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Discursos
Período:135 Reunion:10 Fecha:21/06/2017 CONFERENCIA – RÉGIMEN DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Queda abierta la conferencia.
Se va a votar si se mantiene la unidad del debate.
Se va a votar si se mantiene la unidad del debate.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración.
Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
SRA.(BURGOS)
Señor presidente: festejo la moción del señor diputado Recalde para dar tratamiento en forma inmediata a este tema y aprobar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al texto aprobado por esta Cámara el año pasado.
Ponderar nuevamente a las víctimas y posicionarlas dentro del proceso penal es una deuda que teníamos desde hace mucho tiempo. Cabe señalar que el año pasado existió la voluntad política para cambiar este paradigma y colocar a las víctimas, de una vez por todas, dentro del proceso penal.
Este proyecto otorga a la víctima un cúmulo de derechos que permite un tratamiento particular y generan un lugar óptimo dentro del proceso penal. En este sentido, voy a enunciar solo algunos de estos derechos, porque no quiero retrasar la posibilidad de pasar a votar.
En lo que respecta a la delimitación del ámbito de aplicación, con esta modificación se deja bien en claro que los derechos enunciados no son taxativos, sino meramente enunciativos. En este contexto, se consideran también los derechos consagrados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las constituciones provinciales y toda otra norma vigente en el país.
También hubo una modificación respecto del concepto de víctima, no porque se aparte a quienes son considerados como tales sino para delimitar en forma expresa quiénes lo son directamente o se sienten afectados: cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores, etcétera. Bajo ningún aspecto se ha cercenado o restringido esa amplitud; por el contrario, ha sido explicada de manera más sucinta y clara. La idea es que quede en evidencia quiénes son víctimas de delitos.
En cuanto a los pueblos originarios, las personas serán consideradas víctimas y se les reconocerán los derechos establecidos en la presente norma cuando directamente hayan sido ofendidas; en caso de muerte o afectación, se hará el traslado de ellos a sus familiares.
En lo que se refiere a los derechos reconocidos a las víctimas, la redacción originaria también sufrió cambios. Ello no significa que se hayan cercenado derechos reconocidos; simplemente, quiere decir que se ha hecho una enunciación más taxativa.
En ese texto alternativo se enumeran en un solo artículo los derechos que comprende la norma, dejando así a salvo lo solicitado por cada una de las víctimas que, en su momento, expresaron cuáles eran los derechos afectados.
Respecto a la efectividad de los derechos reconocidos, se modifica el código en vigencia en lo atinente a la modalidad de terminación del proceso sin juicio. En este punto debemos mencionar la suspensión del proceso a prueba, el desistimiento de la acción, el archivo o la aplicación de cualquier otro criterio de oportunidad, etcétera. Todo acto procesal de importancia, inclusive aquellos que tengan que ver con las decisiones que tome el órgano jurisdiccional en relación con el imputado que se encuentra privado de su libertad, debe ser notificado previamente a la víctima, en especial cuando exista un régimen de salidas anticipadas, sean estas transitorias o definitivas.
A fin de precisar el reconocimiento de quienes son víctimas, se ha puesto especial atención en aquellas personas que resultan ser más vulnerables a ciertos delitos. Esto queda demostrado en la sanción que viene del Honorable Senado; a la lista contenida en el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados, se agrega que serán consideradas más vulnerables y merecerán una atención especializada aquellas personas que hayan sufrido daño por delitos cometidos por una asociación ilícita o delitos contra la integridad sexual. Cabe recordar que en esta Cámara hemos tratado varias iniciativas relacionadas con el tema; por delitos contra la vida; en el caso de las mujeres, por delitos cometidos con violencia de género, etcétera. En estos casos, el tratamiento deberá ser inmediato y especializado, justamente por la calidad y la vulnerabilidad que involucran.
En lo que se refiere al abogado particular querellante, figura introducida en el proyecto original, se sigue manteniendo el derecho de la víctima de contar con un abogado querellante. Simplemente se ha eliminado la enumeración de los delitos para los cuales iban a tener el abogado querellante, y se establece que toda persona puede tener un abogado querellante cuando no tenga los medios económicos para solventar lo que significa una querella. Es decir que el Senado eliminó la enumeración de los delitos que podían llegar a tener este beneficio, y por lo tanto tendrán el patrocinio gratuito todos aquellos que no tengan los medios económicos suficientes para solventar un proceso de esta naturaleza.
En cuanto al Centro de Atención y Protección a la Víctima de Delito, se crea una oficina dentro del Ministerio de Justicia, que tendrá la función de asistencia a las víctimas de delito, con competencia federal en todo el país. Se dispone que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya cuentan con un servicio de atención a las víctimas, serán solventadas y ayudadas con capacitación para que haya uniformidad de criterio y se tomen todas las medidas necesarias y suficientes para estructurar ese servicio.
No quiero ahondar más, ya que hay otros oradores anotados. Simplemente quiero decir que este proyecto otorga a las víctimas un gran cúmulo de derechos, que les permiten participar en forma directa y activa en el proceso penal. Lamentablemente, durante mucho tiempo ellas han sido apartadas de ese derecho básico y elemental, por decisiones que en su momento no han sido tomadas pero que nosotros las adoptamos ahora para contenerlas, protegerlas y ampararlas. Hoy va a ser un día sumamente importante para este colectivo, para todas las organizaciones, para todos los padres y madres que han sufrido una gran pérdida en su vida y que en muchos casos ha desintegrado sus familias.
Por esa razón, por todo lo que dijimos en su oportunidad y durante el tratamiento en el Senado, hoy vamos a apoyar y votar cada una de las modificaciones que ese cuerpo introdujo a esta iniciativa. (Aplausos.)
Ponderar nuevamente a las víctimas y posicionarlas dentro del proceso penal es una deuda que teníamos desde hace mucho tiempo. Cabe señalar que el año pasado existió la voluntad política para cambiar este paradigma y colocar a las víctimas, de una vez por todas, dentro del proceso penal.
Este proyecto otorga a la víctima un cúmulo de derechos que permite un tratamiento particular y generan un lugar óptimo dentro del proceso penal. En este sentido, voy a enunciar solo algunos de estos derechos, porque no quiero retrasar la posibilidad de pasar a votar.
En lo que respecta a la delimitación del ámbito de aplicación, con esta modificación se deja bien en claro que los derechos enunciados no son taxativos, sino meramente enunciativos. En este contexto, se consideran también los derechos consagrados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las constituciones provinciales y toda otra norma vigente en el país.
También hubo una modificación respecto del concepto de víctima, no porque se aparte a quienes son considerados como tales sino para delimitar en forma expresa quiénes lo son directamente o se sienten afectados: cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores, etcétera. Bajo ningún aspecto se ha cercenado o restringido esa amplitud; por el contrario, ha sido explicada de manera más sucinta y clara. La idea es que quede en evidencia quiénes son víctimas de delitos.
En cuanto a los pueblos originarios, las personas serán consideradas víctimas y se les reconocerán los derechos establecidos en la presente norma cuando directamente hayan sido ofendidas; en caso de muerte o afectación, se hará el traslado de ellos a sus familiares.
En lo que se refiere a los derechos reconocidos a las víctimas, la redacción originaria también sufrió cambios. Ello no significa que se hayan cercenado derechos reconocidos; simplemente, quiere decir que se ha hecho una enunciación más taxativa.
En ese texto alternativo se enumeran en un solo artículo los derechos que comprende la norma, dejando así a salvo lo solicitado por cada una de las víctimas que, en su momento, expresaron cuáles eran los derechos afectados.
Respecto a la efectividad de los derechos reconocidos, se modifica el código en vigencia en lo atinente a la modalidad de terminación del proceso sin juicio. En este punto debemos mencionar la suspensión del proceso a prueba, el desistimiento de la acción, el archivo o la aplicación de cualquier otro criterio de oportunidad, etcétera. Todo acto procesal de importancia, inclusive aquellos que tengan que ver con las decisiones que tome el órgano jurisdiccional en relación con el imputado que se encuentra privado de su libertad, debe ser notificado previamente a la víctima, en especial cuando exista un régimen de salidas anticipadas, sean estas transitorias o definitivas.
A fin de precisar el reconocimiento de quienes son víctimas, se ha puesto especial atención en aquellas personas que resultan ser más vulnerables a ciertos delitos. Esto queda demostrado en la sanción que viene del Honorable Senado; a la lista contenida en el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados, se agrega que serán consideradas más vulnerables y merecerán una atención especializada aquellas personas que hayan sufrido daño por delitos cometidos por una asociación ilícita o delitos contra la integridad sexual. Cabe recordar que en esta Cámara hemos tratado varias iniciativas relacionadas con el tema; por delitos contra la vida; en el caso de las mujeres, por delitos cometidos con violencia de género, etcétera. En estos casos, el tratamiento deberá ser inmediato y especializado, justamente por la calidad y la vulnerabilidad que involucran.
En lo que se refiere al abogado particular querellante, figura introducida en el proyecto original, se sigue manteniendo el derecho de la víctima de contar con un abogado querellante. Simplemente se ha eliminado la enumeración de los delitos para los cuales iban a tener el abogado querellante, y se establece que toda persona puede tener un abogado querellante cuando no tenga los medios económicos para solventar lo que significa una querella. Es decir que el Senado eliminó la enumeración de los delitos que podían llegar a tener este beneficio, y por lo tanto tendrán el patrocinio gratuito todos aquellos que no tengan los medios económicos suficientes para solventar un proceso de esta naturaleza.
En cuanto al Centro de Atención y Protección a la Víctima de Delito, se crea una oficina dentro del Ministerio de Justicia, que tendrá la función de asistencia a las víctimas de delito, con competencia federal en todo el país. Se dispone que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya cuentan con un servicio de atención a las víctimas, serán solventadas y ayudadas con capacitación para que haya uniformidad de criterio y se tomen todas las medidas necesarias y suficientes para estructurar ese servicio.
No quiero ahondar más, ya que hay otros oradores anotados. Simplemente quiero decir que este proyecto otorga a las víctimas un gran cúmulo de derechos, que les permiten participar en forma directa y activa en el proceso penal. Lamentablemente, durante mucho tiempo ellas han sido apartadas de ese derecho básico y elemental, por decisiones que en su momento no han sido tomadas pero que nosotros las adoptamos ahora para contenerlas, protegerlas y ampararlas. Hoy va a ser un día sumamente importante para este colectivo, para todas las organizaciones, para todos los padres y madres que han sufrido una gran pérdida en su vida y que en muchos casos ha desintegrado sus familias.
Por esa razón, por todo lo que dijimos en su oportunidad y durante el tratamiento en el Senado, hoy vamos a apoyar y votar cada una de las modificaciones que ese cuerpo introdujo a esta iniciativa. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR.(PETRI)
Señor presidente: cuando se comete un delito en la República Argentina, particularmente cuando es grave, desnuda que fracasamos como sociedad y también desnuda la tragedia individual de quien sufre ese delito. Ese fracaso como sociedad, que ve perpleja cómo se truncan vidas, se intentó morigerar a partir del diseño de un sistema penal que estableció la persecución penal pública y permitía que jueces y fiscales salieran a la caza de quienes cometieran los delitos, para reparar el orden de ese quebrantamiento de reglas que se provocó, y a partir de allí restablecer las condiciones y la vida en sociedad de un trauma colectivo.
