Periodo:135 Reunion:19 Fecha:8/11/2017 RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y COHECHO TRANSNACIONAL

SR. PRESIDENTE , (): Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General Orden del Día N° 1795 recaído en las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que le fuera pasado en revisión por el que se establece un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y cohecho transnacional (expediente 0031-pe-2016.)
...
SR. PRESIDENTE , (): En consideración. Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
...
SRA. , (): Señor presidente: ha regresado nuevamente a consideración de la Honorable Cámara un proyecto que tratamos hace un tiempo y que posteriormente fue debatido en el Senado, donde se le introdujeron algunas modificaciones en lo que hace a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hoy tenemos la oportunidad de sancionar definitivamente un proyecto de ley muy necesario para nuestro país. Mencionaré algunas de las modificaciones que le fueron introducidas en el Senado, que a mi juicio son las más sustanciales, sin perjuicio de que también se hicieron enmiendas tendientes a mejorar su redacción. Originalmente, esta iniciativa fue elaborada por la Oficina Anticorrupción, que proponía establecer sanciones penales para las personas jurídicas por los delitos de corrupción. Cuando el proyecto fue tratado por el pleno de esta Cámara, a propuesta del Frente Renovador, acompañado por el bloque del Frente para la Victoria, se admitió una ampliación en cuanto a los delitos alcanzados, de manera que en la sanción original se contempló que esta norma se extendería a todos los delitos del Código Penal. El Senado consideró razonable delimitar nuevamente la naturaleza de esta norma de acuerdo con la redacción original del proyecto, por lo que se estableció la posibilidad de imponer sanciones para los delitos de cohecho y tráfico de influencias, tanto nacional como transnacional, que contemplan los artículos 258 y 258 bis del Código Penal; para el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previsto en el artículo 265 del mismo cuerpo normativo; para el delito de concusión contemplado en el artículo 268 del Código Penal; para el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto en el artículo 268 esta es una de las figuras agregadas-, y finalmente, en lo que tiene que ver con los balances e informes falsos agravados, figura prevista en el artículo 300 bis del Código Penal. Asimismo, se dio mayor claridad a la redacción en cuanto a la responsabilidad sucesoria. Al respecto, la sanción de la Cámara de Diputados ya establecía que la persona jurídica resultante o absorbente de otra era responsable en forma subsidiaria, pero ahora se propone dotar de mayor claridad a esa norma estableciendo la subsistencia de responsabilidad penal de la persona jurídica cuando, de manera encubierta o meramente aparente, continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos. Considero que de esta manera ha quedado mejor redactada esta postura. Asimismo, se ha establecido un plazo de prescripción distinto del contemplado en la sanción de esta Cámara, que remitía al Código Penal y se vinculaba con cada uno de los delitos o figuras. Ahora, en cambio, se propone directamente un plazo de prescripción de seis años. Se propone además una modificación en materia de penas. En la sanción de la Cámara de Diputados se contemplaba un método que, si bien era innovador, resultaba –según los senadores- de difícil aplicación en cuanto a la determinación de la cuantía de la multa. En ese sentido, la sanción del Senado propone que la multa se gradúe fijándola entre dos y cinco veces el beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener. También se incorpora una causal de exención de la pena para la persona jurídica, en la medida que se cumplan tres requisitos esenciales, a saber: que denuncie espontáneamente la existencia de un posible delito dentro de su seno, que pudo ser detectado; que exista un sistema de complainers para identificar posibles delitos dentro de la propia empresa, y que por supuesto se devuelva el provecho o beneficio indebidamente obtenido. Además, la sanción del Senado apunta a llenar un vacío existente para el caso de muerte de la persona física, que en la sanción original de la Cámara de Diputados no había sido contemplado. Al respecto, el dictamen en tratamiento establece que, para la persona humana que cometió el delito en beneficio –en este caso- de una persona jurídica, se invierte lo establecido en el artículo 59 del Código Penal, que determina que la muerte extingue la acción, incorporándose un párrafo según el cual la sanción podrá ser aplicada igualmente a la persona jurídica, aun en el caso de que hubiese fallecido la persona física o humana que cometió el delito. A mi entender, estas son las modificaciones más relevantes, teniendo en cuenta –como ya lo he dicho- que además hubo otras de redacción. Considero que es muy importante para nuestro país que esta iniciativa se convierta en ley. Hace dieciséis años que la Argentina se comprometió a modificar su legislación estableciendo alguna normativa tendiente a regular y perseguir los delitos cometidos por medio de personas jurídicas. No se trata de que, como no hemos cumplido la OCDE nos lo esté reclamando, sino que esta es la forma en que la mayoría de los países del mundo están modificando sus legislaciones para atacar un flagelo tan grande como es la utilización de personas jurídicas para cometer actos de corrupción, algo que lamentablemente no escapa a nuestro país. ¿Cuántos hechos que resuenan hoy en día y son conocidos por distintos medios o por investigaciones que se llevan adelante hubiésemos podido evitar? A modo de ejemplo, podemos mencionar el caso de Sueños Compartidos, en el que se habla de más de 200 millones de pesos que hasta ahora nadie sabe dónde están. También podemos mencionar el caso de Río Turbio, en el que está involucrado el diputado De Vido a quien recientemente hemos quitado los fueros, por el que se han robado a nuestro país más de 264 millones de pesos, que tampoco sabemos dónde están. Por supuesto, la investigación y el esclarecimiento de lo que ha pasado está en manos de la Justicia. De la misma manera, podemos mencionar los casos de Indalo, Austral Construcciones, Odebrecht y varios hoteles. De alguna manera podríamos haber avanzado en la resolución de todas esas causas y muchas más que lamentablemente han formado parte de un nido de corrupción que ha perjudicado grandemente a nuestro país. Aplaudo esta iniciativa y espero que los distintos bloques la acompañen más allá de las diferencias que puedan tener en cuanto a su redacción, porque este es un primer paso. Las leyes no son pétreas, sino susceptibles de ser modificadas, pero tenemos que comenzar por algo. Este es uno de los primeros pasos que estamos dando para afirmar que no queremos que en nuestro país siga habiendo corrupción utilizándose a las personas jurídicas, porque sabemos que muchas veces se han creado personas jurídicas fantasmas solamente con la finalidad de cometer delitos de corrupción. Cuando hablamos de delitos de corrupción nos estamos refiriendo a la participación necesaria de funcionarios que tienen la obligación de proteger a la ciudadanía y llevar adelante el fin último del Estado, que es el bien común. Como esto no ha pasado, de allí la necesidad de sancionar esta norma y comenzar una nueva etapa. Esta es una herramienta más que se provee a la Justicia. De esta manera se podrá atacar la corrupción de la persona jurídica. Ello no significa que a partir de la sanción de este proyecto de ley no existirá más corrupción de las personas jurídicas, pero como dije, es un paso. Es una herramienta para tratar de solucionar el problema de la corrupción del poder y terminar con la impunidad, ya que durante años muchos funcionarios públicos se enriquecieron personalmente olvidándose de la verdadera función que tenían, que era bregar por la ciudadanía. Lamentablemente, el último hecho de corrupción al que hemos asistido toca a quien fuera vicepresidente de la Nación, y también está vinculado con numerosas personas jurídicas. Espero que hoy podamos sancionar esta norma para que comience una nueva época de lucha contra el flagelo de la corrupción, que se da a nivel mundial pero que lamentablemente se concretó arduamente en nuestro país. (Aplausos.)
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
...
