Expresar repudio y preocupación frente a la imputación penal formulada contra el periodista Juan Pablo Suárez, editor del sitio web "Última Hora", en el marco de una causa radicada en la Justicia Federal de Santiago del Estero, en virtud de la Ley 26.734 (Ley Antiterrorista), en abierta violación al derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa, precondición de todo sistema democrático.

Señor presidente:

El presente proyecto pretende expresar repudio y preocupación por el acaecimiento de hechos que confirman lo que todo el arco opositor vaticinó en los debates parlamentarios que culminaron con la sanción de la Ley 26.734, conocida como Ley Antiterrorista: la utilización de un derecho penal amplio y vago para casos que exceden claramente los supuestos que motivaron su sanción.

En diciembre del pasado año, el periodista Juan Pablo Suárez, editor del sitio web "Última Hora", fue detenido luego de filmar, y posteriormente difundir, la detención de un agente de seguridad que participó en el marco de una protesta policial. Acusado de cometer el delito de incitación a la violencia, agravado por la finalidad de "aterrorizar a la población", Suárez se encuentra imputado en un proceso penal que constituye la primera aplicación de la Ley Antiterrorista desde su sanción (que agregó la agravante mencionada al Código Penal en 2011). Sumado a ello, sus oficinas fueron allanadas y sus equipos, incautados.

Es indudable la trascendencia institucional que estos hechos revisten toda vez que existe una doble violación a derechos constitucionales. Primero, porque se viola la garantía del debido proceso penal y el principio de legalidad que exigen la aplicación de leyes que cumplan con los estándares de lex stricta y lex certa. Segundo, porque se cercena el derecho a la libertad de expresión y de prensa que, como precondición de todo sistema democrático, debe gozar de una sobreprotección institucional que permita su ejercicio irrestricto.

Las justificaciones instrumentales y sustantivas que sientan las bases sobre las cuales el derecho a la libertad de expresión es erigido, exigen que el Estado se abstenga de utilizar no sólo mecanismos que impliquen una censura directa, sino también aquellos mecanismos que generen la autocensura como la imposición de responsabilidades ulteriores indebidas, sobre todo la puesta en funcionamiento del sistema penal.

Y es que estos hechos confirman lo temido y anunciado por todo el arco opositor que se opuso a la sanción de esta ley. La agravante genérica que afecta a todo los delitos del Código Penal según la "finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales (...) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo" (art. 41 quinquiés, CP), resulta tan vaga y amplia que permite su aplicación a los más variados hechos entre los cuales se encuentra el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Es importante que el mensaje institucional sea claro y contundente. El derecho penal no puede ser utilizado para silenciar voces disidentes. Por ello, y por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente Proyecto de Declaración.