Periodo:135 Reunion:19 Fecha:8/11/2017 PRÓRROGA DE LA LEY 26.160, DE EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA

SR. PRESIDENTE , (): Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Legislación General y otras recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se prorrogan los plazos establecidos en la ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, hasta el 23 de noviembre de 2021 (Orden del Día N° 1776).
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SR. PRESIDENTE , (): En consideración en general. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
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SR. , (): Señor presidente: este dictamen fue aprobado por unanimidad por los miembros de las tres comisiones que intervinieron en el tratamiento de esta iniciativa. Me refiero a las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda. El proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado establece la prórroga de los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena. Los derechos de los pueblos originarios se encuentran consagrados en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, es decir, en el rango más elevado de la pirámide jurídica. A esto deben agregarse los tratados internacionales que en materia de derechos humanos fueron incorporados por la reforma constitucional de 1994. Resulta interesante leer lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, relativo a las atribuciones del Congreso, porque es muy claro al respecto. En ese sentido, se establece lo siguiente: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” De manera tal que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional es muy claro respecto de los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, tal como lo ha señalado el constituyente. También resulta muy interesante dar lectura de lo que establecía la Constitución Nacional antes de la reforma de 1994. Para ello es necesario recordar lo dispuesto por el artículo 67, inciso 15, del texto constitucional de 1860, que establecía que correspondía al Congreso lo siguiente: “Conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Esto nos está marcando claramente cómo hemos avanzado desde la Constitución de 1860 a la actual, en lo relativo a los derechos humanos de los pueblos originarios. Pero el ordenamiento jurídico ha seguido avanzando. En ese sentido, mediante la sanción de la ley 24.071, en 1992, se aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Dicho convenio establece los derechos de igualdad y condiciones de pluralidad para los pueblos originarios.
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SR. , (): Esto significó un cambio de paradigma que, justamente, fue el que tomaron en cuenta los constituyentes de 1994 para redactar el artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta Magna. Es importante destacar que esa disposición fue aprobada por unanimidad por la totalidad de los bloques que intervinieron en la reforma constitucional de ese año. Prosiguiendo con la enumeración de las normas jurídicas que regulan los derechos de los pueblos originarios, quiero referirme a la disposición contenida en el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación, que fuera aprobado hace pocos años por el Congreso Nacional. Dicho artículo establece lo siguiente: “Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional”. Es decir que de alguna manera esta disposición del Código Civil y Comercial de la Nación ratifica los derechos de los pueblos originarios. Al mismo tiempo, remite a una ley especial que regula la propiedad comunitaria de los pueblos originarios y que este Parlamento todavía debe sancionar. En este marco el Congreso Nacional sancionó en 2006 la ley 26.160, que precisamente regula esta situación. Han pasado muchos años desde la sanción de esta norma legal, que establecía un plazo de cuatro años para realizar un relevamiento de todas las comunidades y pueblos originarios, como así también de las tierras que ocupaban tradicionalmente. Dicho relevamiento constituye una tarea importante y ardua. En la Argentina viven más de treinta pueblos indígenas que hablan más de trece lenguas y representan entre el 2,4 y el 3 por ciento de la población total del país, de acuerdo con el último censo poblacional practicado en 2010. De acuerdo con dicho censo, hay 955.032 personas que se reconocen indígenas. De ellos, un importante porcentaje habita en ámbitos rurales, organizados en más de mil seiscientas comunidades, según surge de un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de septiembre de 2015. De esas mil seiscientas comunidades todavía quedan por relevar más del 70 por ciento. Es por eso que, lamentablemente, la ley 26.160 tuvo que ser prorrogada no una sino dos veces. Primero, en 2009, a través de la ley 26.554, y luego, en 2013, con la sanción de la ley 26.894. Es decir que hoy estaríamos prorrogándola por tercera vez. Aspiramos a que esta sea la última, porque hay muchos pueblos originarios que esperan tener alguna certeza respecto del derecho sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, como dijo el constituyente. Por supuesto, hablamos de una tarea que debió hacerse y no se hizo. Podemos buscar muchas responsabilidades; ya el informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen –ENDEPA de 2013 advertía al gobierno anterior sobre la falta de ejecución de la ley 26.160. Destacaba, por ejemplo, que del 76 por ciento del presupuesto destinado al relevamiento de las comunidades se había ejecutado una parte muy pequeña y solo se había relevado el 24 por ciento. Realmente, muy poco. Por eso, de alguna manera hoy estamos obligados a sancionar una nueva prórroga. Además, el citado informe revela que el mayor retraso en la ejecución presupuestaria del programa llevado adelante por el INAI durante el gobierno anterior se verificaba en las provincias con más problemas de conflictividad territorial. Por lo tanto, la prórroga de la ley es muy importante. Resulta claro que debemos avanzar hacia la implementación de verdaderas políticas de Estado junto con los pueblos indígenas. Me refiero a políticas basadas en el diálogo y la articulación. Esa es la clave para resolver las dificultades que aquejan a los pueblos originarios. Tenemos un puntapié inicial muy importante, ya que la propia Constitución Nacional establece cuáles son los derechos de los pueblos originarios. No hay duda alguna al respecto. Falta mucho por hacer; si bien hemos avanzado para comprobarlo, basta recordar qué decía la Constitución anterior y qué dice la actual, debemos empezar a pensar para los próximos años en una agenda pública respecto de los pueblos originarios. Tenemos que seguir avanzando en el reconocimiento de sus derechos; es un acto de justicia, que como Estado –entendido en su sentido amplio, es decir, incluyendo a los tres poderes, debemos realizar. Por las razones expuestas, es muy importante que sancionemos hoy, tal como viene del Senado, el proyecto por el que se prorroga la ley 26.160. Es un derecho de los pueblos originarios y una obligación del Estado continuar trabajando para que todos los derechos contemplados en nuestra Constitución sean consolidados y reconocidos. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos, quien comparte su término con el señor diputado Amadeo.
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SR. , (): Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo al proyecto por el que se prorroga la ley 26.160. Algunos se preguntarán por qué lo expreso de manera tan asertiva si pertenezco al bloque que impulsó la consideración del tema. La respuesta es que no habría querido sancionarla, por entender que ya deberíamos estar en una situación donde no fuera necesario mantener la emergencia, para evitar que se ejecuten sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto fuera el desalojo o la desocupación de las tierras. Tenemos una ley que fue sancionada en 2006. ¿Qué hicimos desde ese año con los actores partícipes del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que dispone garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades –reitero: reconocer la personería jurídica de sus comunidades y otorgarles la propiedad común de las tierras que tradicionalmente ocupan? Esa es la regla general, la médula del proceso de reincorporación de los pueblos originarios. Por eso, debatir sobre una prórroga me hace temer que dentro de tres años estemos hablando de una nueva postergación. Teniendo en cuenta las palabras del señor diputado Lipovetzky, y atento a que termina mi mandato, me gustaría que se asuma el siguiente compromiso: mañana, pasado o el 1° de marzo, se debe sancionar una ley –no una prórroga de aquella del año 2006 que incorpore en los convenios 169 y 107 de la OIT a los Consejos de Participación Indígena –los CPI para la identificación y conceptualización del término “pueblo”. Cuando en la televisión se informa que la ruta 40 fue cortada por un grupo de mapuches se habla de pueblo, de comunidad o de etnia como si esas expresiones significaran lo mismo. El INAI, a partir de los protocolos de la Organización Internacional del Trabajo, debió establecer qué representa cada una, rescatar el significado de “pueblo” y contar las comunidades. El pueblo es el mapuche, pero puede tener tantas comunidades como provincias hay en la Argentina, o tal vez más. Nuestro objetivo es que haya una reorganización, sobre la base de aquel artículo constitucional, para que en la República Argentina se determine cuáles son los miembros de los pueblos originarios con personería jurídica y bienes comunes. De esa manera, evitaremos la discusión de si ancestral es lo mismo que tradicional. Hay comunidades que habitualmente se juntan y luego de dos o tres años se convierten como si fueran mapuches, adquiriendo su cultura. Así no funciona nuestro mecanismo constitucional. Esta no es una cuestión política; es estrictamente de derechos humanos, porque el objetivo es evitar los maltratos y las actitudes inhumanas, y terminar al fin con la incertidumbre de los pueblos originarios. Tienen que acabarse las prórrogas eternas. En una ley posterior se debe solicitar al INAI que rinda cuentas desde su creación en el año 2006. Asimismo, es preciso reiniciar el proceso de reconocimiento de pueblos y comunidades e iniciar una etapa de consulta con aquellos países y regiones que hayan pasado satisfactoriamente dicho proceso. Por ejemplo, Canadá y el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos. Para ello, se debe establecer un plazo inamovible con penas por su incumplimiento. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
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SR. , (): Señor presidente: acompaño plenamente los dichos de mis compañeros preopinantes. Quiero comenzar mi exposición rindiendo homenaje a quienes dedicaron su vida a la causa aborigen priorizando el diálogo, el avance de los derechos y el compromiso. Primero, al doctor Eulogio Frites, quien falleció el 24 de julio de 2015. Fue el primer abogado kolla, uno de los gestores del Parlamento Indígena y uno de los más activos participantes de la reforma de la Constitución. A lo largo de su vida fue una verdadera luz en el reforzamiento y la plena utilización de los derechos. Tratadista reconocido e innovador en temas vinculados con los derechos aborígenes, fue muy apreciado por su trabajo. Por eso me digna haber sido su amigo. También quiero rendir homenaje a Jorge Pereda, quien falleció el 11 de abril de 2017. Dedicó su vida y su fortuna a la causa de los más pobres trabajando en la Cuña Boscosa santafesina. Creó el Instituto de Cultura Popular e impulsó la educación secundaria bajo el sistema de alternancia. Promovió los grupos CREA de pequeños productores. Se destacó por la promoción de las comunidades aborígenes a través de Fundapaz, el otorgamiento de becas para la formación de maestros bilingües, y por su histórica tarea como presidente del INAI. También quiero homenajear a tantos otros argentinos que se comprometen con la causa indígena: el padre Francisco Nazar, de Formosa; Félix Díaz, Nimia Apaza, Festo Chauque, Sofía Villamil; Gastón Bordelois, con el Programa Social Agropecuario; ENDEPA tenemos el orgullo de tener aquí a sus representantes- y tantos otros que trabajan en silencio todos los días por esta causa justa. Los quiero traer a este recinto, señor presidente, no solo para homenajearlos como argentinos, sino para mostrar que es posible el camino a través del compromiso y la militancia, pero basado en el diálogo para que se realicen plenamente los derechos de las comunidades aborígenes. No es cierto que el único camino posible ellos lo han demostrado- para el reconocimiento de los derechos aborígenes sea el conflicto y la violencia. Con personas como Eulogio Frites y Jorge Pereda, entre 1994 y 1998, logramos enormes avances para el reconocimiento de los pueblos: consumamos la devolución de 2 millones de hectáreas, entre las que se encontraban verdaderos íconos como las 125.000 hectáreas de Finca Santiago, producto del histórico Malón de la Paz; la Finca San Andrés, en Orán; Pulmarí, en Neuquén; 250.000 hectáreas en Cushamen, Amaicha del Valle; La Leonesa, en Chaco; Colonia 25 de Mayo, en Misiones; tierras de la comunidad Ona en Tierra del Fuego. En el caso de Finca Santiago, fueron inscriptas a nombre del Consejo Coya, en forma comunitaria, inenajenable e inembargable, acompañado de un revolucionario programa de aportes del Estado para el funcionamiento de las comunidades. Todo ese proceso virtuoso se frenó cuando la mala política se metió en el diálogo y cuando el Estado como bien decían mis amigos y compañeros abandonó el trabajo que la ley le ordenaba. Por eso, señor presidente, la iniciativa que estamos votando es señal de un fracaso. Nos vemos obligados a prorrogar el ejercicio de un derecho que no ha sido consolidado. No podemos estar contentos. Pero se puede, señor presidente. Se puede porque tenemos una obligación. Hay nombres que nos duelen. Nos duele Santa Victoria, Bermejo, Ramón Lista y Matacos. Nos duele Villa Río Bermejito; nos duele Fortín Lavalle; nos duele La Sirena, El Colchón, El Espinillo, que son las muestras más terribles de la exclusión, del hambre y la imposibilidad de mejorar la vida para nuestros hermanos. Señor presidente: es posible. Hace muy poco tiempo, Fundapaz mostró el ejemplo de casos que se resolvieron mediante el diálogo entre las partes y el uso de tecnología de georreferenciamiento en el Chaco; comunidades originarias que llegaron a un acuerdo con habitantes criollos para distribuirse 640.000 hectáreas en el Chaco Salteño, 400.000 de las cuales fueron para setenta comunidades, y 243.000, para cuatrocientas sesenta familias. En Santiago del Estero, en el paraje 25, Garza, veintiuna familias resolvieron el problema y hoy son propietarias de 1.400 hectáreas; ello, a través del uso del mapa territorial participativo y la negociación entre los actores para llegar a soluciones duraderas y pacíficas, como lo quiere la mayoría de las comunidades. Sin embargo, esto no se podrá lograr, señor presidente, sin el compromiso de las provincias. Este es otro de los fracasos de estos años de la década perdida, en que las provincias tampoco hicieron el trabajo que debían hacer. Por eso, reconociendo que esta ley que vamos a prorrogar es un ejemplo de fracaso, tenemos que poner todo el esfuerzo posible. No lograremos hacer valer el derecho de los pueblos originarios con bombas molotov; no lo haremos desde el conflicto. Nadie desde la dirigencia de los pueblos originarios quiere la violencia, como quieren algunos delirantes, que, inclusive, han sido acompañados por miembros de ese espacio. Quiero cerrar este discurso manifestando la necesidad y el pedido de compromiso de las provincias para que provincias y comunidades se comprometan a desarrollar las actividades que manda la ley y que no han sido cumplidas en este tiempo. De otro modo, terminaremos en una guerra de pobres contra pobres o en una intervención de la peor política, que ha llevado a postergar el ejercicio de los derechos en aras del oportunismo de unos pocos. Podemos decir que nuestro voto de hoy no es la expresión de la resignación ante un fracaso, sino el inicio de un camino definitivo por la justicia. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Chubut, quien comparte su término con el señor diputado Darío Martínez.