SR. , (): Señor presidente: seré muy breve después de la excelente exposición de la señora diputada Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, con quien compartimos la posibilidad de dictaminar sobre este proyecto de ley tan importante, de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como todos saben, esta iniciativa ha tenido un largo tratamiento en esta Cámara. Cuando trabajamos en la sanción original debatimos arduamente el proyecto, por supuesto, con una lógica dificultad en cuanto a la búsqueda de consensos teniendo en cuenta que esta norma implica un cambio paradigmático en materia de responsabilidad penal en el ordenamiento jurídico argentino. Salvo algunas excepciones muy particulares o algunos casos muy específicos, hoy en la Argentina no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. A partir de la sanción de esta ley empezaremos a ampliar ese aspecto hacia delitos muy importantes, sobre todo, los que se vinculan con la corrupción. Luego de esa ardua tarea logramos la sanción incluso se introdujeron modificaciones en este recinto que oportunamente fue enviada al Senado. Este último, en su rol de Cámara revisora, introdujo varias enmiendas al proyecto y ahora nos lo remite para su tratamiento. Algunos de esos cambios han ayudado a que la norma sea jurídicamente más sostenida desde el punto de vista de su redacción. Algunos otros cambios hubiéramos preferido que se hicieran de manera distinta, pero debemos reconocer que en el sistema bicameral es válido que la Cámara revisora introduzca las modificaciones que considere acertadas. Por nuestra parte, debemos dar este paso que propiciamos hoy para que la ley entre en vigencia. Como expresó la diputada Burgos, este es un primer paso, es la mejor ley posible para este momento. Tal como ella señaló, las leyes no son pétreas, por lo que más adelante tendremos la posibilidad de mejorar y ampliar sus alcances, sobre todo en lo que tiene que ver con los delitos. En su momento, aquí votamos que se incluyeran todos los delitos. Si bien ahora se ha acotado ese alcance, creo que en este marco, donde estamos cambiando el paradigma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, está bien que demos este primer paso, y cuando la ley empiece a ser implementada veremos si es posible avanzar en un proceso de ampliación de su espectro. También quiero recordar que damos este primer paso damos después de muchísimos años. La Argentina se comprometió internacionalmente a tener una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando adhirió a la convención internacional de lucha contra la corrupción. Extrañamente pasaron muchísimos años; a pesar de que tuvo mayoría en esta Cámara durante sus doce años de gobierno, la gestión kirchnerista jamás impulsó una ley de estas características. ¿Por qué? Por lo que mencionaba la diputada Burgos hace un momento. Pensemos en Hotesur, Los Sauces, las empresas de Lázaro Báez y tantas otras que hoy están involucradas en causas de corrupción. De haber estado vigente una ley de estas características, esas empresas podrían haber sido sancionadas económicamente volviendo ese dinero al pueblo, porque no olvidemos que el dinero de la corrupción es de la gente, del pueblo argentino. Ese dinero podría haber sido utilizado para otro fin y no para llenar los bolsillos o los bolsos de algunos exfuncionarios y empresas que se beneficiaron con esos actos de corrupción. Reclamaré que, así como el Senado ha tenido celeridad para modificar esta iniciativa y remitirla a esta Cámara, tenga celeridad para sancionar la ley de extinción de dominio, en cuya sanción también hemos trabajado arduamente el año pasado. Lamentablemente, el Senado todavía no la ha sancionado. Es necesario recuperar lo que se robaron para devolvérselo a la gente. Solamente en una de las causas en las que está involucrado el diputado De Vido –cuyo desafuero hemos tenido oportunidad de votar, la del gas licuado, el juez habla de una defraudación al Estado por más de 6.900 millones de dólares. Imaginen cuántos problemas de miles de argentinos podríamos haber resuelto con ese dinero: de viviendas sociales, de cloacas, de gas natural, etcétera. Pensemos que la mitad de las provincias argentinas no tiene gas natural. Por lo tanto, más allá de que hoy avancemos en la sanción de esta norma, que es importantísima, necesitamos que el Senado se aboque a la consideración de la ley de extinción de dominio. Insisto en que estamos dando un paso enorme en materia de lucha contra la corrupción. Hasta el presente, solo las personas físicas –o las personas humanas, como dice el Código Civil pueden ser sancionadas ante la comisión de un delito, pero a partir de la sanción de esta norma además podrán ser sancionadas las personas jurídicas. Esto es muy importante porque muchas de estas empresas se han beneficiado y enriquecido mediante actos de corrupción. Si queremos terminar con los hechos de corrupción en la Argentina no solamente debemos sancionar a las personas físicas funcionarios, empresarios, etcétera sino también a las personas jurídicas. Por último, no debemos olvidar que este proyecto de ley establece claramente que la condena de una empresa o de una persona jurídica no implica exceptuar a las personas físicas vinculadas con ese delito. Me parece que esta es una de las claves. De ninguna manera la condena de una persona jurídica implica exceptuar a una persona física de la condena si está involucrada en el mismo tipo de delito. Creo que estamos dando un paso importante; seguramente después tendremos tiempo de pensar si podemos seguir mejorando la ley. En materia de lucha contra la corrupción, que el gobierno ha tomado como bandera –y este es un claro ejemplo de ello, hoy estamos dando un paso enorme en la República Argentina. (Aplausos.)
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza, quien comparte su término con el señor diputado Tailhade.
...
SR. , (): Señor presidente: el proyecto de ley contenido en el dictamen de comisión podría denominarse perfectamente “ley OCDE”, porque viene a responder a un pedido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la que el gobierno nacional está interesado en participar rápidamente, según las declaraciones de los propios funcionarios. Esta organización pone como condición, para su ingreso, la implementación de políticas y regulaciones de los Estados. Señor presidente: le pido nuevamente que solicite a la Cámara que haga silencio, porque de lo contrario es muy difícil continuar.
...
SR. PRESIDENTE , (): Le diría que se trata de diputados de su propio bloque...
...
SR. , (): Entonces, pido a los diputados de mi bloque que guarden silencio.
...
SR. PRESIDENTE , (): Continúe, señor diputado.
...
