El proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, la prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).

Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

Federico Fagioli (FdT) afirmó que la norma “es una de las mejores políticas de los últimos tiempos para resolver una de las deudas internas que tenemos en nuestro país que es la integración socio urbana de los barrios populares”. En esa línea, valoró que “más de 5 millones de argentinos puedan acceder a luz, agua y cloacas para mejorar las condiciones de vida”.

Desde Identidad Bonaerense, Graciela Camaño destacó el hecho de ratificar una política de estado que comenzó en el gobierno anterior. “Ojalá pueda llegar a ser algo fructífero para los desposeídos de nuestra patria, ya que el que no posee tierra no posee nada”, ponderó. En ese mismo sentido, Silvia Lospennato (PRO), señaló que “estamos en camino a construir una política de estado que nace en un gobierno, que es continuada y mejorada por otro, y le da una señal al próximo para que se sostenga en el tiempo”.

Al mostrar el certificado de vivienda de familia, la diputada Natalia Zaracho (FdT) explicó su experiencia personal y enumeró los principales beneficios de contar con esta norma: “Esto implica poder tener DNI, que el correo llegue, que las compañeras que sufren violencia de género puedan pedir un patrullero, que las ambulancias entren y que el Estado llegue adonde no llega”, subrayó.

Cabe recordar, que la semana pasada expusieron funcionarios y referentes barriales quienes explicaron los principales argumentos de la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo.