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Gerardo Milman

Diputado de la Nación

PRO

Período: 10/12/2021 - 09/12/2025

PROYECTO DE LEY

Expediente: 6292-D-2009

Sumario: CREACION DEL FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA, EN EL AMBITO DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION.

Fecha: 19/02/2010

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 183

Proyecto
CREACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA
ARTICULO 1º.- Créase, en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, el FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA, cuyo objeto será contribuir a la disponibilidad de recursos por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la recomposición de los salarios docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas, en todos sus niveles y modalidades, durante el año 2010.
ARTÍCULO 2º.- El FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA se integrará con la suma de ocho mil ciento noventa y nueve millones doscientos mil pesos ($ 8.199.200.000), provenientes de las reservas del Banco Central de la República Argentina, que serán transferidos sin contraprestación alguna al Tesoro Nacional, con afectación específica al financiamiento de la masa salarial docente de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ejercicio 2010.
La transferencia de los recursos destinados a cada jurisdicción será automática, previa acreditación de la suscripción del acuerdo paritario correspondiente ante el Consejo Federal de Cultura y Educación, en su calidad de órgano de administración del FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA.
Verificado el cumplimiento de dicha condición, el Consejo Federal de Cultura y Educación, girará, través del Banco de la Nación Argentina, el monto asignado a cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el artículo 4°
de esta ley. El Banco de la Nación Argentina no podrá percibir retribución de ninguna especie por los servicios que preste en cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Al solo efecto de esta ley, no regirá la restricción prevista en el artículo 6º de la Ley Nº 23.928.
ARTÍCULO 4º.- Se determina el monto total de recursos afectados a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresados en millones de pesos, que se distribuirá de la siguiente manera:
Tabla descriptiva
ARTÍCULO 5º.- El Consejo Federal de Cultura y Educación, en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, realizará el seguimiento y monitoreo permanente de la ejecución por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los recursos transferidos por esta ley, y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las paritarias, garantizando el amplio acceso y difusión pública de dicha información.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