SR. , (): Decía que la OCDE reclama para la membresía la implementación de políticas públicas y regulaciones. El jefe de gabinete, Marcos Peña, ha ponderado recientemente la necesidad de seguir las obligaciones institucionales y condicionamientos asociados a la membresía que impone la OCDE. Sin embargo, esta no es la primera ni será la última iniciativa que podremos calificar como “ley OCDE”. Ya hemos votado algunas normas vinculadas, sobre todo, a cuestiones procesales relativas a la lucha contra la corrupción, que están en línea con lo que pide la OCDE. No digo que ello esté mal, pero hay un condicionamiento y un pedido de esta organización internacional. Por otra parte, las tres reformas que anuncia el presidente, Macri, son reformas que van en línea con los requerimientos de la OCDE. La ley que implementa una reforma en el ámbito del trabajo este régimen de precarización laboral es una de las condiciones de la OCDE; las reformas institucionales que se plantean también se vinculan a los cuestionamientos de este organismo en relación con el funcionamiento institucional de la Justicia, de la Procuración del Tesoro, etcétera; y lo mismo sucede con lo que se plantea en materia tributaria. Evidentemente, esto debe llamarnos la atención. Estoy de acuerdo con que participemos en organismos internacionales en los que debemos cumplir con ciertas condiciones una vez que ingresamos, pero no comparto la idea de que tales condiciones vayan en contra de las mayorías populares y los sectores medios argentinos, y de la autonomía y la soberanía argentinas. Esta dinámica y esta lógica que está llevando adelante el gobierno son preocupantes. También cabe señalar que esta reforma se está haciendo en el marco de la modificación del Ministerio Público Fiscal. Si bien evaluamos que los cambios introducidos por el Senado en esta iniciativa son insuficientes, consideramos que algunos resultan positivos. Lo cierto es que las condiciones han cambiado. Cuando en esta Cámara sancionamos el proyecto sobre responsabilidad penal empresaria, lo hicimos teniendo en cuenta la situación de un Ministerio Público Fiscal con un procurador general que tenía determinadas condiciones. Hoy, se otorgan facultades al procurador en relación con la celebración de acuerdos de colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, pero se trata de un procurador también precarizado. Esta es la nueva realidad y lo que ha cambiado. Me refiero a un procurador general con un mandato restringido en el tiempo, con la posibilidad de una remoción anticipada por medio de un método prácticamente administrativo y de que sea nombrado con una mayoría menor que la exigida con anterioridad en la ley. Todas estas son condiciones de precarización del funcionamiento de la Procuración General. Cuando discutimos el artículo 37 cuestionábamos que las negociaciones de estos acuerdos estuvieran en manos del procurador del Tesoro, que es nombrado por el presidente y es su empleado; y, además, quien actualmente ejerce esa función es abogado del presidente. Ahora, ¿hacia qué vamos? A que estos acuerdos puedan ser celebrados por el Ministerio Público Fiscal –que es lo que correspondería hallándose al frente de las actuaciones un procurador absolutamente vaciado de la autonomía y la independencia necesarias para negociar ya no en favor de Odebrecht, de los amigos del presidente, sino del propio presidente por su participación societaria en esa empresa, a través de SOCMA, por ejemplo. Ello, en lugar de la participación de un funcionario imparcial que impulse los procesos. Recuerdo que en la ocasión anterior en que tratamos este tema advertimos que se estaba produciendo una presión impropia sobre Odebrecht de parte del ministro de Justicia, quien viajó a los Estados Unidos para establecer condiciones. Esto no puede volver a suceder. Tal situación es reemplazada por la búsqueda de una figura vinculada con el gobierno al frente de la Procuración General. Por lo expuesto, nuestro bloque se abstendrá en la votación de esta iniciativa. La sanción de esta Cámara no fue buena, y en esa ocasión nuestro voto fue negativo. Las modificaciones introducidas por el Honorable Senado son insuficientes para combatir seriamente la corrupción y evitar mantos de impunidad sobre funcionarios y empresas amigas de los funcionarios. (Aplausos.)
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
...
SR. , (): Señor presidente: en la misma línea que expusiera el señor diputado Carmona, entiendo que si bien la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una herramienta necesaria, el texto remitido por el Senado no alcanza, no es suficiente para la pretendida lucha contra la corrupción, bajo la que encolumnaron esta norma los diputados del oficialismo. Lamentablemente, las cuestiones que nos preocupaban de esta iniciativa no fueron resueltas en la Cámara de Senadores. En este sentido, hago propias algunas palabras de la señora senadora Fernández Sagasti, quien alertó sobre el artículo 9°, que plantea la posibilidad de eximir totalmente de pena a una empresa que participe en delitos contra la administración pública. Sigue vigente la posibilidad de la exención de la pena, y creo que eso atenta contra el espíritu de la norma. Por supuesto que no atenta contra el espíritu de la ley que pretende llevar adelante el oficialismo, que consiste en cerrar el círculo de la impunidad: “Te saco la ley para que blanquees...” por ejemplo, Gianfranco Macri blanquea 32 millones de dólares “...y después te incluyo el artículo 9° por las dudas de que a tu compañía...” –llámese SOCMA, SIDECO o IECSA- “...quieran involucrarla en un conflicto penal”. Así se cierra el círculo. Por eso, no rechazaremos esta iniciativa, pero sostenemos que es insuficiente, y por tal motivo nos abstendremos. Esta norma terminará como la ley de los fondos “buitre”. Al momento de sancionar esta iniciativa nos pintaron un mundo de maravillas, pero tenemos un endeudamiento fenomenal, hasta la coronilla, y las tasas de interés no han bajado. Tal vez con esta iniciativa ocurra lo mismo que sucedió con las UVI o UVA: un delirio hipotecario enviado por el Senado. No sé si habrán leído en los diarios que los bancos están desesperados, pues quieren que se reglamente la forma en que pueden desprenderse de esas hipotecas, porque como la gente ya debe un 40 por ciento más, no podrá pagar. Quizás esta norma termine como la ley de reparación histórica. Con esta iniciativa no se pagó ni un solo juicio y se sigue apelando hasta llegar a la Corte Suprema, a pesar de que nos “vendieron” que serviría para reivindicar los derechos de los jubilados. En el mismo sentido, las actualizaciones de los haberes jubilatorios son vergonzosas y, de paso, en breve, nos van a “enchufar” la reforma previsional. Con esta ley sucederá lo mismo que con la de blanqueo y reparación histórica, que es una sola. La fuente de financiamiento para la reparación histórica duró pocos meses y ya la gastaron toda, pero la sanción de esa norma sirvió para que blanquearan Gianfranco Macri, la familia Awada, Marcelo Mindlin y otros buenos muchachos. Este será el final de la presente ley: absolutamente ningún resultado positivo tendrá porque no se han contemplado las cuestiones que deberían considerarse, por ejemplo, impedir que se exima de responsabilidad penal a las empresas. Si hay colaboración o voluntad de cooperar con la investigación se podrán rebajar las penas, pero nunca eximir a las empresas. El miembro informante del oficialismo ha dicho que esta iniciativa sirve para luchar contra la corrupción, pero no sirve para nada. Tampoco creo que tengan intención de luchar contra la corrupción los miembros del oficialismo, porque de ser así hubiesen impulsado el juicio político al presidente de la Corte Suprema, que fue denunciado por corrupto por la diputada Carrió. Sin embargo, este tema duerme el sueño de los justos en la Comisión de Juicio Político. Si les interesa la corrupción, los invito a considerar esa cuestión, porque está acusado nada más ni nada menos que el presidente de la Corte Suprema. Si les interesa la lucha contra la corrupción, entonces, investiguemos en comisiones especiales de este cuerpo o eventualmente planteando a la Justifica federal los escándalos internacionales que se están investigando en todo el mundo, menos acá. Luis Caputo y Juan José Aranguren son las últimas figuritas de esta calesita offshore. Recién, el miembro informante decía que las empresas involucradas en el caso Boudou podrán ser investigadas. Ustedes cuentan con una ventaja: tienen todas las sociedades afuera, por lo cual esta ley no permitirá investigar dónde tienen la guita el presidente de la Nación y sus ministros, para empezar. El oficialismo no quiere investigar la corrupción porque está cómodo con la situación actual, en la que tiene una notoria complicidad con los jueces federales que en los últimos días están secuestrando extorsivamente a personas. Insisto, desde la Sala II de la Cámara Federal se digitan los secuestros extorsivos, por ejemplo, del exvicepresidente Boudou, del exministro De Vido y de su exfuncionario Baratta, y de un contador. Ellos están presos desde hace meses a la espera de que delaten a alguien. Este es el sentido de las detenciones. ¿Ustedes me quieren convencer de que están en contra de la corrupción? Están a favor de la corrupción; estoy convencido de eso. Nos vamos a oponer a esta ley no porque no queramos luchar contra la corrupción; justamente, como desde este bloque luchamos contra la corrupción, no votaremos afirmativamente esta iniciativa porque deja abierta la puerta a la impunidad frente a lo que hoy se está hablando en todo el mundo y este Congreso calla: las cuentas offshore de Luis Caputo, de Juan José Aranguren, del propio presidente de la Nación y de los empresarios y funcionarios que seguirán apareciendo en los próximos días. (Aplausos.)
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
...