Pero con respecto a la tragedia individual, al trauma que vivía esa víctima que veía truncado un proyecto y un plan de vida, prácticamente nada se decía. Y así se avanzó durante mucho tiempo en la República Argentina. No es casual que hoy, en 2017 no antes, estemos tratando un proyecto de fortalecimiento de los derechos de la víctima en el proceso penal. No es casual que hoy estemos equilibrando la ecuación. No es casual que la balanza que estaba totalmente desnivelada empiece a nivelarse a favor de las únicas perjudicadas directamente por la comisión de un delito, que son las víctimas.
Hace poco tiempo fui convocado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y me preguntaban, respecto de la sanción que habíamos producido, si en definitiva reconocía, respetaba y garantizaba los derechos de las víctimas o si, por el contrario, era una acción infructuosa, más respecto de aquellas personas que habían encontrado el silencio, el abandono y la desinformación por parte del Estado.
Al respecto, yo les decía que estábamos dando un gran paso, que sin duda restaba mucho por hacer, pero que estábamos elevando los niveles de protección; les estábamos dando a las víctimas herramientas para que intervinieran en el proceso penal; les estábamos dando garantías y derechos que tenían reconocidos los imputados pero no las víctimas.
No es casual que esto suceda; no es casual que encontremos la cancha inclinada y que veamos los códigos procesales aggiornados con docenas de derechos a favor de los imputados y prácticamente seis o siete derechos a favor de las víctimas. Esto tenía una lógica y una explicación, que se encontraba en aquella posición que veía a las víctimas como meros testigos de cargo que aparecían en el proceso simplemente a testimoniar y posteriormente se tenían que retirar porque a partir de allí era el Estado, por medio de los fiscales, el que debía seguir adelante con la persecución penal pública. Además, con esta postura, los jueces no consideraban a las víctimas como tales, pues entendían que las víctimas eran los delincuentes, porque previamente a haber cometido el delito habían sido víctimas de una sociedad que los marginaba o estigmatizaba.
Esta es la Justicia que queremos cambiar con este proyecto de ley. Porque lo que no se dice es que, en la República Argentina, a las víctimas se las condena a la impunidad, y esto es necesario señalarlo con todas las letras. A las víctimas se les dicta la libertad condicional. ¿Y cuál es la libertad condicional de las víctimas? Es someterlas a un proceso que las hace revivir una y otra vez los efectos del delito, que las obliga a declarar, revictimizándolas y recrudeciendo así la situación en la cual se encuentran.
Se trata de un proceso que, de hecho, les dicta arresto domiciliario. ¿Por qué digo que las víctimas en nuestro país sufren arresto domiciliario? Porque a partir del delito, en lugar de contar con la protección del Estado, en lugar de contar con el amparo de la Justicia, sufren las amenazas y coacciones de sus victimarios, que en definitiva intentan quebrar su declaración para garantizar su impunidad.
Ese es el estado de situación que tenemos en la República Argentina y el que nos proponemos cambiar con este proyecto de ley.
Este proyecto fue al Senado, porque esta historia no comienza aquí. Lo cierto es que si en 2017 nos encontramos tratando una ley de protección a las víctimas del delito que empiece a nivelar la cancha es porque antes no existió voluntad política para avanzar en proyectos que defendieran a las víctimas. Lo digo con conocimiento de causa, porque en 2014 presenté un proyecto de fortalecimiento de los derechos de las víctimas en el proceso penal, que durmió el sueño de los justos, hasta que el año pasado, a partir de otras iniciativas del Frente Renovador y de legisladores de otros bloques, pudimos avanzar en la concreción de un proyecto que permitiera a las víctimas nada más ni nada menos que reconocer sus derechos en el proceso. Porque de esto se trata: las víctimas no piden limosna, no piden concesiones graciosas ni privilegios exorbitantes; lo que están pidiendo es un Estado que contemple su situación, que nos las margine, que nos las estigmatice, que no las desinforme, que no las ponga bajo sospecha, que no las incrimine ni las prejuzgue. Estas son las cosas que las víctimas están reclamando; las mismas cosas que los imputados ya tienen garantizadas en todos los códigos procesales penales y que, sin embargo, las víctimas no tienen. (Aplausos.)
Entonces, esta sanción fue al Senado. Era una buena sanción, tenemos que reconocerlo. Pero sin lugar a dudas, el Senado la mejoró porque, entre otras cosas, permitió precisar los alcances de la definición de “víctima”, que es trascendental para que los derechos sean reconocidos en su justa extensión por todas y cada una de las personas ofendidas por el delito. Además, sistematizó y ordenó los derechos de la víctima.
Son los jueces y los fiscales quienes van a tener que, en última instancia, hacer efectiva esta ley. Era importante que todos y cada uno de los derechos que reconocíamos estuvieran al alcance de la mano y precisados en toda su extensión.
Una cuestión trascendental para nosotros de la sanción del Senado, y por eso la estamos defendiendo aquí, es que mejoró la redacción respecto de la representación, asistencia y patrocinio jurídico con que van contar las víctimas. La sanción de la Cámara de Diputados establecía la asistencia para todas las víctimas, pero preveía el patrocinio jurídico para algunas de ellas cuando había delitos de naturaleza federal y ordinaria, y posteriormente instituía la representación en casos de vulnerabilidad.
En este sentido, el Senado directamente unificó los criterios y estableció que va a haber patrocinio jurídico toda y cada vez que exista una víctima en condiciones de vulnerabilidad, sea para ejercer su derecho a la querella o para ejercer todos y cada uno de los derechos que esta ley consagre.
Pero con respecto a la tragedia individual, al trauma que vivía esa víctima que veía truncado un proyecto y un plan de vida, prácticamente nada se decía. Y así se avanzó durante mucho tiempo en la República Argentina. No es casual que hoy, en 2017 no antes, estemos tratando un proyecto de fortalecimiento de los derechos de la víctima en el proceso penal. No es casual que hoy estemos equilibrando la ecuación. No es casual que la balanza que estaba totalmente desnivelada empiece a nivelarse a favor de las únicas perjudicadas directamente por la comisión de un delito, que son las víctimas.
Hace poco tiempo fui convocado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y me preguntaban, respecto de la sanción que habíamos producido, si en definitiva reconocía, respetaba y garantizaba los derechos de las víctimas o si, por el contrario, era una acción infructuosa, más respecto de aquellas personas que habían encontrado el silencio, el abandono y la desinformación por parte del Estado.
Al respecto, yo les decía que estábamos dando un gran paso, que sin duda restaba mucho por hacer, pero que estábamos elevando los niveles de protección; les estábamos dando a las víctimas herramientas para que intervinieran en el proceso penal; les estábamos dando garantías y derechos que tenían reconocidos los imputados pero no las víctimas.
No es casual que esto suceda; no es casual que encontremos la cancha inclinada y que veamos los códigos procesales aggiornados con docenas de derechos a favor de los imputados y prácticamente seis o siete derechos a favor de las víctimas. Esto tenía una lógica y una explicación, que se encontraba en aquella posición que veía a las víctimas como meros testigos de cargo que aparecían en el proceso simplemente a testimoniar y posteriormente se tenían que retirar porque a partir de allí era el Estado, por medio de los fiscales, el que debía seguir adelante con la persecución penal pública. Además, con esta postura, los jueces no consideraban a las víctimas como tales, pues entendían que las víctimas eran los delincuentes, porque previamente a haber cometido el delito habían sido víctimas de una sociedad que los marginaba o estigmatizaba.
Esta es la Justicia que queremos cambiar con este proyecto de ley. Porque lo que no se dice es que, en la República Argentina, a las víctimas se las condena a la impunidad, y esto es necesario señalarlo con todas las letras. A las víctimas se les dicta la libertad condicional. ¿Y cuál es la libertad condicional de las víctimas? Es someterlas a un proceso que las hace revivir una y otra vez los efectos del delito, que las obliga a declarar, revictimizándolas y recrudeciendo así la situación en la cual se encuentran.
Se trata de un proceso que, de hecho, les dicta arresto domiciliario. ¿Por qué digo que las víctimas en nuestro país sufren arresto domiciliario? Porque a partir del delito, en lugar de contar con la protección del Estado, en lugar de contar con el amparo de la Justicia, sufren las amenazas y coacciones de sus victimarios, que en definitiva intentan quebrar su declaración para garantizar su impunidad.
Ese es el estado de situación que tenemos en la República Argentina y el que nos proponemos cambiar con este proyecto de ley.
Este proyecto fue al Senado, porque esta historia no comienza aquí. Lo cierto es que si en 2017 nos encontramos tratando una ley de protección a las víctimas del delito que empiece a nivelar la cancha es porque antes no existió voluntad política para avanzar en proyectos que defendieran a las víctimas. Lo digo con conocimiento de causa, porque en 2014 presenté un proyecto de fortalecimiento de los derechos de las víctimas en el proceso penal, que durmió el sueño de los justos, hasta que el año pasado, a partir de otras iniciativas del Frente Renovador y de legisladores de otros bloques, pudimos avanzar en la concreción de un proyecto que permitiera a las víctimas nada más ni nada menos que reconocer sus derechos en el proceso. Porque de esto se trata: las víctimas no piden limosna, no piden concesiones graciosas ni privilegios exorbitantes; lo que están pidiendo es un Estado que contemple su situación, que nos las margine, que nos las estigmatice, que no las desinforme, que no las ponga bajo sospecha, que no las incrimine ni las prejuzgue. Estas son las cosas que las víctimas están reclamando; las mismas cosas que los imputados ya tienen garantizadas en todos los códigos procesales penales y que, sin embargo, las víctimas no tienen. (Aplausos.)
Entonces, esta sanción fue al Senado. Era una buena sanción, tenemos que reconocerlo. Pero sin lugar a dudas, el Senado la mejoró porque, entre otras cosas, permitió precisar los alcances de la definición de “víctima”, que es trascendental para que los derechos sean reconocidos en su justa extensión por todas y cada una de las personas ofendidas por el delito. Además, sistematizó y ordenó los derechos de la víctima.
Son los jueces y los fiscales quienes van a tener que, en última instancia, hacer efectiva esta ley. Era importante que todos y cada uno de los derechos que reconocíamos estuvieran al alcance de la mano y precisados en toda su extensión.
Una cuestión trascendental para nosotros de la sanción del Senado, y por eso la estamos defendiendo aquí, es que mejoró la redacción respecto de la representación, asistencia y patrocinio jurídico con que van contar las víctimas. La sanción de la Cámara de Diputados establecía la asistencia para todas las víctimas, pero preveía el patrocinio jurídico para algunas de ellas cuando había delitos de naturaleza federal y ordinaria, y posteriormente instituía la representación en casos de vulnerabilidad.
En este sentido, el Senado directamente unificó los criterios y estableció que va a haber patrocinio jurídico toda y cada vez que exista una víctima en condiciones de vulnerabilidad, sea para ejercer su derecho a la querella o para ejercer todos y cada uno de los derechos que esta ley consagre.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
SR.(PETRI)
Otra de las virtudes de la sanción del Senado, y que nosotros queremos destacar aquí, tiene que ver con ser respetuosos del régimen federal de gobierno.
