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Período:135 Reunion:26 Fecha:21/12/2017 CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE ASUNTOS
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda –Orden del Día N° 6 recaídos en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 25.917, sobre Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno (expediente 0125-s-2017 ); los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda –Orden del Día N° 7 recaídos en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Consenso Fiscal suscrito el 16 de noviembre de 2017 entre el Poder Ejecutivo, representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (expediente 0124-s-2017 ) y el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Orden del Día N° 8 recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica el artículo 3° de la ley 25.413, de impuestos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre destino de los recursos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (expediente 0023-pe-2017 ).
aquí ÓRDENES DEL DÍA NÚMEROS 6, 7 Y 8
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR.(LASPINA)
Señor presidente: el 30 de noviembre de este año, el presidente Mauricio Macri convocó a todos los sectores políticos, de la Justicia, del movimiento obrero y del empresariado a construir consensos tendientes a derrotar la pobreza en la Argentina.
Fue el primer paso en la idea de implementar una forma distinta de desarrollar políticas de largo plazo. A partir de allí se elaboró un acuerdo, que yo calificaría como histórico, entre veintitrés gobernadores y el presidente de la Nación para empezar a encarar problemas que durante años no fueron resueltos por la política argentina.
Entre ellos, la enorme litigiosidad en materia fiscal entre la Nación y las provincias, que trajo aparejados juicios cruzados por más de 340.000 millones de pesos. Son cincuenta y seis los casos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia por disputas en materia tributaria, fundamentalmente vinculados con la deducción del 15 por ciento de los fondos coparticipables.
Fue el primer paso en la idea de implementar una forma distinta de desarrollar políticas de largo plazo. A partir de allí se elaboró un acuerdo, que yo calificaría como histórico, entre veintitrés gobernadores y el presidente de la Nación para empezar a encarar problemas que durante años no fueron resueltos por la política argentina.
Entre ellos, la enorme litigiosidad en materia fiscal entre la Nación y las provincias, que trajo aparejados juicios cruzados por más de 340.000 millones de pesos. Son cincuenta y seis los casos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia por disputas en materia tributaria, fundamentalmente vinculados con la deducción del 15 por ciento de los fondos coparticipables.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, doctor Luis Alfonso Petri.
SR.(LASPINA)
Otro problema era el vinculado con el Fondo del Conurbano. Concretamente, el juicio iniciado por la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia por un reclamo que alcanzaba los 400.000 millones de pesos.
También se ha buscado solucionar, de una vez por todas, el drama de los impuestos distorsivos en la Argentina.
El consenso incluye además la sanción de una ley de responsabilidad fiscal que ponga en el centro del debate la necesidad de recuperar la solvencia fiscal no solo en la Nación, sino también en las provincias. La iniciativa que ahora estamos considerando establece que el crecimiento de los gastos corrientes estará en línea con la inflación; se mantiene en términos reales para las provincias superavitarias, mientras que el incremento del gasto primario total permanece constante en términos reales para las provincias deficitarias.
Esta medida, sumada al presupuesto nacional que acabamos de sancionar, que incluye la reducción paulatina del déficit fiscal –un punto el próximo año y un punto adicional en los siguientes, es parte de la construcción de una solvencia fiscal de largo plazo en la Argentina.
Reitero que estamos ante un acuerdo histórico que realmente viene a poner punto final a muchas décadas de desorden y conflictos fiscales entre la Nación y las provincias.
En lo que se refiere al Fondo del Conurbano, me gustaría decir lo siguiente. El artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sancionado en buena medida para crear en aquel entonces el Fondo del Conurbano, trajo aparejada la paradoja de que Buenos Aires era la que menos fondos recibía respecto de todas las provincias.
La aplicación del artículo 104 conlleva una disminución de los fondos destinados a la ANSES, lo cual también explica una de las razones por las cuales se decidió impulsar el cambio de la fórmula de movilidad, a fin de evitar que las discusiones presupuestarias y de federalismo fiscal se vieran contaminadas por ese tema.
A través de este acuerdo también se decidió arrimar una solución a los problemas que enfrentan las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación. Por eso en el presupuesto que acabamos de aprobar se incluyó una partida de 17.000 millones de pesos para financiar el déficit de dichas cajas.
El pacto fiscal también contempla una reforma tributaria en las provincias, que se suma a la reforma que antes de ayer aprobó este Parlamento. En el caso de la Nación, esa reforma va a implicar una reducción en los próximos cinco años equivalente a 1,5 puntos del producto, que se suma a la caída de casi 2 puntos en la presión tributaria que operó entre los años 2015 y 2017.
A su vez, las provincias también se comprometen a generar un alivio fiscal equivalente –básicamente por una disminución en la tasa de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos-, es decir, de 1,5 puntos en cinco años.
En definitiva, estamos hablando de un alivio fiscal para las empresas y los consumidores por un total de 5 puntos del producto cuando estas reformas estén operando a pleno.
¿Cómo se compensa esta disminución en los recursos? A través de la austeridad que implicará la sanción del proyecto de ley sobre régimen federal de responsabilidad fiscal, que establece condiciones para el crecimiento del gasto público y que, a su vez, busca evitar el incremento desmedido de los gastos corrientes, y a partir del crecimiento de la economía se generarán los recursos fiscales necesarios para que esta reducción de ingresos no impacte en los déficit provinciales.
Con este pacto, más la reforma tributaria que aprobamos anteayer, estamos reduciendo 5 puntos los tributos distorsivos, como lo son los impuestos al comercio exterior –que ahoga a las economías regionales-, a los ingresos brutos que tal como lo señalé cuando discutimos la reforma tributaria, probablemente sea la herramienta más brutal de desprotección de la industria nacional y a los créditos y débitos bancarios, que paulatinamente se irá tomando como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Este último también es un impuesto extremadamente distorsivo, que existe en muy pocas partes del mundo.
Creo que esas dos reformas van a permitir una mejora sustancial en la presión tributaria, tanto cuantitativa como cualitativamente.
Básicamente, el acuerdo fiscal reconoce que la Argentina tiene una carga impositiva muy elevada y altamente distorsiva. También reconoce la necesidad de caminar por un sendero de solvencia fiscal en el mediano plazo.
Es un acuerdo en el que todos ceden un poco para que todos ganen. La Nación cede, ya que en compensación por los recursos que la provincia de Buenos Aires no recibió del Fondo del Conurbano Bonaerense, que se vio congelado en los últimos años, le girará a la provincia –lo acabamos de aprobar en el presupuesto- 40.000 millones de pesos en 2018, 65.000 millones en 2019 y a partir de ahí la cifra se ajustará por inflación.
También le entregará un bono a las provincias a cambio de que éstas desistan de sus juicios contra la Nación.
Por su parte, la Nación gana por el desistimiento de esos juicios un monto que se estima en 340.000 millones de pesos.
A la vez, las provincias ceden 150.000 millones de pesos en concepto de ingresos brutos por la reducción que van a implementar gradualmente en los próximos cinco años.
Además, ceden 340.000 millones de pesos –como acabo de señalar- por el desistimiento de sus juicios contra la Nación.
Al mismo tiempo, por el desistimiento del juicio que la provincia de Buenos Aires planteó ante la Corte Suprema, las provincias ganan 400.000 millones de pesos, lo que se suma a la ganancia que obtienen con el bono que emite la Nación para compensar el desistimiento de sus propios juicios.
La provincia de Buenos Aires también gana por la compensación y por la eliminación del artículo 104, lo que le permite recuperar participación en la masa de recursos. Esta medida le permitirá a la provincia de Buenos Aires obtener una reparación por la tremenda injusticia que operó en los últimos años, que condenó a muchos argentinos que habitan en el conurbano bonaerense a vivir sin cloacas, sin pavimentos, sin buena educación y sin seguridad. Esto también es parte de la injusticia que sufren los millones de argentinos que viven en la provincia de buenos Aires.
Pero la provincia también cede, y lo hace en dos frentes. En primer lugar, cede el juicio por 400.000 millones de pesos que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en segundo término, cede 50.000 millones de pesos de los 150.000 millones que se estiman por la disminución de 1,5 puntos del producto en concepto de ingresos brutos. Es decir que medio punto del producto lo aporta directamente la provincia de Buenos Aires.
Por lo tanto, la provincia también pone su parte, como también lo hicieron la Nación y el resto de las provincias. Todas ceden un poco y todas ganan un poco para que, en definitiva, ganemos todos, o sea, para que ganen todos los argentinos a través de una mejor estructura tributaria y mayor solvencia fiscal.
Creo que este consenso nos permitirá dejar de lado un mecanismo que resolvía las cuestiones fiscales entre la Nación y las provincias en la Corte Suprema, es decir, a las piñas, por las malas, sin hablar, litigando, peleándonos en la Justicia cuando nos podíamos sentar a una mesa para resolver los problemas.
En mi opinión este es un acuerdo histórico, porque nos permite solucionar esos problemas, pero sobre todo nos ubica sobre una senda más sustentable en materia fiscal, con una estructura tributaria que está más en línea con la del resto de los países. Esto nos permitirá generar muchísimas oportunidades de inversión y empleo en las propias provincias; con esto las provincias y los argentinos también ganan.
La gran ventaja de este consenso fiscal es que más allá del juego de suma cero, que existe en la mayoría de los acuerdos fiscales, también hay un juego de sumas positivas, porque lo que estamos haciendo son reformas profundas que van a acelerar la inversión y el crecimiento, pero que sobre todo nos permitirá continuar por el camino del crecimiento para reducir la pobreza, que es el principal objetivo que nos hemos planteado.
Como acabo de señalar, nos encontramos en presencia de un acuerdo histórico que muestra una enorme madurez, porque a diferencia de lo que se dijo en los debates, se elaboró en un marco de entendimiento por la necesidad de salir de la confrontación en el ámbito de la Corte Suprema, ya que eso nos podía conducir hacia un desorden fiscal que iba a comprometer a la Nación y a las provincias. Creo que lo que se logró es un acuerdo sin precedentes, que nos permite seguir por esta senda de reducción de impuestos distorsivos, mejora de la solvencia fiscal, control del gasto público, crecimiento de la economía y reducción de la pobreza. (Aplausos.)
También se ha buscado solucionar, de una vez por todas, el drama de los impuestos distorsivos en la Argentina.
El consenso incluye además la sanción de una ley de responsabilidad fiscal que ponga en el centro del debate la necesidad de recuperar la solvencia fiscal no solo en la Nación, sino también en las provincias. La iniciativa que ahora estamos considerando establece que el crecimiento de los gastos corrientes estará en línea con la inflación; se mantiene en términos reales para las provincias superavitarias, mientras que el incremento del gasto primario total permanece constante en términos reales para las provincias deficitarias.
Esta medida, sumada al presupuesto nacional que acabamos de sancionar, que incluye la reducción paulatina del déficit fiscal –un punto el próximo año y un punto adicional en los siguientes, es parte de la construcción de una solvencia fiscal de largo plazo en la Argentina.
Reitero que estamos ante un acuerdo histórico que realmente viene a poner punto final a muchas décadas de desorden y conflictos fiscales entre la Nación y las provincias.
En lo que se refiere al Fondo del Conurbano, me gustaría decir lo siguiente. El artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sancionado en buena medida para crear en aquel entonces el Fondo del Conurbano, trajo aparejada la paradoja de que Buenos Aires era la que menos fondos recibía respecto de todas las provincias.
La aplicación del artículo 104 conlleva una disminución de los fondos destinados a la ANSES, lo cual también explica una de las razones por las cuales se decidió impulsar el cambio de la fórmula de movilidad, a fin de evitar que las discusiones presupuestarias y de federalismo fiscal se vieran contaminadas por ese tema.
A través de este acuerdo también se decidió arrimar una solución a los problemas que enfrentan las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación. Por eso en el presupuesto que acabamos de aprobar se incluyó una partida de 17.000 millones de pesos para financiar el déficit de dichas cajas.
El pacto fiscal también contempla una reforma tributaria en las provincias, que se suma a la reforma que antes de ayer aprobó este Parlamento. En el caso de la Nación, esa reforma va a implicar una reducción en los próximos cinco años equivalente a 1,5 puntos del producto, que se suma a la caída de casi 2 puntos en la presión tributaria que operó entre los años 2015 y 2017.
A su vez, las provincias también se comprometen a generar un alivio fiscal equivalente –básicamente por una disminución en la tasa de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos-, es decir, de 1,5 puntos en cinco años.
En definitiva, estamos hablando de un alivio fiscal para las empresas y los consumidores por un total de 5 puntos del producto cuando estas reformas estén operando a pleno.
¿Cómo se compensa esta disminución en los recursos? A través de la austeridad que implicará la sanción del proyecto de ley sobre régimen federal de responsabilidad fiscal, que establece condiciones para el crecimiento del gasto público y que, a su vez, busca evitar el incremento desmedido de los gastos corrientes, y a partir del crecimiento de la economía se generarán los recursos fiscales necesarios para que esta reducción de ingresos no impacte en los déficit provinciales.
Con este pacto, más la reforma tributaria que aprobamos anteayer, estamos reduciendo 5 puntos los tributos distorsivos, como lo son los impuestos al comercio exterior –que ahoga a las economías regionales-, a los ingresos brutos que tal como lo señalé cuando discutimos la reforma tributaria, probablemente sea la herramienta más brutal de desprotección de la industria nacional y a los créditos y débitos bancarios, que paulatinamente se irá tomando como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Este último también es un impuesto extremadamente distorsivo, que existe en muy pocas partes del mundo.
Creo que esas dos reformas van a permitir una mejora sustancial en la presión tributaria, tanto cuantitativa como cualitativamente.
Básicamente, el acuerdo fiscal reconoce que la Argentina tiene una carga impositiva muy elevada y altamente distorsiva. También reconoce la necesidad de caminar por un sendero de solvencia fiscal en el mediano plazo.
Es un acuerdo en el que todos ceden un poco para que todos ganen. La Nación cede, ya que en compensación por los recursos que la provincia de Buenos Aires no recibió del Fondo del Conurbano Bonaerense, que se vio congelado en los últimos años, le girará a la provincia –lo acabamos de aprobar en el presupuesto- 40.000 millones de pesos en 2018, 65.000 millones en 2019 y a partir de ahí la cifra se ajustará por inflación.
También le entregará un bono a las provincias a cambio de que éstas desistan de sus juicios contra la Nación.
Por su parte, la Nación gana por el desistimiento de esos juicios un monto que se estima en 340.000 millones de pesos.
A la vez, las provincias ceden 150.000 millones de pesos en concepto de ingresos brutos por la reducción que van a implementar gradualmente en los próximos cinco años.
Además, ceden 340.000 millones de pesos –como acabo de señalar- por el desistimiento de sus juicios contra la Nación.
Al mismo tiempo, por el desistimiento del juicio que la provincia de Buenos Aires planteó ante la Corte Suprema, las provincias ganan 400.000 millones de pesos, lo que se suma a la ganancia que obtienen con el bono que emite la Nación para compensar el desistimiento de sus propios juicios.
La provincia de Buenos Aires también gana por la compensación y por la eliminación del artículo 104, lo que le permite recuperar participación en la masa de recursos. Esta medida le permitirá a la provincia de Buenos Aires obtener una reparación por la tremenda injusticia que operó en los últimos años, que condenó a muchos argentinos que habitan en el conurbano bonaerense a vivir sin cloacas, sin pavimentos, sin buena educación y sin seguridad. Esto también es parte de la injusticia que sufren los millones de argentinos que viven en la provincia de buenos Aires.
Pero la provincia también cede, y lo hace en dos frentes. En primer lugar, cede el juicio por 400.000 millones de pesos que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en segundo término, cede 50.000 millones de pesos de los 150.000 millones que se estiman por la disminución de 1,5 puntos del producto en concepto de ingresos brutos. Es decir que medio punto del producto lo aporta directamente la provincia de Buenos Aires.
Por lo tanto, la provincia también pone su parte, como también lo hicieron la Nación y el resto de las provincias. Todas ceden un poco y todas ganan un poco para que, en definitiva, ganemos todos, o sea, para que ganen todos los argentinos a través de una mejor estructura tributaria y mayor solvencia fiscal.
Creo que este consenso nos permitirá dejar de lado un mecanismo que resolvía las cuestiones fiscales entre la Nación y las provincias en la Corte Suprema, es decir, a las piñas, por las malas, sin hablar, litigando, peleándonos en la Justicia cuando nos podíamos sentar a una mesa para resolver los problemas.
En mi opinión este es un acuerdo histórico, porque nos permite solucionar esos problemas, pero sobre todo nos ubica sobre una senda más sustentable en materia fiscal, con una estructura tributaria que está más en línea con la del resto de los países. Esto nos permitirá generar muchísimas oportunidades de inversión y empleo en las propias provincias; con esto las provincias y los argentinos también ganan.
La gran ventaja de este consenso fiscal es que más allá del juego de suma cero, que existe en la mayoría de los acuerdos fiscales, también hay un juego de sumas positivas, porque lo que estamos haciendo son reformas profundas que van a acelerar la inversión y el crecimiento, pero que sobre todo nos permitirá continuar por el camino del crecimiento para reducir la pobreza, que es el principal objetivo que nos hemos planteado.
