Su preocupación y repudio contra el aumento de tarifas establecido por el Gobierno Nacional de manera totalmente inconsulta, los cuales según lo informado por el propio Gobierno Nacional pueden llegar a ser de hasta un 967 %.

2) Su respaldo a la acción de amparo impulsada por los legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria contra el aumento de las tarifas eléctricas.

3) Su adhesión a la Campaña de Recolección de 1 millón de firmas impulsada por el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, sus Intendentes, Legisladores Nacionales y Provinciales, la CGT y Cámaras Empresariales, Federaciones de Comercio y Fuerzas Vivas de fecha 23 de febrero de 2016 para someter a iniciativa popular el incremento de tarifas eléctricas.

4) Invitar a los Gobernadores Provinciales, Diputados Provinciales y Nacionales, Intendentes, Concejales, Sindicatos, Cámaras Empresariales y Asociaciones de Defensa del Consumidor que no hayan adherido o acompañen las acciones y la campaña de recolección de firmas mencionada.

Señor presidente:

Los firmantes de este Proyecto de Declaración vemos con especial preocupación la forma avasalladora de derechos y de las instituciones en la que el Gobierno Nacional desde su asunción al día de la fecha a través de medidas que detentan contra los intereses de los sectores más vulnerables y aquellos sectores productivos, comerciales e industriales que han sido recuperados luego de que el Estado Nacional a través de los Gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner asumiera un roll protagónico como un Estado presente que respondió a las necesidades básicas de sus habitantes, actuando como un gran reparador de las desigualdades sociales y trabajando constantemente con una finalidad inclusiva para proteger así a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Particularmente repudiamos el aumento de tarifas eléctricas aprobado por la Resolución N° 06 de fecha 25 de enero de 2016 dictada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación teniendo en cuenta que la misma ha sido sancionada de manera inconsulta a los usuarios afectados por dicho incremento y sin fundamento serio alguno, incumpliendo los procedimientos establecidos por el marco regulatorio eléctrico y lo estipulado en los contratos de concesión de las empresas distribuidoras en cuanto a la difusión pública que debe realizarse por un plazo de treinta (30) días y convocar a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si la modificación tarifaria se ajusta a las disposiciones de la ley y al interés público.

Asimismo repudiamos las declaraciones públicas del Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren mediante las cuales expreso que han "... decretado la emergencia eléctrica por dos años porque vemos que la posibilidad de resolverlo nos va a tomar ese tiempo", que el aumento de tarifas eléctricas "es necesario" a pesar de "lo doloroso" que implica la decisión y que "los cortes van a seguir", insistiendo en que la solución a un incumplimiento manifiesto de las obligaciones fijadas a las empresas distribuidoras les "... va a tomar un par de años".

Este tipo de declaraciones, muestran a las claras que los aumentos aprobados no responden a cuestiones objetivas y fundamentadas para hacerlos, sino que a una implícita manifestación de devolución de cadena de favores con aquellos empresarios que han desinvertido e incumplido con sus obligaciones principales para poder brindar un servicio de calidad, de manera accesible y continua. Es decir que las inversiones serán financiadas por los usuarios y no por las empresas concesionarias: primero cobran, después se supone que invertirán.

Que dichas declaraciones provengan de la máxima autoridad a nivel nacional en materia de energía eléctrica resultan sumamente temerarias e imprudentes y vulneran unos de los objetivos esenciales de la democracia que es luchar por la igualdad de oportunidades y derechos.

Por la presente no se cuestiona el derecho a gobernar de las autoridades nacionales elegidas democráticamente. Lo que se discute es el carácter socialmente injusto, regresivo e ilegal de algunas medidas que implican un deterioro en la calidad de vida de los que más necesitan.

Es por ello que adherimos y acompañamos firmemente los aquí firmantes a la acción de amparo impulsada por los legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria y a la campaña de recolección de 1 millón de firmas contra el aumento de las tarifas eléctricas impulsado por el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, sus Intendentes, Legisladores Nacionales y Provinciales, la CGT y Cámaras Empresariales, Federaciones de Comercio y Fuerzas Vivas de fecha 23 de febrero de 2016.

Asimismo instamos a los Gobernadores Provinciales, Diputados Provinciales y Nacionales, Intendentes, Concejales, Sindicatos, Cámaras Empresariales y Asociaciones de Defensa del Consumidor que no hayan adherido o acompañen las acciones y la campaña de recolección de firmas mencionada, para que a través de las medidas e instrumentos que consideren conducentes acompañen las mismas o a adhieran a la presente declaración para poder conseguir que el Gobierno Nacional revea la medida adoptada y respete los mecanismos establecidos y derechos reconocidos por el Artículo 42° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el marco regulatorio vigente.

Por todo ello, y constituyendo nuestro deber como legisladores expresarse frente a este tipo de medidas y declaraciones lesivas de valores y derechos fundamentales de la sociedad en el marco de un sistema democrático, es que pongo este proyecto a disposición de mis pares solicitando su apoyo.