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SR. , (): Señor presidente: casi sobre el límite de la fecha estamos tratando de llevar adelante esta sesión para poder prorrogar la ley 26.160. Celebro que estemos aquí discutiendo este tema, porque claramente hay que dotar de recursos a aquellos organismos que van a llevar adelante este relevamiento. Tenía pensado señalar algunas cuestiones, pero en función de lo que se dijo tan livianamente, le quiero advertir al oficialismo que está diciendo es una falacia total. Está claro que no se terminó con los relevamientos, ¿pero saben por qué? Porque hay que saber cómo hacerlos. La georreferenciación de cada una de las comunidades en territorio no es algo que se hace mágicamente, sino que participan los pueblos originarios, pero además tiene que hacerlo el INAI, como lo hicieron también en muchísimas provincias los ejecutivos provinciales. Por ejemplo, en la provincia del Chubut, entre los años 2012 y 2015, se entregaron más de diecinueve títulos de propiedad comunitaria, mientras que desde 2015 a 2017 ni uno solo se entregó. Entonces, hay que diferenciar en qué gestión se hizo y en cuál no. Ahora, no es solamente el reconocimiento de su territorio, sino también reconocer a los pueblos originarios como tales. Lamentablemente, a lo largo de este año hemos visto el maltrato, la presión y la vejación a los pueblos originarios. Recién escuchaba que se hablaba de diálogo, y la verdad que si hay algo que le faltó a este gobierno nacional con los pueblos originarios fue diálogo. Basta un ejemplo para entenderlo. Hace muchos años en la provincia de Entre Ríos se cortaba un puente internacional durante mucho tiempo; no hubo un solo empujón; se dialogó, se llegó a un acuerdo y el puente volvió a estar habilitado. En un corte en la ruta 40 por parte de siete integrantes de la comunidad mapuche se utilizaron cuatro escuadrones de Gendarmería para desalojarlos. Esa es la diferencia entre el gobierno que tiene diálogo y el que no lo tiene. Pongamos las cosas arriba de la mesa. Está claro que todos tenemos que estar de acuerdo en que esta ley se debe prorrogar, y ojalá sea por última vez. Pero además de eso, hay que cumplir con el artículo 75 de la Constitución Nacional, que manda respetar a los pueblos originarios como tales. La verdad es que esta sesión se podría haber realizado hace mucho tiempo. En noviembre de 2016, la Comisión de Población y Recursos Humanos ya había dictaminado y se podría haber llevado adelante esta sesión, pero el oficialismo puso trabas permanentemente. Además, de los ochenta y seis proyectos que existen para prorrogar esta ley, el oficialismo no presentó ni uno solo. Es más, hubiera sido muy sano que fuera el Poder Ejecutivo nacional quien mandara el proyecto de prórroga de la ley, porque debe ser una política de Estado. Entonces, obviamente vamos a acompañar esta prórroga, pero además vamos a solicitar que se dote de los recursos necesarios a las provincias y al organismo que va a llevar adelante el relevamiento territorial georreferencial para que esta sea la última vez que se prorrogue esta ley. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.
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SR. , (): Señor presidente: por supuesto, adelanto el acompañamiento a esta justa, aunque demorada, prórroga, demora que ha generado mucha angustia. Lo cierto es que, tal como indicó mi compañero de bloque, existe un mandato concreto en el artículo 75 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de todos los pueblos indígenas argentinos. En 2006, la Constitución de mi provincia ratificó ese reconocimiento, e incluso lo considera como parte de la identidad de la provincia de Neuquén. Por lo tanto, hay que hacer lo que establece nuestra Carta Magna, que es ese reconocimiento sobre el que hemos venido trabajando, pero no como una cuestión aislada, sino como un mecanismo complementario de otras normas que apuntan a evitar la extranjerización de nuestras tierras. Esto también hay que decirlo: son normas complementarias. Lo cierto es que en este último tiempo la realidad nos ha llenado de angustia. En lo personal puedo hablar de las comunidades que visité y de los lonko con los que conversé en Junín y en San Martín de los Andes de las comunidades Vera y Curruhuinca, con Julio Vera y Ariel Epulef, o en Aluminé con la comunidad Aigo, de Ruca Choroi. Las menciono como ejemplo, porque podría hablar de las cuarenta y cuatro comunidades que hay en mi provincia. Como dije, la realidad generó angustia, porque el plazo corría y no se avanzaba con los relevamientos. En este sentido, tengo que señalar que el oficialismo falta a la verdad cuando plantea por qué no se pudo avanzar. En febrero de 2016 se desarticularon los equipos técnicos que venían trabajando en el cumplimiento de las pautas que fija la ley de relevamiento. Esta es la razón por la cual no continuaron los relevamientos. Por ese motivo también estamos convencidos de que no alcanza con la prórroga de la norma si no dotamos de presupuesto a los equipos que tienen que trabajar, tal como ocurre en otras mesas interculturales, como la que funciona en San Martín de los Andes desde hace cuatro años, que es un ejemplo de trabajo en conjunto entre concejales, el Ejecutivo de la ciudad y las comunidades en pos de la solución de los problemas. Esta es la mejor manera de trabajar. Entonces, la decisión de no renovar los contratos de los profesionales que tienen que trabajar y de desarticular los equipos técnicos, no nos permite avanzar. Por eso digo que no alcanza con la prórroga de la ley. La prórroga hay que aprobarla, pero esa decisión tiene que venir acompañada de la correspondiente partida presupuestaria para que el relevamiento se lleve adelante y se les reconozca la tierra como corresponde. Esto lo quiero remarcar teniendo en cuenta que nos encontramos ante un gobierno que tuvo en su gabinete a un ministro como Esteban Bullrich que estando en la Patagonia dijo que hacía falta otra campaña del desierto. Este es un gobierno cuyos funcionarios dicen estas barbaridades y ni siquiera se ponen colorados, aunque lo dijo cerca del río Colorado. La verdad es que a nosotros nos preocupa mucho que un ministro de Educación piense que a la Patagonia le hace falta otra campaña del desierto. Creo que el desierto ya lo están generando, porque a partir de la decisión de quitar los beneficios impositivos a Tierra del Fuego, nos vamos a quedar con una provincia prendida fuego y desértica. También me quiero referir a la nueva medida del hoy ministro Aranguren –el que nos pone en el mundo-, que motivó este título en un matutino de mi provincia: “Vaca Muerta en medio de otro cruce entre el gobierno y las petroleras”. Luego, la nota señala: “El ministro de Energía dejó sin precio diferencial casi al 50 por ciento del gas que se saca en Neuquén”. Con este tipo de medidas él también nos va a dejar con una provincia desértica. Si eso es cumplir con lo que dijo el ex ministro de Educación, en el sentido de que quiere una nueva campaña al desierto, debo reconocer que lo están haciendo bien, porque esto va a generar caída en la producción, más telegramas de despidos de los que ya estamos teniendo y una profunda recesión. Estas cosas tengo que plantearlas, porque se están equivocando. Están generando una situación de crisis que de seguir así no tendrá límites. Lo que hizo Aranguren con la resolución 46 nos demuestra que no solo es experto en evasión y lavado administrando empresas offshore –que se constituyen con el objetivo de no pagar impuestos en el país-, con las que busca beneficiar a las compañías de las que ha sido accionista, sino también en perjudicar al pueblo argentino. Si analizamos el balance de Shell de este año veremos que ganó mucha plata mientras que YPF perdió demasiado. Este ministro está generando una zona desértica, que está prendida fuego por las malas políticas que se están llevando adelante. Ese no es el proyecto que queremos a la hora de discutir estas políticas o lo que espera este gobierno de una Patagonia que está siendo fuertemente castigada. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
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SRA. , (): Señor presidente: adelanto que los integrantes del interbloque del que formo parte vamos a votar afirmativamente el proyecto en consideración. Tal como se ha señalado, aspiramos a que ésta sea la última prórroga, es decir que se resuelva el problema antes de su próximo vencimiento y que en 2021 no tengamos que pensar en una nueva prórroga. Obviamente, algo no ha funcionado. Como esta es una ley de 2006, quiere decir que hace más de diez años que estamos en emergencia en torno a esta cuestión. Esto es increíble. ¿Qué pasó? ¿No alcanzaron diez años para hacer un relevamiento? Seguramente es una tarea compleja, pero no debe ser imposible ni mucho menos. Por otra parte, me permito plantear algunas reflexiones sobre ciertos temas. ¿Qué sucedió con el INAI? ¿La metodología no fue buena? Quizás esto se planteó de una forma que no fue la más adecuada ni conveniente o tal vez directamente no se hizo el trabajo. Digo esto porque estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas y de la obligación que tenemos de resolver el problema. Mientras el relevamiento no se hizo pasaron diez años durante los cuales los niños crecieron en el lugar en el que están; son diez años que la gente debió atravesar sin contar con las condiciones mínimas para vivir, sin agua, sin energía y sin salud. Además, ¿qué ocurre con el trabajo en esas regiones? ¿Cómo hacemos para generar trabajo a fin de que los jóvenes se puedan quedar a vivir? Por ahí se declaman muchas cosas, y está bien que las planteen, pero analicemos cosas concretas que ocurre a diario: ¿cómo se resuelven los problemas? ¿Qué programas se están aplicando? Seguramente alguno se debe estar aplicando, pero salta a la vista que no es suficiente. Es importante incluir este tema en la agenda de los gobernadores y del presidente Macri, porque cuando se habla de reducir el déficit fiscal y de los distintos programas, también hay que tener en cuenta la problemática de los pueblos indígenas y ver si las autoridades locales las están resolviendo. Mientras el tiempo pasa la situación se complica y da lugar a verdaderas injusticias que se padecen día a día. Recorremos el país y nos cuentan lo que sucede, que es muy triste, sabiendo que la solución no es difícil; es cuestión de tener voluntad. ¿En algún momento se han puesto a pensar qué hacen los jóvenes en esos lugares, si no tienen posibilidad de trabajar? ¿Cómo hace ese padre o madre para resolver el problema de un chico que quizás no estudia pero tampoco puede trabajar? Eso es lo que debemos analizar. Más allá de que hoy sancionemos esta prórroga, debemos considerar el tema de los pueblos indígenas en forma integral, sin intentar cambiar sino mejorar su vida. ¿Qué tratan primero quienes tienen que tomar decisiones? ¿Lo urgente o lo importante? ¿Por qué no se tratan los dos aspectos al mismo tiempo? Es muy urgente que resolvamos el tema de los pueblos indígenas en nuestro país, y es sumamente importante. En grandes ciudades como Buenos Aires viven miles de integrantes de los pueblos indígenas. ¿No creen que sería mejor que pudieran vivir en sus territorios con sus familias? Creo que esta tiene que ser la última prórroga, nos tiene que sobrar tiempo para hacer lo que hay que hacer. Tendrán que funcionar los controles y las auditorías para que las cosas se hagan. De lo contrario, en 2021 aquí se estará discutiendo nuevamente si se prorroga o no la emergencia. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
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SR. , (): Señor presidente: en el desarrollo y tratamiento de la prórroga de la ley 26.160, más allá de alguna opinión política que algunos han vertido, no puedo más que coincidir con quienes me han precedido en el uso de la palabra. Evidentemente, aprobaremos la prórroga solicitada. Quiero agregar algunas cuestiones mencionadas en los incisos 17 y 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que claramente establece cuáles son los derechos de las comunidades originarias. Aspiramos a que quienes estén aquí sentados en noviembre de 2021 no deban tratar una nueva prórroga. Para ello debemos observar qué pasó a partir de la sanción de la ley 26.160. En primer lugar, se estableció un presupuesto de 30 millones de pesos; en la primera prórroga se agregó otra cifra similar y en la siguiente ni siquiera se presupuestó. De acuerdo con algunos datos que hemos podido recoger incluso del Informe del jefe de Gabinete de Ministros realizado en el Senado, existirían 1.532 comunidades indígenas, 1.409 de las cuales se inscribieron en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y en organismos provinciales. Fueron relevadas 806 comunidades un 52,7 por ciento; 623 un 40,7 por ciento son comunidades con tierras de ocupación actual, tradicional y pública. De estas comunidades relevadas, poco más de la mitad ha logrado la resolución. Si en once años hemos logrado esto, a este ritmo necesitaríamos once años más para terminar de resolver este asunto. Me pregunto cuántas operaciones comerciales, inmobiliarias, compras de multinacionales o de grandes empresarios se habrán realizado en ese lapso, en tierras que puedan estar afectadas por sus verdaderos destinatarios, que son las comunidades, producto del relevamiento, mensura y legítima pertenencia. Por eso debemos tener cuidado y trabajar con celeridad. Algunos de nosotros hemos participado de reuniones conjuntas de comisiones, como la realizada el pasado 10 de octubre, en la que estuvieron presentes el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, la Organización de Pueblos Indígenas del NOA, la Pastoral Aborigen, el Parlamento Mapuche, la organización Tierra y Territorio Mapuche y representantes de las universidades. Todos coincidíamos en la necesidad de la prórroga de esta ley como una herramienta fundamental para que se pueda llegar al cumplimiento del verdadero objetivo, que es que las tierras estén en manos de aquellos a quienes pertenecen y se dé cumplimiento al artículo 75 de la Constitución Nacional y a la ley 26.160. Para ello no solo es necesario contar con el apoyo y voluntad política del gobierno nacional sino también de los gobiernos provinciales. Asimismo, es importante que desde aquí hagamos un permanente seguimiento de la aplicación de la norma en lugar de sorprendernos y apurarnos cuando se acerca un vencimiento y se corre el riesgo de perder derechos históricos, ancestrales y jurídicos. Busqué información sobre el desarrollo presupuestario del dinero que se dio al INAI como organismo de ejecución. En 2008, sobre un presupuesto de 22.100.000 pesos, se ejecutó el 98,5 por ciento. En 2009, sobre un presupuesto de 41.600.000 pesos, se ejecutó el 95 por ciento. Así fue evolucionando, pero me sorprende ver que, en 2015, sobre un presupuesto de 150 millones de pesos se ejecutó el 70 por ciento; en 2016, de 181 millones de pesos, el 51 por ciento, y en lo que va de 2017, de 148 millones de pesos, solo el 33,8 por ciento. Por lo tanto, tal vez no es un problema de recursos sino de voluntad y decisión política para llegar a la consecución final de la aplicación de la ley, que es el legítimo reconocimiento, a través del relevamiento, el estudio histórico, mensura y escritura. Recién en ese momento estaríamos cumpliendo con parte de lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que también dice: “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano...”, y agrega más adelante: “Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.” Asimismo, a través de la ley 24.071, el Congreso de la Nación aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Más allá de que nuestro bloque Justicialista acompañará esta prórroga por cuatro años más porque constituye una herramienta necesaria, solicitamos un seguimiento para conocer las proyecciones de avance que se espera alcanzar en los próximos años para la resolución definitiva de la propiedad comunitaria, ya que –como recién mencionaba suele estar atravesada por conflictos de intereses que muchas veces genera este reconocimiento frente a reclamos de tenedores privados, de los que mucho se ha hablado en los últimos tiempos. Reitero que nuestro bloque votará a favor de esta prórroga, pero también solicitamos que en las comisiones respectivas –en las que comprometemos nuestra presencia se realice un permanente seguimiento, y que periódicamente, cuando venga el jefe de Gabinete, también nos acompañe un informe con los porcentajes de resolución de estos temas en lo que hace al cumplimiento de la ley. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