La lógica de quienes presentaron el proyecto era contener y contemplar los derechos de todas y cada una de las víctimas, independientemente de la naturaleza federal u ordinaria de los delitos cometidos. Pero esto de alguna manera suponía avanzar sobre el federalismo y algún cuestionamiento que nosotros creíamos impensado, porque estábamos hablando de proteger víctimas y de garantizar derechos. Entonces, ¿qué cuestionamiento podía haber respecto del avance si, en definitiva y en última instancia, estábamos garantizando un piso mínimo de derechos a los que estaban, hasta hace poco, desprotegidos y sin ningún tipo de amparo legal?
Lo que hizo el Senado fue establecer que la protección se iba a dar por los delitos de naturaleza federal y que se intervendría respecto de los delitos de naturaleza ordinaria, los comunes y de mayor impacto, como los robos y los homicidios. En esos casos tenían que existir convenios entre la Nación y las provincias, entre el centro de atención a las víctimas y los centros de atención locales, y de esa manera se armonizaba y respetaba el federalismo en la Argentina.
Nosotros exhortamos a todas las provincias que no lo han hecho a que avancen rápidamente para proteger y resguardar los derechos de las víctimas en el proceso penal.
Quizás lo más importante y sustancial tiene que ver con la creación de veinticuatro defensorías de víctimas. Para nosotros esto es esencial. Se deben garantizar los derechos de las víctimas y su representación en el proceso penal.
En este sentido, la víctima cree que, a partir de la culminación del delito, su tragedia y su calvario terminan. Muy por el contrario, cuando ocurre el delito, ese calvario recién comienza o, mejor dicho, está en la segunda estación. La policía se hace presente en el domicilio de la víctima, que se encuentra en estado de shock y es interrogada una y otra vez antes de salir en persecución del delincuente. Posteriormente, con muy poca información y si tiene suerte, la suben a un móvil policial y la llevan a una comisaría o a una oficina fiscal donde nuevamente la vuelven a interrogar y a preguntar las mismas cosas.
La tercera estación de ese calvario sigue en el proceso penal, en donde le llegan notificaciones sin ningún tipo de explicación y tiene que concurrir una y otra vez a testimoniar y dar cuenta de los delitos que sufrió y de los cuales fue víctima, porque muchas veces la mirada se posa en su vida íntima y no sobre la persona que cometió el delito.
Luego llega la condena, pero la víctima no se anoticia ni sabe cuál fue la pena. Así, a los pocos años habiendo cumplido la condena- la persona recupera la libertad por los beneficios de ejecución de la pena. De esta manera la víctima ve que su deseo de justicia –que estaba garantizado por la condena- es vulnerado por la ejecución de la pena.
Por lo tanto, lo que pretendemos con esta propuesta es terminar con el calvario de las víctimas, poner las cosas en su lugar y considerar víctimas a las que realmente lo son. Queremos volver a la imagen que teníamos de la Justicia cuando éramos chicos o estudiábamos en la Facultad de Derecho. Ahí nos enseñaban la idea de Justicia a través de una mujer con los ojos vendados, que en su mano derecha sostiene una balanza y en la izquierda, una espada.
En la actualidad ese símbolo que teníamos de la Justicia se ha visto tergiversado. Digo esto porque nos enseñaron que los ojos vendados eran para que la Justicia llegara a todos por igual, es decir, para que alcanzara a los débiles, pero también a los poderosos; nos decían que la balanza representaba la equidad y que la espada simbolizaba el poder coercitivo del Estado, que tenía el monopolio del uso de la fuerza y llegaba a todos los que quebrantaban la ley.
Hoy esa imagen nos dice otra cosa: que está vendada porque tiene cataratas o úlceras en los ojos o porque juega al gallito ciego, persiguiendo a los delincuentes, dado que no cuenta con herramientas para hacerlo; además, la balanza está totalmente desbalanceada a favor de quienes cometieron delitos y la espada le fue robada en una salidera bancaria. (Aplausos.)
¡Esa es la imagen que tenemos de la Justicia en la actualidad! ¡Esa es la imagen que queremos cambiar!
Por estas razones estamos de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Honorable Senado de la Nación, porque creemos que contribuyen no ya a evitar la tragedia las víctimas nunca van a olvidar lo que han vivido, sino a no aumentarla. Las víctimas solo piden justicia; nada más que eso, pero tampoco nada menos.
Finalizo mi exposición citando las palabras que escribí cuando presenté en mí provincia –Mendoza- el proyecto de fortalecimiento de víctimas en el proceso penal. En esa ocasión señalé: “Las olvidadas de siempre, las abrazadas por la angustia y desesperación, nuestras víctimas, son hijas de una sociedad anómica e individualista y gritan por Justicia. Que escuche quien quiera escuchar.” Hoy el Congreso de la Nación está escuchando a los verdaderos protagonistas al sancionar este proyecto de ley. (Aplausos.)
La lógica de quienes presentaron el proyecto era contener y contemplar los derechos de todas y cada una de las víctimas, independientemente de la naturaleza federal u ordinaria de los delitos cometidos. Pero esto de alguna manera suponía avanzar sobre el federalismo y algún cuestionamiento que nosotros creíamos impensado, porque estábamos hablando de proteger víctimas y de garantizar derechos. Entonces, ¿qué cuestionamiento podía haber respecto del avance si, en definitiva y en última instancia, estábamos garantizando un piso mínimo de derechos a los que estaban, hasta hace poco, desprotegidos y sin ningún tipo de amparo legal?
Lo que hizo el Senado fue establecer que la protección se iba a dar por los delitos de naturaleza federal y que se intervendría respecto de los delitos de naturaleza ordinaria, los comunes y de mayor impacto, como los robos y los homicidios. En esos casos tenían que existir convenios entre la Nación y las provincias, entre el centro de atención a las víctimas y los centros de atención locales, y de esa manera se armonizaba y respetaba el federalismo en la Argentina.
Nosotros exhortamos a todas las provincias que no lo han hecho a que avancen rápidamente para proteger y resguardar los derechos de las víctimas en el proceso penal.
Quizás lo más importante y sustancial tiene que ver con la creación de veinticuatro defensorías de víctimas. Para nosotros esto es esencial. Se deben garantizar los derechos de las víctimas y su representación en el proceso penal.
En este sentido, la víctima cree que, a partir de la culminación del delito, su tragedia y su calvario terminan. Muy por el contrario, cuando ocurre el delito, ese calvario recién comienza o, mejor dicho, está en la segunda estación. La policía se hace presente en el domicilio de la víctima, que se encuentra en estado de shock y es interrogada una y otra vez antes de salir en persecución del delincuente. Posteriormente, con muy poca información y si tiene suerte, la suben a un móvil policial y la llevan a una comisaría o a una oficina fiscal donde nuevamente la vuelven a interrogar y a preguntar las mismas cosas.
La tercera estación de ese calvario sigue en el proceso penal, en donde le llegan notificaciones sin ningún tipo de explicación y tiene que concurrir una y otra vez a testimoniar y dar cuenta de los delitos que sufrió y de los cuales fue víctima, porque muchas veces la mirada se posa en su vida íntima y no sobre la persona que cometió el delito.
Luego llega la condena, pero la víctima no se anoticia ni sabe cuál fue la pena. Así, a los pocos años habiendo cumplido la condena- la persona recupera la libertad por los beneficios de ejecución de la pena. De esta manera la víctima ve que su deseo de justicia –que estaba garantizado por la condena- es vulnerado por la ejecución de la pena.
Por lo tanto, lo que pretendemos con esta propuesta es terminar con el calvario de las víctimas, poner las cosas en su lugar y considerar víctimas a las que realmente lo son. Queremos volver a la imagen que teníamos de la Justicia cuando éramos chicos o estudiábamos en la Facultad de Derecho. Ahí nos enseñaban la idea de Justicia a través de una mujer con los ojos vendados, que en su mano derecha sostiene una balanza y en la izquierda, una espada.
En la actualidad ese símbolo que teníamos de la Justicia se ha visto tergiversado. Digo esto porque nos enseñaron que los ojos vendados eran para que la Justicia llegara a todos por igual, es decir, para que alcanzara a los débiles, pero también a los poderosos; nos decían que la balanza representaba la equidad y que la espada simbolizaba el poder coercitivo del Estado, que tenía el monopolio del uso de la fuerza y llegaba a todos los que quebrantaban la ley.
Hoy esa imagen nos dice otra cosa: que está vendada porque tiene cataratas o úlceras en los ojos o porque juega al gallito ciego, persiguiendo a los delincuentes, dado que no cuenta con herramientas para hacerlo; además, la balanza está totalmente desbalanceada a favor de quienes cometieron delitos y la espada le fue robada en una salidera bancaria. (Aplausos.)
¡Esa es la imagen que tenemos de la Justicia en la actualidad! ¡Esa es la imagen que queremos cambiar!
Por estas razones estamos de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Honorable Senado de la Nación, porque creemos que contribuyen no ya a evitar la tragedia las víctimas nunca van a olvidar lo que han vivido, sino a no aumentarla. Las víctimas solo piden justicia; nada más que eso, pero tampoco nada menos.
Finalizo mi exposición citando las palabras que escribí cuando presenté en mí provincia –Mendoza- el proyecto de fortalecimiento de víctimas en el proceso penal. En esa ocasión señalé: “Las olvidadas de siempre, las abrazadas por la angustia y desesperación, nuestras víctimas, son hijas de una sociedad anómica e individualista y gritan por Justicia. Que escuche quien quiera escuchar.” Hoy el Congreso de la Nación está escuchando a los verdaderos protagonistas al sancionar este proyecto de ley. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
A continuación van a compartir el tiempo los señores diputados Recalde, Soria y Conti.
Tiene la palabra la señora diputada por Río Negro.
Tiene la palabra la señora diputada por Río Negro.
SRA.(SORIA)
Señora presidenta: sin lugar a dudas, es una gran satisfacción poder tratar en el día de hoy este proyecto de ley sobre régimen de protección a las víctimas, porque era una deuda del Congreso.
Garantizar el patrocinio jurídico gratuito a quienes padezcan hechos delictivos y conferirles una mayor participación en el proceso, sin duda, va a fortalecer el sistema judicial argentino. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que si esta propuesta no es acompañada por la sanción de un paquete de normas que tienda a la prevención del delito, se convierte en un verdadero despropósito.
Los problemas no se solucionan atacando las consecuencias, sino las causas, algo de lo cual su gobierno, a un año y medio de haber asumido, parece no haber tomado nota. Digo esto porque la responsabilidad del cargo ejecutivo que ostenta el presidente Macri no se cumple simplemente diagnosticando los males de una sociedad. El Poder Ejecutivo todavía no ha enviado a este Congreso un plan para prevenir el delito, aun después de 559 días de su gobierno, que se configuran en 559 oportunidades para haberlo hecho.
Entonces, por momentos se peca de ingenuo y se piensa que estos tipos realmente no saben lo que están haciendo; juegan con sus pruebas y errores, como lamentablemente ya nos tienen acostumbrados.
Tenemos un sinnúmero de temas sensibles: el cálculo de las jubilaciones, el acuerdo del Correo, el papelón por el retiro de las pensiones por discapacidad, solo para mencionar algunos.
El gobierno comete errores en realidad, no son errores, sino aberraciones para luego recalcular, y entonces después tenemos que soportar que algún funcionario salga a pedir disculpas y a decir que no son infalibles y que se pueden equivocar. ¿Les suena esto? ¡Basta! Ya no les cree nadie. La gente ya piensa que este gobierno no tiene un plan.
