional hasta la actualidad, haciendo hincapié en si contaban con mayoría, o no, en ambas Cámaras.

“En términos políticos, un accionar de estas características, con esta inequidad en su aplicación, es cuanto menos es una acción que tiene aspectos desestabilizadores, y creo que siguen abonando al gobierno la posibilidad de usar estos argumentos como excusa para no hacerse cargo de los propios errores”, expresó De Loredo.

Desde el bloque Liga del Interior, Francisco Monti, reafirmó que “si aprobamos la media sanción del Senado le estamos entregando el monopolio de la gobernabilidad en situaciones de emergencia al Partido Justicialista”. Asimismo, añadió que “nunca nadie en la Argentina va a poder emitir disposiciones de carácter legislativo en circunstancias de necesidad y urgencia que no sea ese partido”.