SR. , (): Señor presidente: creo que la ley no es ni tan buena ni tan mala. Entiendo que el texto que vino en revisión del Senado adolece de imperfecciones y se han eliminado institutos importantes que fueron fruto del consenso en esta Cámara. Me voy a referir a un aspecto que aquí se dejó soslayar, sobre todo de parte del miembro informante de la Comisión de Legislación General, quien dijo que debemos empezar por estos delitos. El proyecto sancionado en la Cámara de Diputados establecía que la responsabilidad penal de las personas jurídicas alcanzaba a todo tipo de delitos y no solamente a ciertos y determinados delitos. En ese momento habíamos dicho que los bienes jurídicos que debían ser protegidos eran el interés general, el patrimonio del Estado, el medioambiente, la salubridad y la seguridad pública y no solamente el patrimonio del Estado, como aquí se quiere referenciar directamente. Por lo tanto, partimos de este primer supuesto. El Senado ha restringido el ámbito de punibilidad de las personas jurídicas en materia penal. Otro aspecto no menor es la supresión de la decisión que tomó esta Cámara en el sentido de excluir de la punición a las pymes, o sea, a aquellas empresas que están reguladas por la ley 25.300. Aquí se dieron sobrados fundamentos sobre la necesidad de mantener las pymes incólumes, porque las causales principales de los llamados “delitos de corrupción” no son ellas sino los grandes conglomerados económicos que aprovechan su capacidad económica para avanzar en maniobras con referencia a contrataciones con el Estado. El otro aspecto al que quiero hacer referencia es la extinción de la acción. Se dejan solo dos supuestos para la extinción: la amnistía o la prescripción. Reitero que fue un mérito de esta Cámara la declaración de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, lo cual fue borrado de un plumazo por el Senado de la Nación. Nosotros hacíamos referencia a que ello estaba concatenado a lo que expresamente establece el penúltimo párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional, que habla de graves delitos contra el Estado que conlleven un enriquecimiento. De esta manera, tales delitos se equiparan a un atentado contra el sistema democrático y, por lo tanto, entendemos que deben ser imprescriptibles. Otro aspecto no menor es que se eliminaron las causales de atenuación y de agravamiento. Todo delito tiene circunstancias que llevan a atenuarlo y otras que llevan a agravarlo. Ese aspecto también ha sido eliminado en el dictamen del Senado. Por otro lado, observamos que cuando se habla del plazo de prescripción -a pesar de que se llegó aquí a un plazo específico de seis años- no se aclara qué sucede cuando estamos en presencia del delito continuo. Esto no es menor, porque tal como dijimos en nuestra intervención anterior, cuando sancionamos parcialmente el proyecto, esta es una iniciativa complementaria al Código Penal. Sabemos que, de acuerdo con ese código, según nuestro esquema constitucional no se pueden aplicar supletoriamente o en forma analógica conceptos de un delito a otro. Si bien estos son términos generales en lo que hace a cómputos de prescripción, al haberse legislado expresamente se deja una duda abierta. Quiero decir algo muy importante en lo referente al artículo 7°, relativo a las penas: se elimina algo que había resuelto esta Cámara: que la multa es una pena obligatoria y que la suspensión de la personería, de los beneficios de parte del Estado o de la posibilidad de contratar con él son penas accesorias. Hoy, la multa ha quedado equiparada a las demás penas y no es la pena principal y obligatoria a aplicar. Esto no es lo más grave. Lo más grave es que se introduce un mecanismo de cuantificación del monto de la multa tomando como parámetro que será entre dos y cinco veces el beneficio indebido obtenido o el que se hubiere podido obtener. En el Senado se dieron argumentos en el sentido de que se equiparaba con el derecho comparado. Ese no fue el criterio consensuado en la Cámara de Diputados, de considerar los ingresos y los balances. Se trata de algo muy sencillo que consiste, primero, en determinar la existencia de los delitos complejos enumerados en el artículo 1° del proyecto, y segundo, en fijar la cuantía del ilícito y del beneficio indebido. Ese es un proceso larguísimo que, a raíz de los plazos acordados, corre el riesgo de prescribir. Pasando al derecho comparado, del que tanto se habló, tomemos el ejemplo de España, reflejo de los argumentos utilizados. Respecto de la cuantía de la multa, el artículo 52.4 del código español señala expresamente que cuando el juez no pueda valorarla se establecerá un mecanismo de multa tarifado. Los españoles tienen un sistema de multa por día basado en una unidad económica. Además, el artículo 52.4 establece que esa cifra se puede calcular en función de la cantidad defraudada; pero de no ser posible, se hace conforme a lo merituado por el juez sobre la base del cálculo previsto según lo tarifado. Por otro lado, se toma el perjuicio causado como un elemento a tener en cuenta para calcular la multa. Sin embargo, en nuestro caso no se considera el perjuicio causado ni el valor del objeto. Solamente se hace referencia a una sola variante de cálculo, con el agravante de que, si ello no se lograra, el juez no podrá aplicar la multa y tendrá que caer en los demás mecanismos. Consideramos que ese punto deja flojo el aspecto punitivo de la norma, quedando librada al criterio del juez la aplicación de la multa. Lo peor de todo es que para establecer su cuantía queda cercado el juez en la aplicación de un único y exclusivo parámetro. Otro aspecto importante figura en el artículo 9°, donde se considera la posibilidad de la eximición de la pena. Entre los criterios de determinación se establece que debe demostrarse el cumplimiento de un sistema adecuado de control y supervisión. Por otro lado, acerca de su establecimiento, cae en el sistema de prevención de lavado de activos, donde se dice que la debida diligencia tiene que ser agravada porque se trata de una misma empresa que se controla a sí misma. Entonces, si así se hace, el juez tendrá que determinar que el famoso programa de integridad es suficientemente eficaz para evitar los daños respectivos. A ello hay que agregar que se establece como requisito para la eximición de la pena la devolución del beneficio obtenido indebidamente. La pregunta es cómo lo calcula la empresa. La verdad es que puede mentir, si el juez no tiene los elementos para fijarlo. Como bien señala el catedrático Carlos Lascano, el sistema de punibilidad relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas queda librado prácticamente a una decisión privada de la empresa, lo cual afecta el principio de orden público establecido en el Código Penal. Asimismo, hay que considerar la correlatividad respecto de otras leyes, como la de sociedades, cuyo artículo 19 prevé la liquidación y disolución de las sociedades que obtuvieron un lucro ilícito. Se trata de una sanción de tipo comercial, y agrego que tampoco se resolvió cómo se coordinará la norma en tratamiento con la Ley de Sociedades. Me refiero específicamente a si el juez comercial podrá ordenar la liquidación de una sociedad. Esa es una cuestión no menor, porque si estamos en presencia de empresas con empleados, ellos sufrirán la consecuencia directa, aunque se pretenda establecer un paraguas que los ampare. Insistimos en que la ley es imperfecta y tendremos que modificarla a la brevedad porque la realidad de la actividad judicial nos llevará a no poder aplicarla en muchos aspectos. También insistimos en la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El artículo 36 surge del proyecto de ley de reforma del Código Penal presentado oportunamente por los diputados Massa y Camaño. Celebro que el miembro informante haya hecho referencia al famoso proyecto de ley de extinción de dominio, que duerme en el Senado. La sanción de esa iniciativa nos permitirá recuperar los bienes tomados indebidamente, que son fruto de la corrupción. Sabemos que es insuficiente el mecanismo de aplicación de multas previsto en esta ley para las personas jurídicas. No basta con que los corruptos vayan presos, sino que deben devolver el dinero a la patria. Más allá de lo expuesto, cito el caso de Colombia, donde se aplica la extinción de dominio. Un resumen realizado hace dos meses muestra números muy importantes relativos a la nueva ley de extinción de dominio. Mediante su aplicación se agilizará la venta de los bienes declarados extintos y el erario colombiano obtendrá la suma de 4.000 billones de pesos colombianos, equivalentes a 132 millones de dólares, por los bienes muebles e inmuebles por ejemplo, vehículos y obras de arte habidos mediante delitos de corrupción y narcotráfico. Esa suma permitirá al gobierno colombiano no solamente financiar la administración de justicia sino también cumplir fines sociales, como la recuperación de bienes rurales y la construcción de viviendas. Estamos dando un paso pequeño pues tenemos que avanzar con la extinción de dominio. Además, los delitos originados en la corrupción deben ser imprescriptibles. No alcanza con que los corruptos vayan presos, sino que hace falta devolver la plata al pueblo. (Aplausos.)