De manera reiterada al llegar el mes de febrero de cada año peligra el comienzo del ciclo lectivo en todo el país. Una vez más y precisamente en el año en que vence la Ley de Financiamiento Educativo (Ley N° 26.075), que estableció la garantía de inversión educativa en el 6% del PBI, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales parecen no estar en condiciones de garantizar la recomposición de los salarios docentes, más aún, parece lejana la posibilidad de que dichos salarios mantengan el poder adquisitivo, ante el aumento de los precios de la canasta básica.
Aunque el presupuesto destinado a educación hubiera observado un aumento significativo cumpliéndose las metas de financiamiento previstas en la denominada Ley de Financiamiento Educativo -y que a través del Fondo de Incentivo Docente, así como el Fondo Compensatorio Salarial Docente se ha prestado asistencia a provincias-, existen en algunas jurisdicciones provinciales dificultades serias para responder a las legítimas aspiraciones gremiales.
La Ley de Educación Nacional, Ley N° 26.206, ha establecido que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado, constituyéndose en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
En igual sentido, la mencionada Ley de Financiamiento Educativo, entre sus fines, se propuso, mediante un incremento de la inversión en educación y una mejora en la eficiencia en el uso de los recursos, garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, mejorar la calidad de enseñanza y afianzar el rol estratégico que tiene la educación en el desarrollo económico y socio-cultural del país. Todo ello, con el propósito de recuperar un sistema educativo profundamente deteriorado como consecuencia de las políticas neoliberales que lo devastaron durante una década.
Dicha ley fijaba, asimismo, objetivos tales como: inclusión y permanencia escolar, alfabetización universal, garantía de calidad y equidad del sistema educativo nacional, fortalecimiento institucional, mejora en las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, jerarquización de la carrera docente y perfeccionamiento en la formación docente inicial y continua, entre otros.
Su aporte fundamental fue garantizar el cumplimiento de una meta presupuestaria de modo de aumentar los recursos destinados a Educación, Ciencia y Tecnología, que en el 2005 rondaba el 4,3% del PBI y pretendía llevar la participación del presupuesto educativo al 6% del PBI en el año 2010. Cabe señalar que se reproducían las metas de financiamiento previstas, e incumplidas, en la Ley Federal de Educación sancionada durante el gobierno de Carlos Menem. La innovación que incorpora la Ley de Financiamiento Educativo es, por un lado, establecer una fuente específica como origen de los recursos y, por el otro, la definición de criterios de distribución de los mismos.
Con la implementación de la Ley N° 26.075, el Estado Nacional, los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han aumentado progresivamente la inversión prevista en educación en el período 2006 - 2010. Ello también se reflejó en mejoras salariales que se han sucedido en los últimos años que siguen resultando
insuficientes en un país en el que el valor real del salario decae permanentemente como consecuencia de una inflación ya inocultable.
Tampoco hay que desconocer la necesidad de modificar la distribución de responsabilidades financieras entre la nación y las provincias. Se impone a algunas de ellas un esfuerzo fiscal desmedido, teniendo en cuenta la abismal diferencia entre la situación de la nación y la de los distritos provinciales, agravados por los arbitrarios, y a veces poco transparentes, mecanismos de distribución.
Hoy nos encontramos ante provincias que atraviesan un déficit fiscal sin precedentes y que no están en condiciones de afrontar las demandas salariales. Ante esta situación los gobiernos provinciales, transformados en rehenes del gobierno nacional reciben esporádicas "ayudas" arbitrariamente direccionadas, en función de las necesidades de apoyo del ejecutivo nacional o en virtud de manifestaciones de afinidad que realicen los gobernadores.
Queda claro que estos objetivos que esperaban lograrse como resultado del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, distan mucho de alcanzarse aún habiéndose cumplido la meta presupuestaria del 6% del PBI. Ello pone en evidencia la insuficiencia de las respuestas basadas exclusivamente en aspectos de financiamiento para dar solución a la acuciante problemática educativa. Lo que hace falta es una verdadera política educativa de carácter integral.
La educación argentina ha sufrido un deterioro profundo como resultado de la aplicación de políticas educativas neoliberales que han ido vaciando la capacidad de la escuela de producir aprendizajes significativos y vínculos sociales que le den sentido.
Paralelamente la reforma del estado y la aplicación de las políticas económicas de los años 90 produjeron el aumento de las desigualdades y la pobreza dando lugar a un proceso de exclusión social sin precedentes.
Estos dos factores se combinaron de tal manera que reconfiguraron el dispositivo escolar, de tal modo que la escuela se convirtió en una institución de contención social a costa de perder su sentido pedagógico.
En ese contexto, fueron los docentes quienes debieron hacerse cargo -y lo hicieron- del aumento de la complejidad de la escuela atendiendo a chicos y jóvenes más pobres, más fragmentados y más desiguales.