Como acabo de señalar, nos encontramos en presencia de un acuerdo histórico que muestra una enorme madurez, porque a diferencia de lo que se dijo en los debates, se elaboró en un marco de entendimiento por la necesidad de salir de la confrontación en el ámbito de la Corte Suprema, ya que eso nos podía conducir hacia un desorden fiscal que iba a comprometer a la Nación y a las provincias. Creo que lo que se logró es un acuerdo sin precedentes, que nos permite seguir por esta senda de reducción de impuestos distorsivos, mejora de la solvencia fiscal, control del gasto público, crecimiento de la economía y reducción de la pobreza. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(PETRI)
Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
SR.(PASTORI)
Señor presidente: los tres proyectos que continúan en el plan de labor forman parte de un paquete de leyes fiscales enlazadas con el presupuesto y otras normas que hemos aprobado en esta semana, particularmente la llamada del consenso fiscal, a la que también podríamos denominar pacto fiscal III. El pacto fiscal I fue el firmado por Menem y Cavallo con los gobernadores el 12 de agosto de 1992; el pacto fiscal II, el 12 de agosto de 1993.
Este, que podríamos denominar pacto fiscal III, tiene los siguientes puntos importantes: elimina la litigiosidad de las provincias versus la Nación las provincias retiran 59 juicios; reduce la presión impositiva de los impuestos provinciales, básicamente ingresos brutos y sellos; no se podrán derivar más recursos del FONAVI o fondos viales a rentas generales en las provincias, tendrán que volver a aplicarlos al destino específico; refuerza el financiamiento de las trece cajas previsionales deficitarias no transferidas por las provincias a la Nación; elimina progresivamente subsidios al agua, luz o gas en el área metropolitana y también al transporte, con lo cual desaparecerá la odiosa discriminación de los habitantes del área metropolitana, beneficiados en forma diferencial con respecto a los del resto del país.
Asimismo, la Nación emite un bono de 90.000 millones de pesos para distribuir entre las provincias que adhieran al consenso fiscal en función de los índices de coparticipación.
En cambio, el proyecto de ley de responsabilidad fiscal apunta al equilibrio presupuestario entre la Nación y las provincias al limitar el gasto corriente, el que no podrá crecer más allá de lo que crezca la inflación es decir que el gasto corriente no podrá crecer más en forma real; disminuye la presión tributaria; pone límites al incremento en la planta de personal, tomando como base la planta al 31 de diciembre de 2017 –no puede crecer más allá del crecimiento demográfico de cada provincia calculado por el INDEC, pone límite al endeudamiento público cuyos servicios no pueden superar en cada año el 15 por ciento del total de recursos corrientes de los presupuestos provinciales, y establece una regla de fin de mandato por la cual los seis meses anteriores a su terminación, los gobiernos no podrán asumir compromisos que signifiquen que luego tendrán que cumplirlos las sucesivas administraciones.
Por otro lado, el proyecto de ley complementario del consenso fiscal, o en cumplimiento de los compromisos de la Nación en el consenso fiscal, destina el ciento por ciento del impuesto al cheque a la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES, prorroga al 31 de diciembre de 2022 todos los impuestos que vencían el 31 de diciembre de 2017 –ganancias, bienes personales, emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos y el monotributo; establece que las asignaciones específicas que rigen actualmente mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022; deroga el artículo 104 del impuesto a las ganancias, con lo cual se cumple en gran medida con los compromisos que asume el Estado nacional en la firma del consenso fiscal.
Para finalizar, haré una breve referencia al fondo del conurbano bonaerense. Lo que había ocurrido era una verdadera injusticia. Cuando el fondo del conurbano se estableció en 1993 en el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias, rondaba los 650 millones de pesos en época de la convertibilidad.
A partir de 2002 sobrevinieron los períodos inflacionarios, pero el fondo quedó fijo. Se tendría que haber corregido esa asignación en ese momento, pero no se lo hizo hasta el día de hoy, en que estamos devolviendo a la provincia de Buenos Aires lo que legítimamente le corresponde, con un juicio que además estaba a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podría haber resultado en un enorme perjuicio para todas las provincias.
Finalizo esta breve presentación repitiendo las palabras del gobernador de mi provincia, Hugo Passalacqua, quien no es del mismo signo político que Cambiemos. Al comenzar este trámite de acuerdos de devolución de la Nación a las provincias del famoso 15 por ciento detraído desde el año 92, cuando volvió a Misiones dijo que era la primera vez que nos llamaban del gobierno nacional no para sacar dinero a las provincias, sino para reintegrárselo.
Esta es la filosofía y el federalismo que estamos entendiendo, cuyo camino estamos empeñados en seguir perfeccionando. (Aplausos.)
Este, que podríamos denominar pacto fiscal III, tiene los siguientes puntos importantes: elimina la litigiosidad de las provincias versus la Nación las provincias retiran 59 juicios; reduce la presión impositiva de los impuestos provinciales, básicamente ingresos brutos y sellos; no se podrán derivar más recursos del FONAVI o fondos viales a rentas generales en las provincias, tendrán que volver a aplicarlos al destino específico; refuerza el financiamiento de las trece cajas previsionales deficitarias no transferidas por las provincias a la Nación; elimina progresivamente subsidios al agua, luz o gas en el área metropolitana y también al transporte, con lo cual desaparecerá la odiosa discriminación de los habitantes del área metropolitana, beneficiados en forma diferencial con respecto a los del resto del país.
Asimismo, la Nación emite un bono de 90.000 millones de pesos para distribuir entre las provincias que adhieran al consenso fiscal en función de los índices de coparticipación.
En cambio, el proyecto de ley de responsabilidad fiscal apunta al equilibrio presupuestario entre la Nación y las provincias al limitar el gasto corriente, el que no podrá crecer más allá de lo que crezca la inflación es decir que el gasto corriente no podrá crecer más en forma real; disminuye la presión tributaria; pone límites al incremento en la planta de personal, tomando como base la planta al 31 de diciembre de 2017 –no puede crecer más allá del crecimiento demográfico de cada provincia calculado por el INDEC, pone límite al endeudamiento público cuyos servicios no pueden superar en cada año el 15 por ciento del total de recursos corrientes de los presupuestos provinciales, y establece una regla de fin de mandato por la cual los seis meses anteriores a su terminación, los gobiernos no podrán asumir compromisos que signifiquen que luego tendrán que cumplirlos las sucesivas administraciones.
Por otro lado, el proyecto de ley complementario del consenso fiscal, o en cumplimiento de los compromisos de la Nación en el consenso fiscal, destina el ciento por ciento del impuesto al cheque a la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES, prorroga al 31 de diciembre de 2022 todos los impuestos que vencían el 31 de diciembre de 2017 –ganancias, bienes personales, emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos y el monotributo; establece que las asignaciones específicas que rigen actualmente mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022; deroga el artículo 104 del impuesto a las ganancias, con lo cual se cumple en gran medida con los compromisos que asume el Estado nacional en la firma del consenso fiscal.
Para finalizar, haré una breve referencia al fondo del conurbano bonaerense. Lo que había ocurrido era una verdadera injusticia. Cuando el fondo del conurbano se estableció en 1993 en el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias, rondaba los 650 millones de pesos en época de la convertibilidad.
A partir de 2002 sobrevinieron los períodos inflacionarios, pero el fondo quedó fijo. Se tendría que haber corregido esa asignación en ese momento, pero no se lo hizo hasta el día de hoy, en que estamos devolviendo a la provincia de Buenos Aires lo que legítimamente le corresponde, con un juicio que además estaba a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podría haber resultado en un enorme perjuicio para todas las provincias.
Finalizo esta breve presentación repitiendo las palabras del gobernador de mi provincia, Hugo Passalacqua, quien no es del mismo signo político que Cambiemos. Al comenzar este trámite de acuerdos de devolución de la Nación a las provincias del famoso 15 por ciento detraído desde el año 92, cuando volvió a Misiones dijo que era la primera vez que nos llamaban del gobierno nacional no para sacar dinero a las provincias, sino para reintegrárselo.
Esta es la filosofía y el federalismo que estamos entendiendo, cuyo camino estamos empeñados en seguir perfeccionando. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(PETRI)
Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.
SR.(SCHLERETH)
Señor presidente: en honor a lo avanzado de la hora, seré breve.
Solo quiero mencionar tres conceptos que subyacen en estos proyectos de ley que estamos tratando en este momento, que reiteradamente han sido mencionados, especialmente en la consideración del presupuesto que acabamos de aprobar.
Uno de ellos tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, un flagelo, una situación no resuelta por décadas en la Argentina, que nos ha puesto cíclicamente en períodos de profundas crisis. Está a la vista que todos los espacios políticos aquí presentes coincidimos en que es necesario comenzar a resolverla.
Este gobierno tiene la vocación y voluntad de hacerlo, y así lo ha explicitado en este proyecto de ley de régimen federal de responsabilidad fiscal, a través de múltiples acciones compartidas con los gobiernos provinciales: hacer más eficiente el gasto; modernizar el Estado; armonizar y coordinar el sistema tributario nacional con los provinciales; clarificar y establecer con precisión las condiciones razonables que deben preexistir antes de que el Estado nacional o los Estados provinciales tomen deuda.
Lo más importante es que el Estado nacional asume una actitud ejemplar. Si repasamos los artículos 2, 5, 8, 13 y algunos otros, vemos que el Estado nacional se pone en primer lugar para avanzar en la solución de todas estas cuestiones que, en definitiva, devienen en que este problema serio que tenemos en la Argentina –el déficit fiscal se pueda ir resolviendo progresivamente.
La segunda cuestión a la que me quiero referir tiene que ver con el otro proyecto de ley que estamos tratando, que es el del consenso fiscal y que también enumera distintos aspectos –sobre los cuales no voy a volver que recién mencionó detalladamente el señor diputado Pastori. Pero sí quiero referirme a uno que es muy importante, que tiene que ver con el segundo tema que se ha escuchado reiteradamente durante la discusión del proyecto del presupuesto y que es el federalismo.
Nuevamente este gobierno nacional, el presidente Macri, convoca a los gobernadores, y dentro de la letra del pacto fiscal suscripto en el mes de noviembre establece el compromiso de iniciar el tratamiento de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Es imprescindible para la Nación, pero también especialmente para las provincias.
Como representantes del pueblo de las provincias –en mi caso, diputado nacional por la provincia del Neuquén celebramos esta iniciativa que el gobierno nacional ha decidido impulsar -en coordinación con los gobiernos provinciales- y luego darle tratamiento en este Congreso.
Si realmente queremos ser un país federal, necesitamos, indudablemente, una nueva ley de coparticipación, que lleva una demora de más de veinte años en el cumplimiento de lo que establece nuestra Carta Magna, específicamente luego de 1994. El gobierno nacional viene a saldar esa deuda.
En tercer lugar vuelvo a resaltar la importancia de un gobierno nacional que convoca a los gobiernos provinciales, a los gobernadores legítimamente elegidos por los pueblos de sus provincias, a resolver problemas de vieja data que tienen la Nación y las provincias.
Parece inédito. Hace poco tiempo nuestro país parecía lejos de lograr este tipo de acuerdos, que no son solo transitorios, sino que se reflejan en leyes que dicta este Congreso Nacional y que benefician a toda la población del país, particularmente al pueblo de las provincias.
Entonces celebro esto. Como representante de una provincia aplaudo que el gobierno nacional y el presidente Macri tengan la vocación de resolver de una vez y para siempre estos problemas que arrastramos de décadas. (Aplausos.)
Solo quiero mencionar tres conceptos que subyacen en estos proyectos de ley que estamos tratando en este momento, que reiteradamente han sido mencionados, especialmente en la consideración del presupuesto que acabamos de aprobar.
Uno de ellos tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, un flagelo, una situación no resuelta por décadas en la Argentina, que nos ha puesto cíclicamente en períodos de profundas crisis. Está a la vista que todos los espacios políticos aquí presentes coincidimos en que es necesario comenzar a resolverla.
Este gobierno tiene la vocación y voluntad de hacerlo, y así lo ha explicitado en este proyecto de ley de régimen federal de responsabilidad fiscal, a través de múltiples acciones compartidas con los gobiernos provinciales: hacer más eficiente el gasto; modernizar el Estado; armonizar y coordinar el sistema tributario nacional con los provinciales; clarificar y establecer con precisión las condiciones razonables que deben preexistir antes de que el Estado nacional o los Estados provinciales tomen deuda.
Lo más importante es que el Estado nacional asume una actitud ejemplar. Si repasamos los artículos 2, 5, 8, 13 y algunos otros, vemos que el Estado nacional se pone en primer lugar para avanzar en la solución de todas estas cuestiones que, en definitiva, devienen en que este problema serio que tenemos en la Argentina –el déficit fiscal se pueda ir resolviendo progresivamente.
La segunda cuestión a la que me quiero referir tiene que ver con el otro proyecto de ley que estamos tratando, que es el del consenso fiscal y que también enumera distintos aspectos –sobre los cuales no voy a volver que recién mencionó detalladamente el señor diputado Pastori. Pero sí quiero referirme a uno que es muy importante, que tiene que ver con el segundo tema que se ha escuchado reiteradamente durante la discusión del proyecto del presupuesto y que es el federalismo.
Nuevamente este gobierno nacional, el presidente Macri, convoca a los gobernadores, y dentro de la letra del pacto fiscal suscripto en el mes de noviembre establece el compromiso de iniciar el tratamiento de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Es imprescindible para la Nación, pero también especialmente para las provincias.
Como representantes del pueblo de las provincias –en mi caso, diputado nacional por la provincia del Neuquén celebramos esta iniciativa que el gobierno nacional ha decidido impulsar -en coordinación con los gobiernos provinciales- y luego darle tratamiento en este Congreso.
Si realmente queremos ser un país federal, necesitamos, indudablemente, una nueva ley de coparticipación, que lleva una demora de más de veinte años en el cumplimiento de lo que establece nuestra Carta Magna, específicamente luego de 1994. El gobierno nacional viene a saldar esa deuda.
En tercer lugar vuelvo a resaltar la importancia de un gobierno nacional que convoca a los gobiernos provinciales, a los gobernadores legítimamente elegidos por los pueblos de sus provincias, a resolver problemas de vieja data que tienen la Nación y las provincias.
Parece inédito. Hace poco tiempo nuestro país parecía lejos de lograr este tipo de acuerdos, que no son solo transitorios, sino que se reflejan en leyes que dicta este Congreso Nacional y que benefician a toda la población del país, particularmente al pueblo de las provincias.
Entonces celebro esto. Como representante de una provincia aplaudo que el gobierno nacional y el presidente Macri tengan la vocación de resolver de una vez y para siempre estos problemas que arrastramos de décadas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR.(KICILLOF)
Señor presidente: voy a comenzar por definir la posición de nuestro bloque con respecto a estos tres proyectos y después haré la justificación, en aras de dar el mayor ritmo posible a lo que queda de la sesión.
Voy a comenzar a referirme al pacto fiscal. En este caso, entendemos que la firma de un pacto fiscal con el gobierno nacional por parte de las provincias que lo han hecho –no todas, por cierto es atribución de ellas.
En línea con la forma que tiene nuestro federalismo, no vamos a opinar sobre la conveniencia o inconveniencia de haber firmado este pacto por parte de cada una de las provincias. Nos vamos a abstener de opinar y, de esta manera, respetaremos la autonomía e independencia de los gobernadores y la responsabilidad de sus decisiones. Haremos algunos comentarios generales al respecto.
De todas maneras, quiero decir que nuestro voto será negativo, pero dejando bien en claro que no es una censura y de ninguna manera una oposición a lo que han hecho los gobernadores, sobre todo en vista de la situación en la que tuvieron que actuar.
Votaremos en forma negativa porque consideramos que la ley de reforma previsional, la ley de saqueo a los jubilados, viola el consenso, pacto o acuerdo firmado por los gobernadores. No lo respeta. De esa manera me parece que se llega a una situación donde se trató de convertir a los gobernadores en cómplices del ajuste a los jubilados.
Los gobernadores establecieron sabiamente una cláusula que decía que las jubilaciones siempre debían estar por encima de la inflación. Pero ahora nos encontramos con que el proyecto que se vota es claramente violatorio de la cláusula j) del punto relativo a los Compromisos Fiscales del consenso fiscal por una necesidad del gobierno nacional de no hacerse cargo del pacto que había firmado con los gobernadores y de no poner los recursos que necesitaba ese pacto para no perjudicar a las provincias.
De manera tal que para nosotros, habiendo votado en contra del saqueo a los jubilados, es imposible ahora votar a favor de un acuerdo fiscal que no se cumple y que de esa manera permite ese saqueo a los jubilados. Esa es nuestra posición.
Somos completamente conscientes de que la decisión de firmarlo o no fue de las provincias y no nos vamos a pronunciar sobre la conveniencia o inconveniencia.
Lo que sí vamos a decir es que el proyecto que se votó de reducción de jubilaciones presentes y futuras y de las AUH no estaba en el espíritu del pacto fiscal, lo violó, y por esa razón no podemos acompañar esta iniciativa.
Dicho esto, obviamente tampoco podemos acompañar la llamada ley de responsabilidad fiscal, que no es otra cosa que la continuidad de los pactos firmados específicamente en 1993 y que someten a las provincias a varios puntos de restricción.
Quiero explicar por qué. Si se imponen todas estas restricciones a las provincias, nos preguntamos por qué no ocurre lo mismo con el gobierno nacional. Es muy poco equitativo que los esfuerzos se vuelquen de nuevo sobre las finanzas provinciales. No queremos presenciar lo que ocurrió en la década del noventa, cuando por convicción neoliberal del gobierno nacional se realizó un ajuste, pero los que tienen que pagarlo son los jubilados, los docentes, los trabajadores, pero también las provincias.
No es correcto trasladar el peso del ajuste a los gobiernos provinciales. Este ha sido un intento desde que Macri asumió. Por eso nuestro voto va a ser negativo.
Nuestro bloque ha decidido adoptar una posición distinta con respecto al proyecto que prorroga al impuesto al cheque, lo que nuestro gobierno siempre ha apoyado.