Su plan es el ajuste; éste es el verdadero plan. Su plan es equivocarse y equivocarse, recortando derechos y conquistas sociales. Su plan es el “si pasa, pasa”. Su objetivo, sin lugar a dudas, es reducir fondos estatales dirigidos a los más vulnerables.
¿Cómo creemos nosotros que se previene el delito? Precisamente, fortaleciendo a los sectores más vulnerables, con más presencia del Estado en los barrios, con más inclusión, con más oportunidades, con más y mejor educación y salud pública, con más trabajo digno y con más inclusión de nuestros jóvenes y ancianos, algo que recortaron bastante.
Sin dudas, las víctimas merecen un papel importante en el proceso penal. Pero lo que no podemos dejar de remarcar es que, con este avasallamiento de los derechos sociales que está haciendo el gobierno nacional, resolver el problema de la inseguridad no es más que una utopía.
El pueblo espera que el presidente Macri deje de ser un mero espectador de los problemas que azotan a nuestro país desde que asumió y de una buena vez se ponga el overol y trabaje para resolverlos, y no para llenar los bolsillos de sus amigos empresarios y hacer demagogia con proyectos de compañeros ajenos.
Por supuesto que vamos a acompañar este proyecto, pero –reitero aún falta un largo camino y hasta ahora han pasado 559 días y no hemos tenido ninguna alternativa en este Congreso. (Aplausos.)
Garantizar el patrocinio jurídico gratuito a quienes padezcan hechos delictivos y conferirles una mayor participación en el proceso, sin duda, va a fortalecer el sistema judicial argentino. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que si esta propuesta no es acompañada por la sanción de un paquete de normas que tienda a la prevención del delito, se convierte en un verdadero despropósito.
Los problemas no se solucionan atacando las consecuencias, sino las causas, algo de lo cual su gobierno, a un año y medio de haber asumido, parece no haber tomado nota. Digo esto porque la responsabilidad del cargo ejecutivo que ostenta el presidente Macri no se cumple simplemente diagnosticando los males de una sociedad. El Poder Ejecutivo todavía no ha enviado a este Congreso un plan para prevenir el delito, aun después de 559 días de su gobierno, que se configuran en 559 oportunidades para haberlo hecho.
Entonces, por momentos se peca de ingenuo y se piensa que estos tipos realmente no saben lo que están haciendo; juegan con sus pruebas y errores, como lamentablemente ya nos tienen acostumbrados.
Tenemos un sinnúmero de temas sensibles: el cálculo de las jubilaciones, el acuerdo del Correo, el papelón por el retiro de las pensiones por discapacidad, solo para mencionar algunos.
El gobierno comete errores en realidad, no son errores, sino aberraciones para luego recalcular, y entonces después tenemos que soportar que algún funcionario salga a pedir disculpas y a decir que no son infalibles y que se pueden equivocar. ¿Les suena esto? ¡Basta! Ya no les cree nadie. La gente ya piensa que este gobierno no tiene un plan.
Su plan es el ajuste; éste es el verdadero plan. Su plan es equivocarse y equivocarse, recortando derechos y conquistas sociales. Su plan es el “si pasa, pasa”. Su objetivo, sin lugar a dudas, es reducir fondos estatales dirigidos a los más vulnerables.
¿Cómo creemos nosotros que se previene el delito? Precisamente, fortaleciendo a los sectores más vulnerables, con más presencia del Estado en los barrios, con más inclusión, con más oportunidades, con más y mejor educación y salud pública, con más trabajo digno y con más inclusión de nuestros jóvenes y ancianos, algo que recortaron bastante.
Sin dudas, las víctimas merecen un papel importante en el proceso penal. Pero lo que no podemos dejar de remarcar es que, con este avasallamiento de los derechos sociales que está haciendo el gobierno nacional, resolver el problema de la inseguridad no es más que una utopía.
El pueblo espera que el presidente Macri deje de ser un mero espectador de los problemas que azotan a nuestro país desde que asumió y de una buena vez se ponga el overol y trabaje para resolverlos, y no para llenar los bolsillos de sus amigos empresarios y hacer demagogia con proyectos de compañeros ajenos.
Por supuesto que vamos a acompañar este proyecto, pero –reitero aún falta un largo camino y hasta ahora han pasado 559 días y no hemos tenido ninguna alternativa en este Congreso. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR.(RECALDE)
Señora presidenta: seré muy breve porque quiero dar lugar a la señora diputada Conti, quien seguramente va a argumentar con mucha más solvencia intelectual y técnica que yo.
Lo que sí quiero destacar es que el Frente para la Victoria siempre ha tenido en cuenta que el impulso de la acción penal depende del Ministerio Público Fiscal. Por eso es muy importante no solo el cambio normativo, sino también el cambio de las pautas culturales que deben tener nuestros fiscales para saber la importancia que tiene la asistencia a la víctima y la participación de esta última en la cuestión delictiva.
Cabe señalar que varios ministerios públicos de nuestro país ya introdujeron este cambio, y sería muy importante que de una vez por todas se ponga en vigencia la modificación del Código Procesal Penal que nosotros votamos, porque esto va en la misma dirección. Me parece que esto es realmente importante.
Además, como estamos en un sistema federal, nuestro bloque se compromete a que, una vez votada esta norma, todas aquellas provincias en las que tenemos participación política –que son todas se vuelquen a incorporar en sus respectivos códigos procesales este tema de la asistencia a las víctimas de delitos, de su participación en el proceso y de sus derechos. (Aplausos.)
Lo que sí quiero destacar es que el Frente para la Victoria siempre ha tenido en cuenta que el impulso de la acción penal depende del Ministerio Público Fiscal. Por eso es muy importante no solo el cambio normativo, sino también el cambio de las pautas culturales que deben tener nuestros fiscales para saber la importancia que tiene la asistencia a la víctima y la participación de esta última en la cuestión delictiva.
Cabe señalar que varios ministerios públicos de nuestro país ya introdujeron este cambio, y sería muy importante que de una vez por todas se ponga en vigencia la modificación del Código Procesal Penal que nosotros votamos, porque esto va en la misma dirección. Me parece que esto es realmente importante.
Además, como estamos en un sistema federal, nuestro bloque se compromete a que, una vez votada esta norma, todas aquellas provincias en las que tenemos participación política –que son todas se vuelquen a incorporar en sus respectivos códigos procesales este tema de la asistencia a las víctimas de delitos, de su participación en el proceso y de sus derechos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA.(CONTI)
Señora presidenta: en primer lugar, agradezco al diputado Recalde por sus palabras.
Quiero aprovechar este debate para decir lo siguiente, porque el Congreso no debe cerrar los ojos frente a las creencias o sensaciones que priman, a veces, en nuestra sociedad. En muchas oportunidades se dice que respetamos o peleamos por los derechos humanos de los delincuentes y nos olvidamos de las víctimas, pero esta frase tiene sus falencias porque no es realmente así.
Si pensamos cuál era el cuadro normativo que regía en la Argentina y que posibilitó un terrorismo de Estado genocida, arrasador, que generó víctimas masivas algunas sin identidad aún, y cuál es el cuadro normativo en que el advenimiento democrático comenzó a caminar, los que participamos de unidades ciudadanas del campo nacional y popular debemos reconocer que hemos caminado del lado de las víctimas del terrorismo de Estado, como así también del lado de las víctimas del delito, peleando contra un sistema normativo inquisitivo, privativo del Estado, del poder público judicial y del Ministerio Público, que formaba parte del Poder Judicial, donde los fiscales y los jueces eran dueños del patrimonio y de la vida de los argentinos, mientras que las víctimas estaban totalmente excluidas, con sus derechos espoliados de los procesos penales y civiles, que es donde deben hacer valer sus derechos.
Conseguimos una reforma constitucional que separó al Ministerio Público del Poder Judicial, creyendo que allí fiscales y defensores públicos iban a poder representar con mayor intensidad estos intereses nacionales y populares de nuestra patria.
En la época del expresidente Menem peleamos por una reforma del Código Procesal. Allí el debate consistía en si dábamos permiso a la víctima con igual valor que a un fiscal, esto es, como querellante o solo como querellante adhesivo de lo que el fiscal decidiera.
Había una oposición muy fuerte. Recuerdo a Adelina Dalesio de Viola en este Congreso, en nombre del menemismo, pero fundamentalmente de la Ucedé, cerrando los ojos y no queriendo dar a las víctimas ningún derecho a la participación en el Código Procesal Penal.
Luego acompañamos también a las víctimas en dos reformas que no pudieron ser realidad. Una de ellas fue la reforma adeudada del Código Penal, en la que se trabajó pluralmente durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, incluso con participación de legisladores de todas las bancadas.
Con ese cambio paradigmático, con ese nuevo Código Penal, a las víctimas de delitos ya les iba a corresponder medidas tuitivas y medidas de acción penal de importancia.
El Código Procesal Penal no fue frenado por las fuerzas políticas. El Código Procesal Penal en el que trabajamos también durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner fue frenado porque el sistema estatal del Poder Judicial, que quiere controlar todo, no estaba de acuerdo y obligó a este Congreso Nacional a frenar la nueva estructura procesal, porque los jueces penales sienten que pierden fuerza cuando no son los dueños de decir qué corresponde y qué no, con respecto a la vida y al patrimonio de los argentinos.
En función de esta realidad y correlación de fuerzas, hoy estamos tratando este proyecto que se elaboró en esta Cámara, que fue mejorado en el Senado y que creo que vamos a aprobar por unanimidad.
El campo nacional y popular, que es el que siempre pierde en la correlación de las fuerzas entre el poder real contra los que menos tienen, produce víctimas. Sé que la mayoría de nosotros hemos sido conducidos por la lucha de las víctimas, y acá ellas están ganando al obtener una norma para poder trabajar hacia una patria grande, donde la injusticia social deje de ser el camino.
Son víctimas del delito hombres, mujeres y familias que se empoderan, que se organizan y que trabajan para nuestra ciudadanía a partir del dolor.
¡Cómo no celebrar esa militancia de los que están acá, que se han organizado y que tienen voz, las múltiples víctimas que no son visibilizadas por el aparato mediático poderoso, que pretende meterse en nuestras casas y cambiarnos la cabeza! ¡Cómo no van a contar en este Congreso Nacional con la aquiescencia fervorosa en nuestra calidad de representantes del pueblo! Queremos ser sus representantes y solo por eso nos estamos dejando conducir por ustedes.
¡Hasta la victoria siempre! El camino será largo, pero sé que también ustedes nos van a acompañar. (Aplausos.)
Quiero aprovechar este debate para decir lo siguiente, porque el Congreso no debe cerrar los ojos frente a las creencias o sensaciones que priman, a veces, en nuestra sociedad. En muchas oportunidades se dice que respetamos o peleamos por los derechos humanos de los delincuentes y nos olvidamos de las víctimas, pero esta frase tiene sus falencias porque no es realmente así.
Si pensamos cuál era el cuadro normativo que regía en la Argentina y que posibilitó un terrorismo de Estado genocida, arrasador, que generó víctimas masivas algunas sin identidad aún, y cuál es el cuadro normativo en que el advenimiento democrático comenzó a caminar, los que participamos de unidades ciudadanas del campo nacional y popular debemos reconocer que hemos caminado del lado de las víctimas del terrorismo de Estado, como así también del lado de las víctimas del delito, peleando contra un sistema normativo inquisitivo, privativo del Estado, del poder público judicial y del Ministerio Público, que formaba parte del Poder Judicial, donde los fiscales y los jueces eran dueños del patrimonio y de la vida de los argentinos, mientras que las víctimas estaban totalmente excluidas, con sus derechos espoliados de los procesos penales y civiles, que es donde deben hacer valer sus derechos.