El progresivo deterioro en el sistema educativo público perjudica en forma directa a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, quienes ya no solo son víctimas de la baja calidad educativa sino que sufren también la permanente suspensión de las jornadas de clases con motivo de los reclamos salariales de los trabajadores de la educación.
La igualdad de oportunidades para el acceso ala educación y el conocimiento debe dejar de ser una consigna reivindicativa para convertirse en una realidad concreta.
Para ello es imprescindible invertir en el sostenimiento de un sistema educativo más equitativo. Sólo así se garantizara el achicamiento de la brecha entre los más pudientes y una gran mayoría de postergados y excluidos.
Ante la inminencia del inicio del ciclo, el Estado Nacional tiene la responsabilidad de garantizar el comienzo de las clases en toda la república y, en virtud de la emergencia social, debe hacerlo acudiendo a sus riquezas.
Se trata, de invertir esas riquezas en la solución de una crisis que involucra a todos los actores del sistema educativo nacional poniendo en peligro su futuro.
Entendemos que las reservas del Banco Central de la República Argentina no pueden permanecer intangibles ante esta situación.
Es de público conocimiento que entre el año 2003 y 2009 se ha registrado una acumulación sin precedentes de reservas internacionales, habiéndose quintuplicado según datos oficiales (pasando de US$ 8.245 millones a US$ 47.539 millones). La República Argentina no puede "darse el lujo" de mantener estos abultados activos sin aprovechamiento alguno en el ámbito interno, máxime cuando nos encontramos ante una crisis del sistema educativo y la utilización de una porción mínima de ellos permitiría garantizar el desarrollo del ciclo lectivo en todo el país, sin afectar en lo más mínimo la estabilidad monetaria y financiera.
Proponemos, entonces, la creación de un fondo nacional que se financiará con reservas con que cuenta el Banco Central de la República Argentina, destinado exclusivamente a solventar los acuerdos que se produzcan como parte de las negociaciones paritarias docentes de cada distrito. El mismo será distribuido en forma proporcional a la masa salarial docente de cada provincia.
Concretamente, el fondo se integrará con la suma de Ocho mil ciento noventa y nueve millones doscientos mil pesos, que el Banco Central de la República Argentina transferirá de sus reservas al Consejo Federal de Cultura y Educación, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.
La suma correspondiente a cada provincia es calculada proporcionalmente con su participación en la masa salarial total de la Nación y será transferida de manera automática, una vez que cada jurisdicción notifique los acuerdos obtenidos en las correspondientes negociaciones de paritarias.
De este modo, el Estado Nacional coadyuvará a que los docentes de las provincias de todo el país obtengan la recomposición salarial que legítimamente reclaman. La medida propuesta en el presente proyecto es el resultado de la urgencia, no pretendemos con ella resolver los problemas de la escuela pública, tan solo garantizar el comienzo de clases en todo el territorio nacional.
Se trata de una solución de emergencia, considerando que con miras al 2011 -y vencido el plazo de vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo- debemos afrontar un verdadero compromiso que implica replantear el modelo educativo nacional.
Para recuperar el sistema educativo es necesario desarrollar políticas integrales que aborden la actualización de los planes de estudio y los recursos de enseñanza, adaptándolos a la sociedad que se desea construir. Se deberá fortalecer la enseñanza media, la que actualmente muestra los mayores índices de repitencia y deserción -y, no es casual, la que mayores embates padeció durante la vigencia de la nefasta Ley Federal de los 90-, e impulsar con mayor ímpetu la educación técnica que durante aquellos años fuera prácticamente eliminada.
Debemos reformular el modelo educativo, para que no solo constituya una sumatoria voluntarista de políticas aisladas, o a veces yuxtapuestas, sino un verdadero sistema en toda la nación, partiendo del reconocimiento de que el país se encuentra atravesado por desequilibrios regionales y estructurales en todo su territorio.
Como punto de partida, es imprescindible dignificar el rol del docente, sus condiciones laborales y la condición salarial como parte de una política que prioriza la educación como motor del desarrollo social. Ello implica, en primer lugar, asegurar un piso salarial digno y equitativo para todo el país, pero garantizando, además, actualización y perfeccionamiento en servicio y un urgente fortalecimiento del nivel de formación docente.
Por lo expuesto, y en virtud de la relevancia del tema en tratamiento, solicitamos a los miembros de esta Honorable Cámara acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
ALCUAZ, HORACIO ALBERTO BUENOS AIRES GEN
MILMAN, GERARDO BUENOS AIRES GEN
STOLBIZER, MARGARITA ROSA BUENOS AIRES GEN
PERALTA, FABIAN FRANCISCO SANTA FE GEN
LINARES, MARIA VIRGINIA BUENOS AIRES GEN
LOZANO, CLAUDIO RAUL CIUDAD de BUENOS AIRES MOVIMIENTO PROYECTO SUR
MERCHAN, PAULA CECILIA CORDOBA LIBRES DEL SUR
DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA BUENOS AIRES LIBRES DEL SUR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
EDUCACION (Primera Competencia)
LEGISLACION DEL TRABAJO
PRESUPUESTO Y HACIENDA