Por otro lado, el destino tiene que ver con esta ensalada de proyectos que nos han traído, que son básicamente de ajuste. Pero entendemos que si votáramos en contra de transferir el impuesto al cheque a la seguridad social, a la ANSES, estaríamos desfinanciándola. No hemos acompañado los demás proyectos, pero este es independiente. Por estas razones, en el caso del proyecto sobre prórroga de impuesto al cheque, nuestro voto va a ser afirmativo.
Por otro lado, voy a realizar una descripción lo más breve posible de las condiciones sobre las cuales se llegó a este pacto fiscal y las condiciones que representaron una especie de callejón sin salida para nuestros gobernadores.
Además, sobre ese callejón sin salida se les intentó endosar el ajuste a los jubilados, que hábilmente los gobernadores evitaron con la cláusula de que siempre la jubilación tiene que estar por arriba de la inflación, que hoy a partir de lo dispuesto ayer no se cumple.
Las provincias vienen siendo perjudicadas, primero por las medidas que tienen que ver con la distribución de los recursos; pero en segundo lugar, y mucho más profundamente, por el programa económico de Macri, con aquello que está más allá de las atribuciones de este Congreso.
Lo hemos mostrado muchísimas veces: cada vez que Macri dispone abrir las importaciones, perjudica a la industria en general, pero más a las economías regionales. Cada vez que Macri debilita al mercado interno mediante las reducciones salariales, el deterioro de jubilaciones, la fijación de becas y de todo tipo de ingreso por debajo de la inflación, como lo ha venido haciendo, perjudica al país, pero más a las economías regionales.
Así tenemos la paradoja de que Macri, para justificar la devaluación y la quita de retenciones, puso como mascarón de proa a las economías regionales, y no les sirvió de nada. Fíjese, señor presidente, que las economías vinculadas a la vid y al vino tienen problemas porque carecen de mercado interno, porque lo que colocaban allí se redujo. Otro tanto sucede con las economías vinculadas al tabaco, y también con las famosas peras y manzanas, que una parte se exporta y otra tiene que ver con el mercado interno.
Cada vez hay menos mercado interno porque caen los ingresos, pero además, las góndolas de los supermercados de los grandes centros de consumo están llenas de productos con etiquetas que dicen “made in” algún país del exterior: naranjas, manzanas, peras, tomates, envasados y sin envasar, todos de afuera.
Es una locura. Se les quitaron las retenciones, se devaluó y les va peor. Además, cada vez exportamos menos. O sea que el ataque a las economías regionales no parte de esta cuestión, sino de la política económica del gobierno de Macri, que no se resuelve con este pacto.
Pero han hecho bien los gobernadores porque todos vimos ayer en la comisión esto se discutió ayer, y estamos con un dictamen que anda flotando por los aires y que después sale calentito de la imprenta que se dijo que la foto entre Vidal y el presidente de la Corte Suprema de Justicia no tenía nada que ver con el Fondo del Conurbano Bonaerense. Si piensan que no tiene nada que ver, vayan a hablar con los editorialistas de todos los diarios oficialistas, que ni lerdos ni perezosos hicieron los mandados y leyeron esa foto como una amenaza, como lo sabemos todos acá; como esas cuestiones que una diputada ha llamado “aprietes fiscales”.
Lo que quería decir esa foto no era que estaban hablando de las vacaciones que iban a tomar, de los destinos turísticos o de lo bien que iba a salir la reducción de fondos a los jubilados. Estaban hablando de que la Corte Suprema le iba a dar la razón a la provincia de Buenos Aires en el tema del Fondo del Conurbano Bonaerense.
Quiero hacer una aclaración, porque seguramente nos van a querer malinterpretar mañana, sobre qué está haciendo nuestro bloque. Nosotros creemos que a la provincia de Buenos Aires le faltan recursos. Está muy bien que tenga más recursos.
¿Cuál era el problema? Primero, que se iba a hacer lugar a ese reclamo, pero no a los de las demás provincias. Si alguien tiene problema con esta interpretación que estoy haciendo, que vaya a hablar con los editorialistas de los diarios oficialistas. De lo contrario, Vidal o Lorenzetti se tendrían que haber tomado el trabajo de aclararlo, y no ocurrió. No lo aclararon porque ese era el objetivo de la foto. Pusieron una foto, como la de los buscados, porque lo que pasaba ahí era que si el Fondo del Conurbano se modificaba según el reclamo de la gobernadora, los que iban a tener que darle los mayores recursos a la provincia de Buenos Aires iban a tener que ser las demás provincias.
Estamos de acuerdo con que Buenos Aires necesita más recursos, pero eso no quiere decir que esos recursos los tengan que poner las demás provincias, que los necesitan, y algunas podríamos decir que todavía precisan una inyección de recursos adicionales.
¿Qué es lo que se planteó con esa foto tan emblemática que dio origen a todo este movimiento que termina hoy acá en el Congreso? Quería decir que lo que pedía Vidal se lo iban a sacar a las demás provincias. Después, si el señor presidente me lo permite, empezó el tema de a quién le ponían el huevo podrido; es decir, a quién le sacaban la guita que le querían dar a la gobernadora Vidal, no al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Porque fíjese que este caminito termina en que los que ponen la plata para Vidal son los jubilados.
De los 100.000 millones de pesos que se les saca a los jubilados, 34.000 millones corresponden a jubilados que habitan en la provincia de Buenos Aires. Así que este es un tiro por la culata, porque le van a dar a Vidal los recursos que pedía, pero se los van a sacar a los jubilados de la provincia de Buenos Aires en un orden de magnitud de 34.000 millones de pesos.
No hace falta ser keynesiano ni haber leído la Teoría General. Es muy fácil siendo peronista darse cuenta de que cuando le quitan capacidad de consumo a la gente, no se pierden solo los 34.000 millones, sino que esa suma ya no se volcará al mercado interno, al consumo, a la demanda, a las ventas.
Entonces, va a perjudicar primero a los jubilados, después a los comerciantes, luego a las pymes, después a la producción. Ahí se genera un efecto multiplicador como decimos los economistas, porque si se saca un peso al consumo, a la economía se le saca mucho más, pues eso que no se consume, después genera pérdidas en la industria, menos puestos de trabajo y se consume todavía menos.
Es lo contrario a lo que planteó Néstor Kirchner en su discurso del 25 de mayo de 2003 en cuanto a que la política económica de crecimiento se base en nuestra gente, nuestra dignidad, nuestros laburantes, nuestros jubilados, a los que les damos un peso y no se lo llevan a Panamá, no lo ponen en un paraíso fiscal; lo consumen cruzando la calle, en los negocios de proximidad, en los barrios, en las villas. Eso a su vez genera más ingreso, más trabajo, más consumo, y entramos en el círculo virtuoso.
Lo que están haciendo ahora es darles por un lado lo que les sacan por el otro. Conclusión: a partir de esa famosa foto, lo que ocurre después, que ya conocemos, es que los llaman a los gobernadores y les dicen: “Miren, muchachos…”. Bueno, lo que se me ocurre son las malas palabras que incluye el dicho popular. Alguno dijo “dunga, dunga”, otro dijo “plata o tal cosa”. Entonces, les dijeron: “¿Quién va a poner la guita para María Eugenia?” Y los gobernadores dijeron “Nosotros no”. Está muy bien. Entonces, fueron a un Pacto Fiscal, del que salen básicamente empatados con respecto a estos fondos, pero terminan pagando los jubilados, porque se incumple el Pacto Fiscal que previeron los gobernadores.
Fíjense las cosas que pasan. Yo hablaba de las economías regionales para referirme a las frutas y a todos esos productos de origen agropecuario que hacen los pequeños productores, a quienes están quebrando en su totalidad. Pero también puedo hablar de las provincias del sur y lo que han hecho con el petróleo. ¡Fíjense qué bonito! Decían que el tarifazo era porque había una crisis energética producida por nuestro gobierno. ¿Cuál era la solución? Romperles la cabeza –o la parte del cuerpo que ustedes quieran- a todos los argentinos para que entonces esas tarifas, que iban a cubrir plenamente el precio, permitieran que les fuera mejor a los productores, pero no para beneficio de ellos, sino para invertir más. Entonces la crisis energética la curábamos con el tarifazo.
¿Dónde están los que dijeron eso? ¡Vayan a ver la producción de petróleo y cómo están las cajas de las provincias del sur! Cayó el petróleo y cayó el gas; lo que no cayó es el tarifazo. Estamos pagando tarifas más elevadas, que van a los bolsillos de las empresas, pero no se reflejan en más inversión, sino en menos: retiraron el 30 por ciento de los equipos.
Es decir que multiplicaron la crisis energética, pero el tarifazo lo pagan en todas las provincias. Y en las provincias del sur, donde se paga el tarifazo, hay menos producción, menos regalías, menos laburo, y para constatarlo basta con recorrer los pueblos petroleros desde que YPF, que sigue siendo estatal, actúa como privada.
Voy a dar un último ejemplo en este sentido. Estábamos en una foto donde les iban a sacar a todas las provincias lo que le iban a dar a la provincia de Buenos Aires, y eso era inadmisible. Está muy bien que los gobernadores hayan puesto un límite y que hayan visto compensada esa situación. Lo que no está bien es que la beneficiaria de esto sea la señora María Eugenia Vidal, además del señor Rodríguez Larreta, que también se beneficia por la nueva distribución de recursos. Eso no está bien. Logramos un empate, pero algunos salieron ganando.
Además, si dejamos de ver la foto y pasamos a ver la película, observamos que eliminando el artículo 104 del impuesto a las ganancias, como hicimos ayer, a las provincias les va a llegar dicho gravamen. ¿Y qué plantea el gobierno de Macri, muy feliz y suelto de cuerpo? Que vamos a ir eliminando paulatinamente el impuesto a las ganancias. Ya empezamos con las sociedades. Es decir, esto es pan para hoy y hambre –con gradualidad, si les gusta- para mañana.
Entonces, nosotros vamos a tener que rever cuáles son estos planes. Teóricamente, por una enorme carga impositiva o por un descontrolado gasto público, que atañe a todo el país, quieren poner trabas, pero el ajuste lo van a tener que hacer las provincias, porque el gobierno nacional sigue endeudándose en dólares para financiar la fuga.
Lo mismo pasa con las retenciones. Fíjense que el año que viene les van a sacar a los grandes exportadores de soja medio punto más por mes de retenciones durante todo el año. Según el diario La Nación, eso significa 1.000 millones de dólares menos de ingresos. Sin embargo, les quieren recortar a los jubilados. Entonces, piensen mejor quién anda bien en la economía argentina y quién anda mal, cuando deciden los recortes.
Esto también afecta los fondos que iban a los municipios para obras. Están sacando recursos de ahí, a la ANSES le dan el impuesto al cheque, y si vemos la foto, compensan a la ANSES -o veamos cómo termina la cuenta-, pero lo cierto es que quieren eliminar el impuesto al cheque.
Entonces, a las provincias les dan de la recaudación del impuesto a las ganancias, que lo quieren eliminar, y a la ANSES, del impuesto al cheque, que gradualmente también lo van a eliminar. O sea, vamos en una trayectoria donde los jubilados y las provincias tienen por delante una película espantosa.
Para terminar y no extenderme más, quiero decir que, tal como decía Charly García de los dinosaurios, estas fuentes presupuestarias van a desaparecer. Así lo plantea el gobierno del Pro. Yo me pregunto qué idea de federalismo y de seguridad social tiene. Y cuando festejan que cada vez un porcentaje mayor del presupuesto va a parar al gasto social –nosotros no lo llamamos gasto, sino inversión-, lo que olvidan decir es que eso pasa porque ajustan todas las demás partidas. Si no ajustan las partidas sociales es porque los movimientos sociales se pararon en la calle a reclamar que les dieran lo que les corresponde, que no solo es resultado de una gran lucha, sino de una enorme transformación que estábamos haciendo en la Argentina.
No hay que criminalizar la protesta social. Ese es el otro cambio que está haciendo el Pro: castiga a los sectores y después no los quiere dejar ni siquiera expresarse o protestar legítimamente.
Señor presidente: esto termina siendo la consumación del saqueo a los jubilados. Apoyamos a las provincias que han defendido su presupuesto y su autonomía. Ahora bien, dejen de sacarles la plata del bolsillo a los que menos tienen: a los laburantes, a los jubilados, a los estudiantes, a los sectores medios. Todos ellos son el pato de la boda, y los que ganan están arriba, timbean y se la llevan a los paraísos fiscales. (Aplausos.)
Voy a comenzar a referirme al pacto fiscal. En este caso, entendemos que la firma de un pacto fiscal con el gobierno nacional por parte de las provincias que lo han hecho –no todas, por cierto es atribución de ellas.
En línea con la forma que tiene nuestro federalismo, no vamos a opinar sobre la conveniencia o inconveniencia de haber firmado este pacto por parte de cada una de las provincias. Nos vamos a abstener de opinar y, de esta manera, respetaremos la autonomía e independencia de los gobernadores y la responsabilidad de sus decisiones. Haremos algunos comentarios generales al respecto.
De todas maneras, quiero decir que nuestro voto será negativo, pero dejando bien en claro que no es una censura y de ninguna manera una oposición a lo que han hecho los gobernadores, sobre todo en vista de la situación en la que tuvieron que actuar.
Votaremos en forma negativa porque consideramos que la ley de reforma previsional, la ley de saqueo a los jubilados, viola el consenso, pacto o acuerdo firmado por los gobernadores. No lo respeta. De esa manera me parece que se llega a una situación donde se trató de convertir a los gobernadores en cómplices del ajuste a los jubilados.
Los gobernadores establecieron sabiamente una cláusula que decía que las jubilaciones siempre debían estar por encima de la inflación. Pero ahora nos encontramos con que el proyecto que se vota es claramente violatorio de la cláusula j) del punto relativo a los Compromisos Fiscales del consenso fiscal por una necesidad del gobierno nacional de no hacerse cargo del pacto que había firmado con los gobernadores y de no poner los recursos que necesitaba ese pacto para no perjudicar a las provincias.
De manera tal que para nosotros, habiendo votado en contra del saqueo a los jubilados, es imposible ahora votar a favor de un acuerdo fiscal que no se cumple y que de esa manera permite ese saqueo a los jubilados. Esa es nuestra posición.
Somos completamente conscientes de que la decisión de firmarlo o no fue de las provincias y no nos vamos a pronunciar sobre la conveniencia o inconveniencia.
Lo que sí vamos a decir es que el proyecto que se votó de reducción de jubilaciones presentes y futuras y de las AUH no estaba en el espíritu del pacto fiscal, lo violó, y por esa razón no podemos acompañar esta iniciativa.
Dicho esto, obviamente tampoco podemos acompañar la llamada ley de responsabilidad fiscal, que no es otra cosa que la continuidad de los pactos firmados específicamente en 1993 y que someten a las provincias a varios puntos de restricción.
Quiero explicar por qué. Si se imponen todas estas restricciones a las provincias, nos preguntamos por qué no ocurre lo mismo con el gobierno nacional. Es muy poco equitativo que los esfuerzos se vuelquen de nuevo sobre las finanzas provinciales. No queremos presenciar lo que ocurrió en la década del noventa, cuando por convicción neoliberal del gobierno nacional se realizó un ajuste, pero los que tienen que pagarlo son los jubilados, los docentes, los trabajadores, pero también las provincias.
No es correcto trasladar el peso del ajuste a los gobiernos provinciales. Este ha sido un intento desde que Macri asumió. Por eso nuestro voto va a ser negativo.
Nuestro bloque ha decidido adoptar una posición distinta con respecto al proyecto que prorroga al impuesto al cheque, lo que nuestro gobierno siempre ha apoyado.
Por otro lado, el destino tiene que ver con esta ensalada de proyectos que nos han traído, que son básicamente de ajuste. Pero entendemos que si votáramos en contra de transferir el impuesto al cheque a la seguridad social, a la ANSES, estaríamos desfinanciándola. No hemos acompañado los demás proyectos, pero este es independiente. Por estas razones, en el caso del proyecto sobre prórroga de impuesto al cheque, nuestro voto va a ser afirmativo.
Por otro lado, voy a realizar una descripción lo más breve posible de las condiciones sobre las cuales se llegó a este pacto fiscal y las condiciones que representaron una especie de callejón sin salida para nuestros gobernadores.
Además, sobre ese callejón sin salida se les intentó endosar el ajuste a los jubilados, que hábilmente los gobernadores evitaron con la cláusula de que siempre la jubilación tiene que estar por arriba de la inflación, que hoy a partir de lo dispuesto ayer no se cumple.
Las provincias vienen siendo perjudicadas, primero por las medidas que tienen que ver con la distribución de los recursos; pero en segundo lugar, y mucho más profundamente, por el programa económico de Macri, con aquello que está más allá de las atribuciones de este Congreso.
Lo hemos mostrado muchísimas veces: cada vez que Macri dispone abrir las importaciones, perjudica a la industria en general, pero más a las economías regionales. Cada vez que Macri debilita al mercado interno mediante las reducciones salariales, el deterioro de jubilaciones, la fijación de becas y de todo tipo de ingreso por debajo de la inflación, como lo ha venido haciendo, perjudica al país, pero más a las economías regionales.
Así tenemos la paradoja de que Macri, para justificar la devaluación y la quita de retenciones, puso como mascarón de proa a las economías regionales, y no les sirvió de nada. Fíjese, señor presidente, que las economías vinculadas a la vid y al vino tienen problemas porque carecen de mercado interno, porque lo que colocaban allí se redujo. Otro tanto sucede con las economías vinculadas al tabaco, y también con las famosas peras y manzanas, que una parte se exporta y otra tiene que ver con el mercado interno.
Cada vez hay menos mercado interno porque caen los ingresos, pero además, las góndolas de los supermercados de los grandes centros de consumo están llenas de productos con etiquetas que dicen “made in” algún país del exterior: naranjas, manzanas, peras, tomates, envasados y sin envasar, todos de afuera.