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SRA. , (): Señor presidente: nuestro interbloque acompañará la prórroga de esta ley, pero quisiera señalar además algunos problemas vinculados con la temática. En la Argentina tenemos 32 pueblos indígenas y más de 1.500 comunidades. Esas comunidades, que se han autorreconocido como tales, conforman un colectivo de aproximadamente 2 millones de personas, la mayoría de las cuales paradójicamente viven en grandes urbes. Estos individuos pertenecientes a pueblos originarios, que son expulsados de sus territorios, se ven obligados a vivir en los márgenes de las grandes ciudades y son el resultado del modelo económico de “sojización” y del agronegocio, que continuamente empuja la frontera, desalojando a los pueblos indígenas de territorios que por derecho les pertenecen, según lo reconoce la Constitución Nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que la propiedad y posesión de las tierras por parte de los pueblos originarios no es solamente una cuestión económica sino fundamentalmente de tipo cultural, identitaria e incluso espiritual. Consideramos que el tema de los derechos de los pueblos originarios permanece invisible, pues estos tienen enormes dificultades para hacer escuchar su voz. Hemos visto cómo se aprovechó el caso de la desaparición de Maldonado para denigrar, desvalorizar e incluso sostener falacias que en definitiva vienen a trabar la lucha de los pueblos originarios. Se desconoce que realmente, cuando están pidiendo la propiedad de la tierra, lo que solicitan es su propiedad colectiva e inalienable. Esto es algo que no se dice; sin embargo, se insiste con la violencia de los pueblos originarios, cuando sabemos que en su inmensa mayoría sostienen una lucha pacífica y democrática. Justamente en las provincias donde más comunidades originarias existen es donde menos se ha avanzado. Podemos dar como ejemplo el caso de tres provincias; la primera es Formosa, que solamente tiene un 1 por ciento de relevamiento confirmado por el INAI, y después, Chaco y Neuquén, que tienen entre el 10 y el 11 por ciento. Es un deber nuestro, como sociedad, y específicamente para nosotros, como parlamentarios, prorrogar esta ley para proteger los derechos ancestrales de las comunidades originarias, pero como también han manifestado quienes me precedieron en el uso de la palabra, tenemos la obligación de apurar este proceso. El año pasado fue el bicentenario del Parlamento Sanmartiniano. En la actual ciudad de La Consulta, en el Valle de Uco, el general San Martín reunió a los pueblos pehuenches del sur de la provincia de Mendoza, reconociéndoles el estatuto de naciones. Ese día se considera como el de la fundación de la República Argentina como una nación pluricultural. Es importante también que sepamos, reconozcamos y admitamos que la autonomía de los pueblos originarios no es algo imposible de lograr, porque muchos países ya lo tienen. Es el caso de los Estados Unidos, cuyas comunidades originarias tienen autonomía, y lo mismo ocurre en México, especialmente en la región de Chiapas.
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SRA. , (): Para concluir, quiero decir que se considera que estamos entregando tierras cuando en realidad les pertenecen por derecho. Ahora bien, quisiera hacer una relación para comparar esta situación con la enajenación de tierras que se hizo al modificar el Código Civil, al pasar de 35 a 15 metros la extensión del camino de sirga, con lo que 200.000 hectáreas de las mejores tierras públicas de nuestro país pasaron a manos privadas sin ningún costo para sus propietarios terratenientes, muchos de los cuales son empresas extranjeras. Por eso, no solo tenemos la obligación de prorrogar esta ley sino, además, de lograr que finalmente se haga el relevamiento y se entregue la propiedad comunitaria e inalienable a nuestros pueblos originarios. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
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SRA. , (): Señora presidenta: hoy queremos recordar y homenajear a las diputadas –mandato cumplido- María Elena Barbagelata y Marta Maffei, que tanto trabajaron en 2005 para que esta ley fuera una realidad al año siguiente. Incluso recordamos la única audiencia pública previa a formular este proyecto de ley, llevada a cabo en dependencias del Congreso de la Nación con la presencia de todas las organizaciones de pueblos originarios. Mediante la iniciativa que consideramos estamos prorrogando la ley vigente por el no cumplimiento de sus normas por parte de quienes tenían la responsabilidad de hacerlo en el gobierno anterior, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias. Quiero aportar aquí las conclusiones del informe que en el año 2012 elaboró la Auditoría General de la Nación, porque justamente estamos disponiendo esta prórroga sobre la base de dicho informe. La Auditoría nos señala con claridad que hubo provincias -como Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Chubut- que no presentaron ningún informe. Además, no hubo ningún mecanismo de control por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que sin embargo firmó convenios con otras instituciones, como la Fundación Argeninta o con la Universidad Nacional de Lanús, a la que le fue transferida la suma de 11.689.798 pesos entre septiembre de 2009 y noviembre de 2010. Al momento del informe elaborado por la Auditoría General de la Nación, la mencionada universidad solamente había rendido el 27 por ciento de esas transferencias. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tenía la potestad para hacer cumplir una ley sancionada en este Congreso de la Nación y de transformarla en una política pública que representara los derechos de las comunidades. Sin embargo, según la AGN, para el ejercicio de este derecho “el INAI no cuenta con un sistema de información, a nivel gerencial, que permita identificar los grados de avance” de política pública, agregando que se carece de respaldos documentales técnicos y/o estadísticos para hacer una evaluación presupuestaria tendiente a dar cumplimiento a los objetivos de la ley. De manera que no estamos prorrogando esta ley por casualidad, sino porque el Estado y específicamente los funcionarios públicos encargados de hacerla cumplir y de transformarla en un derecho -tal cual rezan no solo la Constitución Nacional sino también disposiciones de diversos organismos internacionales-, no lo hicieron. El dinero ha quedado en el camino y no ha llegado a las comunidades indígenas. En 2007, cuando el Frente Progresista asume el gobierno de Santa Fe, se autorreconocen sesenta comunidades indígenas, pertenecientes a los pueblos qom, mocoví, coronda, collac, mapuches, olongastas y diaguitas. El convenio que firmó la provincia de Santa Fe, decía: “El principio de autodeterminación es un derecho humano colectivo; del derecho de la existencia se desprende el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno.” En 2012 se formaliza un convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, ejecutándose el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras. A la fecha, hay treinta y siete comunidades relevadas sobre un total de 43.344,85 hectáreas relevadas y diecinueve carpetas entregadas, que contienen un Informe Histórico Antropológico que da cuenta de la historia de los procesos que determinaron la situación territorial actual de cada comunidad y un dictamen jurídico que incluye el estudio de todos los títulos relevados y el desarrollo de las estrategias jurídicas correspondientes a la condición dominial que ostente dicho territorio demarcado, tendiente a la efectiva instrumentación del reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitaria. Señor presidente: solicito autorización para insertar parte de mi discurso en el Diario de Sesiones, porque queremos dejar constancia del informe de las situaciones comunitarias originarias de la provincia de Santa Fe, en total cumplimiento de lo prescripto por la Constitución Nacional y las normas internacionales de la OIT, que establecen que corresponde a los funcionarios públicos rendir cuentas de nuestros actos y de los dineros que hemos recibido. De manera que hoy votaremos esta norma afirmativamente, esperando que en esta prórroga definitiva el Estado nacional y los estados provinciales cumplan con sus objetivos. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra la señora diputada por Río Negro.
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SRA. , (): Señora presidenta: al igual que la diputada preopinante, también solicito autorización para insertar parte de mi discurso en el Diario de Sesiones. Luego de escuchar a los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, quiero hacer hincapié en otros temas distintos de los que pensaba plantear hoy. En esta ocasión me toca hablar en nombre del bloque del Peronismo para la Victoria, pero lo hago con el sentimiento de que en estas bancas están faltando las voces de los protagonistas de lo que estamos discutiendo. Hubiera querido que esta discusión la encabezaran los dirigentes de los pueblos originarios, de sus organizaciones, de sus comunidades. Esa voz es irremplazable. Todos nosotros estamos haciendo interpretaciones de nuestra Constitución, pero con la ausencia expresa de aquellos sobre los que estamos legislando. No voy a referir toda la raigambre constitucional que tiene esta norma. Hoy prorrogamos una emergencia, que suspende los desalojos y ordena un relevamiento. Lo hacemos porque, de lo contrario, se armaría tal hecatombe que no habría quién pudiera sostener el desparramo, porque en la Corte hay cientos de desalojos con sentencia firme que están suspendidos por esta ley. También quiero aclarar lo siguiente: todos sabíamos que esta prórroga se vencía, pero había alguien responsable de impedir llegar hasta este último momento: el organismo que la propia ley y el Estado crean para velar por las garantías de los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, el INAI no solamente no pidió esta prórroga, sino que no contestó a ninguno de los pedidos de informes que se le hicieron; no emitió opinión aunque se la pedimos expresamente sobre esta prórroga y los proyectos de titularidad comunitaria. Silenciosa y pasivamente dejó pasar el momento hasta que ocurrió la movilización que todos conocemos, con la presencia de los pueblos y organizaciones en las calles y en este Congreso. No quiero decir que la ley 26.160 sea poca cosa; por el contrario, es mucha cosa. Provengo de una provincia donde se ha relevado el 50 por ciento del territorio, una provincia que tiene un parlamento mapuchetehuelche organizado y con el control y seguimiento del proceso de relevamiento. No es casual que sea yo la vocera de mi bloque para trabajar en estos aspectos, porque es la presencia de estas luchas la que ha permitido que hoy no solamente votemos este tema, sino que además lo hagamos por cuatro años. Además, mientras nosotros discutimos e interpretamos la Constitución, las luchas de los pueblos continúan, y continúa el avasallamiento y la violencia sobre ellos. También continúa la falta de eco en la Justicia. Acá dejaremos de votar prórroga tras prórroga cuando tomemos la decisión de discutir el tema de fondo, tal cual lo plantea nuestra Constitución Nacional. Reconocer la preexistencia significa reconocer que con anterioridad a la fundación del Estado nacional hubo existencia de pueblos; significa reconocer sus etnias, sus culturas, su lengua y sus tierras además de dotarlos de actas insuficientes. Esta es una deuda histórica de este Congreso. No es de ahora, de los últimos dos años, o de los últimos doce o catorce años, sino que tiene continuidad desde hace muchísimo tiempo. El Congreso aprobó la entrega de 4 millones de hectáreas en el año 1882. ¡Miren qué rápido lo hizo! Este Parlamento avaló todas las consecuencias de entrega de tierras que tuvo lo que denominaron Conquista del Desierto. Me quiero referir un minuto a este tema. Por más que hoy aprobemos esta prórroga por cuatro años y demos celeridad al tratamiento de la titularidad comunitaria, si no somos capaces de revisar lo que se dio en llamar Conquista del Desierto un verdadero genocidio, que todavía continúa en forma de discriminación, arrinconamiento, empobrecimiento y desconocimiento de los pueblos originarios, estaremos simplemente poniendo un parche para taparnos la conciencia y para tapar la respuesta a la movilización popular. Nuestro pedido entonces –el fondo de esta discusión es que avancemos hacia la construcción del Estado multicultural, multinacional y plurinacional que reza nuestra Constitución, pero para ello debemos ponernos de acuerdo en qué es lo que ha pasado en este país y cómo ponerle un freno para lograr que en estas bancas vengan a defender sus derechos quienes hoy son los terceros de los cuales hablamos. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
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SRA. , (): Señora presidenta: en nombre del bloque Compromiso Federal adelanto que votaremos a favor del proyecto de ley de prórroga de la emergencia de la propiedad comunitaria indígena. Coincido en que en un momento determinado la iniciativa destacó la situación de emergencia. No existe explicación alguna para que el Estado no se haya hecho cargo de lo que corresponde respecto de las comunidades originarias. Tal como han expresado otros diputados, mi deseo y obligación es que no esperemos a que vuelva a vencer para tratar nuevamente el tema. La provincia de San Luis es pionera en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Allá por el año 2000 esto dejó de ser un discurso y así fue como los pueblos originarios se incluyeron dentro de las políticas públicas del Estado. A tal efecto, se hizo un relevamiento. Nosotros tenemos comunidades descendientes de los pueblos ranquel –víctima de la Conquista del Desierto- y huarpe. Oportunamente, se sancionó una ley que reconoce todos los derechos constitucionales establecidos en el artículo 75 de la Constitución Nacional y se trató el asunto como una emergencia, dando prioridad, en primer lugar, a las tierras. Recordemos que las tierras que tienen estas comunidades les fueron cedidas y están contenidas en el registro de propiedad de San Luis a nombre de las naciones ranquel y huarpe, reconociendo que se trata de habitantes preexistentes a la colonización española y que fueron despojados de lo que les pertenecía. El diputado Wolff recién habló de la extranjerización de los judíos. Lo mismo ocurrió con las comunidades originarias, pero todos los gobiernos han mirado para otro lado. Por lo tanto, debemos ir a las acciones. En la provincia de San Luis, en pos de buscar y respetar la manera de organizarse, se entendió que se trata no solo de ceder las tierras sino también de facilitar los recursos económicos para que ellos se establezcan y sean autónomos. El estatus que se dio en primer lugar a la nación ranquel fue similar al de un municipio con personería jurídica. Después, tuvieron sustentabilidad económica y así volvieron a sus costumbres, a las actividades de cría de ganado, cultivos y a todo lo que ellos sabían hacer. Tuvieron que recuperar muchas cosas porque habían estado extranjerizados por el hombre blanco. Por lo tanto, se los ayudó para lograr esa organización. Ellos tienen casi 7.000 hectáreas donde crían ganado, alambran, hacen trabajos de cuero, etcétera. Se les construyó viviendas sociales dignas, como tiene el resto de los puntanos, pero con las características arquitectónicas propias de los pueblos originarios. También cuentan en el lugar con un hospital y una escuela con enseñanza bilingüe. Como no se los puede aislar de lo que hoy es el mundo globalizado, disponen de acceso a nuevas tecnologías. No creo que sea difícil para el Estado nacional, en primer término, realizar acciones y ceder definitivamente las tierras a quienes les pertenecen, y en segundo lugar, brindarles herramientas pertinentes. Se habla de un presupuesto que ni siquiera se ha ejecutado; pero es necesario –reitero- implementar las herramientas que les permitan desarrollarse. Advertimos que siempre que no se reconoce un derecho y se lo trata de ocultar, primero, empieza una protesta o un diálogo pacífico y, después, se genera una situación de violencia, como la que ocurrió en el Sur con la muerte de Santiago Maldonado. No podemos permitir que pase más tiempo. Como ya opinaron otros diputados, los pueblos originarios deben tener representatividad en los poderes ejecutivos municipales, provinciales y nacionales. En la provincia de San Luis han tenido representación no solo en la legislatura sino también en el programa de turismo y cultura. Por todo lo expuesto, vamos a acompañar este proyecto de ley. Solo resta decir que no podemos seguir haciéndonos los distraídos. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