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
...
SR. , (): Señor presidente: de alguna manera muchos de quienes trabajamos en este proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas discutimos y trabajamos considerablemente, y coincidimos en el texto sancionado por esta Cámara; pero también debemos hacer una autocrítica. Al tratarse de una ley tan compleja y discutida como esta, a veces se proponen cambios en el recinto sin la discusión que se necesita para no cometer errores. Esto tenemos que entenderlo de esa forma. El Senado hizo algunas reformas que podríamos llamar “neutras” porque simplemente mejoran la redacción o fijan criterios sobre la aplicación de la ley penal. Comparto algunas modificaciones que considero positivas, como volver a restringir su texto a los delitos contra la administración pública. Digo esto no porque no podamos avanzar en la incorporación paulatina de más delitos, sino porque me parece que en esta primera instancia los procedimientos y lo escrito sobre la materia tiene que ver más con los delitos contra la administración pública y la lucha contra la corrupción. Entiendo que esta es una reforma positiva. Por otro lado, tenemos que discutir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Hay grandes principios del derecho que ameritan un debate más profundo en relación con la necesidad de declarar imprescriptibles un delito, un título o un capítulo del Código Penal. Considero aceptable cambiar el criterio de aplicación de multas y sanciones, tomando como parámetro la devolución en dos, tres o cinco veces, y no contabilizar los ingresos sino los montos recibidos por la empresa indebidamente. Desde mi punto de vista, algunas modificaciones son negativas, porque pareciera que a través de ellas ha primado la expectativa del sector empresarial de buscar, por lo menos en el ámbito de los delitos contra la administración pública, algunos salvoconductos que de alguna manera terminan beneficiando a la empresa corrupta. En este sentido –tal como establece el sistema penal argentino en esta materia, nosotros habíamos previsto un conjunto de atenuantes, de agravantes, de mínimos de la multa como inexorable, para las empresas que cometan este tipo de delitos. Esto ha sido corregido por el Senado sin mayores criterios, de modo que hoy los jueces recordemos que estamos hablando de un código de fondo, de una ley penal de fondo que se aplica en las distintas jurisdicciones, por el mismo delito pueden no tener un criterio exacto y aplicar desde la eximición hasta las sanciones de multa u otras más agravadas. Este fue un tema que con acierto se trabajó mucho en Diputados y que, quizás a título de simplificación, ahora quedó con un criterio demasiado amplio. Lo mismo sucede con las atenuaciones, como dijo recién el señor diputado Brügge. Nosotros creíamos que había situaciones que podían atenuar la pena que corresponde a una empresa que delinquió, que cometió un delito, y ahora esto se ha cambiado por causales de eximición. Es decir que aquella empresa que haya cometido un delito contra la administración pública puede eximirse si cumple algunos requisitos, entre ellos, la colaboración con la investigación y la realización de un acuerdo o elaboración de un protocolo dentro de la empresa para evitar que sucedan hechos de corrupción. En este sentido, el proyecto de ley se ha vuelto demasiado laxo. En primer lugar, porque nosotros exigíamos que el acuerdo de colaboración no solo fuera eficaz sino que también pudiera ser controlado por el juez tanto en su legalidad como en su razonabilidad. Es decir que la empresa no pudiera acordar con el fiscal que le corresponda, quedando esto fuera del control de razonabilidad del juez. Creo que aquí se ha producido un retroceso. Por otra parte, nosotros habíamos establecido un artículo claro respecto de que el programa debía ser eficaz a fin de atenuar la responsabilidad de la empresa. ¿Qué significaba eficaz? Que se demostrara que el hecho de corrupción no se había dado por falta de aplicación, por falta de seguimiento o de supervisión. Este artículo también fue eliminado en el proyecto que viene del Senado. Pero, como decía el señor diputado Lipovetzky, el sistema funciona así, y en consecuencia corresponde que esta Cámara tenga su criterio y pueda analizar el tema en conjunto para lograr el consenso necesario a fin de sancionar esta ley de responsabilidad penal empresaria. Posiblemente en el futuro, según cómo se vaya aplicando, podamos mejorarla e incorporar nuevos artículos, pero no obstante creo que estamos dando un paso enorme. La sociedad argentina no admite que este país siga embarcado en hechos de corrupción, ya sea de uno u otro gobierno, de un partido o de otro. Necesitamos dar muestras claras de que desde aquí luchamos con herramientas válidas para que no haya funcionarios corruptos ni empresas corruptas ni gente que roba la plata de los argentinos. Esta iniciativa es un paso en ese sentido y por eso desde el bloque Justicialista vamos a acompañarla.
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
...
SRA. , (): Señor presidente: en nombre del Interbloque Progresista voy a acompañar este proyecto de ley que viene en revisión del Senado. Creemos que las modificaciones que ha introducido la Cámara de Senadores a la sanción de esta Cámara expresan razonablemente el consenso político logrado con amplitud para responsabilizar penalmente a los empresarios que incurren en hechos de corrupción. Para nosotros, esto significa un gran avance en la necesidad de contar con un cuerpo legal que promueva la integridad y establezca la prevención de delitos de corrupción. Cuando se trató el tema en esta Cámara tuvimos un fuerte debate respecto del artículo 37, por el que se especificaba la metodología y los procedimientos para tratar el caso Odebrecht. Con las modificaciones introducidas por el Senado se elimina ese artículo, que nosotros considerábamos insuficiente porque otorgaba una potestad administrativa al Poder Ejecutivo generando un grave conflicto de intereses. No obstante, creemos que no tenemos que olvidarnos del caso Odebrecht, porque este Parlamento puede hacer mucho para ayudar en la investigación. En este sentido, reiteramos el pedido de que el Congreso considere el proyecto contenido en el expediente 3257-d-2017, por el que se crea la comisión investigadora del caso Odebrecht. Se trata de una comisión del Congreso Nacional para analizar específicamente ese tema durante un plazo determinado, de ciento ochenta días, con atribuciones y recursos para que pueda hacer de la investigación una realidad y un aporte concretos para el esclarecimiento de un caso que azota a toda Latinoamérica y por supuesto a la Argentina, donde vemos que no ha habido ningún avance. Sí lo hubo en otros países. Con este pedido dejamos expresada nuestra posición con respecto a este tema.
...
SR. PRESIDENTE , (): La Presidencia informa a los presidentes de bloque que se procederá a la votación en veinte minutos. Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
...