Es una locura. Se les quitaron las retenciones, se devaluó y les va peor. Además, cada vez exportamos menos. O sea que el ataque a las economías regionales no parte de esta cuestión, sino de la política económica del gobierno de Macri, que no se resuelve con este pacto.
Pero han hecho bien los gobernadores porque todos vimos ayer en la comisión esto se discutió ayer, y estamos con un dictamen que anda flotando por los aires y que después sale calentito de la imprenta que se dijo que la foto entre Vidal y el presidente de la Corte Suprema de Justicia no tenía nada que ver con el Fondo del Conurbano Bonaerense. Si piensan que no tiene nada que ver, vayan a hablar con los editorialistas de todos los diarios oficialistas, que ni lerdos ni perezosos hicieron los mandados y leyeron esa foto como una amenaza, como lo sabemos todos acá; como esas cuestiones que una diputada ha llamado “aprietes fiscales”.
Lo que quería decir esa foto no era que estaban hablando de las vacaciones que iban a tomar, de los destinos turísticos o de lo bien que iba a salir la reducción de fondos a los jubilados. Estaban hablando de que la Corte Suprema le iba a dar la razón a la provincia de Buenos Aires en el tema del Fondo del Conurbano Bonaerense.
Quiero hacer una aclaración, porque seguramente nos van a querer malinterpretar mañana, sobre qué está haciendo nuestro bloque. Nosotros creemos que a la provincia de Buenos Aires le faltan recursos. Está muy bien que tenga más recursos.
¿Cuál era el problema? Primero, que se iba a hacer lugar a ese reclamo, pero no a los de las demás provincias. Si alguien tiene problema con esta interpretación que estoy haciendo, que vaya a hablar con los editorialistas de los diarios oficialistas. De lo contrario, Vidal o Lorenzetti se tendrían que haber tomado el trabajo de aclararlo, y no ocurrió. No lo aclararon porque ese era el objetivo de la foto. Pusieron una foto, como la de los buscados, porque lo que pasaba ahí era que si el Fondo del Conurbano se modificaba según el reclamo de la gobernadora, los que iban a tener que darle los mayores recursos a la provincia de Buenos Aires iban a tener que ser las demás provincias.
Estamos de acuerdo con que Buenos Aires necesita más recursos, pero eso no quiere decir que esos recursos los tengan que poner las demás provincias, que los necesitan, y algunas podríamos decir que todavía precisan una inyección de recursos adicionales.
¿Qué es lo que se planteó con esa foto tan emblemática que dio origen a todo este movimiento que termina hoy acá en el Congreso? Quería decir que lo que pedía Vidal se lo iban a sacar a las demás provincias. Después, si el señor presidente me lo permite, empezó el tema de a quién le ponían el huevo podrido; es decir, a quién le sacaban la guita que le querían dar a la gobernadora Vidal, no al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Porque fíjese que este caminito termina en que los que ponen la plata para Vidal son los jubilados.
De los 100.000 millones de pesos que se les saca a los jubilados, 34.000 millones corresponden a jubilados que habitan en la provincia de Buenos Aires. Así que este es un tiro por la culata, porque le van a dar a Vidal los recursos que pedía, pero se los van a sacar a los jubilados de la provincia de Buenos Aires en un orden de magnitud de 34.000 millones de pesos.
No hace falta ser keynesiano ni haber leído la Teoría General. Es muy fácil siendo peronista darse cuenta de que cuando le quitan capacidad de consumo a la gente, no se pierden solo los 34.000 millones, sino que esa suma ya no se volcará al mercado interno, al consumo, a la demanda, a las ventas.
Entonces, va a perjudicar primero a los jubilados, después a los comerciantes, luego a las pymes, después a la producción. Ahí se genera un efecto multiplicador como decimos los economistas, porque si se saca un peso al consumo, a la economía se le saca mucho más, pues eso que no se consume, después genera pérdidas en la industria, menos puestos de trabajo y se consume todavía menos.
Es lo contrario a lo que planteó Néstor Kirchner en su discurso del 25 de mayo de 2003 en cuanto a que la política económica de crecimiento se base en nuestra gente, nuestra dignidad, nuestros laburantes, nuestros jubilados, a los que les damos un peso y no se lo llevan a Panamá, no lo ponen en un paraíso fiscal; lo consumen cruzando la calle, en los negocios de proximidad, en los barrios, en las villas. Eso a su vez genera más ingreso, más trabajo, más consumo, y entramos en el círculo virtuoso.
Lo que están haciendo ahora es darles por un lado lo que les sacan por el otro. Conclusión: a partir de esa famosa foto, lo que ocurre después, que ya conocemos, es que los llaman a los gobernadores y les dicen: “Miren, muchachos…”. Bueno, lo que se me ocurre son las malas palabras que incluye el dicho popular. Alguno dijo “dunga, dunga”, otro dijo “plata o tal cosa”. Entonces, les dijeron: “¿Quién va a poner la guita para María Eugenia?” Y los gobernadores dijeron “Nosotros no”. Está muy bien. Entonces, fueron a un Pacto Fiscal, del que salen básicamente empatados con respecto a estos fondos, pero terminan pagando los jubilados, porque se incumple el Pacto Fiscal que previeron los gobernadores.
Fíjense las cosas que pasan. Yo hablaba de las economías regionales para referirme a las frutas y a todos esos productos de origen agropecuario que hacen los pequeños productores, a quienes están quebrando en su totalidad. Pero también puedo hablar de las provincias del sur y lo que han hecho con el petróleo. ¡Fíjense qué bonito! Decían que el tarifazo era porque había una crisis energética producida por nuestro gobierno. ¿Cuál era la solución? Romperles la cabeza –o la parte del cuerpo que ustedes quieran- a todos los argentinos para que entonces esas tarifas, que iban a cubrir plenamente el precio, permitieran que les fuera mejor a los productores, pero no para beneficio de ellos, sino para invertir más. Entonces la crisis energética la curábamos con el tarifazo.
¿Dónde están los que dijeron eso? ¡Vayan a ver la producción de petróleo y cómo están las cajas de las provincias del sur! Cayó el petróleo y cayó el gas; lo que no cayó es el tarifazo. Estamos pagando tarifas más elevadas, que van a los bolsillos de las empresas, pero no se reflejan en más inversión, sino en menos: retiraron el 30 por ciento de los equipos.
Es decir que multiplicaron la crisis energética, pero el tarifazo lo pagan en todas las provincias. Y en las provincias del sur, donde se paga el tarifazo, hay menos producción, menos regalías, menos laburo, y para constatarlo basta con recorrer los pueblos petroleros desde que YPF, que sigue siendo estatal, actúa como privada.
Voy a dar un último ejemplo en este sentido. Estábamos en una foto donde les iban a sacar a todas las provincias lo que le iban a dar a la provincia de Buenos Aires, y eso era inadmisible. Está muy bien que los gobernadores hayan puesto un límite y que hayan visto compensada esa situación. Lo que no está bien es que la beneficiaria de esto sea la señora María Eugenia Vidal, además del señor Rodríguez Larreta, que también se beneficia por la nueva distribución de recursos. Eso no está bien. Logramos un empate, pero algunos salieron ganando.
Además, si dejamos de ver la foto y pasamos a ver la película, observamos que eliminando el artículo 104 del impuesto a las ganancias, como hicimos ayer, a las provincias les va a llegar dicho gravamen. ¿Y qué plantea el gobierno de Macri, muy feliz y suelto de cuerpo? Que vamos a ir eliminando paulatinamente el impuesto a las ganancias. Ya empezamos con las sociedades. Es decir, esto es pan para hoy y hambre –con gradualidad, si les gusta- para mañana.
Entonces, nosotros vamos a tener que rever cuáles son estos planes. Teóricamente, por una enorme carga impositiva o por un descontrolado gasto público, que atañe a todo el país, quieren poner trabas, pero el ajuste lo van a tener que hacer las provincias, porque el gobierno nacional sigue endeudándose en dólares para financiar la fuga.
Lo mismo pasa con las retenciones. Fíjense que el año que viene les van a sacar a los grandes exportadores de soja medio punto más por mes de retenciones durante todo el año. Según el diario La Nación, eso significa 1.000 millones de dólares menos de ingresos. Sin embargo, les quieren recortar a los jubilados. Entonces, piensen mejor quién anda bien en la economía argentina y quién anda mal, cuando deciden los recortes.
Esto también afecta los fondos que iban a los municipios para obras. Están sacando recursos de ahí, a la ANSES le dan el impuesto al cheque, y si vemos la foto, compensan a la ANSES -o veamos cómo termina la cuenta-, pero lo cierto es que quieren eliminar el impuesto al cheque.
Entonces, a las provincias les dan de la recaudación del impuesto a las ganancias, que lo quieren eliminar, y a la ANSES, del impuesto al cheque, que gradualmente también lo van a eliminar. O sea, vamos en una trayectoria donde los jubilados y las provincias tienen por delante una película espantosa.
Para terminar y no extenderme más, quiero decir que, tal como decía Charly García de los dinosaurios, estas fuentes presupuestarias van a desaparecer. Así lo plantea el gobierno del Pro. Yo me pregunto qué idea de federalismo y de seguridad social tiene. Y cuando festejan que cada vez un porcentaje mayor del presupuesto va a parar al gasto social –nosotros no lo llamamos gasto, sino inversión-, lo que olvidan decir es que eso pasa porque ajustan todas las demás partidas. Si no ajustan las partidas sociales es porque los movimientos sociales se pararon en la calle a reclamar que les dieran lo que les corresponde, que no solo es resultado de una gran lucha, sino de una enorme transformación que estábamos haciendo en la Argentina.
No hay que criminalizar la protesta social. Ese es el otro cambio que está haciendo el Pro: castiga a los sectores y después no los quiere dejar ni siquiera expresarse o protestar legítimamente.
Señor presidente: esto termina siendo la consumación del saqueo a los jubilados. Apoyamos a las provincias que han defendido su presupuesto y su autonomía. Ahora bien, dejen de sacarles la plata del bolsillo a los que menos tienen: a los laburantes, a los jubilados, a los estudiantes, a los sectores medios. Todos ellos son el pato de la boda, y los que ganan están arriba, timbean y se la llevan a los paraísos fiscales. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien el diputado Lavagna le concede una interrupción.
SRA.(POLLEDO)
Señor presidente: no quiero contestar al diputado preopinante, sino simplemente hacer un comentario.
Mi sensación es que en los pocos días que he estado en esta casa hay un grupo de iluminados, de buena gente, de gente sensible, que se ocupa de los más carenciados, y otro grupo que solamente les dan la espalda.
Yo les quiero decir que nadie tiene el monopolio de la sensibilidad hacia los más vulnerables. Realmente a todos nos preocupan; a la oposición y al oficialismo.
Mi sensación es que en los pocos días que he estado en esta casa hay un grupo de iluminados, de buena gente, de gente sensible, que se ocupa de los más carenciados, y otro grupo que solamente les dan la espalda.
Yo les quiero decir que nadie tiene el monopolio de la sensibilidad hacia los más vulnerables. Realmente a todos nos preocupan; a la oposición y al oficialismo.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA.(POLLEDO)
Si el señor diputado Kicillof me permite un momento, lo único que quiero decir es que en ningún lugar está escrito que, por estar de un lado o del otro, se es el dueño de la preocupación por quienes menos tienen. No nos subestimen, no nos falten el respeto y hagan el favor de entender que no hay dueños de la sensibilidad social. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR.(LAVAGNA)
Señor presidente: estamos frente a tres proyectos de ley que tienen su historia, porque no es la primera vez que nos encontramos ante un pacto de responsabilidad fiscal o un acuerdo entre provincias. Es más, en 1994 se firmó un pacto de responsabilidad fiscal que llevaba exactamente el mismo nombre que el que hoy estamos firmando.
El problema que tenemos con los acuerdos de responsabilidad fiscal es que nunca se terminan cumpliendo. Es más, en el proyecto de ley que votamos hace pocos minutos exceptuamos el cumplimiento del acuerdo de solvencia fiscal. Es una clara señal de que muchas veces, pese a las buenas intenciones que se tiene al firmar estos acuerdos, en la práctica terminan fracasando. Esto ocurre porque a veces se incorporan en estos acuerdos algunas imposiciones que desde el vamos se sabe que no van a funcionar.
Recuerdo una ley que tenía un buen objetivo, que era la denominada ley de déficit cero. ¿Quién no va a querer tener déficit cero? Ahora bien, el momento y el cómo la hacían totalmente inviable.
**
. Con estos acuerdos hay que analizar el momento en el que se aplican y sus restricciones. Creo que este acuerdo que se ha firmado es posible, aunque tiene desafíos que habrá que seguir muy de cerca.
Ahora bien, cuando uno termina en estos acuerdos, también surge inmediatamente la idea de que se firman porque las provincias son totalmente irresponsables, despilfarradoras y tienen déficit todos los años. El problema del déficit principalmente es del Estado nacional, no de las provincias. Las provincias a veces sufren las políticas del Estado nacional. Tengamos cuidado con estos pactos; no hagamos que las provincias aparezcan como las culpables de los desequilibrios. Es más, hoy la Argentina tiene un fuerte desequilibrio fiscal y no es culpa de las provincias, sino que es la Nación la que tiene un déficit fiscal fenomenal. Pese a los recortes que ha habido en los últimos años, el déficit fiscal sigue creciendo.
Cuando cambió el gobierno en 2015, todos los economistas y asesores indicaban que el problema del déficit eran los subsidios, que si ellos se recortaban, el déficit fiscal desaparecería inmediatamente. Los subsidios se cortaron, hubo un aumento de tarifas muy importante y el déficit no solo no desapareció sino que aumentó. Nuevamente, fue el déficit del gobierno nacional y no el de las provincias el que aumentó.
Claramente, las provincias tienen sus responsabilidades y problemas, y deben trabajar para encauzar sus cuentas. Pero para eso hace falta un trabajo muy coordinado entre la Nación y las provincias. Como dijo la señora diputada Camaño, debe existir una visión federal donde se busque tener una estrategia de país y regional, donde sea todo el territorio argentino el que pueda desarrollarse. Esa será la única forma de cumplir con estos acuerdos.
El segundo proyecto se refiere a la prórroga de impuestos, y el más representativo es el impuesto al cheque. Vivimos permanentemente creando impuestos de emergencia que van a durar 90 días o muy pocos años, y una vez que se enquistan en el sistema tributario nunca más los sacamos. El impuesto al cheque, como les decía, es un claro ejemplo de ello. Es un tributo que todos caracterizamos como muy malo, y sin embargo estamos aquí votando su prórroga. Desde ya, vamos a acompañar esta prórroga para evitar un desfinanciamiento muy importante al Estado. Me alegro de que estemos avanzando sobre cómo descontar el impuesto al cheque de cada vez más impuestos, como en el caso del impuesto a las ganancias, para limitar las distorsiones que genera este tipo de tributos. Cuando entremos en la discusión en particular, el señor diputado Snopek explicará algunas correcciones que hay que hacerle a la norma, porque incluye algunos ítems que no deberían estar abarcados, como el Fondo Especial del Tabaco.
El tercer proyecto que estamos considerando es la ratificación del pacto fiscal con las provincias. Nosotros no tenemos más que respetar lo que han firmado los gobernadores y el Estado nacional. Nosotros hemos sido muy claros y críticos en cuanto a la movilidad, pero eso no nos da derecho a juzgar los motivos por los cuales los distintos actores han firmado este pacto, cómo han fijado sus prioridades y por qué han terminado haciendo algunas concesiones que quizás en otros momentos no hubieran hecho.
Pero no podemos acompañar la parte que significa un recorte a los jubilados. Nosotros creemos que debió haberse buscado otro mecanismo o fuentes de financiamiento alternativas que permitieran compensar a la provincia de Buenos Aires particularmente un reclamo que era absolutamente justo, que venía hace mucho tiempo y que había que solucionar. Nuevamente, el problema es quién termina pagando. En este caso vamos a abstenernos en la votación, porque justamente no podemos acompañar la parte que se refiere a los jubilados, pero entendemos las responsabilidades de gobierno que han tenido los gobernadores.
Por otra parte, me gustaría hacer algunas reflexiones puntuales sobre el pacto en cuanto a temas en los que debemos tener cuidado en el futuro. Uno de ellos tiene que ver con la agencia federal que va a fijar los valores inmobiliarios, que tendrá una relación con el Estado nacional. Esto me trae la preocupación de que de pronto tengamos un aumento muy alto en los valores inmobiliarios que termine generando un impacto negativo a las economías regionales y a las producciones locales. El desafío va a ser cómo se generan estos acuerdos y estas nuevas valuaciones sin que esto afecte al aparato productivo y sin que esto signifique un aumento fenomenal en la carga tributaria que deban pagar las personas. Ese será un desafío importante.
El otro punto es que el pacto avanza sobre algunas cuestiones que son potestad de este Congreso en relación con la creación de algunos impuestos. Entiendo el motivo por el cual esto se incluyó en el pacto, pero me parece que avanza sobre algunas cuestiones que son potestad del Congreso de la Nación.
En los tres paquetes vamos a votar afirmativamente. En cuanto al de responsabilidad fiscal, creemos que es bueno que volvamos a poner parámetros cumplibles en términos fiscales. En la discusión en particular vamos a introducir algunas modificaciones respecto de que algunas exigencias que se les hacen a las provincias -particularmente el tema de la deuda- también deban ser asumidas por la Nación.