Conseguimos una reforma constitucional que separó al Ministerio Público del Poder Judicial, creyendo que allí fiscales y defensores públicos iban a poder representar con mayor intensidad estos intereses nacionales y populares de nuestra patria.
En la época del expresidente Menem peleamos por una reforma del Código Procesal. Allí el debate consistía en si dábamos permiso a la víctima con igual valor que a un fiscal, esto es, como querellante o solo como querellante adhesivo de lo que el fiscal decidiera.
Había una oposición muy fuerte. Recuerdo a Adelina Dalesio de Viola en este Congreso, en nombre del menemismo, pero fundamentalmente de la Ucedé, cerrando los ojos y no queriendo dar a las víctimas ningún derecho a la participación en el Código Procesal Penal.
Luego acompañamos también a las víctimas en dos reformas que no pudieron ser realidad. Una de ellas fue la reforma adeudada del Código Penal, en la que se trabajó pluralmente durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, incluso con participación de legisladores de todas las bancadas.
Con ese cambio paradigmático, con ese nuevo Código Penal, a las víctimas de delitos ya les iba a corresponder medidas tuitivas y medidas de acción penal de importancia.
El Código Procesal Penal no fue frenado por las fuerzas políticas. El Código Procesal Penal en el que trabajamos también durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner fue frenado porque el sistema estatal del Poder Judicial, que quiere controlar todo, no estaba de acuerdo y obligó a este Congreso Nacional a frenar la nueva estructura procesal, porque los jueces penales sienten que pierden fuerza cuando no son los dueños de decir qué corresponde y qué no, con respecto a la vida y al patrimonio de los argentinos.
En función de esta realidad y correlación de fuerzas, hoy estamos tratando este proyecto que se elaboró en esta Cámara, que fue mejorado en el Senado y que creo que vamos a aprobar por unanimidad.
El campo nacional y popular, que es el que siempre pierde en la correlación de las fuerzas entre el poder real contra los que menos tienen, produce víctimas. Sé que la mayoría de nosotros hemos sido conducidos por la lucha de las víctimas, y acá ellas están ganando al obtener una norma para poder trabajar hacia una patria grande, donde la injusticia social deje de ser el camino.
Son víctimas del delito hombres, mujeres y familias que se empoderan, que se organizan y que trabajan para nuestra ciudadanía a partir del dolor.
¡Cómo no celebrar esa militancia de los que están acá, que se han organizado y que tienen voz, las múltiples víctimas que no son visibilizadas por el aparato mediático poderoso, que pretende meterse en nuestras casas y cambiarnos la cabeza! ¡Cómo no van a contar en este Congreso Nacional con la aquiescencia fervorosa en nuestra calidad de representantes del pueblo! Queremos ser sus representantes y solo por eso nos estamos dejando conducir por ustedes.
¡Hasta la victoria siempre! El camino será largo, pero sé que también ustedes nos van a acompañar. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires, quien comparte su tiempo con los señores diputados Brügge, Grandinetti, Villar Molina y Camaño.
SRA.(LITZA)
Señora presidenta: utilizando una palabra que está muy de moda, quiero decir que en este tema no hay grieta. Por el contario, estamos todos de acuerdo en que era inexorable y necesario que la Argentina tuviera una ley que estableciera derechos en esa balanza que estaba desequilibrada. Me refiero a una norma legal que tuviera a la víctima no ya como objeto de prueba, sino como sujeto de derechos.
Me voy a remitir a todos los fundamentos que obran en el proyecto original presentado por la señora diputada Camaño y por el señor diputado Massa, como así también a todas las opiniones vertidas por la totalidad de los señores legisladores preopinantes respecto del sufrimiento de las víctimas, que son doblemente martirizadas por el sistema.
En primer término, son martirizadas por los delincuentes. Como muchas veces dijimos, la víctima no elige ser víctima, pero el delincuente sí elige ser delincuente.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de las víctimas? Parecería que se trata de un conjunto de personas que tuvo mala suerte. Pero creo que en Argentina, lamentablemente, todos somos víctimas, ya sea en forma directa o indirecta, porque lo son aquellas personas que sufren un delito y también sus familiares, sus amigos y sus afectos.
Uno de cada tres argentinos es víctima de un delito. Ni que hablar si se vive en el conurbano, porque la víctima no es elegida por ningún patrón. Concretamente, todos podemos ser víctimas: un chofer de una línea de colectivo, un niño de tres años, un comerciante o un estudiante. En este sentido quiero señalar que una señora diputada que integra nuestro interbloque, cuando se encontraba viajando anoche desde su ciudad hacia aquí para asistir a esta sesión, fue brutalmente asaltada en la localidad de Ezeiza. En consecuencia, otra vez estamos hablando del conurbano.
Vemos que las respuestas relativas al tema de la inseguridad tardan en aparecer. No obstante, estamos contentos porque en el día de hoy vamos a convertir en ley este programa de asistencia integral. Señalo esto porque se trata más de un programa de ese tipo que de una norma legal, y que tiene como cambio de paradigma ubicar a la víctima en el lugar en el que siempre debió estar, es decir, en el centro, como sujeto de derechos.
¿Saben cuántas son las sentencias condenatorias en las denuncias de delitos? Una por cada cien. Pero también debemos preguntarnos lo siguiente: ¿esos son todos los delitos que hay? No, solamente se denuncia un porcentaje muy pequeño de delitos. ¿Saben por qué? Porque la gente no cree en el sistema y en esta legislación, lo que la lleva a bajar los brazos antes de pasar por la penuria que debe atravesar alguien que es víctima de un delito.
Entonces, la persona directamente desiste de denunciar, o bien, de seguir adelante con la acción penal. Tan así es que el Ministerio de Seguridad y el INDEC están ordenando una encuesta para saber realmente cuáles y cuántas son las víctimas de los delitos.
Estamos muy contentos de poder contar con esta iniciativa a partir de hoy. Esperamos que a esta norma no tengan que seguirla otras leyes similares respecto de las víctimas de los errores derivados de la quita de las pensiones por discapacidad, del aumento de los precios, de la inflación, de este endeudamiento feroz que ha tomado el gobierno, que seguramente tendrá víctimas entre nuestros bisnietos.
Por todo lo expuesto, adelantamos el acompañamiento a los cambios introducidos en el Senado, con la esperanza de que esta iniciativa se vote en esta Cámara por unanimidad y se sancione definitivamente. (Aplausos.)
Me voy a remitir a todos los fundamentos que obran en el proyecto original presentado por la señora diputada Camaño y por el señor diputado Massa, como así también a todas las opiniones vertidas por la totalidad de los señores legisladores preopinantes respecto del sufrimiento de las víctimas, que son doblemente martirizadas por el sistema.
En primer término, son martirizadas por los delincuentes. Como muchas veces dijimos, la víctima no elige ser víctima, pero el delincuente sí elige ser delincuente.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de las víctimas? Parecería que se trata de un conjunto de personas que tuvo mala suerte. Pero creo que en Argentina, lamentablemente, todos somos víctimas, ya sea en forma directa o indirecta, porque lo son aquellas personas que sufren un delito y también sus familiares, sus amigos y sus afectos.
Uno de cada tres argentinos es víctima de un delito. Ni que hablar si se vive en el conurbano, porque la víctima no es elegida por ningún patrón. Concretamente, todos podemos ser víctimas: un chofer de una línea de colectivo, un niño de tres años, un comerciante o un estudiante. En este sentido quiero señalar que una señora diputada que integra nuestro interbloque, cuando se encontraba viajando anoche desde su ciudad hacia aquí para asistir a esta sesión, fue brutalmente asaltada en la localidad de Ezeiza. En consecuencia, otra vez estamos hablando del conurbano.
Vemos que las respuestas relativas al tema de la inseguridad tardan en aparecer. No obstante, estamos contentos porque en el día de hoy vamos a convertir en ley este programa de asistencia integral. Señalo esto porque se trata más de un programa de ese tipo que de una norma legal, y que tiene como cambio de paradigma ubicar a la víctima en el lugar en el que siempre debió estar, es decir, en el centro, como sujeto de derechos.
¿Saben cuántas son las sentencias condenatorias en las denuncias de delitos? Una por cada cien. Pero también debemos preguntarnos lo siguiente: ¿esos son todos los delitos que hay? No, solamente se denuncia un porcentaje muy pequeño de delitos. ¿Saben por qué? Porque la gente no cree en el sistema y en esta legislación, lo que la lleva a bajar los brazos antes de pasar por la penuria que debe atravesar alguien que es víctima de un delito.
Entonces, la persona directamente desiste de denunciar, o bien, de seguir adelante con la acción penal. Tan así es que el Ministerio de Seguridad y el INDEC están ordenando una encuesta para saber realmente cuáles y cuántas son las víctimas de los delitos.
Estamos muy contentos de poder contar con esta iniciativa a partir de hoy. Esperamos que a esta norma no tengan que seguirla otras leyes similares respecto de las víctimas de los errores derivados de la quita de las pensiones por discapacidad, del aumento de los precios, de la inflación, de este endeudamiento feroz que ha tomado el gobierno, que seguramente tendrá víctimas entre nuestros bisnietos.
Por todo lo expuesto, adelantamos el acompañamiento a los cambios introducidos en el Senado, con la esperanza de que esta iniciativa se vote en esta Cámara por unanimidad y se sancione definitivamente. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR.(BRÜGGE)
Señora presidenta, gracias: siguiendo la línea de razonamiento expresada por la diputada preopinante, nos encontramos, con el presente proyecto, equilibrando la balanza en los procesos penales, donde las víctimas de todo tipo de delito –especialmente aquellos que son de mayor gravedad tendrán una participación preponderante en los procesos penales. Así, le estaremos dando la posibilidad de que sean oídos, pudiendo opinar y defender sus intereses, no solo durante el proceso penal, sino en la etapa inmediatamente posterior a la ocurrencia del hecho delictivo, a través de la contención, –con los centros que se crean- y luego, cuando el condenado pudiera verse beneficiado con algunas de las alternativas que establece la ley de ejecución de penas, pudiendo acceder a la libertad anticipada. Esta norma permite que la víctima pueda opinar sobre el otorgamiento de ese beneficio y también pueda conocer que aquel que le causó un daño está siendo liberado y, por lo tanto, tome las medidas que crea conveniente, para su seguridad personal.
Por otro lado, esta norma implica un importante avance que nos permite dar respuesta a los tratados internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, que también habla de la necesidad de contención de las personas que han sufrido delitos, sobre todo aquellos con importantes consecuencias en la integridad psicofísica y la vida de las personas, otorgándosele la tutela efectiva de sus derechos.
Asimismo, se amplía el concepto de víctima a aquellos que tienen una relación directa con aquella persona que ha sido objeto de estos hechos, descriptos en el artículo 4°.
Entendemos que la acción del Estado no puede quedar solo en la contemplación de un régimen jurídico de protección de las víctimas de los delitos, sino que también debemos poner el acento en todo el proceso de prevención de su comisión. En este tema estamos en falta, porque una vez que se produce el delito, el daño puede ser irreversible, reversible y, solo en pocos casos, reparable.