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SR. , (): Señora presidenta: la prórroga de la ley 26.160 que vamos a sancionar hoy, sin duda, es una conquista de los pueblos originarios que habitan en la Argentina. Es una conquista de ellos, que se han movilizado en las calles, en las provincias, e incluso han venido al Congreso en más de una oportunidad a traer este reclamo a fin de lograr la prórroga de la norma que los protege contra los desalojos, uno de los aspectos fundamentales de la iniciativa. Esta conquista tiene un valor adicional porque ha sido arrancada en medio de un avance del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, de los grupos empresarios, de las mineras, de las petroleras, de los grupos terratenientes que quieren quedarse con los territorios de los pueblos originarios. Esta avanzada ha involucrado un proceso represivo, una estigmatización, una acusación que hasta los que hoy dicen defender esta prórroga han seguido planteando en el recinto. Históricamente, la violencia contra los pueblos originarios siempre provino del Estado. Recientemente, hemos tenido una brutal represión contra el pueblo mapuche, que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, por quien seguiremos exigiendo justicia en las calles. Todavía está preso Facundo Jones Huala en la provincia del Chubut. Hace poco fue liberado, justamente por la lucha de los pueblos originarios, Agustín Santillán, en la provincia de Formosa, jurisdicción emblemática por los atropellos del gobierno cometidos contra dichas comunidades. En Salta también vivimos esta situación. A pesar de la vigencia de la ley 26.160, hubo desalojos y un intento del gobernador Urtubey de pedir un juicio político a una fiscal por no haber desalojado más rápidamente a una comunidad originaria. Me refiero a un gobernador que ha prometido a la sociedad rural salteña que se acabarían las leyes de prórroga que impiden los negocios de los grupos terratenientes. Hay un Estado que actúa a favor de los grupos empresarios y en contra del conjunto del pueblo, particularmente, de los pueblos originarios. Quiero recordar el caso de Daniel Solano, de la comunidad guaraní Misión Cherenta, de Salta. Esta semana se cumplieron cinco años de su desaparición, cuando reclamaba mejores condiciones de trabajo en la empresa Expofrut, en la provincia de Río Negro, cuyo director será nombrado como diplomático por este gobierno. Estos son los intereses sociales que hay detrás del atropello de las comunidades originarias. Es importante sancionar este proyecto de ley porque establece un amparo y permite ganar tiempo a las comunidades y a los pueblos originarios para luchar por sus reivindicaciones, por el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, y para que sus hijos no se mueran por desnutrición, como ocurre en los departamentos de la provincia de Salta que mayor riqueza producen para los grupos empresarios. Los pueblos originarios, al igual que todos los argentinos, son víctimas del saqueo del país que están llevando a cabo estos grupos empresarios. Los intereses económicos que quieren apropiarse de los territorios de los pueblos originarios son los mismos intereses económicos y sociales que vienen por la reforma laboral, jubilatoria e impositiva a fin de aplastar a la clase obrera y al pueblo argentino imponiéndoles un brutal ajuste. Esta conquista de los pueblos originarios debe ayudar a la unidad de estos pueblos con el conjunto de la clase obrera para luchar por un gobierno de los trabajadores que dé una respuesta definitiva y acabe con todas las formas de explotación y de discriminación que sufren los pueblos originarios, el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo argentino. Por estos motivos, acompañamos el dictamen por el que se solicita la prórroga de la vigencia de la ley 26.160. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
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SR. , (): Señora presidenta: el bloque de la Izquierda Socialista–Frente de Izquierda acompaña la prórroga de la vigencia de la ley 26.160 a fin de dar cumplimiento al ciento por ciento del relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, y para que se frenen los desalojos. Esta sesión que se está llevando adelante para considerar, entre otras cosas, la prórroga de la mencionada norma es fruto de la lucha y de las movilizaciones. Están jugando con la necesidad de los pueblos originarios porque el 23 de noviembre caduca la vigencia de la citada ley. Debemos estar alertas a fin de que antes del 23 de noviembre se concrete la mencionada prórroga. Apoyamos las marchas y las audiencias. En el día de hoy hay una marcha de los pueblos originarios frente al Congreso en reclamo por estas cuestiones. Ahora, quiero saber por qué se prorroga una ley vigente desde hace once años. ¿Por qué no se cumplió con lo que dice la ley? ¿Por qué se ha cumplido parcialmente con lo que ella indica y solo se ha avanzado con el relevamiento del 30 por ciento de las mil quinientas comunidades? Es una vergüenza que después de once años se esté jugando con la necesidad de los pueblos originarios y solamente se haya avanzado en el 30 por ciento de las comunidades. La responsabilidad política es del gobierno kirchnerista, de los gobernadores y del gobierno actual de Macri. ¿Por qué no se avanzó? ¿Los pueblos originarios no querían avanzar? ¿No se avanzó porque algunos pueblos originarios supuestamente eran violentos y otros, dialoguistas? Evidentemente, los pueblos originarios que vienen solicitando la realización del relevamiento no se oponen al relevamiento. Lo que no se ha dicho es que todos los gobiernos han sido cómplices de Benetton, de Lewis, de las petroleras, mineras y forestales, de la Sociedad Rural, de los que usan la tierra para negocios inmobiliarios y no para los pueblos originarios, y del “meganegocio” del turismo de la Patagonia. Por ello, no se ocuparon de hacer el relevamiento correspondiente. Repudiamos a los diputados del bloque de Cambiemos que dicen que se avanzó en los lugares en donde hubo diálogo. Esto es mentira. ¿Cuál es el diálogo?
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SR. , (): Señor diputado Amadeo: ¿por qué motivo Noceti llamó a expulsar al pueblo mapuche para defender los intereses de Benetton?
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SRA. PRESIDENTA , (): La Presidencia solicita a los señores diputados que no dialoguen entre sí.
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SR. , (): ¡Caraduras! ¡Patricia Bullrich ha denunciado a los mapuches por terroristas porque luchan contra Benetton! ¡Pichetto: racista y xenófobo porque dice que no hay tierra sagrada! La tierra sagrada, para Pichetto, es la de Benetton y los oligarcas de la Patagonia. ¡Esa es la tierra sagrada para ustedes! ¡Caraduras!
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SR. , (): El problema de fondo no se soluciona con esta norma, porque el 92 por ciento de los pueblos originarios no tiene propiedad comunitaria, y esto no data de once años sino de veintitrés, cuando la Constitución Nacional que votaron el PJ, la UCR y la Coalición Cívica no dio las tierras a estos pueblos a pesar de reconocer su posesión y propiedad comunitaria. ¡Han pasado veintitrés años desde que ocurrió esto! ¡Caraduras! Tal como manifestara una señora diputada hace unos instantes, esta situación viene de la Conquista del Desierto –a fines del siglo XIX-, cuando entregaron gratuitamente 40 millones de hectáreas a los latifundistas. Benetton compró la hectárea a 50 dólares, a una empresa inglesa a quien se las regaló el Estado nacional, o sea los gobiernos. Pasaron más de ciento veinte años desde que sucedió esto. ¿El gobierno de Yrigoyen nada hizo contra los latifundios? ¿Tampoco el gobierno de Perón, del 45... no hablo del kirchnerista, ni del peronista de la década del 70... tocó las tierras a los latifundios? ¿Por qué no hicieron la reforma agraria en ese momento? Si se hubiese adoptado esa política no estaríamos hablando de estas cosas. Vamos a votar afirmativamente por la prórroga de la ley 26.160 a fin de que cese el hostigamiento y la persecución, para que la tierra se la den a los pueblos originarios y para que se la saquemos a Benetton y a los terratenientes. Esa es la política que va a permitir impartir justicia por Santiago Maldonado y castigar a los culpables materiales y políticos que ordenaron la represión y la cacería por parte de la Gendarmería, que terminó con su muerte. Dar libertad a Facundo Jones Huala y lograr la unidad de los trabajadores y los sectores populares para apoyar la lucha de los pueblos originarios es el compromiso del bloque Frente de Izquierda Socialista–Frente de Izquierda. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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SRA. , (): Señora presidenta: quiero hacer algunas reflexiones porque está en escenario no solamente el derecho constitucional de los pueblos originarios y el derecho reconocido en los organismos internacionales, como el Convenio 169 de la UNESCO, sino también un problema cultural e ideológico que, de forma sutil o grosera, se está aplicando históricamente alrededor de estos temas. Me refiero a la teoría del Lebensraum, o teoría de espacio vital, formulada por Friedrich Ratzel a fines del siglo XIX, que habla del derecho de las razas superiores de apropiarse de los territorios y los recursos de las razas inferiores para desarrollar en ellas la civilización o cubrir sus necesidades y aspiraciones. Como todos sabemos, esta teoría del Lebensraum fue incorporada por Adolf Hitler en su libro Mein Kampf, base de su expansión hacia el Este para dominar a los pueblos eslavos considerados inferiores por los germanos. Esta idea de razas superiores e inferiores y del derecho de las primeras a apropiarse de los recursos y los territorios de las razas inferiores es un rasgo de la cultura occidental dominante que predominó durante siglos; es la base y el fundamento de los dominios coloniales, de la esclavitud, de los genocidios de los pueblos originarios en América Latina también en Asia y África, y se manifiesta casi con naturalidad. Fíjense que la Revolución Francesa, de 1789, hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, pero esto solo aplicaba para los europeos blancos porque no correspondía a los esclavos negros de Haití ni a casi el 75 por ciento de la población mundial, por supuesto, que fue sometida al dominio colonial o neocolonial. De alguna manera eso es lo que figura en la Constitución de Estados Unidos de 1781, que muchas veces se toma como ejemplo. Me refiero a que los hombres son libres, iguales, propietarios, representativos, republicanos y federales; pero los negros son esclavos y a los indígenas hay que masacrarlos. Lamentablemente, ese pensamiento sigue existiendo sutil o groseramente en los Lewis, los Benetton, los Tompkins, los Turner, los Soros, las petroleras, las mineras y las plantadoras de soja o pinos, que consideran que esos territorios les pertenecen. En el caso de Corrientes, el grupo Tompkins se apropió de los Esteros del Iberá. Asimismo, hay otras compañías como la Universidad de Harvard y el Oakland Institute, respaldadas por empresas supuestamente nacionales como es el caso de Empresas Verdes Argentinas o Las Misiones Sociedad Anónima, en las que figuran nombres tales como Mariano Grondona o Martínez de Hoz, que controlan 87.000 hectáreas, plantan pinos y devastan los bosques nativos, los pastizales y la biodiversidad. En el caso de Rincón del Socorro, en Corrientes, propiedad de Tompkins, se expulsó a las comunidades guaraníes profanando y eliminando cementerios ancestrales. En verdad, los restos encontrados actualmente son exhibidos en el museo Concepción de Yaguareté Corá. Este es el mismo tipo de agresión realizada a los wichis en la zona de Tartagal, justamente en la finca El Yuto, de 20.000 hectáreas, donde también se arrasaron los bosques nativos. Exactamente lo mismo ocurrió en otros sectores del Chaco destinados a la siembra de soja, pinos, etcétera. Por otra parte, Joe Lewis se apropió de Lago Escondido anulando el derecho de los pueblos originarios argentinos y de los argentinos no originarios a acercarse a la zona. Los únicos que pueden lograrlo son los miembros de las razas superiores, como el presidente, Macri, y su amigo. Pasando al acoso a los mapuches de parte del señor Benetton, ese accionar se reitera a lo largo del tiempo. Como consecuencia de la problemática de los mapuches y la muerte de Santiago Maldonado, la ministra Bullrich dijo que querían tener un país independiente, dando muestras de gran ignorancia y mala fe. La paradoja es que hablar de “nación mapuche” refleja el reclamo del derecho de desplegarse en sus propios territorios y las cosmovisiones que los caracterizan, entre otras, la relación con la naturaleza, que debe ser armónica y no depredadora. Ellos son criticados por los civilizados porque no quieren fracking ni minería a cielo abierto ni soja transgénica. Los pueblos originarios coinciden con los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud considera que el glifosato es cancerígeno y genera malformaciones. La FAO determina que hay que volver a tener granos, frutas y verduras orgánicos. El Parlamento Europeo prohíbe la minería a cielo abierto porque tiene consecuencias catastróficas e irreversibles. Por lo expuesto, los pueblos supuestamente atrasados son los que conservan las formas más avanzadas de cuidado de la naturaleza y del medioambiente, tal como está planteado en el artículo 41 de la Constitución. En este sentido, tenemos que revertir la mentalidad colonizada de muchos sectores gobernantes. Los bosques de Sherwood, donde estuvo Robin Hood en el siglo XV, están intactos; sin embargo, los bosques chaqueños fueron arrasados por la empresa inglesa La Forestal. Lo mismo sucede con la “megaminería”. En Europa, protegen los Alpes y los Pirineos mientras acá destrozan la cordillera de los Andes y el Acuífero Guaraní corre peligro de contaminación. Quiero finalizar señalado que la sanción de esta norma significa un paso más en el reconocimiento de esos derechos. De todos modos, hay que ser muy duros y poner freno sistemático y contundente a los cómplices de la teoría del Lebensraum, que pretenden arrasar con esos derechos, tal como vienen haciéndolo en los últimos siglos.