Señor presidente: veo esto como la relación que tengo con mis hijos. No estoy diciendo que las provincias sean las hijas de la Nación -síganme la metáfora, por favor-, pero cuando a mis hijos les digo que no hagan algo, primero el ejemplo lo tengo que dar yo. No le puedo pedir a las provincias que tengan un límite de endeudamiento sin que la Nación cumpla y tenga las mismas responsabilidades. El ejemplo lo tiene que dar la Nación, y después exigir al resto de las provincias.
Lo mismo pasa con el tema de las cuasimonedas: se le impone la restricción a las provincias de emitir cuasimonedas, pero la Nación no se autoimpone la misma restricción. La Nación ha emitido cuasimonedas en su momento; no eran solo las provincias quienes emitían los patacones, los CeCaCor y las más de 27 monedas que tuvo la Argentina. También existieron los LECOP, que eran monedas nacionales que sustituían la moneda de curso legal. Por lo tanto, la Nación también se tiene que comprometer a no imprimir cuasimonedas.
Esas serán parte de las modificaciones que vamos a solicitar. Le soy sincero, señor presidente: no me preocupa si esta sanción del Senado tiene que volver, porque la semana que viene la puede transformar muy rápidamente en ley con las modificaciones que tengamos. Creo que esto es parte de la discusión que debe tener el Congreso, dado que ambas Cámaras se complementan. Eventualmente, la otra Cámara tiene que complementar con las cosas que no se logran o que faltan.
Dimos el ejemplo de lo que ocurrió con la ley de responsabilidad penal empresaria. El Senado modificó la sanción de la Cámara de Diputados, y bienvenido que lo haya hecho. Lo mismo ocurrió con el régimen de participación público privada, donde la Cámara de Diputados modificó la sanción del Senado.
El hecho de cambiar el texto de la ley de responsabilidad fiscal no debería ser impedimento para que la próxima semana el Senado la sancione definitivamente. Por eso, solicitamos la realización de estas modificaciones.
El problema que tenemos con los acuerdos de responsabilidad fiscal es que nunca se terminan cumpliendo. Es más, en el proyecto de ley que votamos hace pocos minutos exceptuamos el cumplimiento del acuerdo de solvencia fiscal. Es una clara señal de que muchas veces, pese a las buenas intenciones que se tiene al firmar estos acuerdos, en la práctica terminan fracasando. Esto ocurre porque a veces se incorporan en estos acuerdos algunas imposiciones que desde el vamos se sabe que no van a funcionar.
Recuerdo una ley que tenía un buen objetivo, que era la denominada ley de déficit cero. ¿Quién no va a querer tener déficit cero? Ahora bien, el momento y el cómo la hacían totalmente inviable.
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. Con estos acuerdos hay que analizar el momento en el que se aplican y sus restricciones. Creo que este acuerdo que se ha firmado es posible, aunque tiene desafíos que habrá que seguir muy de cerca.
Ahora bien, cuando uno termina en estos acuerdos, también surge inmediatamente la idea de que se firman porque las provincias son totalmente irresponsables, despilfarradoras y tienen déficit todos los años. El problema del déficit principalmente es del Estado nacional, no de las provincias. Las provincias a veces sufren las políticas del Estado nacional. Tengamos cuidado con estos pactos; no hagamos que las provincias aparezcan como las culpables de los desequilibrios. Es más, hoy la Argentina tiene un fuerte desequilibrio fiscal y no es culpa de las provincias, sino que es la Nación la que tiene un déficit fiscal fenomenal. Pese a los recortes que ha habido en los últimos años, el déficit fiscal sigue creciendo.
Cuando cambió el gobierno en 2015, todos los economistas y asesores indicaban que el problema del déficit eran los subsidios, que si ellos se recortaban, el déficit fiscal desaparecería inmediatamente. Los subsidios se cortaron, hubo un aumento de tarifas muy importante y el déficit no solo no desapareció sino que aumentó. Nuevamente, fue el déficit del gobierno nacional y no el de las provincias el que aumentó.
Claramente, las provincias tienen sus responsabilidades y problemas, y deben trabajar para encauzar sus cuentas. Pero para eso hace falta un trabajo muy coordinado entre la Nación y las provincias. Como dijo la señora diputada Camaño, debe existir una visión federal donde se busque tener una estrategia de país y regional, donde sea todo el territorio argentino el que pueda desarrollarse. Esa será la única forma de cumplir con estos acuerdos.
El segundo proyecto se refiere a la prórroga de impuestos, y el más representativo es el impuesto al cheque. Vivimos permanentemente creando impuestos de emergencia que van a durar 90 días o muy pocos años, y una vez que se enquistan en el sistema tributario nunca más los sacamos. El impuesto al cheque, como les decía, es un claro ejemplo de ello. Es un tributo que todos caracterizamos como muy malo, y sin embargo estamos aquí votando su prórroga. Desde ya, vamos a acompañar esta prórroga para evitar un desfinanciamiento muy importante al Estado. Me alegro de que estemos avanzando sobre cómo descontar el impuesto al cheque de cada vez más impuestos, como en el caso del impuesto a las ganancias, para limitar las distorsiones que genera este tipo de tributos. Cuando entremos en la discusión en particular, el señor diputado Snopek explicará algunas correcciones que hay que hacerle a la norma, porque incluye algunos ítems que no deberían estar abarcados, como el Fondo Especial del Tabaco.
El tercer proyecto que estamos considerando es la ratificación del pacto fiscal con las provincias. Nosotros no tenemos más que respetar lo que han firmado los gobernadores y el Estado nacional. Nosotros hemos sido muy claros y críticos en cuanto a la movilidad, pero eso no nos da derecho a juzgar los motivos por los cuales los distintos actores han firmado este pacto, cómo han fijado sus prioridades y por qué han terminado haciendo algunas concesiones que quizás en otros momentos no hubieran hecho.
Pero no podemos acompañar la parte que significa un recorte a los jubilados. Nosotros creemos que debió haberse buscado otro mecanismo o fuentes de financiamiento alternativas que permitieran compensar a la provincia de Buenos Aires particularmente un reclamo que era absolutamente justo, que venía hace mucho tiempo y que había que solucionar. Nuevamente, el problema es quién termina pagando. En este caso vamos a abstenernos en la votación, porque justamente no podemos acompañar la parte que se refiere a los jubilados, pero entendemos las responsabilidades de gobierno que han tenido los gobernadores.
Por otra parte, me gustaría hacer algunas reflexiones puntuales sobre el pacto en cuanto a temas en los que debemos tener cuidado en el futuro. Uno de ellos tiene que ver con la agencia federal que va a fijar los valores inmobiliarios, que tendrá una relación con el Estado nacional. Esto me trae la preocupación de que de pronto tengamos un aumento muy alto en los valores inmobiliarios que termine generando un impacto negativo a las economías regionales y a las producciones locales. El desafío va a ser cómo se generan estos acuerdos y estas nuevas valuaciones sin que esto afecte al aparato productivo y sin que esto signifique un aumento fenomenal en la carga tributaria que deban pagar las personas. Ese será un desafío importante.
El otro punto es que el pacto avanza sobre algunas cuestiones que son potestad de este Congreso en relación con la creación de algunos impuestos. Entiendo el motivo por el cual esto se incluyó en el pacto, pero me parece que avanza sobre algunas cuestiones que son potestad del Congreso de la Nación.
En los tres paquetes vamos a votar afirmativamente. En cuanto al de responsabilidad fiscal, creemos que es bueno que volvamos a poner parámetros cumplibles en términos fiscales. En la discusión en particular vamos a introducir algunas modificaciones respecto de que algunas exigencias que se les hacen a las provincias -particularmente el tema de la deuda- también deban ser asumidas por la Nación.
Señor presidente: veo esto como la relación que tengo con mis hijos. No estoy diciendo que las provincias sean las hijas de la Nación -síganme la metáfora, por favor-, pero cuando a mis hijos les digo que no hagan algo, primero el ejemplo lo tengo que dar yo. No le puedo pedir a las provincias que tengan un límite de endeudamiento sin que la Nación cumpla y tenga las mismas responsabilidades. El ejemplo lo tiene que dar la Nación, y después exigir al resto de las provincias.
Lo mismo pasa con el tema de las cuasimonedas: se le impone la restricción a las provincias de emitir cuasimonedas, pero la Nación no se autoimpone la misma restricción. La Nación ha emitido cuasimonedas en su momento; no eran solo las provincias quienes emitían los patacones, los CeCaCor y las más de 27 monedas que tuvo la Argentina. También existieron los LECOP, que eran monedas nacionales que sustituían la moneda de curso legal. Por lo tanto, la Nación también se tiene que comprometer a no imprimir cuasimonedas.
Esas serán parte de las modificaciones que vamos a solicitar. Le soy sincero, señor presidente: no me preocupa si esta sanción del Senado tiene que volver, porque la semana que viene la puede transformar muy rápidamente en ley con las modificaciones que tengamos. Creo que esto es parte de la discusión que debe tener el Congreso, dado que ambas Cámaras se complementan. Eventualmente, la otra Cámara tiene que complementar con las cosas que no se logran o que faltan.
Dimos el ejemplo de lo que ocurrió con la ley de responsabilidad penal empresaria. El Senado modificó la sanción de la Cámara de Diputados, y bienvenido que lo haya hecho. Lo mismo ocurrió con el régimen de participación público privada, donde la Cámara de Diputados modificó la sanción del Senado.
El hecho de cambiar el texto de la ley de responsabilidad fiscal no debería ser impedimento para que la próxima semana el Senado la sancione definitivamente. Por eso, solicitamos la realización de estas modificaciones.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA.(OCAÑA)
Señor presidente: pido autorización para insertar mi discurso porque entiendo que hay un acuerdo para acortar la sesión y colaborar para que muchos diputados puedan tomar sus vuelos al interior del país.
Escuchamos hablar de una foto y de una serie de disquisiciones y análisis. El 6 de noviembre el Centro de Información Judicial mediante un comunicado aclaró el tenor de una reunión mantenida entre el ministro de Justicia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El comunicado se refería a la coordinación para luchar contra el narcotráfico en la región. Además, enumeraba las reuniones iniciadas en 2015 junto a las autoridades del gobierno nacional, entre ellas la ministra Patricia Bullrich, y las mantenidas posteriormente con los secretarios de Seguridad de las distintas provincias y los jueces federales de todos los distritos. El comunicado finalizaba con la convocatoria a otros gobernadores, entre ellos los de Córdoba y Santa Fe, para sumarse a la iniciativa de terminar con el narcotráfico. Ese es uno de los objetivos principales de nuestro gobierno y una muestra del trabajo serio que pocas veces o nunca se hizo en la Argentina.
En función del tiempo, me parece que no tiene mucho sentido seguir analizando el tema. (Aplausos.)
Escuchamos hablar de una foto y de una serie de disquisiciones y análisis. El 6 de noviembre el Centro de Información Judicial mediante un comunicado aclaró el tenor de una reunión mantenida entre el ministro de Justicia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El comunicado se refería a la coordinación para luchar contra el narcotráfico en la región. Además, enumeraba las reuniones iniciadas en 2015 junto a las autoridades del gobierno nacional, entre ellas la ministra Patricia Bullrich, y las mantenidas posteriormente con los secretarios de Seguridad de las distintas provincias y los jueces federales de todos los distritos. El comunicado finalizaba con la convocatoria a otros gobernadores, entre ellos los de Córdoba y Santa Fe, para sumarse a la iniciativa de terminar con el narcotráfico. Ese es uno de los objetivos principales de nuestro gobierno y una muestra del trabajo serio que pocas veces o nunca se hizo en la Argentina.
En función del tiempo, me parece que no tiene mucho sentido seguir analizando el tema. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR.(TAILHADE)
Señor presidente: ¿se acuerda de la ex diputada Cynthia Hotton? Integraba el monobloque Valores para mi País. Debemos tener en cuenta algo que ocurrió durante su mandato para tomar algunas decisiones sobre el tema en debate.
En aquel momento se armó un gran revuelo en los medios que potenciaban la situación imperante. Resulta que la ex diputada Cynthia Hotton denunció haber recibido presiones para no votar con la oposición en ese momento el Grupo A el rechazo al presupuesto nacional, que es justamente el mismo asunto que tratamos hoy. Ella dijo que la habían llamado del oficialismo ofreciéndole cosas que nunca precisó, pero que estaba firme en sus valores y no estaba dispuesta a negociar. Se armó un lío mayúsculo, sobre el que podemos ver registros.
Asimismo, la ex diputada Álvarez, por la provincia de Santa Cruz, también dijo haber recibido llamadas por la madrugada.
En ese entonces, la diputada Carrió planteó que esas presiones o posibles compras de voluntades debían ser investigadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Consecuentemente, si buscamos coherencia, deberíamos hacer lo mismo con el tema del consenso fiscal porque el bloque oficialista es el que armó tal escándalo. Entiendo que estamos atravesando una situación parecida y por ello deberíamos pedir a la Comisión de Asuntos Constitucionales que evalúe una serie de consideraciones o intervenciones públicas de algunos miembros de este cuerpo.
La cuestión es que acá no hay ningún consenso. El consenso fiscal es fruto de maniobras extorsivas y de un despliegue coactivo indisimulable del presidente de la Nación, del ministro del Interior y del jefe de Gabinete hacia las provincias y sus autoridades. Por otra parte, ese consenso supuestamente busca resolver despelotes generados por el propio gobierno nacional. Las provincias planifican su presupuesto sobre la base del pertinente al gobierno nacional. ¿Qué puede salir bien al planificar el presupuesto si en 2016 hubo 43 por ciento de inflación? ¿Qué posibilidades de planificación tiene un gobierno provincial si los genios de Sturzenegger, Dujovne y Prat Gay dicen que la inflación será del 12 al 17 por ciento cuando terminará siendo de diez puntos más? ¿Cuál es la lógica? El gobierno quiere resolver problemas de las provincias a partir de estos pactos extorsivos. La verdad me parece un atrevimiento inaudito que Macri, Frigerio y Peña quieran auditar y monitorear a Verna, Insfrán y Rodríguez Saá. Hay que ser caradura. Me parece que hace falta recordar las palabras del gobernador de San Luis que dijo en el Senado que quienes debían monitorear al gobierno nacional eran las provincias y no al revés, como quieren hacer quienes hoy nos gobiernan.
Axel Kicillof me evitó profundizar en el tema, pero entiendo que habría que avanzar en una transferencia monumental de guita para la provincia de Buenos Aires con el fin de que la señora Vidal siga haciendo sus caritas junto a los jubilados y a no sé quién más. En definitiva, eso solamente sirve para consolidar el proyecto político de Cambiemos en la provincia. No hay ningún otro objetivo. ¿Quién pone la plata para garantizar ese proyecto? Por supuesto no son los gobernadores. Entonces, los “empomaron” a los jubilados y para garantizar dicho “empome” están firmando un consenso fiscal berreta y extorsivo.
Señor presidente, por definición el consenso debería ser voluntario. Sin embargo, en este caso el consenso es impuesto, obligatorio y obtenido bajo extorsión.
Quiero remitirme a algunas intervenciones. Por ejemplo, a las que el diputado Beder publicó en sus redes. No lo dijo en secreto. No fue como el caso de Hotton que dijo que no sabía quién fue. No, él dijo: “Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos, no nos bajan la plata. Dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja. Pido a los riojanos que tengan fe. Arrodillarse y mendigar en Buenos Aires no vale la pena”.
También tenemos el ejemplo de la diputada por el Chubut. Mandaron fotitos al gobernador diciendo: “Tu diputada no está sentada. ¿Qué pasa?” Al mejor estilo Vito Corleone, que dicho sea de paso, es de la misma zona del presidente, del sur de Italia. Uno es de Sicilia y el otro de Calabria, pero son más o menos lo mismo.
En un lado se llama “cosa nostra”, y en el otro, “camorra”, pero son lo mismo.
Pero el jueves se les complicó la cosa. No consiguieron el quórum y se les frunció la retaguardia. Hoy el maestro Beder Herrera mencionó a los coroneles de Mitre. Como el jueves se les complicó, ahora tuvieron que largar a los coroneles de Macri. Antes habían largado al primer coronel, tipo vanguardia o patrulla adelantada, que fue el coronel Lorenzetti, mostrando ya saben qué; adelantando un poquitito. Pero después del jueves largaron al coronel Rendo, patrón de varios de los que están acá, que se encargó de llamar personalmente a los gobernadores para apretarlos a fin de que sus diputados vengan el lunes a dar quórum, es decir, para que se sienten con usted, señor presidente, y con los auditores de los gobernadores, que son Frigerio y Peña. Pero Rendo no hace todo esto gratis. ¡Hoy le pagaron al coronel Rendo! (Aplausos.) El coronel Rendo no depende del coronel Macri sino del comandante Magnetto.
Así que, señor presidente, este pacto fiscal es fruto de la extorsión desplegada, primero, por estos tres buenos muchachos que acabo de mencionar. A ver si tienen el tupé de ir a revisar las cuentas de La Pampa o de otras provincias que no tienen ningún problema financiero. Es el fruto de ese despliegue extorsivo que vienen llevando adelante desde hace tiempo; por lo pronto, desde el 6 de noviembre, donde la ingenua diputada preopinante dice que se juntaron para hablar del narcotráfico. ¡Por favor!
Para terminar, les digo lo siguiente a los diputados de Cambiemos: ¿se acuerdan de “La isla de la fantasía”? Bueno, tómense el avión y abandonen la isla de la fantasía en la que están viviendo. (Aplausos.)
En aquel momento se armó un gran revuelo en los medios que potenciaban la situación imperante. Resulta que la ex diputada Cynthia Hotton denunció haber recibido presiones para no votar con la oposición en ese momento el Grupo A el rechazo al presupuesto nacional, que es justamente el mismo asunto que tratamos hoy. Ella dijo que la habían llamado del oficialismo ofreciéndole cosas que nunca precisó, pero que estaba firme en sus valores y no estaba dispuesta a negociar. Se armó un lío mayúsculo, sobre el que podemos ver registros.