Creemos que es necesario avanzar en políticas de prevención del delito, dando participación a la ciudadanía en la determinación del mapa del delito en sus ámbitos de contención, ya sea en las juntas o consejos de seguridad de las diferentes ciudades de la República Argentina.
Debemos tratar y aprobar, además, muchos otros proyectos que están hoy en tratamiento en las respectivas comisiones de este Congreso, cuyo objetivo es evitar la comisión de ciertos delitos. A modo de ejemplo, puedo mencionar el proyecto sobre el uso indebido de los celulares en la comisión de delitos, que hace al control preventivo, entre otros, así como adoptar acciones del Poder Ejecutivo para mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad a los fines de contar con un adecuado control en la etapa previa a la producción del delito. Asimismo, se encuentra en consideración la regulación del régimen penal juvenil, que no pasa solo por la baja de la edad de imputabilidad, sino también por la determinación de las características de los delitos que cometen los jóvenes y su reinserción en el mundo laboral, social y educativo, con la adopción de un régimen especial diferente a los de los mayores.
Hago un punto y aparte para hablar de los números y saber dónde estamos parados cuando hablamos de víctimas de delitos. Pero sabemos que resulta difícil obtener estos datos porque, como bien dijo la diputada preopinante, quienes son víctimas de un delito, muchas veces no quieren hacer la denuncia por el hecho traumático que significa presentarse ante una comisaría o unidad judicial para luego ser citado en sede penal. Y, a veces ni siquiera son citados porque las denuncias quedan en saco roto, sin investigarse los hechos denunciados.
Con esa advertencia intentaremos elaborar un mapa en ese contexto tomando algunos datos parcialmente disponibles para determinar al impacto de este proyecto de ley que hoy pretendemos sancionar en relación con la posibilidad de brindar algún tipo de salida en lo que hace a la participación de las víctimas de los delitos.
Me voy a circunscribir a lo que hemos podido recoger porque, si bien es cierto que el Ministerio de Seguridad -a través del Sistema Nacional de Información Criminal- ha empezado a elaborar una estadística con ayuda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, nos encontramos con que, por un lado, esa estadística está huérfana de datos proporcionados por las jurisdicciones provinciales y, por otro lado, con falta de datos en un período ventana que se dio entre 2008 hasta 2014, en donde no hubo una estadística nacional sobre lo que entendemos que han sido los delitos más importantes.
En el caso de homicidios, sobre 100 mil argentinos -tomando datos de 2015- la tasa habla de un 6,6, o sea que se cometen casi siete asesinatos por día en la República Argentina.
Si hablamos de los delitos contra la propiedad –por supuesto, de los denunciados- podemos decir que ocurren 2.163 robos cada cien mil argentinos. Esta tasa se referencia con delitos a la propiedad, sin diferenciar qué tipo de propiedad es objeto de este tipo de hecho ilícito.
Sí podemos mencionar una estadística que hicimos en la Comisión de Comunicaciones e Informática a partir de una reunión informativa en la que participaron los operadores de las empresas telefónicas prestatarias de la telefonía móvil. Allí manifestaron que se roban cerca de 160.000 celulares por mes en nuestro país, con lo cual también estamos hablando de que tenemos 160.000 damnificados.
En ese contexto, debo señalar que en relación con delitos sexuales -que son muy graves- se registraron 3.746 violaciones, y sabemos muy bien que este tipo de delito afecta seriamente a las personas, tiene una severa connotación en el núcleo familiar de la víctima y debe contar con una atención preferencial.
Por todo ello, entendemos que estamos dando un paso adelante y debemos seguir trabajando en la protección de los argentinos, por ello vamos a apoyar esta iniciativa, para que sea aprobada en el día de la fecha.
Por otro lado, esta norma implica un importante avance que nos permite dar respuesta a los tratados internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, que también habla de la necesidad de contención de las personas que han sufrido delitos, sobre todo aquellos con importantes consecuencias en la integridad psicofísica y la vida de las personas, otorgándosele la tutela efectiva de sus derechos.
Asimismo, se amplía el concepto de víctima a aquellos que tienen una relación directa con aquella persona que ha sido objeto de estos hechos, descriptos en el artículo 4°.
Entendemos que la acción del Estado no puede quedar solo en la contemplación de un régimen jurídico de protección de las víctimas de los delitos, sino que también debemos poner el acento en todo el proceso de prevención de su comisión. En este tema estamos en falta, porque una vez que se produce el delito, el daño puede ser irreversible, reversible y, solo en pocos casos, reparable.
Creemos que es necesario avanzar en políticas de prevención del delito, dando participación a la ciudadanía en la determinación del mapa del delito en sus ámbitos de contención, ya sea en las juntas o consejos de seguridad de las diferentes ciudades de la República Argentina.
Debemos tratar y aprobar, además, muchos otros proyectos que están hoy en tratamiento en las respectivas comisiones de este Congreso, cuyo objetivo es evitar la comisión de ciertos delitos. A modo de ejemplo, puedo mencionar el proyecto sobre el uso indebido de los celulares en la comisión de delitos, que hace al control preventivo, entre otros, así como adoptar acciones del Poder Ejecutivo para mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad a los fines de contar con un adecuado control en la etapa previa a la producción del delito. Asimismo, se encuentra en consideración la regulación del régimen penal juvenil, que no pasa solo por la baja de la edad de imputabilidad, sino también por la determinación de las características de los delitos que cometen los jóvenes y su reinserción en el mundo laboral, social y educativo, con la adopción de un régimen especial diferente a los de los mayores.
Hago un punto y aparte para hablar de los números y saber dónde estamos parados cuando hablamos de víctimas de delitos. Pero sabemos que resulta difícil obtener estos datos porque, como bien dijo la diputada preopinante, quienes son víctimas de un delito, muchas veces no quieren hacer la denuncia por el hecho traumático que significa presentarse ante una comisaría o unidad judicial para luego ser citado en sede penal. Y, a veces ni siquiera son citados porque las denuncias quedan en saco roto, sin investigarse los hechos denunciados.
Con esa advertencia intentaremos elaborar un mapa en ese contexto tomando algunos datos parcialmente disponibles para determinar al impacto de este proyecto de ley que hoy pretendemos sancionar en relación con la posibilidad de brindar algún tipo de salida en lo que hace a la participación de las víctimas de los delitos.
Me voy a circunscribir a lo que hemos podido recoger porque, si bien es cierto que el Ministerio de Seguridad -a través del Sistema Nacional de Información Criminal- ha empezado a elaborar una estadística con ayuda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, nos encontramos con que, por un lado, esa estadística está huérfana de datos proporcionados por las jurisdicciones provinciales y, por otro lado, con falta de datos en un período ventana que se dio entre 2008 hasta 2014, en donde no hubo una estadística nacional sobre lo que entendemos que han sido los delitos más importantes.
En el caso de homicidios, sobre 100 mil argentinos -tomando datos de 2015- la tasa habla de un 6,6, o sea que se cometen casi siete asesinatos por día en la República Argentina.
Si hablamos de los delitos contra la propiedad –por supuesto, de los denunciados- podemos decir que ocurren 2.163 robos cada cien mil argentinos. Esta tasa se referencia con delitos a la propiedad, sin diferenciar qué tipo de propiedad es objeto de este tipo de hecho ilícito.
Sí podemos mencionar una estadística que hicimos en la Comisión de Comunicaciones e Informática a partir de una reunión informativa en la que participaron los operadores de las empresas telefónicas prestatarias de la telefonía móvil. Allí manifestaron que se roban cerca de 160.000 celulares por mes en nuestro país, con lo cual también estamos hablando de que tenemos 160.000 damnificados.
En ese contexto, debo señalar que en relación con delitos sexuales -que son muy graves- se registraron 3.746 violaciones, y sabemos muy bien que este tipo de delito afecta seriamente a las personas, tiene una severa connotación en el núcleo familiar de la víctima y debe contar con una atención preferencial.
Por todo ello, entendemos que estamos dando un paso adelante y debemos seguir trabajando en la protección de los argentinos, por ello vamos a apoyar esta iniciativa, para que sea aprobada en el día de la fecha.
SR. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR.(GRANDINETTI)
Señora presidenta: seré muy breve y le voy a dejar la palabra a una de las autoras del proyecto.
Cuando hablamos de estadísticas, también lo hacemos de números. Desgraciadamente, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, duplicamos la tasa media a la que hacía referencia recién el diputado Brügge.
Por eso, teniendo en cuenta la presencia de familiares de las víctimas en este recinto, quiero mencionar a quienes conocemos, que efectivamente también han sufrido. Puedo hablar del hijo de un amigo que ha sido asesinado –me refiero al caso Bertini, en la ciudad de Rosario, pero en realidad este homicidio no es un número más, porque lo conocía, estábamos cerca y sabemos del dolor ocasionado. También podemos hablar de un compañero de trabajo, del hermano de un periodista llamado Procopio.
Entonces, cuando ponemos nombre e historia, nos damos cuenta de lo que estamos hablando, es decir, del incumplimiento de un pacto social en el cual toda la comunidad acordó dejar el monopolio de la fuerza a un tercero, teniendo en cuenta que hay una Justicia imparcial y un Estado que me va a cuidar. Pero esto es lo que se ha roto hoy en la Argentina y es lo que venimos a tratar de saldar, otorgando estos derechos no solamente a la víctima, sino también a sus familiares.
Quiero destacar brevemente el contenido del artículo 8° del proyecto. Se hace referencia a que la autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para neutralizar el peligro y que, en especial, podrá reservar la información sobre el domicilio de la víctima o cualquier otro dato que revele su ubicación. La reserva se levantará cuando el derecho de defensa del imputado lo hiciera imprescindible.
También está la posibilidad de que en el juicio se pueda hacer una declaración sin que esté el imputado. La víctima tendrá el derecho de que sea promovida desde el punto de vista legal su representación por parte del Estado cuando no tenga los medios.
Además, el tratamiento en la Justicia tiene que ser justo, reparativo y rápido.
Ya que estamos hablando de la vulnerabilidad de aquellas personas que el Estado no ha sabido preservar en sus derechos, en sus patrimonios y en su integridad física, también hoy tendríamos que estar debatiendo el mantenimiento de los ingresos provenientes de la seguridad social para las personas con discapacidad.
Quiero recordar lo que se votó en Naciones Unidas, la Resolución N° 48 de 1996, que obligaba a los Estados –y la Argentina había sido partícipe de esa resolución- a velar por asegurar el apoyo adecuado en materia de ingresos de las personas con discapacidad que debido a esta situación hayan perdido temporalmente sus fuentes laborales.
O sea, tenemos que reparar a las víctimas de delitos y también a quienes por su discapacidad no puedan valerse por sí mismos. (Aplausos.)
Cuando hablamos de estadísticas, también lo hacemos de números. Desgraciadamente, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, duplicamos la tasa media a la que hacía referencia recién el diputado Brügge.
Por eso, teniendo en cuenta la presencia de familiares de las víctimas en este recinto, quiero mencionar a quienes conocemos, que efectivamente también han sufrido. Puedo hablar del hijo de un amigo que ha sido asesinado –me refiero al caso Bertini, en la ciudad de Rosario, pero en realidad este homicidio no es un número más, porque lo conocía, estábamos cerca y sabemos del dolor ocasionado. También podemos hablar de un compañero de trabajo, del hermano de un periodista llamado Procopio.