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
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SRA. , (): Señora presidenta: acompañamos la prórroga que estamos debatiendo, ya que hemos presentado un proyecto solicitándola. Escuché al señor diputado Lipovetzky presentar un informe ajustado a la Constitución reconociendo el derecho de los pueblos originarios a las tierras. Sin embargo, su alocución fue bastante demagógica porque durante el último tiempo el gobierno intentó evitar por todos los medios que la ley se prorrogara. Así, llegamos al límite de los doce días debatiendo recién ahora el tema en esta Cámara. El gobierno votó en contra de los diecisiete proyectos propuestos en diferentes momentos para comenzar el tratamiento legislativo de este proyecto de ley. El gobierno intentó entorpecer la discusión en el Senado planteando la prórroga solamente por dos años. El gobierno incumplió la ley que ahora estamos prorrogando. Como dijeron varios diputados preopinantes, a pesar de haber miles de desalojos suspendidos esta ley es la gran conquista de los pueblos originarios que pelean incansablemente desde hace años para que no solo este gobierno sino también el anterior les reconozcan sus derechos. Esto mismo sucedió con los qom en Formosa. A pesar de los desalojos suspendidos por la vía de los hechos, el gobierno avanzó con desalojos violentos no solo en la Patagonia y puntualmente en Esquel, sino también en Vaca Muerta, en el Norte, en Río Negro y diversos lugares del país. En esta sesión estamos discutiendo la prórroga frente a una crisis nacional de la que el gobierno no termina de hacerse cargo. Sin embargo, desde el Frente de Izquierda tenemos un compromiso porque miles de ciudadanos quieren terminar de dilucidar qué paso después del brutal operativo ordenado por Bullrich y Noceti, en el que desapareció Santiago Maldonado, a quien luego encontraron muerto. Esa gran crisis nacional puso a la luz esta otra que evidencia la necesidad de prorrogar la ley. Me refiero a las terribles represiones a los pueblos originarios. En su momento, la ministra Bullrich, a quien llamamos para que diera explicaciones sobre el brutal operativo que terminó con el crimen de Santiago Maldonado, dijo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana. Como pudo verse, Santiago se solidarizaba con los pueblos originarios, cuyo principal enemigo, como señalaron varios señores diputados, son los grandes terratenientes y empresarios que quieren lucrar con las tierras de nuestro país y la Patagonia colonizada dejando en manos de Benetton casi un millón de hectáreas. También Lewis, amigo del presidente, tiene más hectáreas. Y está el caso de las mineras, las petroleras, los empresarios del campo y la frontera de la soja. Como sabemos, los empresarios son amparados por el poder político y acompañados por el brazo armado del Estado. Así ocurrieron represiones brutales que terminaron con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. A pesar de estar hoy el gobierno prorrogando la ley porque no puede seguir sin reconocer la demanda extendida por todo el país, premió a los empresarios del campo. Etchevehere, expresidente de la Sociedad Rural Argentina, es uno de los que más insistió, junto con Noceti, en acabar con los que ellos llamaban “terroristas mapuches” de Esquel. Esta situación terminó como todos conocemos. Luego, el gobierno consolidó la alianza con los sectores concentrados del campo premiando a Etchevehere con el Ministerio de Agroindustria. Es fácil imaginar qué políticas tendrá este funcionario que, al igual que otros, está en ambos lados del mostrador. Queremos alertar que con Etchevehere a la cabeza de la política de agroindustria probablemente los pueblos originarios tengan que profundizar su pelea para conquistar el derecho inalienable a la tierra, que reconoce la Constitución, como ya han señalado todos. Además –tal como hemos venido planteando, queremos proponer que este debate no quede solo en la prórroga de esta ley, sino que también avance en el de la ley de tierra comunitaria reconociendo el derecho inalienable a ella y otorgando los títulos de propiedad a los pueblos originarios. En unidad con los sectores populares y de los trabajadores, no solo debemos pelear para que sean titulares de su tierra sino también para que tengan una vida digna y no pasen a engrosar las estadísticas de pobreza y desnutrición, y dispongan de acceso a la salud y al trabajo digno. La pelea continúa. Desde el Frente de Izquierda asumimos el compromiso de acompañar esta demanda de los pueblos originarios y de no bajar los brazos en el pedido de justicia por Santiago Maldonado, para que paguen todos los responsables políticos y materiales de su crimen. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Con la intervención de la señora diputada finalizaron los términos asignados a los bloques. A continuación, comenzaremos con las intervenciones individuales. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
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SR. , (): Señora presidenta: en primer lugar, como miembro del interbloque Cambiemos, quisiera aclarar –porque se ha hecho una mención errónea por parte del diputado Igón, de la provincia del Chubut que con el acompañamiento del señor diputado Martín Hernández hemos sido autores de un proyecto de prórroga. Por lo tanto, es falso e inexacto que por parte del interbloque Cambiemos no hubo proyecto alguno en este sentido. Aclarado este tema, voy al punto en cuestión. Aquí se han citado muchos antecedentes, fundamentalmente nuestro mandato constitucional, los instrumentos internacionales que hemos suscrito como Nación -los convenios 169 y 107 de la OIT- y distintos compromisos desde el punto de vista internacional en materia de derechos humanos. Por supuesto, hemos avanzado en el camino de la discusión en este ámbito, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, pero tenemos una deuda de carácter permanente respecto de la problemática de los pueblos originarios. Muestra acabada de ello es que estemos tratando por tercera vez la prórroga de un instrumento legal que evidentemente, más allá de que sea perfectible, habla de que ha tenido en el tiempo una deficiente aplicación. De lo contrario, no estaríamos prorrogando nuevamente la ley 26.160. En función de dejar salvada la situación de nuestro interbloque –usted, presidenta, también ha sido firmante de muchos proyectos como miembro del interbloque Cambiemos, quiero decir que no hubo ajenidad alguna respecto de la temática de los pueblos originarios por parte de Cambiemos. Creíamos y creemos que más allá de la aplicación correcta de esta ley en el futuro, van a seguir quedando deudas concretas y reales que tendrán que ser abordadas mediante nuevos instrumentos que deberemos discutir aquí. ¿Qué obtendremos como producto de la aplicación de esta ley? Contaremos con un relevamiento de las comunidades y del espacio que ocupan en términos territoriales, pero no mucho más que eso: tendremos unas mil quinientas carpetas, en función de la identificación de mil quinientas comunidades, de las cuales –como bien se dijo aquí fueron relevadas aproximadamente el 45 por ciento. Existen informes con carácter definitivo de algo así como un tercio del total de esas comunidades. En definitiva, de la aplicación correcta de esta ley –respecto de la cual estamos todos de acuerdo y creo que tendrá un amplio apoyo el día de hoy, solamente tendremos carpetas con un relevamiento de comunidades; aunque ello no es poca cosa, suena a poco en algún punto. Entonces, tendremos una deuda que encarar y, para ello, deberemos considerar muchas otras cuestiones. Digo esto porque al finalizar estos cuatro años tendremos que avanzar en forma definitiva y concreta en materia de propiedad comunitaria y en el otorgamiento efectivo de estas porciones de territorio a los pueblos originarios de las distintas partes de nuestro país. Del análisis de cien carpetas que hace la AGN que bien se citó aquí, surge que el 92 por ciento de estas diferentes comunidades indígenas del país no posee hoy título comunitario alguno y que el 84 por ciento no tiene título individual de la tierra que ocupa. Esto, nada más que respecto de cien carpetas analizadas. En consecuencia, a pesar de cumplir con esta ley, en función de la manda constitucional del artículo 75, la deuda continuará. Por otra parte, dado que aquí se habló del informe de la AGN, que abarca el período comprendido entre 2010 y 2015, debemos mencionar las recomendaciones que dicho órgano formula en esta materia. La primera de ellas es que frente a la vulnerabilidad de los pueblos originarios el Congreso de la Nación prorrogue nuevamente la ley. Hace esta recomendación sobre la base de una profunda crítica respecto de lo que ha ocurrido todo este tiempo. Asimismo, la AGN recomienda arbitrar los medios necesarios e instar a la reglamentación de la propiedad comunitaria de la tierra. Esta es una deuda que tenemos y de la que hablé recientemente. Otra recomendación consiste en dotar al INAI de los recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes para el cumplimiento de la tarea que se recomienda a través de esta ley. En este sentido, la AGN advierte que el INAI, dada su actual estructura, sin el concurso de organismos técnicos, universidades u otras instituciones que tengan equipos técnicos multidisciplinarios difícilmente, dentro de cuatro años, llegará al cometido de tener todos estos estudios realizados. Cabe señalar que aquí no se trata solo de una cuestión de presupuesto, sino que también hacen falta antropólogos, arqueólogos y distintos equipos multidisciplinarios que trabajen en el territorio asistiendo al INAI. A este respecto, la AGN también recomienda descentralizar la organización del INAI y generar delegaciones regionales para cumplir con los particularismos regionales en los que tienen asiento todos los pueblos originarios y las comunidades detectadas y relevadas. Asimismo, recomienda diseñar e implementar una política federal que haga efectivo el reconocimiento de los derechos de posesión y propiedad comunitaria de las tierras a las comunidades y pueblos indígenas; promover una nueva prórroga –esto es lo que decía al principio de la ley 26.160; dotar al Consejo de Participación Indígena –que actualmente preside Félix Díaz con una secretaría permanente y una infraestructura similar para un funcionamiento eficaz, y dotar de presupuesto propio a ese consejo; planificar y coordinar acciones con otros organismos nacionales y provinciales para promover el desarrollo económico, pero como bien se dijo aquí, sin el concurso de las provincias es inviable pensar en tener esto resuelto dentro de cuatro años; realizar un diagnóstico de situación sociocomunitaria y, lo que es muy importante, teniendo en cuenta el procesamiento de la información obtenida de estas carpetas técnicas, analizar el programa de relevamiento territorial y del censo a fin de identificar respuestas a las necesidades de las comunidades. Como conclusión, diría que existió durante todo este tiempo una brecha significativa entre el marco legal y de aplicación de la ley, lo cual fundamentalmente se debió a que hubo mucha “sarasa” en el tema de la política de los pueblos originarios en el período anterior y que concluyó, en alguna medida, con algunos de los relevamientos. Sin embargo, existió un intento de apropiación política de una causa que debería ser de todos, en el marco de una política de Estado que no reconozca fronteras político partidarias. Como ese intento de apropiación por parte de un sector existió en el anterior período, tenemos que tratar de avanzar todos juntos a fin de dar respuestas y, fundamentalmente, resolver esa brecha para que en esta extensión de la ley se dé un correlato serio con su aplicación, con el objeto de no seguir arrastrando una deuda y tener que discutir lo mismo dentro de cuatro años.
