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Discursos
Período:135 Reunion:19 Fecha:8/11/2017 CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
SRA.(SOSA)
Señor presidente: la cuestión de privilegio que vengo a plantear se vincula con el discurso del presidente, Macri, y el agravio que constituye para los trabajadores judiciales de este país.
Como diputada nacional, pero también como trabajadora judicial, como empleada del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, repudio totalmente los dichos falaces sobre los trabajadores judiciales de este país. Es mentira que un ordenanza cobra 100.000 pesos por mes. Si el presidente quiere atacar los privilegios en el Poder Judicial debe empezar por la Corte, todas las cortes y todos los jueces, que son los responsables; no específicamente ellos, sino toda la clase social que ocupa los tres poderes en forma mayoritaria para llevar adelante el reparto de injusticia y no de justicia, porque hay que hacer una diferencia entre lo que es Justicia y lo que es el Poder Judicial.
Para poder llevar adelante reformas que atacan el servicio de la Justicia mejor dicho, el derecho a acceder a ella y las condiciones laborales de los trabajadores judiciales, se valieron de la coartada de mentir sobre los trabajadores judiciales y atacaron sus derechos laborales, como son las vacaciones. Como el presidente cree que los trabajadores judiciales trabajan poco –porque cumplen una jornada laboral de seis horas, quiere llevar adelante una reforma laboral que aumente esa jornada de trabajo. Sus asesores y diputados que son abogados y conocen tribunales tendrían que aclararle que muchos trabajadores judiciales hacen horas extras que no son reconocidas ni pagadas y que las enfermedades laborales de ellos son enormes, producto de la flexibilización laboral y la polifunción.
Cabe mencionar que, incluso durante el gobierno anterior, el sector de la Justicia fue el primero en sufrir la modernización del Estado, que este gobierno ha llevado a un rango ministerial y que ha servido nada más que para continuar con la precarización laboral.
Por lo tanto, desde esta banca, como diputada y empleada del Poder Judicial, quiero repudiar los dichos del presidente y también el intento del gobernador Cornejo, de Mendoza, de domesticar al Poder Judicial de dicha provincia elevando de siete a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte, en una clara acción de suma de poder público en su figura.
Por último, desde este lugar llamo a todos los trabajadores judiciales de las provincias y de la Nación a luchar por lo nuestro: por los convenios colectivos de trabajo y por la defensa de la feria judicial y la jornada de trabajo de seis horas, en tiempos de ajuste y de reforma laboral.
Como diputada nacional, pero también como trabajadora judicial, como empleada del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, repudio totalmente los dichos falaces sobre los trabajadores judiciales de este país. Es mentira que un ordenanza cobra 100.000 pesos por mes. Si el presidente quiere atacar los privilegios en el Poder Judicial debe empezar por la Corte, todas las cortes y todos los jueces, que son los responsables; no específicamente ellos, sino toda la clase social que ocupa los tres poderes en forma mayoritaria para llevar adelante el reparto de injusticia y no de justicia, porque hay que hacer una diferencia entre lo que es Justicia y lo que es el Poder Judicial.
Para poder llevar adelante reformas que atacan el servicio de la Justicia mejor dicho, el derecho a acceder a ella y las condiciones laborales de los trabajadores judiciales, se valieron de la coartada de mentir sobre los trabajadores judiciales y atacaron sus derechos laborales, como son las vacaciones. Como el presidente cree que los trabajadores judiciales trabajan poco –porque cumplen una jornada laboral de seis horas, quiere llevar adelante una reforma laboral que aumente esa jornada de trabajo. Sus asesores y diputados que son abogados y conocen tribunales tendrían que aclararle que muchos trabajadores judiciales hacen horas extras que no son reconocidas ni pagadas y que las enfermedades laborales de ellos son enormes, producto de la flexibilización laboral y la polifunción.
Cabe mencionar que, incluso durante el gobierno anterior, el sector de la Justicia fue el primero en sufrir la modernización del Estado, que este gobierno ha llevado a un rango ministerial y que ha servido nada más que para continuar con la precarización laboral.
Por lo tanto, desde esta banca, como diputada y empleada del Poder Judicial, quiero repudiar los dichos del presidente y también el intento del gobernador Cornejo, de Mendoza, de domesticar al Poder Judicial de dicha provincia elevando de siete a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte, en una clara acción de suma de poder público en su figura.
Por último, desde este lugar llamo a todos los trabajadores judiciales de las provincias y de la Nación a luchar por lo nuestro: por los convenios colectivos de trabajo y por la defensa de la feria judicial y la jornada de trabajo de seis horas, en tiempos de ajuste y de reforma laboral.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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