Expresar repudio al "Protocolo de actuación de fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas", aprobado el día Miércoles 17 de febrero de 2016, en el marco del Consejo de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad de la Nación, por resultar violatorio a derechos humanos inalienables, consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, suscriptos por nuestro país.

Asimismo, repudiar las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia

Bullrich sobre el nuevo Protocolo.

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la rectificación del nuevo "Protocolo de actuación de fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas", y requerirle una nueva elaboración en la que no contenga violaciones a los derechos y garantías constitucionales.

Señor presidente:

El Ministerio de Seguridad de la Nación ha dado difusión pública del nuevo "Protocolo de actuación de fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas" y la titular del Ministerio, Patricia Bullrich, prestó declaraciones que merecen el repudio de esta H. Cámara de Diputados de la Nación.

El procotolo contiene los siguientes puntos que violan los derechos de los ciudadanos:

- Marca que procederán a "intervenir y a disolver" las manifestaciones, esto es condicionar y penalizar la protesta social. Y siendo éste el instrumento de las fuerzas de seguridad, da lugar a posibles hechos de violencia institucional;

- Viola los derechos constitucionales de expresión, reclamo a autoridades, reunión o huelga a través de la manifestación en la vía publica;

- No se pone de relieve que las manifestaciones en la vía pública son legítimos reclamos a los derechos constitucionales de trabajo, de salario digno, de vivienda, de alimentación y de salud;

- Jerarquiza inconstitucionalmente derechos similares, poniendo la libre circulación de los ciudadanos por encima del derecho a manifestarse;

- No prohíbe el uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad, por lo que se pone en peligro el Estado de Derecho y la integridad vital y física de los ciudadanos. La prioridad de las fuerzas de seguridad debe ser el cuidado y la integridad física de los mismos;

- Deja en manos de las fuerzas de seguridad los criterios a utilizar ante la protesta, donde se marca que "El Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden que los manifestantes deben desistir", sentando una interpretación que conlleva necesariamente al autogobierno de las fuerzas de seguridad y a la represión. Cabe destacar, que la última intervención de hecho de la Gendarmería Nacional fue atroz, a través del ataque a la murga "Los Auténticos Reyes del Ritmo", en la villa 1-11-14, el pasado 29 de enero de 2016, donde hubo niños y jóvenes heridos, de milagro no estamos lamentando víctimas fatales;

- No corresponde con los principios de uso racional de la fuerza, léase legalidad, oportunidad, proporcionalidad y moderación, responsabilidad y rendición de cuentas. Dichos principios son de público conocimiento a través de la página web del Ministerio de Seguridad: http://www.minseg.gob.ar/programa-uso-racional-de-la-fuerza. Asimismo, el "Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego", fue creado por la Resolución 933/2012 y está actualmente vigente, y;

- Limita el ejercicio del trabajo periodístico y comunicacional, restringiendo el lugar donde podrán ubicarse los trabajadores de prensa. Con esto se vulnera el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Por otra parte, las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, son escalofriantes, en especial cuando planteó que, "Les daremos 5 o 10 minutos a los manifestantes para que se vayan, por las buenas, sino los sacamos" o que, "En caso de manifestaciones espontáneas, se actuará inmediatamente", esto un claro intento de amedrentamiento e intimación a la sociedad y un llamado para que las fuerzas de seguridad repriman la protesta social, derivando en la violación de los derechos de los ciudadanos que se están manifestando. Dichas declaraciones imprudentes y temerarias por parte de una funcionaria incumple con los principios básicos de seguridad democrática y con la violación a derechos de los ciudadanos, los cuales una ministra debería garantizar, no atacar y menospreciar.

No es casual que la fecha de presentación del protocolo coincida con la realización de una jornada de protesta en todo el país por distintas organizaciones políticas y sociales en repudio a la detención ilegal e ilegítima de Milagro Sala, que constituye una bisagra en materia de criminalización de la protesta.

Es de suma preocupación que las denuncias realizadas en el plano nacional e internacional por la detención de Milagro Sala, la criminalización de la protesta social y la violación de derechos constitucionales, no generen reacción en las autoridades nacionales y provinciales.

Por todo lo expuesto y porque el protocolo deteriora gravemente el Estado de Derecho y a la democracia representativa en nuestro país, solicito a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.-