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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SR. , (): Señora presidenta: ante todo, adelanto mi total simpatía con los pueblos indígenas y desde ya mi voto favorable a este proyecto de ley. Sin embargo, creo que el problema central es la integración y el desarrollo de estos pueblos y no la segregación. Considero que el proyecto sigue una terminología impropia porque se refiere a “pueblos originarios”. Todos los habitantes del país, incluso los indígenas, tienen su origen en la inmigración. Se ha podido probar científicamente, sin duda alguna, que el Homo sapiens, que se distingue por su inteligencia, apareció en África unos setenta mil años antes de Cristo y desde allí fue emigrando hacia Europa y Asia, y que algunos pasaron por el estrecho de Bering llegando a América. Repito: esto sucedió setenta mil años antes de Cristo, de manera que en esta tierra argentina somos todos inmigrantes. Los pueblos no han salido de la tierra, todos vienen de África. En definitiva, algunos argentinos tienen cincuenta años en el país; otros, cien años, y otros, mil. Entonces, básicamente el término “pueblos originarios” es científicamente errónea. Esto ha sido probado categóricamente por estudios referidos a la migración de los distintos pueblos del mundo, en los que se utilizó carbono 14. Quiero destacar además que la Argentina, por esencia, es un crisol de razas. Entonces, esta idea de segregación que a veces uno puede visualizar en este tipo de leyes no debería aplicarse. Si me permiten, voy a comentar un gran ejemplo que muestra este crisol de razas. Recuerdo el caso de un señor teniente general de nuestro Ejército, tres veces presidente de la Nación, cuya madre fue una aborigen de raza tehuelche, doña Juana Sosa, y cuyo padre fue un señor de raza europea llamado Mario Tomás Perón. Cuando yo era niño, a mi padre, que se desempeñaba en la provincia de Córdoba, le dieron la orden de recibir en la estación del tren a la madre del señor vicepresidente de la República de ese entonces. Mi padre la buscaba y no la encontraba, hasta que finalmente vio a una aborigen: doña Juana Sosa. Entonces, mi padre se presentó, le puso un auto de la gobernación a disposición, doña Juana Sosa le dio un gran beso y con mucho cariño le dijo: “Igualito a mi Juancito.” La República Argentina es un crisol de razas y dividirnos es completamente equivocado. Hay una raza, la mapuche, que en realidad no es de la República Argentina sino que proviene del Arauco chileno. Ellos cruzaron la cordillera y alrededor de mil setecientos cincuenta se establecieron en nuestro país. Señalo esto porque recientemente hemos visto que algunos voceros de esos señores declararon que sus tierras son sagradas y que nuestros jueces federales no podían ingresar a ellas. Este es un ataque a la soberanía nacional y es completamente injustificado. La Nación Argentina ejerce la soberanía sobre sus provincias porque adopta para su gobierno la forma federal. Me preocupa este tema porque pienso que la tierra debe ser para el que la trabaja y para el que la sabe hacer producir en beneficio de la comunidad. Bienvenida esta ley en la medida que permita que los aborígenes trabajen la tierra. Esta es una idea muy antigua y muy progresista que ya fue enunciada por los padres de la Iglesia en el siglo III de nuestra era, como recuerda Pablo VI en su Encíclica Populorum progressio. En nuestro país, esta idea de que la tierra es para el que la trabaja fue introducida en 1912 por el presidente Roque Sáenz Peña, quien propuso un impuesto sobre el valor de la tierra libre de mejoras. Esta misma idea fue propuesta más tarde por Juan B. Justo, un distinguido diputado del Partido Socialista y luego por numerosos diputados del partido radical. La intención es establecer un impuesto del 1 por ciento al valor venal de las tierras libres de mejoras. Por supuesto –figura en el proyecto de ley que presenté- que cuando la tierra pertenece a residentes extranjeros el impuesto es del 2 por ciento del valor venal. De esta manera, se induce la productividad de la tierra y se cumple con aquello de que la tierra es para el que la trabaja. En fin, podría explayarme acerca de este proyecto, pero está presentado y a disposición de los señores colegas. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
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SR. , (): Señora presidenta: me resulta muy grato hablar de este tema porque me lleva desde mi más tierna infancia hasta los mejores años de militancia. En la provincia de Formosa, desde muy pequeño conocí a los aborígenes porque mi madre fue la primera médica especialista en pulmones; entonces, desde que tuve uso de razón, en la puerta de su consultorio veía a los aborígenes que en su gran mayoría sufrían de Chagas, tuberculosis y sífilis. Luego, desde mis 18 años, la militancia me llevó a formar parte de grupos católicos con los que empecé a trabajar con las ligas campesinas en los movimientos aborígenes. Por eso, cuando me recibí fui el primer asesor de ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Me tocó asistir a un proceso importante en la provincia de Formosa. En 1984, apenas volvimos a la democracia, sancionamos la ley 426, ley integral del aborigen, que fue la primera norma que en democracia protegía los derechos de los aborígenes. En aquella oportunidad fui asesor de los aborígenes, no del gobierno, y con las tres etnias aborígenes hicimos lo que se llamó “Comisión de los Veintiuno”, compuesta por siete caciques tobas, siete caciques pilagá y siete caciques wichis. De allí salió la ley 426, que es la primera en el país que reglamenta los derechos de los aborígenes. Me tocó también en suerte participar de la ejecución de esta ley que adjudicaba 300.000 hectáreas a ciento noventa y dos comunidades aborígenes en la provincia. Otorgamos noventa y dos títulos de propiedad para esas ciento noventa y dos comunidades aborígenes, que fueron mensuradas y escrituradas. A raíz de la diferencia de mensura, se terminaron adjudicando 340.000 hectáreas para los veinte mil aborígenes, aproximadamente, que en ese momento había en nuestra provincia, que hoy son más de cuarenta mil. En ese entonces había más de trescientos mil habitantes en la provincia y hoy hay seiscientos mil. Por lo tanto, me es muy grato participar de este evento. En 1990 me tocó presentar el proyecto de reforma de la Constitución de la provincia de Formosa. En el capítulo relativo a los aborígenes hicimos un gran congreso con el padre Francisco Nazar, en Las Lomitas, al que asistieron mil quinientos dirigentes, activistas y participantes aborígenes. De allí salió un artículo que yo me comprometí a incluir en la Constitución de la provincia, relacionado con los derechos de los pueblos indígenas. Así se hizo. Quiero, y se lo pido a cualquiera de los legisladores actuales –porque además hace bien-, que se fijen en el artículo de la Constitución de la provincia de Formosa y observen la reforma de la Constitución Nacional de 1994. De esta manera, no va a quedar ninguna duda de que el artículo de la Constitución de Formosa, que data de 1990 y 1991, fue el primero que legisló sobre el derecho de los aborígenes y constituye una fuente indiscutible. Esta es una copia casi textual de lo que hoy se ha invocado aquí varias veces, que es el texto del artículo de la reforma de 1994 que, entre otras cosas, establece no solo la propiedad comunitaria sino el profundo respeto intercultural. Pero más que eso, lo que establece es la concepción de un pueblo intercultural y pluriétnico. Se trata de aceptarnos, en nuestro caso, entre los formoseños –y después, los argentinos-, porque constituimos un crisol de razas junto a los pueblos llamados “originarios” o “aborígenes”, aunque quiero aclarar que doy un valor secundario a la nomenclatura. He dicho varias veces en este recinto que existe un concepto importante que debamos profundizar para ver si podemos ponernos de acuerdo. Me refiero al concepto de nación, porque el artículo 1° de nuestra Constitución Nacional dice que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Quiere decir que la Nación está antes que la República, del mismo modo que las provincias están antes que la Nación. ¿Por qué es importante esto? Vengo sosteniendo que la Nación tiene tres componentes: dos componentes materiales, que son el territorio y el pueblo, y un componente espiritual, que es el patriotismo en el sentido de pertenencia a ese pueblo y a ese territorio. Y es también decisión íntima de la persona que siente ese patriotismo atar el destino de su vida al futuro de ese pueblo y de ese territorio. Esto es lo que hoy está ocasionando problemas a los españoles: un sector de los españoles ha perdido el patriotismo, es decir, el sentido de pertenencia, y de ahí surge una crisis que es muy superior a los intereses económicos que pudieran enfrentar. Desde mi punto de vista, este es casi el tema central, porque más allá de que ahora votemos una prórroga tenemos que seguir profundizando la aceptación de que somos multiétnicos y pluriculturales y, como lo hacemos en la provincia de Formosa, debemos desarrollar todas las lenguas. Nosotros tenemos nuestras tres etnias con sus lenguas, sus alfabetos y sus niveles primario, secundario y terciario. En esas ciento noventa y dos comunidades tenemos más de quinientos establecimientos escolares y más de doscientos establecimientos de salud...
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SRA. PRESIDENTA , (): ¿Puede ir cerrando, señor diputado?
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SR. , (): Con mucho gusto, señora presidenta. Esta es la decisión de fondo en un momento en que tenemos severas crisis, no solo con este Poder Judicial que avasalla el artículo 18 y olvida del axioma ontológico de libertad, que es la presunción de inocencia. Así, en este momento en que el presidente de la Sociedad Rural Argentina reclama mano dura con los mapuches y termina desapareciendo -y después, muriendo- Santiago Maldonado y en que los enfrentamientos sectoriales son tremendos, venimos a aprobar -al menos- esta prórroga que salvará por unos años a las comunidades. Pero nosotros tenemos dos disyuntivas: realmente debemos incorporar en lo más íntimo la certeza de que somos un pueblo pluricultural, es decir, un pueblo con muchas culturas, lenguas y valores aceptándonos o terminaremos como la médica cheta de Nordelta, que lo único que tiene es desprecio hacia todos los que no piensan como ella. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
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SRA. , (): Señora presidenta: la situación histórica y la deuda que tenemos con los pueblos originarios, sin lugar a dudas, amerita que generemos una política de Estado que les devuelva los derechos constitucionales de los cuales fueron despojados y, además, que los respeten en todo momento. Hablando de este tema, quiero rendir un pequeño homenaje a los pueblos originarios; en realidad, más que un homenaje yo diría que se trata de una pequeña reverencia ya que desde hace varias horas estamos en este recinto hablando de ellos. Simplemente, deseo nombrar a algunas de las comunidades aborígenes que seguramente se alegrarán con la noticia de la aprobación de este proyecto de ley: atacama, ava guaraní, aymara, comechingón, chané, charrúa, chorote, chulupí, diaguita, guaraní, huarpe, kolla, lule, mapuche, mocoví, pampa, pilagá, tapiete, wichi, qom, entre otras. Estos son algunos de los nombres que quería mencionar para que sean escuchados en este Congreso a los efectos de rendir un pequeño homenaje en relación con lo que significa este tema. Antes de la constitución del Estado argentino o de que existiera el pueblo argentino como tal, la política implementada para los pueblos aborígenes fue de exterminio. El trato fue inhumano. Como argentinos, desde esa época hasta hoy en día, no hemos podido resolver este tema y por esa razón está atravesado constantemente en nuestra vida e historia. Con posterioridad a la época colonial, la situación tampoco fue mejor ya que directamente invadimos los territorios de los pueblos originarios y los expulsamos. Luego, cuando la Argentina ya se conformó en un territorio nacional, la política que implementamos para los pueblos originarios apuntó a la negación, que no sé si es peor que todo lo anterior. Es decir, negamos su existencia. Disimulamos que existían y, además, se llevó a cabo una vejación cultural. Es decir, no respetamos su cultura ni su calidad de bilingües ni sus danzas ni su cultura, tal como he dicho anteriormente. En relación con temas como la tenencia precaria, debemos señalar que nunca reconocimos la propiedad de sus tierras; siempre las tuvieron en forma precaria. El ultraje cultural, como ya he dicho, exige una reparación histórica de parte de todo el pueblo argentino. Se estima que son más de seiscientas mil las comunidades aborígenes que están viviendo en el territorio argentino, pero algunos opinan que son muchas más porque tampoco existen todos los relevamientos necesarios. Por lo tanto, pueden llegar a ser muchísimas más. Sin lugar a dudas, la prórroga que hoy estamos tratando favorece al gobierno nacional porque va a permitir que se generen nuevas políticas públicas en relación con los indígenas y, a la vez, se podrán seguir haciendo nuevos relevamientos; pero no podemos olvidarnos de que esto es nada más que un parche que no aborda el tema de fondo. Seguramente, esto también contribuirá a suspender las expulsiones de los territorios y los avasallamientos; pero se trata de un proyecto de ley que será un parche porque no encara el problema de fondo, determinado nada más ni nada menos que por la cuestión de la tenencia de la tierra para estos pueblos originarios. Como políticos e integrantes del pueblo argentino debemos asumir un compromiso en el Congreso Nacional, en el sentido de considerar este tema de fondo para que la prórroga que establece el proyecto de ley en tratamiento sea la última. A partir de ahora debemos abordar la cuestión de fondo relacionada con los pueblos originarios. La mejor forma de hacerlo es respetando lo establecido en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que en relación con las atribuciones del Congreso Nacional dice lo siguiente: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” También está la ley 23.302, sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, que hace referencia al tema de la tenencia de las tierras y el reconocimiento a esos pueblos. Por otra parte, el Código Civil y Comercial, sancionado mediante ley 26.994, hace alusión a la necesidad de respetar a los pueblos aborígenes y devolverles sus tierras. Entonces, no podemos seguir en una situación de enfrentamiento que pone en riesgo vidas y comunidades, sino que como argentinos debemos encarar la cuestión de fondo vinculada con la tenencia de tierras de los pueblos originarios. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
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SR. , (): Señora presidenta: la ley cuya prórroga estamos considerando tiene once años de vigencia. Originariamente, fue concebida con una vigencia temporal de solo cuatro años. Fue una ley oportuna por la problemática que abordó, en la que claramente estaba asentado un enorme sentido de responsabilidad y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios establecidos en la Constitución Nacional. Además, esta norma legal tenía un sentido común vinculado con el tratamiento de una problemática compleja, sensible y con muchos conflictos. En consecuencia, era crucial abordar el tema de fondo como proponía la ley, es decir, con un criterio participativo entre la Nación, las provincias, las comunidades de los pueblos originarios y las organizaciones no gubernamentales. Todo esto debía llevarse a cabo en un marco de diálogo, racionalidad y, fundamentalmente, verdad. La pregunta que debemos formularnos es por qué, luego de haber transcurrido once años desde la sanción de esta ley, estamos tratando nuevamente una iniciativa por la que se establece una prórroga de esta norma. En 2009 el Congreso Nacional consideró un proyecto que determinaba una prórroga de esta ley por el término de cuatro años. Posteriormente, en 2013, se trató otra iniciativa que estableció otra prórroga por el mismo plazo. Hoy nos encontramos haciendo nuevamente lo mismo. Es evidente que las cosas se hicieron muy mal, que hubo muchas desinteligencias, que el relato prevaleció sobre la verdad, que existieron contradicciones y que hubo una clara falta de coordinación entre los actores que debían intervenir, es decir, la Nación y las provincias. Esto ha mostrado claramente un marco de muchas problemáticas que, inclusive, terminaron incentivando los conflictos. Los números son incuestionables y no hay relato que los pueda eludir. Esto queda muy en claro a partir de un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: de un total de 1.532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, solamente 759 fueron relevadas y apenas 459 tuvieron un proceso de culminación con resolución. De manera tal que once años después de haber sido sancionada esta ley podemos afirmar que solamente el 30 por ciento de estas comunidades ha sido objeto de un relevamiento real y efectivo, pudiendo comenzar a encaminarse en el cumplimiento de los objetivos de la norma legal. Se trata de números claros que muestran la realidad y no el relato.