SR. , (): Señor presidente: lo primero que quiero hacer respecto de este proyecto de ley que estamos considerando es un llamado a la población para que no se deje engañar y no crea que con esta medida se está combatiendo la corrupción. Ya lo hemos dicho en su momento, cuando se discutió el tema por primera vez en este recinto. Nosotros vamos a defender esta misma posición porque los cambios que ha hecho el Senado no modifican lo esencial de esta ley, que es mantener el salvataje de las empresas que han participado en todos los hechos de corrupción y que se han beneficiado y siguen beneficiándose a través de ellos. Tal como han manifestado muchos señores diputados aquí –no lo sostenemos solamente desde el Partido Obrero, pero sabemos que igual terminarán votando afirmativamente, existe una enorme cantidad de salvoconductos para que las empresas no sean penadas por los actos de corrupción, ya sea por el acuerdo de colaboración eficaz o por los mecanismos de supuesta prevención de los actos de corrupción que se establecen. Todos esos salvoconductos que denunciamos en la sanción de esta Cámara están presentes también en la sanción del Senado. Muchas veces se dice “hecha la ley, hecha la trampa”. Acá están la ley y la trampa en un solo texto, señor presidente. No hace falta hacer la trampa porque la propia ley establece salvoconductos para que no se investigue ni se pene a las empresas. Tal es el caso, por ejemplo, de la empresa IECSA, de propiedad de la familia Macri, que se vio involucrada en el pago de sobornos a Julio De Vido para quedarse, junto a Odebrecht, con la obra del Ferrocarril Sarmiento. También se habla del espíritu de las leyes, y yo me pregunto cuál es el espíritu de esta norma. Seguramente será el que defiende la señora diputada Carrió, que dice que los empresarios son víctimas de De Vido o de los funcionarios que piden coimas, salvando así la responsabilidad de esas empresas en todo el entramado y régimen de corrupción que hay en nuestro país. Por otra parte, también se han bajado las multas. En un proyecto de ley que ha sido improvisado desde el primer momento, se ha pasado de la imprescriptibilidad sancionada en esta Cámara a la prescripción a los seis años. Es decir que por todos lados se busca la impunidad. Incluso, esta iniciativa prevé que una empresa involucrada en un caso de corrupción pueda continuar con una obra pública si es necesario, o sea que se siga beneficiando con un acto corrupto y robándole al pueblo. Esto no puede darse de ninguna manera. Hay que intervenir esas empresas, ponerlas a funcionar y seguir la obra bajo el control de los trabajadores. Hay algo que muchos han omitido decir en este debate, y es que se ha aprobado una norma que tiene una gran incidencia en el presupuesto para el próximo año. Me refiero a la ley de participación público-privada. De este modo se permitirá que los sobreprecios no sean detectados, porque las empresas se van a asociar con el Estado y este les permitirá los sobreprecios sin licitación, pasando por encima de las leyes de obras públicas y del decreto que controla los contratos del Estado. Nosotros ya hemos denunciado esta situación. La ley de participación público-privada evitará que se haga efectiva cualquier posibilidad de penalización de las empresas. Además, como dijimos en su momento, el propio Estado ha legalizado la corrupción con esta ley de participación público-privada. Este proyecto de ley fue propuesto por el gobierno de los funcionarios offshore, por ejemplo, el ministro Aranguren. En este momento, la figura del ministro de Energía y Minería es emblemática, porque resume en una sola persona- las dos facetas de la corrupción en este país: la de empresario y la de funcionario público. Todos los diarios, incluso los afines al gobierno, están denunciando que las empresas offshore que manejaba Aranguren se han beneficiado mediante contratos públicos con el actual gobierno. Aquí hay un régimen de corrupción, tal como dijimos cuando votamos el desafuero de De Vido. El exministro de Planificación no es un individuo sino que engloba un régimen político y capitalista de corrupción. Sin embargo, la OCDE, además de proponer este proyecto está recomendando la reforma laboral, la reforma jubilatoria y el brutal ajuste contra los trabajadores para favorecer a los mismos grupos económicos que se han beneficiado y se siguen beneficiando con la corrupción en este país. Por eso, señor presidente, solo un gobierno de trabajadores va a terminar con estos mecanismos de saqueo al pueblo, que se han utilizado y se siguen utilizando para favorecer a las empresas y a estos grandes grupos económicos. Por lo tanto, el bloque al que pertenezco va a rechazar el proyecto, y no hay que entender este rechazo como un aval a la sanción original de la Cámara de Diputados. Aclaro que rechazamos las dos sanciones, la de la Cámara de Diputados y la de la Cámara de Senadores.
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
...
SR. , (): Señor presidente: la Izquierda Socialista-Frente de Izquierda, por supuesto, rechaza este proyecto de ley. Estamos ante un proyecto de doble discurso copiado del gobierno anterior, que decía una cosa y hacía otra. Se trata de una norma que hace creer que se va a combatir a las empresas corruptas. Parecería que se embistiera contra Odebrecht, Barrick Gold, Chevron, Shell, Monsanto, y que queda poca vida a las multinacionales corruptas y mafiosas. ¿Ese es el espíritu del proyecto de ley? ¿Esto es lo que se prevé? No. ¿Estamos ante una iniciativa que atacará a los bancos que hacen fortunas, ganan cifras siderales mediante maniobras especulativas, llevan y traen dinero, sacan la plata al exterior? No. ¿Esta ley atacará el negociado corrupto saqueador de la deuda externa que contrajo la dictadura y que todos los gobiernos vinieron pagando con planes de ajuste? No. Por eso, sorprende la abstención que anunció el Frente para la Victoria diciendo que es una ley insuficiente. Dicen que es una ley que va bien pero que se queda corta. Esto no es así. Estamos ante una ley que va mal porque es todo lo opuesto y se pensó para salvar a las grandes empresas. Hay una prueba de que este gobierno no quiere combatir la corrupción sino posar haciendo creer que la combate: la reunión que mantuvo en Estados Unidos el presidente, Macri, con el CEO de Pepsico, una empresa negrera y corrupta que, a pesar de tener ganancias, dejó en la calle a quinientas familias, con el aval del Ministerio de Trabajo, del gobierno nacional y de Patricia Bullrich, que mandó a la policía para que realice un desalojo violento. El CEO de Pepsico, dijo: “Macri es lo más grande que hay. Sigan adelante que vamos bien. Lo apoyamos.” Recién aquí se comentó que, hecha la ley, hecha la trampa, y efectivamente el proyecto dice que se preverá un código de ética interno, o sea, para Odebrecht. Esta empresa tenía una oficina para traer coimas, pero si ahora tiene un código interno anticorrupción se la avala para que contrate con el Estado. Ahora bien; si hay un hecho de corrupción y un pacto secreto y confidencial con un juez, se bajan las multas a la mitad, aunque por supuesto después nunca se pagan. Pero si la empresa dice que reconoce ese hecho corrupto y devuelve lo que se quería llevar, directamente queda eximida de toda pena y sanción. Estamos ante una impunidad total. Podríamos pensar que a una empresa corrupta se le expropiarán los bienes y se les abrirán las cuentas, pero no es así. Aquí se da lo opuesto; el proyecto de ley no lo establece en ninguno de sus artículos y las causas prescribirán en seis años. Todas las causas de corrupción en la Argentina tienen un promedio de quince años, o sea que quedarán todas en la impunidad. Además, en el proyecto se cita un montón de artículos del Código Penal que contemplan delitos de guante blanco pero tienen una pena excarcelable, por lo cual es muy difícil que los corruptos vayan presos. ¿Cuál es la autoridad de este gobierno para combatir la corrupción? Fíjense la revelación de los paraísos fiscales. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, intentando defenderse dijo que fue director de dos firmas offshore que no pagaban impuestos. Efectivamente, comentó que fue director de esas empresas, o sea que era el director de empresas multinacionales que evaden impuestos. Aranguren era parte de dos empresas offshore en paraísos fiscales y aconsejaba que evadieran impuestos. Ese es el mismo Aranguren que diseña los “tarifazos”, antipopulares. Tenemos un gobierno que dice que hay que pagar los impuestos y un país donde un millón y medio de trabajadores pagan impuesto a las ganancias. Por otro lado, nos decían que los partidos de Izquierda estaban defendiendo a De Vido, en una campaña completamente burda, cuando nosotros votamos a favor de que le saquen los fueros. Ahora bien, Aranguren, que es el De Vido de Macri, ¿no debería estar preso también? Boudou está preso, pero Gabriela Michetti aclaró que no es delito ser parte de empresas offshore. O sea que se persigue a Boudou y no a la señora Michetti. Aquí también se dijo que este proyecto de ley es una imposición de la OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el FMI de Macri. Son organizaciones mafiosas porque saben muy bien que ellas representan a bancos que lavan dinero y que están en los paraísos fiscales. Esto lo vemos en todos los listados y aparece en las revelaciones de los papers. Ahora bien, la OCDE y el FMI dicen al gobierno que aplique un brutal ajuste, implemente la reforma laboral, perdone los aportes patronales a los empresarios, aumente la jornada de trabajo, abarate los despidos y saque plata a los jubilados. Se comenta que el gobierno va a ahorrar 100.000 millones de pesos en jubilaciones. El 80 por ciento de los jubilados percibe la retribución mínima, de 7.200 pesos, con la complicidad de la CGT y el peronismo. Se está haciendo un pacto antipopular y se está usando el resultado de las elecciones para aprobar una reforma laboral e impositiva al servicio de los grandes empresarios y las multinacionales, en perjuicio del pueblo trabajador. De manera que con todas estas argumentaciones y teniendo un proyecto alternativo vamos a seguir planteando que todos los corruptos vayan presos, sean funcionarios o políticos del gobierno anterior o del actual. Hay que invertir la carga de la prueba para que ellos demuestren que son inocentes.
