Durante la reunión conjunta, que contó con la presencia del secretario Parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, los legisladores acordaron un plan de trabajo para el tratamiento y debate del proyecto de ley. En ese sentido, se avaló la convocatoria a audiencias públicas para garantizar la participación ciudadana.
Cabe recordar, que el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, impulsado por el Poder Ejecutivo, obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, el pasado jueves 26 de febrero. La norma apunta a redefinir el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares previamente restringidas.
Al inicio del plenario, el titular de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc (LLA), amparándose en el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara de Diputados, propuso la convocatoria a audiencias públicas para tratar el proyecto, respetando también en el artículo 7 del Acuerdo de Escazú.
Al explicar el plan de trabajo, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA), como presidente de Asuntos Constitucionales, detalló que la propuesta es convocar “a una audiencia pública a realizarse los días 25 y 26 de marzo del corriente año, de 10 a 19 horas, a fin de dar un plazo suficiente para la difusión correspondiente a la ciudadanía, pudiendo participar y exponer de manera presencial (en la sala A del Anexo “C” de la Cámara baja) el primer día, y de forma remota el segundo, para cumplir con el requisito federal”. “El federalismo se garantiza escuchando todas las voces de cualquier punto del país”, remarcó.
En representación de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, exigió “las audiencias públicas las cuales deben realizarse en una cierta cantidad de días en Buenos Aires con un claro criterio federal de participación de las provincias, sobre todo donde están comprometidas las cuencas hídricas”.
Desde el bloque Unión por la Patria, Sabrina Selva, afirmó que “estamos todos de acuerdo en la realización de las audiencias públicas”, pero planteó diferencias “en cómo deberían llevarse adelante” las mismas. “La audiencia pública deberá ser pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta ley”, expresó. En ese sentido, propuso que “se habilite la participación en serio de los ciudadanos de todas las provincias, para garantizar a todos puedan tener voz en el debate”.
A su turno, Silvana Giudici (LLA) ratificó que “el proceso que se propone es amplio y está debidamente informado tal cual pide el artículo 7 del Acuerdo de Escazú”. El texto del artículo mencionado apunta a garantizar el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, obligando a los Estados a implementar mecanismos abiertos e inclusivos desde etapas tempranas, especialmente para proyectos con impacto significativo y busca asegurar que las opiniones ciudadanas se consideren en los resultados finales.
En contrapartida, Romina Del Plá (Fte. de Izquierda y de Trabajadores Unidad) manifestó que “lo mejor que puede hacer la Cámara de Diputados es no avanzar en este tratamiento, porque lo que hizo el Senado es verdaderamente una catástrofe”.
Por último, Juan Grabois (UxP) instó a que “todas las comunidades indígenas registradas en el INAI que estén en zona de glaciares y periglaciares tienen que tener garantizada su participación”.