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SR. , (): Quiero efectuar un aporte a este debate, en el sentido de determinar por qué ha pasado lo que ocurrió, por lo menos en algunas provincias y más precisamente en la de Formosa, a la que represento. Oportunamente, un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas respondió a una solicitud formulada por una comunidad wichi de mi provincia, explicando por qué no se pudo efectuar el relevamiento y llevarse a cabo adecuadamente el proceso de implementación de la ley. Al respecto, las autoridades provinciales afirmaron que en Formosa no había problemáticas referidas a la tierra, lo que hubiera tornado innecesaria la aplicación de la ley en Formosa. Asimismo, el informe del mencionado instituto señaló que la provincia muestra una clara falta de voluntad política para facilitar la implementación de esta ley de orden público. Esto es lo que resumidamente ha expresado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas respecto de la implementación de esta norma legal y lo que en general ha ocurrido en nuestro país. Como consecuencia de esta mirada hacia otro lado y de la negación del problema, se produjo un recrudecimiento de la situación, en lugar de registrarse avances en la búsqueda de soluciones. En este sentido, el conflicto estalló en Formosa el 26 de septiembre de 2010, con la muerte, a raíz de la represión sufrida, de Roberto López, integrante de la comunidad qom “La Primavera”. En ese enfrentamiento también falleció Ever Falcón, oficial de la Policía de Formosa. Lo que se ha señalado en cuanto a la necesidad de diálogo es absolutamente cierto, pero debemos preguntarnos qué ha pasado en la Argentina para que Félix Díaz haya estado acampando en la avenida 9 de Julio durante diez meses sin que jamás haya sido recibido y escuchado. Por el contrario, sufrió amenazas y el envío de miembros de los servicios de inteligencia, en tanto que el gobierno de entonces estuvo absolutamente ausente. Lo que Félix Díaz planteaba era la implementación correcta y efectiva de la ley 26.160. Podría señalar una gran cantidad de casos acerca de las razones por las que sucedió todo lo que ha pasado en relación con esta norma legal, pero naturalmente todos preferimos avanzar hacia la solución. Con esta prórroga, por lo menos, tratemos de comenzar a mirar en serio la problemática. No solo desde el gobierno nacional sino también desde las provincias, intentemos dar a las comunidades tranquilidad y un camino de solución para las tierras en conflicto. Es importante que todos los argentinos podamos ver que los derechos consagrados en la Constitución son cumplidos. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
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SR. , (): Señor presidente: durante todo el debate hemos escuchado valoraciones históricas vinculadas con el acceso a la tierra y distintos argumentos acerca de la importancia de la sanción de esta ley que prorroga una norma preexistente que data de 2006. Es decir, hablamos de una ley con diez años de vigencia que aún no fue cumplimentada, dado que no fue concretada una acción cuya concreción era necesaria: el relevamiento total para garantizar el precepto constitucional de acceso a la tierra. En definitiva, estamos ante una contradicción si analizamos el tema desde el punto de vista de los pueblos originarios. A fin de no ahondar en conceptos ya vertidos que claramente tienen que ver con nuestra historia, nuestra legalidad y nuestra Nación, solo recordaré que se dijo que muchas provincias han incorporado en sus constituciones el reconocimiento a las comunidades originarias. Tal es el caso de Misiones, que también ha efectuado un reconocimiento específico en virtud de una ley sancionada hace más de treinta años, que dispone que los remanentes de mensura de la provincia deben ser otorgados a las comunidades originarias. De esa manera se viene trabajando desde hace muchos años. Como posición, y tal vez como pedido –dejando en claro que acompañaremos con nuestro voto la prórroga de la ley, manifiesto la necesidad de tener un alto grado de responsabilidad en la materia, sobre todo por aquellas asociaciones y organizaciones no gubernamentales que buscan garantizar los derechos consagrados en la Constitución y en distintas leyes a favor de los pueblos originarios. En caso contrario, podemos caer en situaciones como las que ya se vivieron en algunos territorios con el enfrentamiento entre dos grupos de ciudadanos absolutamente vulnerables. Con todo respeto y entre comillas, diría que casi se está enfrentando a pobres contra pobres cuando se promueve en algunos la idea de ocupar una tierra porque les pertenece cuando, en realidad, fueron otorgadas –con título de propiedad inclusive a un pequeño productor de la agricultura familiar. En este ámbito, que es el Congreso de la Nación, es importante que manifestemos, además de nuestro apoyo a este proceso, nuestra preocupación, para que quienes se encargan de acompañar legítimamente estos reclamos felicito y valoro la tarea que llevan adelante actúen con absoluta responsabilidad a fin de evitar confrontaciones innecesarias en los territorios. Insisto en que el verdadero objetivo de este proyecto de ley es garantizar el derecho consagrado en la Constitución Nacional y en muchas constituciones provinciales. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
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SR. , (): Señor presidente: simplemente quiero hacer una serie de aclaraciones a raíz de ciertas expresiones vertidas por algunos diputados preopinantes respecto del proyecto de ley en consideración y del trabajo realizado en los últimos años en el INAI. Cuando se sancionó la ley se incrementó el presupuesto destinado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y se relevaron más de 5.500.000 hectáreas. También se hizo un reconocimiento a cientos de comunidades originarias. Un diputado preopinante habló de un informe de la Auditoría General de la Nación; me gustaría aclarar que la contestación a dicha auditoría fue integral. Es decir, no solo se respondió a las observaciones sino que además se cumplieron con creces todas las recomendaciones, dado que dentro del INAI se dio participación a las distintas comunidades. Por otra parte, como dijimos durante la reunión de comisión, sería muy importante que cuando tratemos el proyecto de ley de presupuesto de 2018 impulsemos el incremento de la partida pertinente para seguir realizando el relevamiento. Cabe aclarar que en algunas provincias no tuvimos la suerte de concretar el anhelo del otorgamiento de tierras. Pero no es necesario aumentar la planta del instituto; simplemente, hay que firmar convenios con las distintas provincias. Dado que el gobierno nacional tiene una política de ajuste y desde el interbloque Cambiemos el señor diputado Echegaray dijo que se requiere más personal, a pesar de que muchos ministerios adelantaron que a fin de año reducirán sus plantas en un 40 por ciento, hay que firmar convenios con las provincias para que esta ley continúe vigente y se actúe con celeridad. Entonces, cuando analicemos en comisión el proyecto de ley de presupuesto, tengamos en cuenta que el INAI no tiene un lugar determinado dentro de la estructura orgánica funcional del gobierno nacional y tampoco una partida presupuestaria para dar cumplimiento a esta norma.
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien completará el término del señor diputado por Buenos Aires.
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SR. , (): Señor presidente: agradezco al señor diputado Castagneto por cederme unos minutos de su tiempo. Estamos tratando un tema muy importante que requiere que pongamos algunos puntos sobre las íes. Dado que hablamos de una prórroga, evidentemente hay un problema estructural vinculado con la tierra y con los pueblos originarios, que merece una solución. En doce años de gobierno nosotros avanzamos; pero, por supuesto, nos faltó hacer algunas cosas. También es bueno reconocer –me parece justo hacerlo que la autora del proyecto que originó la ley 26.160 fue la entonces senadora Alicia Kirchner, hoy gobernadora de la provincia de Santa Cruz. En la misma sintonía, me parece importante recordar que cuando el Congreso sancionó –por pedido del Poder Ejecutivo aquella ley que limita la compra de tierras a extranjeros también hizo mucho en relación con la problemática de las tierras de los pueblos originarios. La votación, que entiendo será unánime salvo que falte el voto de algún diputado o de alguna diputada que no tenga la sensibilidad o la madurez suficientes para comprender la situación del sector social con mayor grado de vulnerabilidad, importa un compromiso: trabajar para resolver la cuestión. Hoy, quien tiene la potestad y las herramientas para avanzar en una solución a la problemática vinculada con las tierras de los pueblos originarios, es el Poder Ejecutivo. Entonces, paralelamente a la sanción de esta ley –que me producirá una gran alegría porque es un reconocimiento a la lucha de los pueblos originarios a lo largo y ancho de nuestro país, nos cabe exigir al gobierno que la reglamente en forma muy rápida para que en el límite de esas tierras no haya una topadora a la orden del día ni leones rugientes esperando adquirirlas con fines económicos o comerciales. Por otro lado, nos preocupa el lugar que se está dando a personajes terratenientes que no son de nuestro país, como Tompkins o Lewis, el amigo del presidente. Por eso, me parece que esta problemática no está terminada si el gobierno sigue dando lugar y preponderancia a Lewis y sus negocios con la tierra, que no permite el acceso a lagos y ríos al conjunto de los habitantes del país o a turistas extranjeros. Por ello, ratifico estas palabras exigiendo al gobierno que reglamente en forma muy rápida la ley para que se pueda seguir avanzando, y sobre todo que el INAI no sea un mero raviol en el organigrama del Estado. Hoy se encuentra en la órbita del Ministerio del Interior y antes estaba en Desarrollo Social, pero no tiene actividad ni funciones ya que casi se ha desbaratado el Consejo de Participació Indígena o CPI. Solicito que se avance en esa política, ya que hoy el oficialismo, con la prórroga de esta ley por cuatro años, va a mostrar un compromiso en pos de solucionar la acuciante problemática de nuestros pueblos originarios. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
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SR. , (): Señor presidente: la verdad es que esta es una excelente iniciativa si la interpretamos y cumplimos de buena fe, y sobre todo, si la aplicamos en tiempo y forma. Este proyecto de ley deriva de un gran reconocimiento que hizo nuestra Constitución Nacional respecto de la preexistencia de las comunidades originarias al nacimiento del Estado argentino. Incluso la Constitución ha creado una categoría especial de propiedad que para nosotros era inédita: la comunitaria. Por supuesto que estos derechos que la Constitución Nacional reconoce no son de aplicación automática. En aquel entonces, hace ya muchos años, se necesitaba la concurrencia de varias patas del Estado para que estas comunidades originarias que buscamos tutelar fueran efectivamente protegidas. Lejos de eso, ha habido una demora inexplicable por parte del Estado, en especial en la gestión anterior. Esta herramienta empezó a desvirtuarse. Tenía un buen fin, que era suspender los desalojos de las comunidades del territorio que habían poseído pacífica y ancestralmente. Como muchos derechos que se intentan reivindicar en algunas gestiones, funcionan muy bien cuando el Estado los controla. Así, al principio, cuando se aplicaba esta ley, tuvo una muy buena recepción y se implementó de muy buena fe, pero después se terminó desvirtuando alejándose así de su fin. Aquí se sostiene que esta norma plantea una tensión entre las comunidades aborígenes y los grandes tenedores de tierra, sobre todo extranjeros. Justamente el proyecto de ley tiene por objeto proteger a las comunidades aborígenes. Sin embargo, en este debate ha pasado inadvertida una cuestión fundamental quizá algún diputado de nuestro propio bloque la mencionó sutilmente, y es que esta demora que ha tenido el Estado ha motivado que esta incertidumbre provocara una pelea de pobres contra pobres. Digo esto con mucho respeto porque no en todas las provincias tenemos la misma realidad y no todas las peleas son entre un supertenedor de tierras y una comunidad aborigen. Muchas veces se han planteado en la Justicia de varias provincias peleas entre humildes campesinos y comunidades aborígenes. No podemos hacer de jueces, pero sí esclarecer la situación. Duele ver que ante esa pelea lo único que hizo el Estado fue permanecer indiferente y prolongar la situación de incertidumbre. Prorrogar la vigencia de esta ley es una decisión del Congreso, por tercera vez consecutiva, y tenemos muchos motivos para hacerlo; pero en primer lugar requiere el compromiso del Estado para hacer un sincero relevamiento territorial. Enfatizo la palabra “sincero” porque hasta el momento las cosas se han hecho de tal manera que se han descuidado los derechos de los pueblos originarios y se ha intentado hacer política de la forma más vil que uno puede imaginar. El Estado debe tener el compromiso de hacer un relevamiento sincero, entendiendo por esto dar a cada comunidad lo que le pertenece. También debemos hacer cesar el estado de incertidumbre de muchos criollos y humildes campesinos, que no saben si tienen en sus manos un territorio que pertenece al derecho común de la sociedad civil o de la actividad privada, o si están usurpando derechos de pueblos originarios, o viceversa. En los años anteriores este debate fue tan mentiroso que vimos cosas ridículas: hasta hubo una doble jurisdicción y las provincias eran contradichas por el INAI, instituto que lejos de hacer un relevamiento territorial se comió el presupuesto destinado a ese fin. Muchas veces las provincias recomendaban que se reconociera una comunidad como aborigen u originaria, mientras que el INAI, en la Ciudad de Buenos Aires, resolvía cualquier otra cosa. Hubo una falta total de coordinación entre el Estado nacional y el provincial. Tanto es así que muchas provincias se vieron obligadas a firmar convenios para que no hubiera esta doble jurisdicción y no se generara confusión. Esto es lógico, ya que son los gobiernos provinciales los que conocen su realidad inmediata. Se han dicho muchas cosas sobre esta ley y creo que no es necesario extender el debate, pero para que quede claro solamente quisiera remarcar que este derecho constitucional reconocido hace muchos años es un fino instrumento. No puede ser manipulado por la política, como ya ocurrió, ni caer en manos inescrupulosas. Esta es la forma de proteger a las comunidades originarias. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra la señora diputada por Catamarca.