...
SR. PRESIDENTE , (): Diputado...
...
SR. , (): Sí, ya termino, señor presidente. Se les debe embargar todo lo que robaron, y tenemos que seguir luchando, como lo hacemos desde la Izquierda, contra los negocios corruptos que inició de Vido en el gobierno anterior, a los que les está dando continuidad el gobierno actual, como en el caso del soterramiento del Sarmiento. Por lo tanto, vamos a usar el millón doscientos mil votos que ha obtenido el Frente de Izquierda, para dar esa pelea.
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
...
SRA. , (): Señor presidente: quiero expresar mi preocupación porque las modificaciones que se han hecho en el Senado ya están ablandando el proyecto de ley penal empresaria. Nos estamos alejando cada vez más del ejemplo de Brasil, donde un sistema judicial verdaderamente envidiable y un conjunto de leyes han permitido efectivamente una lucha demostrando la voluntad seria de luchar contra la corrupción tanto política como empresaria. En realidad, este proyecto y sus modificaciones disminuyen las penas cada vez más; también se reducen las multas y se restringen los delitos considerados en esta iniciativa. Antes se tomaba el conjunto de los delitos del Código Penal; ahora, se consideran solamente los delitos contra la administración pública. En este sentido, solo se agrega el delito de fraude en los balances. En cuanto a la prescripción, frente a la imprescriptibilidad que se había dado para luchar contra la corrupción de las últimas décadas que ha saqueado a la Argentina, aquí tenemos una prescripción a los seis años, con un agravante: en este caso, se penará solamente el delito de corrupción. Por lo tanto, si una empresa paga una coima a un funcionario para que no dé cuenta de los avales que requiere, por ejemplo, en el caso de contaminación, ello puede generar a mediano plazo un efecto que redunde en la muerte de sectores de la población por contaminación. Este es el caso de la empresa Barrick Gold, que de alguna manera en los derrames de agua cianurada ha acordado con el gobierno de San Juan para que desmienta los estudios de la Universidad Nacional de Mendoza que determinan que realmente existen mayores niveles de contaminación con mercurio. En Jáchal esto ya está generando algo que existe en Caleta Olivia como consecuencia de la contaminación de las aguas por parte de la petrolera, es decir, las llamadas “enfermedades poco frecuentes” –EPF. En realidad, tales enfermedades se deben a la contaminación de la sangre con metales pesados, y como consecuencia de ello, algunos pobladores, sobre todo de Caleta Olivia esto ya lo he dicho varias veces porque me parece dramático-, indican que existe un crecimiento del número de “crucecitas” debido a la mayor cantidad de chicos que mueren a raíz de cirrosis o cáncer provocados por este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de punición existe en este sentido? Se habla de la contaminación, pero si ya ha habido corrupción en el pago de coimas para que no se realicen los estudios necesarios, estaremos garantizando la impunidad con consecuencias de muerte. Otro elemento que quiero señalar es que este proyecto de ley, tal como se ha planteado, significa un perdón de hecho para toda la corrupción acumulada durante las últimas décadas, que ha importado un verdadero saqueo en nuestro país. Reitero: se trata de una ley demasiado blanda y vamos a continuar en ese camino, porque las excepciones son más que las sanciones respecto del actual sistema penal. La Nación Argentina seguirá siendo víctima de la corrupción empresaria de corporaciones y bancos porque el sistema judicial sigue siendo cómplice de esto, y temo que a través de leyes como estas el Poder Legislativo también lo sea, porque son lo suficientemente blandas como para incentivar a los señores empresarios a cometer actos de corrupción. En este sentido, fíjense la diferencia entre Brasil y la Argentina. En Brasil se acaban de vender acciones de Petrobras Argentina al grupo Pampa Energía, que es de los señores Mindlin y Lewis. El tema es que se vendieron al 50 por ciento de su valor, y mientras en la Argentina se considera que esto ha sido un error económico, esa venta ya está siendo investigada por el juez Sergio Moro, de Brasil. Quiere decir que nosotros seguimos con condiciones de impunidad, sobre todo porque debemos tener en cuenta que Mindlin acaba de comprar –supuestamente- la empresa de Calcaterra después del escándalo de Odebrecht, y sabemos que Lewis es uno de los íntimos amigos del presidente de la Nación. Ni mencionar para cerrar el hecho de que los recientes “Paradise Papers” nos dan algunas claves, por ejemplo, del hecho de que la Shell Western Supply and Trading LTD ganó siete de las ocho licitaciones para importación de gas licuado, y casualmente es una empresa a la cual pertenecía el señor Aranguren. Ni hablar de que el actual ministro de Agroindustria, expresidente de la Sociedad Rural Argentina que acaba de ser designado en su cargo- emite un decreto por el cual se elimina el originario y noble decreto del presidente Illia, que data de 1964, que obligaba a los exportadores a liquidar sus divisas en el mercado interno. En este sentido, tal como vienen las condiciones y considerando que la globalización neoliberal ha entrado en grave crisis incluso en los países centrales de Occidente, por las consecuencias sociales y económicas generadas, aquí seguimos alimentando la idea de que nuestra salida es la globalización neoliberal. Por eso, me permito citar a Belgrano y, de continuar con estas acciones, tendremos que exclamar: “¡Ay, Patria mía!”
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires. La Presidencia informa que es la última oradora, por lo que faltan cinco minutos para votar.
...