Entonces, cuando ponemos nombre e historia, nos damos cuenta de lo que estamos hablando, es decir, del incumplimiento de un pacto social en el cual toda la comunidad acordó dejar el monopolio de la fuerza a un tercero, teniendo en cuenta que hay una Justicia imparcial y un Estado que me va a cuidar. Pero esto es lo que se ha roto hoy en la Argentina y es lo que venimos a tratar de saldar, otorgando estos derechos no solamente a la víctima, sino también a sus familiares.
Quiero destacar brevemente el contenido del artículo 8° del proyecto. Se hace referencia a que la autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para neutralizar el peligro y que, en especial, podrá reservar la información sobre el domicilio de la víctima o cualquier otro dato que revele su ubicación. La reserva se levantará cuando el derecho de defensa del imputado lo hiciera imprescindible.
También está la posibilidad de que en el juicio se pueda hacer una declaración sin que esté el imputado. La víctima tendrá el derecho de que sea promovida desde el punto de vista legal su representación por parte del Estado cuando no tenga los medios.
Además, el tratamiento en la Justicia tiene que ser justo, reparativo y rápido.
Ya que estamos hablando de la vulnerabilidad de aquellas personas que el Estado no ha sabido preservar en sus derechos, en sus patrimonios y en su integridad física, también hoy tendríamos que estar debatiendo el mantenimiento de los ingresos provenientes de la seguridad social para las personas con discapacidad.
Quiero recordar lo que se votó en Naciones Unidas, la Resolución N° 48 de 1996, que obligaba a los Estados –y la Argentina había sido partícipe de esa resolución- a velar por asegurar el apoyo adecuado en materia de ingresos de las personas con discapacidad que debido a esta situación hayan perdido temporalmente sus fuentes laborales.
O sea, tenemos que reparar a las víctimas de delitos y también a quienes por su discapacidad no puedan valerse por sí mismos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.
SRA.(VILLAR MOLINA)
Señora presidenta: solicito permiso para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones. Aprovecho la oportunidad para saludar a las víctimas y a sus familiares presentes.
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA.(CAMAÑO)
Señora presidenta: la verdad es que quisiera votar rápidamente el proyecto, pero no quiero dejar de remarcar lo siguiente.
Con este proyecto de ley, que hoy se va a cerrar su tratamiento, estamos marcando un nuevo paradigma en el derecho penal, y esto no es un tema menor.
Quienes conocen un poco más que yo esta materia saben que la evolución del derecho penal ha tenido distintas teorías, y vamos a dejar atrás una de ellas. El Código Penal suspendido ya daba atisbos de querer superar la famosa teoría que consideraba al que comete un delito como la víctima, argumentando que había que resociabilizarlo; es la teoría de la prevención, que de alguna manera vino a expropiar los derechos a las víctimas.
En el día de ayer, que fue el Día de la Bandera por la muerte del general Belgrano, recordaba una frase de este prócer que nos daba la dimensión de la evolución del derecho penal.
Hace cien años Belgrano dijo que el modo de contener los delitos y fomentar las virtudes era castigando al delincuente y protegiendo al inocente. En estos cien años, desde que Belgrano pontificó esta frase, han pasado cosas en el derecho penal y hemos tenido distintas teorías.
Lo que nosotros venimos a hacer con este proyecto es cambiar el rumbo de ese dogma, de esas teorías, que no solamente tenían a las víctimas fuera del proceso, porque supuestamente era el Estado el que se iba a hacer cargo de ellas, sino que además eran revictimizadas por un Estado ineficiente.
Por eso digo que no es un tema menor la norma que estamos tratando. Es una iniciativa que deja atrás las teorías relativas o de prevención, y pone en vigencia –conforme a la Constitución reformada en 1994, como acá mencionara mi colega Brügge, que da rango constitucional a importantes tratados internacionales- lo que juristas de la envergadura de Bidart Campos definen como la tutela judicial efectiva. Nosotros éramos muy ambiciosos, porque pretendíamos que el cambio de norma operara para todos los delitos y para todas las jurisdicciones. Creo que el paso que estamos dando hoy en el Código Procesal Penal, tendiente al cambio del paradigma, tiene que convocar a las provincias a reformar sus códigos procesales para que las víctimas tengan esta tutela judicial efectiva. Por medio del proyecto de ley en consideración estamos cambiando un paradigma y dando a las víctimas la tutela judicial efectiva.
Nosotros trabajamos durante el verano junto con los equipos técnicos de nuestra fuerza política en la redacción de los proyectos de ley. El año pasado habíamos realizado un muy buen trabajo con respecto a la protección de víctimas de delito.
Luego de haber presentado esta iniciativa escuché a Diana Cohen Agrest hacer un planteo con mucha vehemencia desde su convicción profunda y con enorme conocimiento del tema penal, tal como siempre lo hace, en el sentido de la necesidad de contar con esta ley.
A partir de allí no tuve ninguna duda de que estábamos transitando por el camino correcto. Celebro que todos los colegas hayamos aprobado esta iniciativa, tal como lo hicimos en aquella oportunidad cuando se aprobó en forma unánime, y que hoy, a pesar de las diferencias y de la contienda electoral, estemos con las broncas y las chicanas que nos hacemos los políticos, pero haciendo lo que hay que hacer: tratar los proyectos que necesita la gente.
Este proyecto de ley es la mejor campaña política que podemos hacer. Estamos considerando un proyecto de ley que cubre un vacío en el sistema penal argentino. Además, es requerido por una realidad social que logró que las ONG de este país lleven en sus espaldas el dolor de la familia perdida. Estas organizaciones tienen mucha actividad social y han militado en los pasillos de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde saben que allí muchas iniciativas se traban. Tenemos mucha alegría y la satisfacción del deber cumplido. (Aplausos.)
Con este proyecto de ley, que hoy se va a cerrar su tratamiento, estamos marcando un nuevo paradigma en el derecho penal, y esto no es un tema menor.
Quienes conocen un poco más que yo esta materia saben que la evolución del derecho penal ha tenido distintas teorías, y vamos a dejar atrás una de ellas. El Código Penal suspendido ya daba atisbos de querer superar la famosa teoría que consideraba al que comete un delito como la víctima, argumentando que había que resociabilizarlo; es la teoría de la prevención, que de alguna manera vino a expropiar los derechos a las víctimas.
En el día de ayer, que fue el Día de la Bandera por la muerte del general Belgrano, recordaba una frase de este prócer que nos daba la dimensión de la evolución del derecho penal.
Hace cien años Belgrano dijo que el modo de contener los delitos y fomentar las virtudes era castigando al delincuente y protegiendo al inocente. En estos cien años, desde que Belgrano pontificó esta frase, han pasado cosas en el derecho penal y hemos tenido distintas teorías.
Lo que nosotros venimos a hacer con este proyecto es cambiar el rumbo de ese dogma, de esas teorías, que no solamente tenían a las víctimas fuera del proceso, porque supuestamente era el Estado el que se iba a hacer cargo de ellas, sino que además eran revictimizadas por un Estado ineficiente.
Por eso digo que no es un tema menor la norma que estamos tratando. Es una iniciativa que deja atrás las teorías relativas o de prevención, y pone en vigencia –conforme a la Constitución reformada en 1994, como acá mencionara mi colega Brügge, que da rango constitucional a importantes tratados internacionales- lo que juristas de la envergadura de Bidart Campos definen como la tutela judicial efectiva. Nosotros éramos muy ambiciosos, porque pretendíamos que el cambio de norma operara para todos los delitos y para todas las jurisdicciones. Creo que el paso que estamos dando hoy en el Código Procesal Penal, tendiente al cambio del paradigma, tiene que convocar a las provincias a reformar sus códigos procesales para que las víctimas tengan esta tutela judicial efectiva. Por medio del proyecto de ley en consideración estamos cambiando un paradigma y dando a las víctimas la tutela judicial efectiva.
Nosotros trabajamos durante el verano junto con los equipos técnicos de nuestra fuerza política en la redacción de los proyectos de ley. El año pasado habíamos realizado un muy buen trabajo con respecto a la protección de víctimas de delito.
Luego de haber presentado esta iniciativa escuché a Diana Cohen Agrest hacer un planteo con mucha vehemencia desde su convicción profunda y con enorme conocimiento del tema penal, tal como siempre lo hace, en el sentido de la necesidad de contar con esta ley.
A partir de allí no tuve ninguna duda de que estábamos transitando por el camino correcto. Celebro que todos los colegas hayamos aprobado esta iniciativa, tal como lo hicimos en aquella oportunidad cuando se aprobó en forma unánime, y que hoy, a pesar de las diferencias y de la contienda electoral, estemos con las broncas y las chicanas que nos hacemos los políticos, pero haciendo lo que hay que hacer: tratar los proyectos que necesita la gente.
Este proyecto de ley es la mejor campaña política que podemos hacer. Estamos considerando un proyecto de ley que cubre un vacío en el sistema penal argentino. Además, es requerido por una realidad social que logró que las ONG de este país lleven en sus espaldas el dolor de la familia perdida. Estas organizaciones tienen mucha actividad social y han militado en los pasillos de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde saben que allí muchas iniciativas se traban. Tenemos mucha alegría y la satisfacción del deber cumplido. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
SR.(RUBIN)
Señora presidenta: “El Señor ha ido enseñando, poco a poco, a su pueblo que hay una asimetría necesaria entre el delito y la pena, que un ojo o un diente roto no se remedia rompiendo otro. Se trata de hacer justicia a la víctima, no de ajusticiar al agresor.”
Esas sabias palabras fueron expresadas por el papa Francisco a los participantes de un congreso internacional de derecho penal y criminología y resumen el sentido común de lo que significa hacer justicia y no de ajusticiar al acusado.
Los procedimientos penales actuales no cumplen con este objetivo básico y por eso este bloque Justicialista viene con entusiasmo a apoyar este proyecto de ley. Debemos contar con esta herramienta en forma definitiva.
Las víctimas que hoy pululan por los tribunales, no para pedir justicia, sino para buscar información sobre un expediente, tienen que pagar un abogado para recuperar los objetos robados a fin de seguir trabajando. Además, se encuentran con un empleado de tribunales que les indica que no pueden saber nada sobre el expediente, porque no son parte del mismo. Así la víctima se va triste de ese gran edificio, donde hay gente con saco y corbata, diciendo: “Cómo no voy a ser parte del expediente cuando casi me mataron y me robaron”.
Hoy estamos tratando de cambiar esa situación sancionando este proyecto de ley. Se trata de cambiar la cultura del expediente por la cultura de la gente y que de una vez por todas demos la seguridad que el pueblo reclama; la seguridad de que el Estado estará del lado que corresponde, en forma rápida y definitiva a fin de restaurar esa tranquilidad de la vida cotidiana que tanto nos hace falta.
Por eso, cuando los abogados repetimos mecánicamente “Será Justicia” al final de todo escrito judicial, creemos que, en primer lugar, será justicia para las víctimas. (Aplausos.)
Esas sabias palabras fueron expresadas por el papa Francisco a los participantes de un congreso internacional de derecho penal y criminología y resumen el sentido común de lo que significa hacer justicia y no de ajusticiar al acusado.
Los procedimientos penales actuales no cumplen con este objetivo básico y por eso este bloque Justicialista viene con entusiasmo a apoyar este proyecto de ley. Debemos contar con esta herramienta en forma definitiva.