Asimismo, la ex diputada Álvarez, por la provincia de Santa Cruz, también dijo haber recibido llamadas por la madrugada.
En ese entonces, la diputada Carrió planteó que esas presiones o posibles compras de voluntades debían ser investigadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Consecuentemente, si buscamos coherencia, deberíamos hacer lo mismo con el tema del consenso fiscal porque el bloque oficialista es el que armó tal escándalo. Entiendo que estamos atravesando una situación parecida y por ello deberíamos pedir a la Comisión de Asuntos Constitucionales que evalúe una serie de consideraciones o intervenciones públicas de algunos miembros de este cuerpo.
La cuestión es que acá no hay ningún consenso. El consenso fiscal es fruto de maniobras extorsivas y de un despliegue coactivo indisimulable del presidente de la Nación, del ministro del Interior y del jefe de Gabinete hacia las provincias y sus autoridades. Por otra parte, ese consenso supuestamente busca resolver despelotes generados por el propio gobierno nacional. Las provincias planifican su presupuesto sobre la base del pertinente al gobierno nacional. ¿Qué puede salir bien al planificar el presupuesto si en 2016 hubo 43 por ciento de inflación? ¿Qué posibilidades de planificación tiene un gobierno provincial si los genios de Sturzenegger, Dujovne y Prat Gay dicen que la inflación será del 12 al 17 por ciento cuando terminará siendo de diez puntos más? ¿Cuál es la lógica? El gobierno quiere resolver problemas de las provincias a partir de estos pactos extorsivos. La verdad me parece un atrevimiento inaudito que Macri, Frigerio y Peña quieran auditar y monitorear a Verna, Insfrán y Rodríguez Saá. Hay que ser caradura. Me parece que hace falta recordar las palabras del gobernador de San Luis que dijo en el Senado que quienes debían monitorear al gobierno nacional eran las provincias y no al revés, como quieren hacer quienes hoy nos gobiernan.
Axel Kicillof me evitó profundizar en el tema, pero entiendo que habría que avanzar en una transferencia monumental de guita para la provincia de Buenos Aires con el fin de que la señora Vidal siga haciendo sus caritas junto a los jubilados y a no sé quién más. En definitiva, eso solamente sirve para consolidar el proyecto político de Cambiemos en la provincia. No hay ningún otro objetivo. ¿Quién pone la plata para garantizar ese proyecto? Por supuesto no son los gobernadores. Entonces, los “empomaron” a los jubilados y para garantizar dicho “empome” están firmando un consenso fiscal berreta y extorsivo.
Señor presidente, por definición el consenso debería ser voluntario. Sin embargo, en este caso el consenso es impuesto, obligatorio y obtenido bajo extorsión.
Quiero remitirme a algunas intervenciones. Por ejemplo, a las que el diputado Beder publicó en sus redes. No lo dijo en secreto. No fue como el caso de Hotton que dijo que no sabía quién fue. No, él dijo: “Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos, no nos bajan la plata. Dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja. Pido a los riojanos que tengan fe. Arrodillarse y mendigar en Buenos Aires no vale la pena”.
También tenemos el ejemplo de la diputada por el Chubut. Mandaron fotitos al gobernador diciendo: “Tu diputada no está sentada. ¿Qué pasa?” Al mejor estilo Vito Corleone, que dicho sea de paso, es de la misma zona del presidente, del sur de Italia. Uno es de Sicilia y el otro de Calabria, pero son más o menos lo mismo.
En un lado se llama “cosa nostra”, y en el otro, “camorra”, pero son lo mismo.
Pero el jueves se les complicó la cosa. No consiguieron el quórum y se les frunció la retaguardia. Hoy el maestro Beder Herrera mencionó a los coroneles de Mitre. Como el jueves se les complicó, ahora tuvieron que largar a los coroneles de Macri. Antes habían largado al primer coronel, tipo vanguardia o patrulla adelantada, que fue el coronel Lorenzetti, mostrando ya saben qué; adelantando un poquitito. Pero después del jueves largaron al coronel Rendo, patrón de varios de los que están acá, que se encargó de llamar personalmente a los gobernadores para apretarlos a fin de que sus diputados vengan el lunes a dar quórum, es decir, para que se sienten con usted, señor presidente, y con los auditores de los gobernadores, que son Frigerio y Peña. Pero Rendo no hace todo esto gratis. ¡Hoy le pagaron al coronel Rendo! (Aplausos.) El coronel Rendo no depende del coronel Macri sino del comandante Magnetto.
Así que, señor presidente, este pacto fiscal es fruto de la extorsión desplegada, primero, por estos tres buenos muchachos que acabo de mencionar. A ver si tienen el tupé de ir a revisar las cuentas de La Pampa o de otras provincias que no tienen ningún problema financiero. Es el fruto de ese despliegue extorsivo que vienen llevando adelante desde hace tiempo; por lo pronto, desde el 6 de noviembre, donde la ingenua diputada preopinante dice que se juntaron para hablar del narcotráfico. ¡Por favor!
Para terminar, les digo lo siguiente a los diputados de Cambiemos: ¿se acuerdan de “La isla de la fantasía”? Bueno, tómense el avión y abandonen la isla de la fantasía en la que están viviendo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR.(ROSSI)
Señor presidente: en agosto de 1993 se firmó el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Lo firmaron el presidente de la Nación de ese momento, que era Carlos Saúl Menem, y los señores gobernadores. Ese pacto tiene notables similitudes con lo que se firmó en esta oportunidad.
El pacto de 1993 decía: derogar en su jurisdicción el impuesto de sellos; modificar el impuesto a los ingresos brutos disponiendo la exención en las actividades que se indican a continuación; estas exenciones podrán implementarse parcial y progresivamente de acuerdo con lo que disponga cada provincia pero deberán están contempladas antes del 30 de junio de 1995; recomendar a los municipios la modificación de las tasas viales y de mantenimiento de caminos, o de otras similares que no superen el 0,40 por ciento del 80 por ciento del valor de mercado de los inmuebles; disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral; etcétera.
Traigo a colación ese pacto de 1993 porque tiene conceptos parecidos o un espíritu bastante similar al del consenso fiscal firmado en esta oportunidad.
Pero la reflexión que debemos hacer es que ese acuerdo fiscal fracasó, es decir, no se consiguió ninguno de los objetivos que se perseguían. No hubo más producción, ni más empleo, ni más crecimiento. Ninguna de las provincias firmantes acordó finalmente bajar el impuesto a los sellos ni el impuesto a los ingresos brutos. El gobierno central en ese momento sí avanzó en la disminución de los aportes patronales. Lo cierto es que luego terminamos en sucesivas modificaciones de este pacto fiscal, en la crisis de la convertibilidad y en todo lo ocurrido en 2001.
Entonces, la pregunta que uno se hace es: si una vez ya hicimos un pacto fiscal que tendía fundamentalmente a tratar de achicar los gastos a las provincias y fracasó, ¿para qué volver a insistir con un pacto que tiene el mismo espíritu y que tiende a condicionar la estructura de gastos de las provincias argentinas? Esto además de todo lo que claramente explicó el señor diputado Kicillof acerca de cómo fue la concepción del pacto, a quiénes termina favoreciendo, quiénes son los perjudicados y demás.
La realidad es que cada vez que gobierna la derecha en la Argentina intenta resolver los problemas por el lado del gasto y del ajuste, y esto siempre termina generando tensiones. Esa es la concepción. ¿Por qué terminamos manoteándole 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados? Porque es lo que la lógica indica en la mirada de un gobierno de derecha: cortar el gasto. ¿Y dónde gasta más el Estado? En jubilaciones, pensiones y sueldos, fundamentalmente.
Acá están haciendo lo mismo. Le están intentando imponer a las provincias una lógica de responsabilidad fiscal tratando de que bajen el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los sellos –que, de hecho, son los dos tributos que con autonomía cobran las provincias, con lo cual van a terminar dependiendo mucho más de la coparticipación y de la lógica que lleva adelante el gobierno central.
En la década del 90 los pactos hechos con esta lógica también se acompañaban con la mirada de garantizar el pago de los servicios de la deuda, y esto también está presente en esta oportunidad. Como dijimos en las intervenciones anteriores, pareciera que todo está armado para garantizar el pago de los servicios de la deuda. Recuerdo que pocos días antes de la campaña electoral Standard amp; Poor’s, que es una calificadora de riesgo internacional, ubicó a la economía argentina entre las cinco economías más vulnerables del mundo. La ubicó en ese lugar porque le está diciendo al gobierno “quiero que tomes las decisiones para garantizar que vas a pagar lo que estás tomando de deuda”. Y el gobierno responde con este tipo de situaciones, pese a que esto ya fracasó en la Argentina. No quieren que se los compare con lo ocurrido en la década del 90, pero las similitudes son lo suficientemente importantes como para tratar de escaparse de esa comparación.
Por último, señor presidente, quiero decir lo siguiente. Si las recetas son las mismas, los resultados serán iguales. Si uno aplica para un problema las mismas recetas que aplicó en el pasado y dieron malos resultados, nada indica que ahora vayan a dar buenos resultados.
Y la otra cuestión que quiero destacar es que hubo un gobernador que no firmó ese pacto de 1993, y se llamaba Néstor Carlos Kirchner. (Aplausos.)
El pacto de 1993 decía: derogar en su jurisdicción el impuesto de sellos; modificar el impuesto a los ingresos brutos disponiendo la exención en las actividades que se indican a continuación; estas exenciones podrán implementarse parcial y progresivamente de acuerdo con lo que disponga cada provincia pero deberán están contempladas antes del 30 de junio de 1995; recomendar a los municipios la modificación de las tasas viales y de mantenimiento de caminos, o de otras similares que no superen el 0,40 por ciento del 80 por ciento del valor de mercado de los inmuebles; disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral; etcétera.
Traigo a colación ese pacto de 1993 porque tiene conceptos parecidos o un espíritu bastante similar al del consenso fiscal firmado en esta oportunidad.
Pero la reflexión que debemos hacer es que ese acuerdo fiscal fracasó, es decir, no se consiguió ninguno de los objetivos que se perseguían. No hubo más producción, ni más empleo, ni más crecimiento. Ninguna de las provincias firmantes acordó finalmente bajar el impuesto a los sellos ni el impuesto a los ingresos brutos. El gobierno central en ese momento sí avanzó en la disminución de los aportes patronales. Lo cierto es que luego terminamos en sucesivas modificaciones de este pacto fiscal, en la crisis de la convertibilidad y en todo lo ocurrido en 2001.
Entonces, la pregunta que uno se hace es: si una vez ya hicimos un pacto fiscal que tendía fundamentalmente a tratar de achicar los gastos a las provincias y fracasó, ¿para qué volver a insistir con un pacto que tiene el mismo espíritu y que tiende a condicionar la estructura de gastos de las provincias argentinas? Esto además de todo lo que claramente explicó el señor diputado Kicillof acerca de cómo fue la concepción del pacto, a quiénes termina favoreciendo, quiénes son los perjudicados y demás.
La realidad es que cada vez que gobierna la derecha en la Argentina intenta resolver los problemas por el lado del gasto y del ajuste, y esto siempre termina generando tensiones. Esa es la concepción. ¿Por qué terminamos manoteándole 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados? Porque es lo que la lógica indica en la mirada de un gobierno de derecha: cortar el gasto. ¿Y dónde gasta más el Estado? En jubilaciones, pensiones y sueldos, fundamentalmente.
Acá están haciendo lo mismo. Le están intentando imponer a las provincias una lógica de responsabilidad fiscal tratando de que bajen el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los sellos –que, de hecho, son los dos tributos que con autonomía cobran las provincias, con lo cual van a terminar dependiendo mucho más de la coparticipación y de la lógica que lleva adelante el gobierno central.
En la década del 90 los pactos hechos con esta lógica también se acompañaban con la mirada de garantizar el pago de los servicios de la deuda, y esto también está presente en esta oportunidad. Como dijimos en las intervenciones anteriores, pareciera que todo está armado para garantizar el pago de los servicios de la deuda. Recuerdo que pocos días antes de la campaña electoral Standard amp; Poor’s, que es una calificadora de riesgo internacional, ubicó a la economía argentina entre las cinco economías más vulnerables del mundo. La ubicó en ese lugar porque le está diciendo al gobierno “quiero que tomes las decisiones para garantizar que vas a pagar lo que estás tomando de deuda”. Y el gobierno responde con este tipo de situaciones, pese a que esto ya fracasó en la Argentina. No quieren que se los compare con lo ocurrido en la década del 90, pero las similitudes son lo suficientemente importantes como para tratar de escaparse de esa comparación.
Por último, señor presidente, quiero decir lo siguiente. Si las recetas son las mismas, los resultados serán iguales. Si uno aplica para un problema las mismas recetas que aplicó en el pasado y dieron malos resultados, nada indica que ahora vayan a dar buenos resultados.
Y la otra cuestión que quiero destacar es que hubo un gobernador que no firmó ese pacto de 1993, y se llamaba Néstor Carlos Kirchner. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR.(BRÜGGE)
Señor presidente: realmente han sido muy interesantes las exposiciones que hemos escuchado. Como es lógico, se ha hecho un repaso histórico que tiene su mirada subjetiva en muchos aspectos.
Quiero dar algunos datos anecdóticos. La Argentina viene moldeando desde 1853, yo diría antes, desde 1820, el federalismo a través de pactos, acuerdos.
El primero fue el Pacto de Pilar, el 23 de febrero de 1820, y así sucesivamente. Estos pactos tenían una lógica o una línea de coherencia: era arreglar los asuntos primero entre provincias, y después entre provincias y el gobierno federal. Siempre había un motivo, una causa que llevaba a que se sentaran las provincias entre sí y las provincias con el gobierno federal.
Acá se hizo mención a la década del 90, y efectivamente se habló del Pacto Fiscal I y del Pacto Fiscal II, firmados en los meses de agosto. Otro dato anecdótico es que todos los pactos fiscales se firmaron entre noviembre y febrero, o sea meses interesantes para señalar, donde obviamente había situaciones especiales, políticas y coyunturales para analizar.
Los dos pactos fiscales, el I y el II, tuvieron su traspié, como aquí se dijo, pero en el relato histórico se olvidó que en el año 1994 vino el famoso Tequila, el efecto tequila, que obligó a la suspensión de ese pacto en razón de que las economías del mundo sufrieron un cimbronazo, y por lo tanto, ese pacto que había establecido reglas de juego en lo que hace a concesiones recíprocas y a aseguramientos que hacía el gobierno federal para con las provincias, se había quebrado por la cuestión económica mundial y continental.
Entonces, el principio es que estamos en un federalismo de pactos, porque lamentablemente sobre la coparticipación federal, la ley convenio de coparticipación federal, esa cláusula que parece que está hecha para los dioses y no para los argentinos, la del artículo 75, inciso 2° de la Constitución Nacional, no nos hemos podido poner de acuerdo para establecer reglas fijas desde el año 1996, que es cuando venció el plazo.
Creo que en el federalismo no puede haber reglas fijas, más en un país donde existen grandes asimetrías, donde las economías regionales vienen sufriendo una decadencia, una crisis por diferentes circunstancias, por diferentes recetas económicas. Este es un proceso continuo.
Si hablamos de que la economía argentina hoy tiene un grado de vulnerabilidad a nivel internacional, no es fruto solo de este gobierno sino que es una consecución de errores económicos que nos llevaron a la situación en la que nos encontramos hoy.
Entonces, frente a esa realidad, a esa circunstancia, es que comienza nuevamente el diálogo, la necesidad de buscar caminos, de fijar reglas de juego que den cierta seguridad jurídica a lo que es la relación entre la Nación y las provincias.
Así surge este consenso fiscal, y aquí sí no voy a coincidir con el miembro informante sobre que es el punto final. No; es el comienzo de la relación federal. Aquí comienza el nuevo esquema que nace de un gran consenso. Solamente una provincia, y no sabemos por qué circunstancias, no ha querido suscribirlo.
Eso es por un lado. También se criticó que podría haber afectaciones a potestades constitucionales de esta Cámara o de las provincias. Yo no las encuentro. Y en cuanto a si había vulneración a las potestades constitucionales de esta Cámara, lo estamos tratando en el cuerpo y también lo va a tratar el Senado, por lo tanto, no veo que se esté vulnerando ninguna potestad exclusiva del Congreso de la Nación, sino todo lo contrario, estamos avanzando en ello.
¿Para qué se hace este consenso fiscal? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Primero, poner reglas de juego. ¿En qué? En el manejo de los fondos y en la forma en que se va resolver el déficit no sólo del gobierno nacional sino también de las provincias.
En esto hay responsabilidades compartidas, pero también coincido con una parte de lo que se dijo aquí, que el mayor déficit hoy lo arrastra el gobierno nacional por efecto de políticas económicas de los últimos años y de la actual. En algunos aspectos hubo una profundización de la crisis de la macroeconomía por decisiones tomadas anteriormente y también por decisiones actuales.
¿Para qué se firma? Había conflicto. ¿Dónde estaba el conflicto? Bien se dijo aquí: había reclamos judiciales de las provincias que estaban en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y siguen estando, y a través de ese pacto se pretende poner orden y resolverlos básicamente. Estos conflictos no fueron generados ahora, sino que vienen de hace varios años.
Soy representante de una provincia que fue duramente castigada por el gobierno anterior durante muchos años, cuando no se cumplía con las obligaciones previstas en esos pactos, como la de dar sustentabilidad a la caja de jubilaciones.