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SRA. , (): Señor presidente: en primer término, quisiera reconocer a los representantes de pueblos originarios y a aquellos que han participado con su lucha para que hoy lleguemos a esta instancia de la prórroga de la ley 26.160, impulsada por la entonces senadora Alicia Kirchner, que dio cumplimiento al artículo 75 de nuestra Constitución Nacional y convenios de la OIT, representando la seguridad jurídica de preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y estableciendo garantías respecto de su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad de las tierras y la regulación de la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Esta lucha que han dado las comunidades originarias no tuvo una actitud comprensiva por parte de los integrantes del Poder Ejecutivo nacional, que desde hace casi un año mantuvieron frenado este reclamo legítimo y el derecho de los pueblos originarios, con una clara intención de favorecer los intereses de los grandes terratenientes, empresarios y representantes de agronegocios, que pretenden apropiarse de la tierra en la que desde hace generaciones viven y trabajan las comunidades originarias. No se trata nada más que de abocarnos hoy a la prórroga de esta ley aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación, sino que tenemos la responsabilidad de avanzar en una norma que resuelva definitivamente la propiedad comunitaria para cada uno de los pueblos originarios que reclaman su derecho, especialmente en este contexto de avanzada neoliberal y de subordinación del gobierno nacional a los intereses del capital financiero. Repasemos: se ha modificado la ley de tierras rurales, que era uno de los obstáculos a la concentración de la tierra en manos extranjeras. También está congelada la reglamentación de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar que suspende los desalojos de comunidades campesinas. Por lo tanto, la ley 26.160 es una de las últimas herramientas estatales para la regulación y control del territorio en función de nuestros intereses soberanos. Todos sabemos que es un derecho constitucional el que reconoce la preexistencia de los pueblos, de sus etnias y de sus culturas. Además, el nuevo código ha establecido el derecho a la propiedad comunitaria.; pero resulta inexplicable que en este marco de reconocimiento y legalidad se sigan produciendo desalojos forzosos en los que se ven avasallados derechos constitucionales, la historia, la cultura y hasta los lugares sagrados. Esto produjo situaciones de represión, asedio y violencia, como la que se dio en Cushamen, motorizada por el juez Otranto y el jefe de Gabinete de la ministra Patricia Bullrich, que finalizó en una feroz represión a los manifestantes de la comunidad mapuche, con el triste saldo de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Repudiamos la estigmatización de los pueblos originarios en la que han incurrido diferentes funcionarios del gobierno nacional para justificar sus políticas represivas. Ratificamos nuestro apoyo y manifestamos la firme decisión de seguir acompañándolos votando esta prórroga. Esta es nuestra responsabilidad y obligación, porque es una deuda pendiente que tenemos con los pueblos originarios. Por otra parte, desde nuestro espacio político solicitamos que el presupuesto para el año 2018 asigne los recursos necesarios para continuar los relevamientos y trabajar en un futuro proyecto de ley que permita profundizar los derechos, no solo respecto de los relevamientos sino también en el otorgamiento definitivo de estas tierras. Apelamos a la responsabilidad y madurez que debemos expresar, tratando de poner en la agenda de debate de este Parlamento los temas que contribuyen y consolidan la titularidad de derechos, recuperando el verdadero rol del Estado en la protección y reconocimiento de nuestros pueblos ancestrales. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
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SRA. , (): Señor presidente: creo que a lo largo de las horas que llevamos discutiendo este tema ha quedado en evidencia que queremos prorrogar la ley 26.160, para que las acciones que todavía no se han llevado a cabo luego de dos prórrogas –esta sería la tercera- se cumplimenten en forma eficiente. En 2013, quien en ese momento era senador nacional por mi provincia, nuestro actual gobernador Gerardo Morales, presentó el proyecto de ley de prórroga de la norma hasta el año 2017, la cual ya había recibido una primera prórroga. Por lo tanto, espero que esta sea la última, sin entrar a debatir sobre lo que se hizo o no se hizo ni sobre los fondos que se invirtieron mal y los que no sabemos dónde están. Lo importante es que de una vez por todas se regularice la situación que tiene como rehén a muchas comunidades y pueblos originarios y a algunos otros que sin serlo quieren demostrar que pertenecen a algún pueblo originario. En mi provincia se ha creado la Secretaría de Pueblos Indígenas, que está a cargo de la señora Natalia Sarapura. A través de ella se han implementado numerosas medidas tendientes a la regularización de las comunidades o pueblos originarios. Así, se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Secretaría de Pueblos Indígenas –creada por el actual gobierno provincial- y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el fin de realizar el relevamiento territorial de todas las comunidades. Asimismo, mediante la aplicación de la resolución 587/07, en la provincia de Jujuy ya se relevaron 160 comunidades, en dos etapas, entre las que podemos mencionar 6 comunidades del pueblo Atacama; 28, del pueblo guaraní; 75, del pueblo Kolla; 37, del pueblo omaguaca; 3, del pueblo quechua; 7, del pueblo ocloya; 3, del pueblo tilián, y una, del pueblo fiscara, en diferentes departamentos que nuclean a todas estas comunidades. Además, se han entregado carpetas y resoluciones de relevamiento territorial a 114 comunidades en toda la provincia de Jujuy, y existen 46 carpetas en distintas etapas administrativas en las que se está trabajando. También se ha logrado avanzar en la ampliación de garantías, dando cuenta de trescientas comunidades a las que se les ha asignado personería jurídica. Esta tarea se enmarca en el programa comunitario que se ha llevado adelante conjuntamente con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con más de 1,3 millones de hectáreas de tierras fiscales, cumpliendo así con lo que establece la ley. Por otra parte, nos enorgullece decir que cuando se iniciaron las obras para la inauguración del parque solar Cauchari, ubicado a más de 3.000 metros de altura, se firmó un convenio con los comuneros que conforman las distintas comunidades radicadas en esa zona. De esta manera dejamos en claro que son ellos los verdaderos dueños de la tierra. Así se cierra un ciclo, porque además de proveer lo que la madre tierra nos ha dado, que es el sol –a pesar de que muchos decían que Jujuy era una provincia inviable y que la Puna no servía para nada-, hacemos uso y aprovechamiento de la energía solar a través de la instalación de este parque solar en el que los comuneros son los dueños de la tierra y los socios de los beneficios que traerá aparejada la aplicación de este convenio. De esta forma, confluyen el cuidado de nuestra madre tierra nuestra Pachamama- y los beneficios que obtendrán esas comunidades indígenas. Queda mucho por hacer. Creo que esta prórroga tiene que ser aplicada en forma seria y eficaz, para que en 2021 los legisladores que en ese momento integren este Parlamento no tengan que prorrogarla nuevamente. Espero que se cumpla con lo que establece la Constitución y se reconozcan los derechos de los pueblos originarios. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
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SR. , (): Señor presidente: en primer lugar, tengo que expresar mi beneplácito por la prórroga de la ley 26.160; pero este debe ser un punto de partida, porque la prórroga de por sí es el maquillaje de una situación que lamentablemente todavía no se pudo resolver en la Argentina, que es el litigio sobre 8 millones de hectáreas, aproximadamente En segundo término, les quiero contar que en septiembre se realizó en Rosario el XI Congreso Nacional de Pueblos y Naciones Aborígenes. La conclusión fue que la provincia del Chaco –que a veces presenta malos índices socioeconómicos- ha hecho muy bien los deberes en los últimos años. En 1999, el doctor Ángel Rosas entregó 150.000 hectáreas, dio la titularidad comunitaria a los pueblos originarios, y recientemente el gobernador Peppo nobleza obliga, también a través de la gestión previa del anterior gobernador Capitanich, entregó 300.000 hectáreas, 100.000 a cada una de las etnias wichi, qom y moqoit. Sin conocer mucho de historia –soy médico, me resulta antipático llamar “aborígenes” a estos pueblos. Creo que son compatriotas argentinos cuyos padres formaron parte del Ejército de los Andes, junto a quienes buscamos el destino de ser Nación. Domingo Faustino Sarmiento decía que la Constitución Nacional fue hecha para dar no solo libertad a los pueblos sino también seguridad. Es inconcebible un pueblo dentro de otro pueblo o una nación dentro de otra. La Argentina debe ser indivisible. Tenemos un sistema de gobierno representativo, republicano y federal, y las provincias son preexistentes a la Nación. Desde el punto de vista constitucional, corresponde asistir a estos compatriotas argentinos y reivindicar la pertenencia de sus tierras. En la provincia del Chaco, debemos acompañarlos con el techo y el trabajo. La ausencia de ese techo significa la aparición de la vinchuca. El señor diputado Díaz Roig –con quien somos vecinos, cruzando el Bermejo o el Teuco mencionaba que el déficit habitacional en nuestra región se manifiesta en la enfermedad de Chagas; y la desnutrición o la malnutrición se traducen en la tuberculosis, que lamentablemente aun es un flagelo para los salteños, los formoseños y los chaqueños. Más allá de los colores partidarios, este es un timbre para los ejecutivos de turno. Si lamentablemente hoy tenemos un compatriota argentino picado por una vinchuca y condenado a la enfermedad de Chagas, estamos fracasando. Si alguien adquirió el bacilo de Koch por malnutrición, también estamos fracasando. Ojalá esta norma sea un punto de partida para que se ponga en la agenda la problemática de estos novecientos pobres que forman parte de los doce millones de pobres que hay en la Argentina. Acompaño esta norma con el deseo de que las provincias hagan sus deberes y que la Nación pueda llegar a estas comunidades con más Estado, salud, educación y trabajo. Esperamos que se propicien sus emprendimientos en el caso del Chaco, ladrillería y proyectos apícolas y que los argentinos seamos solidarios comprando sus artesanías. Tenemos el Parque Nacional El Impenetrable, que será el pulmón de la Nación. Decía la diputada Argumedo que ellos son los celosos custodios del oxígeno y captarán el dióxido de carbono que forman las grandes ciudades. Debemos ir en ayuda de estos compatriotas argentinos que nos necesitan más que nadie. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
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SR. , (): Señor presidente: me siento muy representado por las expresiones de diputados de nuestro bloque, el Frente para la Victoria-PJ. No tenía previsto hacer referencia al tema, pero algunos conceptos que se han vertido merecen ser abordados. En primer lugar, creo que estamos ante una seria dificultad: pretendemos resolver en cuatro u once años la herencia de más de cuatrocientos cincuenta años en el territorio que hoy es la República Argentina. Este es el problema central. En reiteradas ocasiones he escuchado la referencia a los once años. Seré absolutamente franco: creo que la gestión de nuestro gobierno en relación con la cuestión de los pueblos originarios tuvo muchísimas deficiencias. En muchos casos se perdió tiempo, pero la verdad es que en once años no se resuelve el problema del relevamiento territorial, fundamentalmente... Señor presidente: cuesta mucho hablar con tanto ruido.
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SR. PRESIDENTE , (): La Presidencia solicita a los señores diputados guardar silencio. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
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SR. , (): Señor presidente: no se puede resolver en cuatro años de prórroga, ni en quince años, un proceso de desposesión de la tierra de las comunidades aborígenes que, en el caso de mi provincia –Mendoza, comenzó en 1561 con la fundación de la ciudad y el traslado de los aborígenes a las minas de Chile. Comunidades huarpes enteras han sido masacradas en las minas chilenas. Tenemos que asumir esta realidad. No podemos resolver en quince años el fenomenal y salvaje proceso de desposesión de la tierra de los pueblos originarios en la Patagonia o el Norte argentino a partir de las campañas al desierto. No se puede resolver la situación de los pueblos originarios y su derecho a la tierra en quince años, cuando vivimos y continuamos viviendo permanentes desplazamientos de las comunidades de aborígenes por los procesos de alambrado que se llevan adelante en nuestras provincias. Siendo secretario de Ambiente en Mendoza tuve a mi cargo la tarea de la administración de las tierras en una provincia que reconoció por ley a los pueblos huarpes más de 600.000 hectáreas. Después de muchos años logramos poner en marcha el proceso de otorgamiento de esas tierras a los pueblos huarpes del Norte de la provincia de Mendoza. Sin embargo, esos procesos continúan en la medida que son participativos, políticos e institucionales, y no meramente administrativos. Quien quiera resolver esto con el criterio administrativista de disponer el relevamiento desde el Estado argentino confundirá el objetivo de esta norma, que es generar procesos de relevamiento y ordenamiento de esos territorios junto con la participación de los pueblos originarios. Nuestra Constitución no consagra el crisol de razas como un criterio constitucional, como aquí se ha sostenido, sino que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Esto es lo que se tiene que plasmar. La Constitución Nacional no dispone un relevamiento de tierras, sino que dice: “...reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano...” Esta norma que probablemente aprobaremos hoy es ponderable, positiva, constituye un paso, pero tendremos que seguir el proceso de reconocimiento del derecho de las comunidades originarias a la tierra, y anticipo que en cuatro años no se culminará esta tarea, por más buena voluntad que tengamos. Si lo logramos, será porque se fuerzan las condiciones o se permite la participación de las comunidades. No abogamos por un proceso administrativo sino de reconocimiento progresivo y permanente de la tierra a los pueblos originarios. Por eso, el próximo paso no es pensar en una nueva prórroga sino avanzar con la sanción de una ley que reconozca la propiedad comunitaria de la tierra. Ese es el objetivo con el cual el Congreso debe trabajar, y existen proyectos en ese sentido. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Se va a votar nominalmente, en general y en particular, el dictamen de las comisiones de Legislación General y otras recaído en el proyecto de ley en revisión por el cual se prorrogan los plazos establecidos en la ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, hasta el 23 de noviembre de 2021, contenido en el Orden del Día N° 1776.
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SR. , (): Se han registrado 214 votos por la afirmativa y ninguno por la negativa. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Para aclarar el sentido de su voto, tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
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SR. , (): Dejo constancia de mi voto por la afirmativa, señor presidente.
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SR. PRESIDENTE , (): Se toma nota, señor diputado. Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
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