SRA. , (): Señor presidente: ayer veía en los medios de comunicación exultantes tuits de Laura Alonso diciendo que a partir de la sanción de esta ley se pegaba un salto frente a la pelea contra la corrupción. El gobierno se erige en el campeón de la pelea contra la corrupción, obviamente apoyándose en un reclamo legítimo y de mucha simpatía, el de acabar con la corrupción de la obra pública en nuestro país. Lamentablemente, tuvimos grandes emblemas en este sentido en el gobierno anterior, como ya se ha planteado aquí y como quedó demostrado con el accionar de Julio De Vido y empresarios como López, Lázaro Báez, etcétera. Pero el gobierno tiene un cinismo increíble que los trabajadores no podemos tolerar así nomás. Se erigen en los campeones del combate contra la corrupción, aunque más bien diría que son los campeones de la evasión fiscal, de las cuentas offshore, de la fuga y el blanqueo de capitales, que no se sabe de dónde provienen. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Quieren legitimar el robo legalizado en este sistema, que es la evasión fiscal, y todos los subterfugios que han encontrado los Aranguren, los Caputo, IECSA, SOCMA, etcétera, para lavar el dinero que han robado; y lo hacen en el marco de la situación de millones de trabajadores que padecen una incertidumbre enorme al no saber qué les depara el destino frente a las contrarreformas brutales que ha anunciado el gobierno de Macri, como la reforma laboral, que beneficiará a los mismos a quienes hoy dicen estar castigando. A esta demagogia y cinismo son funcionales Laura Alonso y Elisa Carrió, que dan motes de transparentes a los funcionarios y empresarios que empoderan corruptos que se llevan el dinero de nuestro país a cuentas offshore. Entonces, claro, como hay mecanismos legales en este sistema del robo, los presentan como transparentes. Pero hay que decir, de cara a esos millones de trabajadores, que todo lo que los empresarios y funcionarios aliados del gobierno de Macri han robado de nuestro país casi duplica –tendría que hacer la cuenta exacta- la producción de quienes diariamente trabajan con el sudor de su frente. Porque Macri, que entre otras cosas estuvo con algunos diputados en Nueva York, tuvo una cita como decía el diputado preopinante- no solo con los CEO de Pepsico una empresa que ha despedido a seiscientas familias y las ha dejado en la calle de un día para el otro sino también con un fondo “buitre” como BlackRock, que supo tener grandes acciones en nuestro país en la era del kirchnerismo, a la cual los trabajadores enfrentamos, como fue la empresa Donnelley. Ese fondo “buitre” cerró esa empresa de un día para el otro dejando sin trabajo a sus trabajadores, que la defendieron con uñas y dientes y hoy sostienen una cooperativa y su fuente de trabajo en ese lugar. Pero ese fondo “buitre” sigue teniendo acciones de las empresas en nuestro país y seguramente el presidente, Macri, ha ido a venderles la prometida reforma laboral para que sigan invirtiendo en la Argentina. Esto significa superexplotar a los trabajadores, porque la reforma no es más que una nueva flexibilización laboral y beneficios para las empresas a fin de que mantengan a los trabajadores en condiciones terribles. Por eso, decir que el gobierno castigará a las empresas representa un caradurismo y un cinismo enorme. ¿Qué les va a decir? ¿Utilizará a la Justicia, que no avanza en las causas que tiene Aranguren, como aquella relacionada con el pago de un sobreprecio de más de 310 millones de dólares en la compra de gas a Chile? ¿Será la misma Justicia que no avanzó con las causas que tiene Caputo, que invirtió más de 500 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES en el fondo de Axis? ¿Esa Justicia, que hoy está del lado del poder del macrismo, es la que va a castigar a las empresas? De ninguna manera. Entonces, como la Justicia no estuvo en contra del kirchnerismo y tampoco se opone al macrismo, nosotros planteamos que los jueces tienen que ser elegidos por juzgados populares y sus designaciones, además, deben ser revocables. Ello tiene que ser así porque hoy las causas que perjudicarían al actual gobierno no avanzan, al tiempo que sí lo hacen aquellas que involucran a los que se fueron. De manera tal que este proyecto de ley no es más que una nueva muestra del doble discurso de la demagogia y el cinismo del gobierno de los CEO, al que los trabajadores, más tarde o más temprano, tendrán que enfrentar en las calles, tal como vienen haciéndolo diferentes sectores. Ello debe ser así porque este no es un proyecto de ley para castigar sino para lavar la cara y beneficiar con la reforma laboral y las contrarreformas que se están anunciando en estos días a esas mismas empresas a las que dicen que van a castigar.
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
...
SRA. , (): Señor presidente: llegamos a esta sesión después de mucho tiempo de trabajo. Este proyecto de ley prácticamente ha insumido un año de labor en esta Honorable Cámara. Durante todo este tiempo hemos trabajado mucho en el ámbito de las comisiones para arribar, en primer término, a un acuerdo en la Cámara de Diputados, lo que posibilitó hace dos meses la correspondiente sanción de esta iniciativa por parte de este cuerpo. Por supuesto que dicha sanción no nos dejó absolutamente conformes, ya que para alcanzar el consenso muchas veces hubo que ceder en la redacción de algunos artículos del proyecto. También creímos que esta iniciativa habría de ser perfeccionada en el Honorable Senado. Por eso, seguimos con mucha atención el proceso que se dio en ese ámbito, donde participó una enorme cantidad de expertos en las reuniones que tuvieron lugar en la respectiva comisión. Allí nuevamente se reabrió el debate en relación con algunos puntos centrales de esta iniciativa. Creo que el proyecto de ley que hoy tenemos ha mejorado en algunos aspectos y sin duda debe ser visto como un primer paso para que empecemos a tener una regulación de la que la Argentina carece desde hace muchísimos años. Sin lugar a duda, esta iniciativa viene a saldar una deuda que tenemos desde la suscripción de las convenciones internacionales anticohecho. Resulta bastante sencillo desentenderse de una historia de corrupción. Al respecto, se ha venido diciendo que también hubo corrupción por parte del sector privado. Por supuesto que ella ha existido, por lo que creemos que debe ser investigada y sancionada. Pero no podemos olvidar que durante muchos años quienes hoy se han retirado del recinto porque no están dispuestos a votar este proyecto de ley tuvieron la oportunidad de establecer un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas. ¿Por qué no lo hicieron? Fundamentalmente, porque cuando hay un hecho de corrupción también hay un funcionario corrupto que pide coimas, y al mismo tiempo, una empresa dispuesta a pagarlas. Entonces, en ese caso se genera una sociedad ilícita entre el funcionario público y los representantes del sector privado. Seguramente esos niveles de corrupción no se hubieran registrado de haber contado con un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas, que habría significado la existencia de cierto grado de riesgo para las empresas. Pero la verdad es que no hubo ningún riesgo y esto forma parte de lo que nos pasó en esta triste historia de los últimos años. Por lo expuesto, considero que con la sanción de este proyecto de ley vamos a dar un paso muy importante. Por supuesto que en el futuro estaremos dispuestos a introducir a esta norma legal las modificaciones que sean necesarias a fin de mejorarla. Pero reitero que hoy estamos dando un paso fundamental en la lucha contra la corrupción, lo cual constituye algo que queremos celebrar. (Aplausos.)
...
SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
...
SR. , (): Señor presidente: en nombre del bloque del Frente para la Victoria, solicito autorización para abstenernos en la votación de este proyecto de ley.
...
SR. PRESIDENTE , (): Si hay asentimiento, se dará por aprobado el pedido de abstención formulado por el señor diputado por Buenos Aires.
...
SR. PRESIDENTE , (): Se va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se establece un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y cohecho transnacional (Orden del Día N° 1795).
...
SR. , (): Se han registrado 144 votos por la afirmativa, 6 por la negativa y 31 abstenciones.
...
SR. PRESIDENTE , (): Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. (Aplausos.) Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
...
Ver debate completo...

Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1864 - Ciudad Autónoma de Bs. As. (C.P.C1033AAV) | + 54 11 6075-0000

Nota: La información contenida en este sitio es de dominio público y puede ser utilizada libremente. Se solicita citar la fuente.