Duranta el encuentro, los legisladores aprobaron, a mano alzada, la nómina de los 38 preseleccionados para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo y de los 7 para Procurador Penitenciario de la Nación, quienes en el plazo de 48 horas deberán presentar su plan de trabajo de acuerdo a lo establecido en el cronograma. Y, a partir de la próxima semana, expondrán ante la Bicameral y responderán las inquietudes.

Cabe recordar, que previamente a desarrollarse la reunión de hoy, el listado era de 76 y 16 postulantes para Defensor del Pueblo y Procurador Penitenciario de la Nación, respectivamente. Por otro lado, el titular de la Bicameral anunció el cambio de uno de sus miembros, donde el diputado Matías Molle ocupará el cargo de su par Juan Manuel Pedrini, debido a su renuncia, ambos del bloque Unión por la Patria.  

En tanto, Kroneberger explicó que habían recibido avales e impugnaciones de los postulantes. En referencia a esto, los legisladores votaron el rechazo a una impugnación solicitada por un particular al proceso de selección del Defensor del Pueblo y del Procurador Penitenciario de la Nación. Según el titular de la Bicameral se debió a que “los argumentos no eran sólidos ni convincentes para que prospere”. Asimismo, afirmó que “el desafío es darle una respuesta a los argentinos por una deuda que tiene la política”.

La diputada nacional Lilia Lemoine (LLA), a su turno, cuestionó que haya candidatos que son legisladores, ex legisladores, jueces, por considerar que “existen incompatibilidades por estar vedada la actividad política partidaria”. “Se está bufonizando este proceso, el cual se está intentando hacer en tiempo récord para lograr meter un Defensor del Pueblo mientras el sector oficialista no alcanza un tercio de las Cámaras de Diputados y Senadores”, criticó.

Y, prosiguió: “El proceso está mal y no se está respetando la Constitución, ni el federalismo y tampoco el derecho democrático. No coincido que haya sido abierto al público y de amplia participación. Evidencia una motivación política el apremio de elegir un Defensor, que no hubo extrañamente durante quince años, por eso creo que debe impugnarse el procedimiento”, fustigó Lemoine.

En contrapartida, la diputada Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, remarcó que “este procedimiento ha sido celebrado por muchísimas organizaciones no gubernamentales que vienen reclamando por la apertura de este proceso hace años”. Sobre el proceso, detalló que “vamos a tener la responsabilidad de ir depurando y filtrando sobre aquellas personas que cumplen los requisitos de idoneidad y trayectoria relacionadas con los derechos humanos, que es lo que establece la Constitución y la ley”.

“Hemos garantizado la participación ciudadana y nuestra misión es llegar a hacer una propuesta a partir de los postulantes que asegure la máxima calidad posible”, ratificó Stolbizer.

Por último, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) aclaró que “desde el inicio del proceso, claramente, el gobierno ha intentado que no se desarrolle por diferentes motivos políticos, pero también institucionales”. Al reafirmar que “es una responsabilidad de los legisladores que no haya Defensor hace quince años”, la legisladora apuntaló que “hemos llevado el proceso con total responsabilidad y tino quienes participamos”, haciendo hincapié en que “la transparencia es un ejercicio que todos los días tenemos que practicar”.

“Estamos comprometidos desde nuestro bloque a quienes integren la terna sean los mejores que puedan representar la institucionalidad argentina”, concluyó Sagasti.