Y llegamos al punto de ir a la Corte, de ir a una audiencia, donde un muchacho que ahora pasa las noches en un lugar que se llama Ezeiza nos negaba sistemáticamente que el gobierno nacional tuviese responsabilidad alguna con la provincia de Córdoba.
¿Para qué suscribimos este pacto? ¿Por qué los suscribieron las provincias? Muy lejos estamos de decir que hubo presiones. Hubo acuerdo, hubo consenso, hubo diálogo. Necesariamente en un sistema federal las partes tienen que ceder. Tenemos potestades compartidas, y algo importante: hay una grave distorsión en los sistemas de tributación, y esto no es nuevo, viene de la década del 30.
Si no, ¿por qué el gobierno nacional sigue cobrando el impuesto a las ganancias, que es un impuesto directo? Es algo que le corresponde a las provincias y lo sigue cobrando.
Era por tiempo determinado y con una finalidad específica, por una situación de emergencia. Parece que vivimos de emergencia en emergencia en todos estos años yo diría siglos en la República Argentina, que obliga a seguir con esta mecánica de los pactos.
¿Para qué se suscribe este pacto? También para reducir la presión tributaria. Es cierto, somos un país con una presión tributaria importante, fruto quizás de la desidia de establecer imposiciones que pertenecían a las provincias y que lo hacía el gobierno nacional porque era más fácil recaudar, y a veces la demora en la remisión de los fondos coparticipables generaba también distorsiones. Pero también es cierto que hemos generado una serie de tributos que lejos aportan a favorecer las inversiones, la producción y, en consecuencia, el trabajo.
Lo que se busca con este pacto es poner un poco de equidad en esta asimetría. La equidad territorial en lo que respecta a un sistema federal es sumamente necesaria para poder cumplir lo que dice la Constitución: condiciones igualitarias y equitativas de vida digna de los argentinos. Como siempre se definió en la Argentina que había un centro de poder y diferentes y pequeños centros de desarrollo en el territorio, necesariamente tuvimos que ponernos de acuerdo.
Todos somos parte del todo. Por eso está bien definido que el sistema federal es la unión indestructible de partes igualmente indestructibles. El gobierno federal no es algo ajeno a las provincias. Nosotros estamos aquí, somos parte del gobierno federal, pero también somos parte de las provincias. Esto tenemos que definirlo básicamente.
Por eso entiendo que tanto el consenso fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, como la prórroga de estos impuestos que son directos...
Quiero dar algunos datos anecdóticos. La Argentina viene moldeando desde 1853, yo diría antes, desde 1820, el federalismo a través de pactos, acuerdos.
El primero fue el Pacto de Pilar, el 23 de febrero de 1820, y así sucesivamente. Estos pactos tenían una lógica o una línea de coherencia: era arreglar los asuntos primero entre provincias, y después entre provincias y el gobierno federal. Siempre había un motivo, una causa que llevaba a que se sentaran las provincias entre sí y las provincias con el gobierno federal.
Acá se hizo mención a la década del 90, y efectivamente se habló del Pacto Fiscal I y del Pacto Fiscal II, firmados en los meses de agosto. Otro dato anecdótico es que todos los pactos fiscales se firmaron entre noviembre y febrero, o sea meses interesantes para señalar, donde obviamente había situaciones especiales, políticas y coyunturales para analizar.
Los dos pactos fiscales, el I y el II, tuvieron su traspié, como aquí se dijo, pero en el relato histórico se olvidó que en el año 1994 vino el famoso Tequila, el efecto tequila, que obligó a la suspensión de ese pacto en razón de que las economías del mundo sufrieron un cimbronazo, y por lo tanto, ese pacto que había establecido reglas de juego en lo que hace a concesiones recíprocas y a aseguramientos que hacía el gobierno federal para con las provincias, se había quebrado por la cuestión económica mundial y continental.
Entonces, el principio es que estamos en un federalismo de pactos, porque lamentablemente sobre la coparticipación federal, la ley convenio de coparticipación federal, esa cláusula que parece que está hecha para los dioses y no para los argentinos, la del artículo 75, inciso 2° de la Constitución Nacional, no nos hemos podido poner de acuerdo para establecer reglas fijas desde el año 1996, que es cuando venció el plazo.
Creo que en el federalismo no puede haber reglas fijas, más en un país donde existen grandes asimetrías, donde las economías regionales vienen sufriendo una decadencia, una crisis por diferentes circunstancias, por diferentes recetas económicas. Este es un proceso continuo.
Si hablamos de que la economía argentina hoy tiene un grado de vulnerabilidad a nivel internacional, no es fruto solo de este gobierno sino que es una consecución de errores económicos que nos llevaron a la situación en la que nos encontramos hoy.
Entonces, frente a esa realidad, a esa circunstancia, es que comienza nuevamente el diálogo, la necesidad de buscar caminos, de fijar reglas de juego que den cierta seguridad jurídica a lo que es la relación entre la Nación y las provincias.
Así surge este consenso fiscal, y aquí sí no voy a coincidir con el miembro informante sobre que es el punto final. No; es el comienzo de la relación federal. Aquí comienza el nuevo esquema que nace de un gran consenso. Solamente una provincia, y no sabemos por qué circunstancias, no ha querido suscribirlo.
Eso es por un lado. También se criticó que podría haber afectaciones a potestades constitucionales de esta Cámara o de las provincias. Yo no las encuentro. Y en cuanto a si había vulneración a las potestades constitucionales de esta Cámara, lo estamos tratando en el cuerpo y también lo va a tratar el Senado, por lo tanto, no veo que se esté vulnerando ninguna potestad exclusiva del Congreso de la Nación, sino todo lo contrario, estamos avanzando en ello.
¿Para qué se hace este consenso fiscal? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Primero, poner reglas de juego. ¿En qué? En el manejo de los fondos y en la forma en que se va resolver el déficit no sólo del gobierno nacional sino también de las provincias.
En esto hay responsabilidades compartidas, pero también coincido con una parte de lo que se dijo aquí, que el mayor déficit hoy lo arrastra el gobierno nacional por efecto de políticas económicas de los últimos años y de la actual. En algunos aspectos hubo una profundización de la crisis de la macroeconomía por decisiones tomadas anteriormente y también por decisiones actuales.
¿Para qué se firma? Había conflicto. ¿Dónde estaba el conflicto? Bien se dijo aquí: había reclamos judiciales de las provincias que estaban en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y siguen estando, y a través de ese pacto se pretende poner orden y resolverlos básicamente. Estos conflictos no fueron generados ahora, sino que vienen de hace varios años.
Soy representante de una provincia que fue duramente castigada por el gobierno anterior durante muchos años, cuando no se cumplía con las obligaciones previstas en esos pactos, como la de dar sustentabilidad a la caja de jubilaciones.
Y llegamos al punto de ir a la Corte, de ir a una audiencia, donde un muchacho que ahora pasa las noches en un lugar que se llama Ezeiza nos negaba sistemáticamente que el gobierno nacional tuviese responsabilidad alguna con la provincia de Córdoba.
¿Para qué suscribimos este pacto? ¿Por qué los suscribieron las provincias? Muy lejos estamos de decir que hubo presiones. Hubo acuerdo, hubo consenso, hubo diálogo. Necesariamente en un sistema federal las partes tienen que ceder. Tenemos potestades compartidas, y algo importante: hay una grave distorsión en los sistemas de tributación, y esto no es nuevo, viene de la década del 30.
Si no, ¿por qué el gobierno nacional sigue cobrando el impuesto a las ganancias, que es un impuesto directo? Es algo que le corresponde a las provincias y lo sigue cobrando.
Era por tiempo determinado y con una finalidad específica, por una situación de emergencia. Parece que vivimos de emergencia en emergencia en todos estos años yo diría siglos en la República Argentina, que obliga a seguir con esta mecánica de los pactos.
¿Para qué se suscribe este pacto? También para reducir la presión tributaria. Es cierto, somos un país con una presión tributaria importante, fruto quizás de la desidia de establecer imposiciones que pertenecían a las provincias y que lo hacía el gobierno nacional porque era más fácil recaudar, y a veces la demora en la remisión de los fondos coparticipables generaba también distorsiones. Pero también es cierto que hemos generado una serie de tributos que lejos aportan a favorecer las inversiones, la producción y, en consecuencia, el trabajo.
Lo que se busca con este pacto es poner un poco de equidad en esta asimetría. La equidad territorial en lo que respecta a un sistema federal es sumamente necesaria para poder cumplir lo que dice la Constitución: condiciones igualitarias y equitativas de vida digna de los argentinos. Como siempre se definió en la Argentina que había un centro de poder y diferentes y pequeños centros de desarrollo en el territorio, necesariamente tuvimos que ponernos de acuerdo.
Todos somos parte del todo. Por eso está bien definido que el sistema federal es la unión indestructible de partes igualmente indestructibles. El gobierno federal no es algo ajeno a las provincias. Nosotros estamos aquí, somos parte del gobierno federal, pero también somos parte de las provincias. Esto tenemos que definirlo básicamente.
Por eso entiendo que tanto el consenso fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, como la prórroga de estos impuestos que son directos...
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Señor diputado: le solicito que vaya terminando su exposición porque hay diputados que tienen que volver a sus provincias.
SR.(BRÜGGE)
Como consecuencia, hoy ponemos un plazo cierto para que vuelva el orden constitucional en ese punto.
Son elementos importantes, y en este sentido adelantamos ya el voto favorable del interbloque Argentina Federal.
Son elementos importantes, y en este sentido adelantamos ya el voto favorable del interbloque Argentina Federal.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Quedan dos diputados anotados en la lista de oradores. ¿Les puedo pedir a ambos que hagan uso de la palabra durante cinco minutos y que inserten lo que reste, teniendo en cuenta que hay legisladores que ya están al límite de horario para poder regresar a sus provincias?
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR.(ALUME SBODIO)
Señor presidente: ya he adelantado algo cuando tratamos la reforma previsional teniendo en cuenta lo que considerábamos que había pasado cuando explicábamos a la gente cómo Cambiemos había conseguido el quórum y los votos para poder consagrar lo que la mayoría de la sociedad denomina como el saqueo a los jubilados.
La verdad es que no creemos que solamente sea una cuestión de decisiones de los gobernadores. Por supuesto que no las calificamos, pero desde el punto de vista del funcionamiento de esta casa sí consideramos que fue una afectación al desenvolvimiento de este Congreso y a la institucionalización propia de este Parlamento.
Como lo dijimos también cuando discutimos la reforma del sistema previsional, creemos que se ha generado un sistema institucionalizado de compra de voluntades. Por ende, por supuesto que esto genera una pérdida de la calidad institucional del país y una gran pérdida de la calidad institucional en el funcionamiento del propio Congreso.
Señor presidente: la verdad es que, tratando de ver esta situación a través del acuerdo fiscal, hago un análisis histórico y las referencias nos remiten a lo que era la constitución unitaria de 1826 que, en su artículo 130, al hablar de la administración provincial, establece lo siguiente: “En cada provincia habrá un gobernador que la rija bajo la inmediata dependencia del presidente de la República”.
Este artículo demuestra el carácter centralista propio que tenía la constitución unitaria de 1826, razón por la cual por supuesto las provincias terminaron rechazando esta constitución y el propio mandato que le habían dado a los supuestos representantes de las provincias.
La diferencia entre 1826 y la etapa actual de la Argentina es que en aquel entonces las provincias tenían mayor independencia y autonomía que las que tienen hoy en día. Si en 1826 nos hubiéramos encontrado en la misma situación institucional que en la que nos encontramos hoy en día, seguramente la constitución de 1826, que establecía un sistema unitario, seguiría rigiendo.
Un diputado preopinante ha dicho que no sabía por qué la provincia de San Luis no había firmado este pacto fiscal o este apriete fiscal. Quiero decir que, en primer lugar, este apriete fiscal establece para las provincias que no firmaban –San Luis no lo firmó- un conjunto de sanciones que se le aplican principalmente por no decidir en libertad el renunciar a sus derechos, por no renunciar a su autonomía y por no apoyar medidas.
La provincia de San Luis no firma este pacto para no apoyar medidas que invierten el pacto social que nos debería regir como sociedad, en donde nos encontramos que los sectores más vulnerables hacen los principales sacrificios y unos pocos gozan de los beneficios.
He escuchado al diputado preopinante cuando dijo que este pacto fiscal fue producto de un diálogo en donde siempre alguna parte tiene que ceder. Yo no entiendo en qué momento del diálogo estaban los jubilados cuando en el apriete fiscal se logró reducir sus ingresos. (Aplausos.) Si en ese diálogo entre dos personas se afecta al otro, la verdad es que no lo entiendo.
La libertad y la autonomía de San Luis, como lo dijimos en esa oportunidad, se ejerce como resultado de una buena administración, y ojalá que el federalismo argentino algún día encuentre a todas las provincias en la misma situación.
Desde este Congreso este diputado va a trabajar para que todas las provincias argentinas puedan gozar de la misma libertad y autonomía.
Quiero respetar el plazo de cinco minutos al que nos hemos comprometido. Por lo tanto, como diputado de San Luis -y habiendo sido elegido por su pueblo- sería bastante ruin si votara a favor de la aprobación de este pacto que consagra un conjunto de sanciones contra mi provincia por ejercer en libertad su autonomía.
Pero yo les pido a los legisladores de este cuerpo que no acompañen con su voto la aprobación de este pacto, que tengan presente que los puntanos –a pesar de no haber firmado este pacto- también son hermanos, que sean conscientes de que este pacto representa la institucionalización de la compra de voluntades y que sean conscientes de que este pacto representa la consagración de un protocolo que condiciona gravemente el funcionamiento del Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo a través de la consagración de un bypass institucional que se materializa concretamente en los gobernadores de provincia que influyen sobre los legisladores del Parlamento.
Este pacto fiscal, que es la sentencia de muerte del federalismo argentino, ya está firmado por el presidente y por veintitrés gobernadores. Les pido que no avalemos este avasallamiento institucional al federalismo argentino con la firma de este Congreso. (Aplausos.)
La verdad es que no creemos que solamente sea una cuestión de decisiones de los gobernadores. Por supuesto que no las calificamos, pero desde el punto de vista del funcionamiento de esta casa sí consideramos que fue una afectación al desenvolvimiento de este Congreso y a la institucionalización propia de este Parlamento.
Como lo dijimos también cuando discutimos la reforma del sistema previsional, creemos que se ha generado un sistema institucionalizado de compra de voluntades. Por ende, por supuesto que esto genera una pérdida de la calidad institucional del país y una gran pérdida de la calidad institucional en el funcionamiento del propio Congreso.
Señor presidente: la verdad es que, tratando de ver esta situación a través del acuerdo fiscal, hago un análisis histórico y las referencias nos remiten a lo que era la constitución unitaria de 1826 que, en su artículo 130, al hablar de la administración provincial, establece lo siguiente: “En cada provincia habrá un gobernador que la rija bajo la inmediata dependencia del presidente de la República”.
Este artículo demuestra el carácter centralista propio que tenía la constitución unitaria de 1826, razón por la cual por supuesto las provincias terminaron rechazando esta constitución y el propio mandato que le habían dado a los supuestos representantes de las provincias.
La diferencia entre 1826 y la etapa actual de la Argentina es que en aquel entonces las provincias tenían mayor independencia y autonomía que las que tienen hoy en día. Si en 1826 nos hubiéramos encontrado en la misma situación institucional que en la que nos encontramos hoy en día, seguramente la constitución de 1826, que establecía un sistema unitario, seguiría rigiendo.
Un diputado preopinante ha dicho que no sabía por qué la provincia de San Luis no había firmado este pacto fiscal o este apriete fiscal. Quiero decir que, en primer lugar, este apriete fiscal establece para las provincias que no firmaban –San Luis no lo firmó- un conjunto de sanciones que se le aplican principalmente por no decidir en libertad el renunciar a sus derechos, por no renunciar a su autonomía y por no apoyar medidas.
La provincia de San Luis no firma este pacto para no apoyar medidas que invierten el pacto social que nos debería regir como sociedad, en donde nos encontramos que los sectores más vulnerables hacen los principales sacrificios y unos pocos gozan de los beneficios.
He escuchado al diputado preopinante cuando dijo que este pacto fiscal fue producto de un diálogo en donde siempre alguna parte tiene que ceder. Yo no entiendo en qué momento del diálogo estaban los jubilados cuando en el apriete fiscal se logró reducir sus ingresos. (Aplausos.) Si en ese diálogo entre dos personas se afecta al otro, la verdad es que no lo entiendo.
La libertad y la autonomía de San Luis, como lo dijimos en esa oportunidad, se ejerce como resultado de una buena administración, y ojalá que el federalismo argentino algún día encuentre a todas las provincias en la misma situación.
Desde este Congreso este diputado va a trabajar para que todas las provincias argentinas puedan gozar de la misma libertad y autonomía.
Quiero respetar el plazo de cinco minutos al que nos hemos comprometido. Por lo tanto, como diputado de San Luis -y habiendo sido elegido por su pueblo- sería bastante ruin si votara a favor de la aprobación de este pacto que consagra un conjunto de sanciones contra mi provincia por ejercer en libertad su autonomía.
Pero yo les pido a los legisladores de este cuerpo que no acompañen con su voto la aprobación de este pacto, que tengan presente que los puntanos –a pesar de no haber firmado este pacto- también son hermanos, que sean conscientes de que este pacto representa la institucionalización de la compra de voluntades y que sean conscientes de que este pacto representa la consagración de un protocolo que condiciona gravemente el funcionamiento del Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo a través de la consagración de un bypass institucional que se materializa concretamente en los gobernadores de provincia que influyen sobre los legisladores del Parlamento.
Este pacto fiscal, que es la sentencia de muerte del federalismo argentino, ya está firmado por el presidente y por veintitrés gobernadores. Les pido que no avalemos este avasallamiento institucional al federalismo argentino con la firma de este Congreso. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR.(DEL CAÑO)
Señor presidente: podríamos decir que estamos tratando este escandaloso pacto fiscal que firmaron casi todos los gobernadores, a excepción de la provincia de San Luis; y me refiero no solo a los oficialistas sino a aquellos que se dicen opositores, como el peronismo, el Movimiento Popular Neuquino y los socialistas de Santa Fe.
Luego de escuchar al diputado Laspina diciendo que todos tenían que poner un poco, la verdad es que después de todas las leyes que se votaron por las que se le roban 100.000 millones a los jubilados y se beneficia a las grandes empresas con la ley tributaria reduciendo las contribuciones patronales, está claro quiénes son los que acá están poniendo y a quién se le está metiendo la mano en el bolsillo con este pacto espurio.
Me refiero no solamente a aquellos que reciben la asignación universal, a los jubilados y a los ex combatientes de Malvinas sino también al hecho de que este pacto va a afectar a los trabajadores de los estados provinciales porque aquí se está acordando establecer un tope en el gasto público destinado a los salarios.
Esto también implica que miles de trabajadores precarizados en las provincias –muchos de ellos ni siquiera ganan 1.000 pesos- por supuesto no van a ser pasados a planta permanente.
Además, aquí se plantea la reducción de impuestos, como a los ingresos brutos, mientras que –como sucede en la provincia de Buenos Aires- el impuesto inmobiliario que afectará los salarios populares aumenta hasta un 70 por ciento. Entonces, ya sabemos quiénes son los que van a poner.
Acá no es que todos ponen un poco. Los que menos tienen son los que ponen y se lo llevan los millonarios que están en el gobierno.
¿Quiénes son los que pierden? Los jubilados, los trabajadores de las provincias y los que no pueden acceder a una vivienda, y la explicación que nos dan es que las provincias están endeudadas, que la Nación le debía muchos fondos y que a Buenos Aires se le coparticipaba en forma injusta con el Fondo del Conurbano, lo cual es cierto, más allá de que sabemos que las gestiones de las provincias responden a una orientación social capitalista.
¿Pero de dónde surgió este endeudamiento? Surgió de todos los años en los que se pagó sideralmente la deuda externa. Esa es la deuda de la Nación con las provincias.
Por supuesto, para resolver el problema de la coparticipación con Buenos Aires el único camino que encontraron fue robar a los jubilados, a los que menos tienen, y no a la oligarquía agropecuaria -por eso le quitaron las retenciones- o a las mineras, a las que también beneficiaron.
El 20 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias que antes se destinaba a la ANSES ahora es la dádiva que le dieron a los gobernadores una dádiva para que acepten el robo a los jubilados.
Por eso nosotros tenemos un programa alternativo para que en primer término la crisis la paguen los grandes empresarios y dejando de abonar esta fraudulenta deuda externa.
En segundo lugar, la carga impositiva debe recaer sobre los monopolios, los terratenientes y los bancos, a los que tanto el gobierno nacional como los gobernadores provinciales responden.
Para terminar, me parece importante señalar que aquí se ha hablado de la extorsión –inclusive se lo hizo desde el bloque del Frente para la Victoria-, casi como victimizando a los gobernadores. Pero si existió esa extorsión –como esa foto con Lorenzetti, a quien tanto ha desdeñado la señora diputada Carrió; lo ha acusado de muchas cosas pero aquí no dijo nada- los gobernadores la aceptaron y se arrodillaron por esa dádiva para sacarles 100.000 millones de pesos a los jubilados.
Entonces, entiendo que muchos pertenezcan al mismo partido, pero no puede ser que se exima de la responsabilidad a los que permitieron esto no solamente con la firma de este pacto, sino también por lo que hicieron en el Senado. En este sentido, en su momento escuchamos al senador Miguel Ángel Pichetto decir que tenían una tarea ingrata que consistía en votar esta ley, es decir, afanarle a los jubilados y a los pibes que reciben la Asignación Universal por Hijo.
Por lo tanto, como nosotros no tenemos nada que ver con esos gobernadores que ajustan al pueblo, queremos denunciarlos claramente. En este sentido entendemos –quizás otros no lo hacen- que justamente no se los puede eximir.
Por último, quiero decir que el bloque del Frente de Izquierda no tiene ningún compromiso con esos gobernadores, sino con los jubilados y los trabajadores en las calles, para enfrentar el ajuste de este gobierno.
Luego de escuchar al diputado Laspina diciendo que todos tenían que poner un poco, la verdad es que después de todas las leyes que se votaron por las que se le roban 100.000 millones a los jubilados y se beneficia a las grandes empresas con la ley tributaria reduciendo las contribuciones patronales, está claro quiénes son los que acá están poniendo y a quién se le está metiendo la mano en el bolsillo con este pacto espurio.
Me refiero no solamente a aquellos que reciben la asignación universal, a los jubilados y a los ex combatientes de Malvinas sino también al hecho de que este pacto va a afectar a los trabajadores de los estados provinciales porque aquí se está acordando establecer un tope en el gasto público destinado a los salarios.
Esto también implica que miles de trabajadores precarizados en las provincias –muchos de ellos ni siquiera ganan 1.000 pesos- por supuesto no van a ser pasados a planta permanente.
Además, aquí se plantea la reducción de impuestos, como a los ingresos brutos, mientras que –como sucede en la provincia de Buenos Aires- el impuesto inmobiliario que afectará los salarios populares aumenta hasta un 70 por ciento. Entonces, ya sabemos quiénes son los que van a poner.
Acá no es que todos ponen un poco. Los que menos tienen son los que ponen y se lo llevan los millonarios que están en el gobierno.
¿Quiénes son los que pierden? Los jubilados, los trabajadores de las provincias y los que no pueden acceder a una vivienda, y la explicación que nos dan es que las provincias están endeudadas, que la Nación le debía muchos fondos y que a Buenos Aires se le coparticipaba en forma injusta con el Fondo del Conurbano, lo cual es cierto, más allá de que sabemos que las gestiones de las provincias responden a una orientación social capitalista.
¿Pero de dónde surgió este endeudamiento? Surgió de todos los años en los que se pagó sideralmente la deuda externa. Esa es la deuda de la Nación con las provincias.
Por supuesto, para resolver el problema de la coparticipación con Buenos Aires el único camino que encontraron fue robar a los jubilados, a los que menos tienen, y no a la oligarquía agropecuaria -por eso le quitaron las retenciones- o a las mineras, a las que también beneficiaron.
El 20 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias que antes se destinaba a la ANSES ahora es la dádiva que le dieron a los gobernadores una dádiva para que acepten el robo a los jubilados.
Por eso nosotros tenemos un programa alternativo para que en primer término la crisis la paguen los grandes empresarios y dejando de abonar esta fraudulenta deuda externa.
En segundo lugar, la carga impositiva debe recaer sobre los monopolios, los terratenientes y los bancos, a los que tanto el gobierno nacional como los gobernadores provinciales responden.
Para terminar, me parece importante señalar que aquí se ha hablado de la extorsión –inclusive se lo hizo desde el bloque del Frente para la Victoria-, casi como victimizando a los gobernadores. Pero si existió esa extorsión –como esa foto con Lorenzetti, a quien tanto ha desdeñado la señora diputada Carrió; lo ha acusado de muchas cosas pero aquí no dijo nada- los gobernadores la aceptaron y se arrodillaron por esa dádiva para sacarles 100.000 millones de pesos a los jubilados.
Entonces, entiendo que muchos pertenezcan al mismo partido, pero no puede ser que se exima de la responsabilidad a los que permitieron esto no solamente con la firma de este pacto, sino también por lo que hicieron en el Senado. En este sentido, en su momento escuchamos al senador Miguel Ángel Pichetto decir que tenían una tarea ingrata que consistía en votar esta ley, es decir, afanarle a los jubilados y a los pibes que reciben la Asignación Universal por Hijo.
Por lo tanto, como nosotros no tenemos nada que ver con esos gobernadores que ajustan al pueblo, queremos denunciarlos claramente. En este sentido entendemos –quizás otros no lo hacen- que justamente no se los puede eximir.
Por último, quiero decir que el bloque del Frente de Izquierda no tiene ningún compromiso con esos gobernadores, sino con los jubilados y los trabajadores en las calles, para enfrentar el ajuste de este gobierno.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Corresponde pasar a votar en general el dictamen de mayoría.
SRA.(DEL PLÁ)
Pido la palabra.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Señora diputada: usted no estaba anotada en la lista de oradores. Le pido que tenga consideración respecto del resto de los señores diputados, que siempre tienen reciprocidad hacia usted.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Usted siempre hace lo mismo. Se tiene que anotar en la lista de oradores porque hay que seguir un orden.
SRA.(DEL PLÁ)
Le pido que me deje hablar solamente por espacio de tres minutos. En cuanto al resto, voy a insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Está bien.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA.(DEL PLÁ)
Señor presidente: en primer término, quiero decir que, por supuesto, voy a votar en contra de estos tres proyectos.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA.(DEL PLÁ)
En ese sentido, me parece fundamental decir que aquí se está tratando un proyecto de ley que se menciona como un consenso fiscal. Pero como ya lo han expresado varios señores diputados, no hay ningún consenso, sino que en realidad hay una cantidad de imposiciones, razón por la cual popularmente se habla de un pacto fiscal.
Con este pacto fiscal se ha viabilizado el robo a los jubilados. Asimismo se está viabilizando el ajuste en las provincias y los municipios.
Por eso, no comparto el manto de piedad que se ha colocado sobre los gobernadores para tratar de justificar por qué han firmado esto. No lo comparto porque fueron conscientes de eso. Y cuando establecieron la cláusula de que era por arriba del índice de inflación, sabían perfectamente que estaban hablando de una diferencia de 20 pesos.
Por ese motivo los gobernadores de todos los signos políticos –incluyendo a Alicia Kirchner, quien no ha dudado en plantear un aumento del 3 por ciento para los docentes de Santa Cruz, y también a Rosana Bertone, que no ha vacilado en exonerar a los dirigentes del gremio docente que propusieron un aumento por paritarias equivalente a cero pesos para los trabajadores de ese sector- son políticamente solidarios respecto de este acuerdo. Después, todos los intentos de justificación correrán por cuenta de quienes los hagan porque han sido conscientes y solidarios en relación con este ajuste.
Por último, en esta Honorable Cámara hemos asistido a algo que no pensé que iba a ocurrir. Me refiero a dos jefes de bloque que citaron a Lenin para justificar políticas antiobreras y en favor del imperialismo.
Como parte del único bloque realmente leninista de la Cámara de Diputados, quiero cerrar esta jornada diciendo que a cien años de la Revolución de Octubre las jornadas de esta semana en este país han demostrado la perspectiva histórica del programa de la clase obrera. (Aplausos.)
Con este pacto fiscal se ha viabilizado el robo a los jubilados. Asimismo se está viabilizando el ajuste en las provincias y los municipios.
Por eso, no comparto el manto de piedad que se ha colocado sobre los gobernadores para tratar de justificar por qué han firmado esto. No lo comparto porque fueron conscientes de eso. Y cuando establecieron la cláusula de que era por arriba del índice de inflación, sabían perfectamente que estaban hablando de una diferencia de 20 pesos.
Por ese motivo los gobernadores de todos los signos políticos –incluyendo a Alicia Kirchner, quien no ha dudado en plantear un aumento del 3 por ciento para los docentes de Santa Cruz, y también a Rosana Bertone, que no ha vacilado en exonerar a los dirigentes del gremio docente que propusieron un aumento por paritarias equivalente a cero pesos para los trabajadores de ese sector- son políticamente solidarios respecto de este acuerdo. Después, todos los intentos de justificación correrán por cuenta de quienes los hagan porque han sido conscientes y solidarios en relación con este ajuste.
Por último, en esta Honorable Cámara hemos asistido a algo que no pensé que iba a ocurrir. Me refiero a dos jefes de bloque que citaron a Lenin para justificar políticas antiobreras y en favor del imperialismo.
Como parte del único bloque realmente leninista de la Cámara de Diputados, quiero cerrar esta jornada diciendo que a cien años de la Revolución de Octubre las jornadas de esta semana en este país han demostrado la perspectiva histórica del programa de la clase obrera. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado contenido en el expediente 0125-s-2017 , por el que se modifica la ley 25.917 sobre Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno (Orden del Día N° 6).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 219 señores diputados presentes, 159 han votado por la afirmativa y 55 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Se han registrado 159 votos por la afirmativa, 55 por la negativa y 3 abstenciones.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración en particular.
El dictamen de mayoría consta de 26 artículos. Solamente el señor diputado Lavagna se encuentra anotado en la lista de oradores para referirse a los artículos 6°, 7° y 15. Por su parte, el señor miembro informante dijo que no aceptará modificaciones. De todos modos, pido al señor diputado Lavagna que plantee las modificaciones que desea proponer.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El dictamen de mayoría consta de 26 artículos. Solamente el señor diputado Lavagna se encuentra anotado en la lista de oradores para referirse a los artículos 6°, 7° y 15. Por su parte, el señor miembro informante dijo que no aceptará modificaciones. De todos modos, pido al señor diputado Lavagna que plantee las modificaciones que desea proponer.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR.(LAVAGNA)
Señor presidente: en relación con el artículo 15, propongo que al comienzo de los dos párrafos que lo integran se agregue la siguiente expresión: “La Nación, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. De esta forma, la Nación también estaría incorporada dentro de los límites del endeudamiento.
En lo relativo al artículo 7°, propongo que en el último párrafo se suprima el siguiente texto: “Respecto de la Nación, el gasto público corriente primario neto será entendido como los egresos corrientes primarios excluidos los incrementos prestacionales derivados de la aplicación de la ley 26.417”. Como la fórmula de cálculo de la movilidad jubilatoria ha cambiado, esa parte no es necesaria.
En lo relativo al artículo 7°, propongo que en el último párrafo se suprima el siguiente texto: “Respecto de la Nación, el gasto público corriente primario neto será entendido como los egresos corrientes primarios excluidos los incrementos prestacionales derivados de la aplicación de la ley 26.417”. Como la fórmula de cálculo de la movilidad jubilatoria ha cambiado, esa parte no es necesaria.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se van a votar los artículos 1° a 25.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 26 es de forma.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se va a votar. nominalmente en general y en particular, en un solo acto, el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Consenso Fiscal, suscrito el 16 de noviembre de 2017 entre el Poder Ejecutivo, representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se va a votar. nominalmente en general y en particular, en un solo acto, el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Consenso Fiscal, suscrito el 16 de noviembre de 2017 entre el Poder Ejecutivo, representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 219 señores diputados presentes, 145 han votado por la afirmativa y 53 por la negativa, registrándose además 20 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Se han registrado 145 votos afirmativos, 53 votos negativos y 20 abstenciones.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se va a votar nominalmente en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifica el artículo 3° de la ley 25.413, de impuestos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre destino de los recursos a la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se va a votar nominalmente en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifica el artículo 3° de la ley 25.413, de impuestos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre destino de los recursos a la Administración Nacional de la Seguridad Social.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 219 señores diputados presentes, 212 han votado por la afirmativa y 6 por la negativa.
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Se han registrado 211 votos afirmativos y 6 votos negativos.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar en forma nominal. En razón de lo prescripto por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara.
Se va a votar en forma nominal. En razón de lo prescripto por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 218 señores diputados presentes, 214 han votado por la afirmativa y 3 por la negativa.
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Se han registrado 214 votos afirmativos y 3 votos negativos. No hubo abstenciones.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el artículo 2°.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 3°.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR.(SNOPEK)
Señor presidente: mi primera observación tiene que ver con el inciso f), que hace referencia a los recursos del Fondo Especial del Tabaco. En realidad, no debería formar parte de este artículo porque no se trata de un impuesto específico. Sobre el particular hemos hablado con el miembro informante, señor diputado Laspina, y estuvo de acuerdo en eliminarlo.
En segundo lugar, proponemos que se incorporen los regímenes de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica previstos en las leyes 26.190 y 27.191, que vencen el 31 de diciembre de 2017, para que continúen vigentes hasta 2022 como los tributos que tienen asignación específica.
En segundo lugar, proponemos que se incorporen los regímenes de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica previstos en las leyes 26.190 y 27.191, que vencen el 31 de diciembre de 2017, para que continúen vigentes hasta 2022 como los tributos que tienen asignación específica.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR.(LASPINA)
Señor presidente: la comisión acepta la eliminación del inciso f) del artículo 4°.
En cuanto a la segunda propuesta, entendemos que son beneficios impositivos; no se trata de asignaciones específicas sino simplemente de regímenes de incentivo. Por lo tanto, no corresponde que sean incorporados en esta norma complementaria del Consenso Fiscal.
En cuanto a la segunda propuesta, entendemos que son beneficios impositivos; no se trata de asignaciones específicas sino simplemente de regímenes de incentivo. Por lo tanto, no corresponde que sean incorporados en esta norma complementaria del Consenso Fiscal.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Con la modificación aceptada por la comisión, se va a votar nominalmente el artículo 4°. En razón de lo prescripto por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 218 señores diputados presentes, 212 han votado por la afirmativa y 3 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Se han registrado 212 votos afirmativos, 3 votos negativos y 2 abstenciones.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración los artículos 5° y 6°.
Se van a votar en forma nominal. En razón de lo prescripto por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara.
Se van a votar en forma nominal. En razón de lo prescripto por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 218 señores diputados presentes, 213 han votado por la afirmativa y 3 por la negativa, registrándose además una abstención.
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Se han registrado 213 votos afirmativos, 3 votos negativos y una abstención.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el artículo 7°.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 8°.
- El artículo 9° es de forma.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
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