Las víctimas que hoy pululan por los tribunales, no para pedir justicia, sino para buscar información sobre un expediente, tienen que pagar un abogado para recuperar los objetos robados a fin de seguir trabajando. Además, se encuentran con un empleado de tribunales que les indica que no pueden saber nada sobre el expediente, porque no son parte del mismo. Así la víctima se va triste de ese gran edificio, donde hay gente con saco y corbata, diciendo: “Cómo no voy a ser parte del expediente cuando casi me mataron y me robaron”.
Hoy estamos tratando de cambiar esa situación sancionando este proyecto de ley. Se trata de cambiar la cultura del expediente por la cultura de la gente y que de una vez por todas demos la seguridad que el pueblo reclama; la seguridad de que el Estado estará del lado que corresponde, en forma rápida y definitiva a fin de restaurar esa tranquilidad de la vida cotidiana que tanto nos hace falta.
Por eso, cuando los abogados repetimos mecánicamente “Será Justicia” al final de todo escrito judicial, creemos que, en primer lugar, será justicia para las víctimas. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA.(STOLBIZER)
Señora presidenta: seré breve, en primer término, porque lo que se ha dicho ha sido muy bien dicho; en segundo lugar, porque esta iniciativa nos ha permitido encontrar un acuerdo totalizador de lo que antes podrían haber sido diferencias iniciales, y en tercer término, porque todos hemos reconocido la mejora en la redacción que se realizó en el Senado. Me parece que es bueno reconocer esto antes de votar.
Además, se encuentran presentes organizaciones de víctimas y familiares de víctimas que han sido los verdaderos protagonistas involuntarios, porque ninguno hubiera querido estar en ese lugar. Sin duda, ellos fueron en gran medida los que promovieron y condicionaron nuestra acción, porque lograron mucho antes que nosotros los consensos necesarios para llegar hasta este punto. Fueron ellos los que despojaron absolutamente de su lucha las especulaciones políticas, ideológicas o electorales. Ese es el mejor condicionante con el que hoy llegamos a construir este acuerdo tan mayoritario.
Además, ellos son quienes alcanzaron otro consenso aún más importante, cual es el haber podido albergar dentro de ese reclamo para la protección de las víctimas tanto a las víctimas de la mano armada como de los guantes blancos. A veces parecería que las víctimas son solo aquellas que han sido atropelladas en la calle por un delincuente común que llevaba un arma. Lo cierto es que la corrupción en este país también ha dejado muchísimas víctimas y muertos en el camino, y las organizaciones hoy representan a ese conjunto, consecuencia de este desastre social que ha significado la corrupción argentina durante muchos años.
Asimismo, quiero plantear que frente a la víctima como centro involuntario de nuestro debate, el principal deber de nuestra parte es poner al Estado como tal. No se trata simplemente de declarar derechos sino de garantizar que dichos derechos puedan hacerse operativos tantas veces. Si algo tiene nuestro cuerpo normativo es una cantidad de derechos proclamados, hasta los más esenciales, que después no recogen en la posibilidad real de su ejercicio que todas las personas puedan acceder en condiciones de igualdad a ese ejercicio práctico de sus derechos.
Además, se encuentran presentes organizaciones de víctimas y familiares de víctimas que han sido los verdaderos protagonistas involuntarios, porque ninguno hubiera querido estar en ese lugar. Sin duda, ellos fueron en gran medida los que promovieron y condicionaron nuestra acción, porque lograron mucho antes que nosotros los consensos necesarios para llegar hasta este punto. Fueron ellos los que despojaron absolutamente de su lucha las especulaciones políticas, ideológicas o electorales. Ese es el mejor condicionante con el que hoy llegamos a construir este acuerdo tan mayoritario.
Además, ellos son quienes alcanzaron otro consenso aún más importante, cual es el haber podido albergar dentro de ese reclamo para la protección de las víctimas tanto a las víctimas de la mano armada como de los guantes blancos. A veces parecería que las víctimas son solo aquellas que han sido atropelladas en la calle por un delincuente común que llevaba un arma. Lo cierto es que la corrupción en este país también ha dejado muchísimas víctimas y muertos en el camino, y las organizaciones hoy representan a ese conjunto, consecuencia de este desastre social que ha significado la corrupción argentina durante muchos años.
Asimismo, quiero plantear que frente a la víctima como centro involuntario de nuestro debate, el principal deber de nuestra parte es poner al Estado como tal. No se trata simplemente de declarar derechos sino de garantizar que dichos derechos puedan hacerse operativos tantas veces. Si algo tiene nuestro cuerpo normativo es una cantidad de derechos proclamados, hasta los más esenciales, que después no recogen en la posibilidad real de su ejercicio que todas las personas puedan acceder en condiciones de igualdad a ese ejercicio práctico de sus derechos.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
SRA.(STOLBIZER)
Allí también debe darse un debate sobre el Estado. Cuando hay un derecho debe haber un Estado que lo garantice; pero frente al problema de las víctimas de los delitos no es suficiente el Estado por detrás de los acontecimientos. Es imprescindible que reconozcamos la situación de las víctimas, sus derechos, la necesidad de la reparación, de la compensación, de la rehabilitación; pero la responsabilidad más grande que tenemos en este lugar, en la casa de la política, es que las víctimas no se multipliquen.
La responsabilidad más grande es crear las condiciones o modificar la situación actual para que el Estado no tenga que ir por detrás de los acontecimientos. Es imprescindible que no haya más víctimas. El Estado debe cumplir con su papel de anticipación para evitar el delito. La cárcel no puede ser el único mecanismo disuasorio del delito. Necesitamos prometer a las víctimas muchas más cosas que una reparación siempre inoportuna, cuando el estado de situación ya no podrá volver a ser el de antes.
Por lo tanto, apoyamos fervientemente este proyecto de ley, porque es una deuda que ya tiene muchos años. Es oportuno; sentimos que hoy cumplimos con nuestro compromiso, pero de ninguna manera nuestra tarea estará cumplida hasta que podamos asegurar que no habrá más víctimas y que no se multiplicarán. (Aplausos.)
La responsabilidad más grande es crear las condiciones o modificar la situación actual para que el Estado no tenga que ir por detrás de los acontecimientos. Es imprescindible que no haya más víctimas. El Estado debe cumplir con su papel de anticipación para evitar el delito. La cárcel no puede ser el único mecanismo disuasorio del delito. Necesitamos prometer a las víctimas muchas más cosas que una reparación siempre inoportuna, cuando el estado de situación ya no podrá volver a ser el de antes.
Por lo tanto, apoyamos fervientemente este proyecto de ley, porque es una deuda que ya tiene muchos años. Es oportuno; sentimos que hoy cumplimos con nuestro compromiso, pero de ninguna manera nuestra tarea estará cumplida hasta que podamos asegurar que no habrá más víctimas y que no se multiplicarán. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR.(LÓPEZ)
Señor presidente...
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
La señora diputada Litza le solicita una interrupción. ¿Se la concede, señor diputado?
SR.(LÓPEZ)
Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Para una aclaración, tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA.(LITZA)
Señor presidente: en mi intervención cité erróneamente la localidad de Ezeiza como lugar del suceso que vivió anoche la señora diputada Schwindt, junto a su familia y otros señores diputados. Quisiera rectificarme porque el hecho ocurrió en la localidad de Esteban Echeverría, también del conurbano bonaerense.
Entre todas las cosas que le robaron a la señora diputada Schwindt y a sus acompañantes se encontraban sus teléfonos. Por lo tanto, no pudimos tener las precisiones del hecho sino hasta hoy a la mañana. La señora diputada es del interior de la provincia de Buenos Aires. En el hecho actuaron las distintas fuerzas de seguridad. Ella nos manifestó que el episodio se había producido en Ezeiza, cuando en realidad tuvo lugar en Esteban Echeverría.
Entre todas las cosas que le robaron a la señora diputada Schwindt y a sus acompañantes se encontraban sus teléfonos. Por lo tanto, no pudimos tener las precisiones del hecho sino hasta hoy a la mañana. La señora diputada es del interior de la provincia de Buenos Aires. En el hecho actuaron las distintas fuerzas de seguridad. Ella nos manifestó que el episodio se había producido en Ezeiza, cuando en realidad tuvo lugar en Esteban Echeverría.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Salta.
SR.(LÓPEZ)
Señor presidente: teniendo en cuenta que están presentes muchas víctimas y familiares quisiera recordar que para el día de mañana se había formulado un pedido de sesión especial –firmado también por nuestro bloque para considerar, en primer lugar, este proyecto de ley. En dicha convocatoria se incluía además el tratamiento de otros temas que vamos a considerar hoy, tales como la anulación del dietazo y el terminar con el ajuste a las pensiones para los discapacitados.
Es evidente que el oficialismo ha realizado diversas maniobras –con la complicidad de otros para convocar a esta sesión especial, pero no con la intención de sancionar este proyecto de ley sino de bloquear el llamado a sesión especial que habíamos pedido para el día de mañana.
Esto tiene que quedar absolutamente claro a todos los presentes en este recinto.
En segundo lugar, en mi provincia –y en todo el Norte hemos llevado adelante una enorme lucha con las víctimas de la impunidad y sus familiares. Cuando los familiares y las víctimas comenzaron a organizarse hubo un debate acerca de cómo denominar a las respectivas organizaciones. Desde distintos sectores, sobre todo vinculados con el Estado, se trató de influenciar para que estas comisiones se llamasen, por ejemplo, “Comisiones de Víctimas de Delitos” o “Comisiones de Víctimas de la Inseguridad”. Sin embargo, muchos familiares se opusieron rotundamente a ello y dijeron que las iban a llamar “Comisiones de Víctimas de la Impunidad”, porque detrás de la mayoría de los crímenes de los cuales han sido víctimas están el Estado, las fuerzas de seguridad, los jueces y los funcionarios.
Hemos realizado varias audiencias públicas, pero no solo en este Congreso sino también en la ciudad de Tucumán, en la Plaza Independencia, donde la mayoría de los testimonios daban cuenta, por ejemplo, de que algún hijo había muerto trabajando en una empresa vinculada al gobierno o que en determinado crimen había estado involucrada la policía.
Además, hay casos emblemáticos que así lo demuestran, como el de la masacre de Once y el triángulo de burocracia sindical, con funcionarios y empresarios involucrados, el mismo triángulo que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra. La mayoría de los responsables de este asesinato y de los de la masacre de Once están impunes.
Tenemos también el caso de la propia provincia de Tucumán que mencioné y el de Paulina Lebbos, respecto del cual recientemente hemos convocado a una audiencia porque se van a cumplir doce años de dicho crimen y corremos el riesgo de que la causa prescriba. Allí están involucrados las fuerzas de seguridad, el fiscal –que armó un operativo de encubrimiento, el gobierno y el poder político de la provincia de Tucumán.
Podría decir que lo mismo ocurre en Salta, Santiago del Estero y Catamarca, donde se dieron casos similares, aunque en verdad debería hacer extensiva esta situación al resto del país, ya que tenemos el caso de Daniel Solano, en Río Negro, y el de Luciano Arruga, quien se negó a robar para la policía y fue desaparecido y asesinado.
Esto demuestra que el principal problema es la impunidad, garantizada para poderosos y empresarios por un régimen político que utiliza a sus fuerzas de seguridad para reprimir a los trabajadores que luchan por sus derechos. Este es el principal problema que enfrentan las víctimas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Este es el debate que venimos dando.
Un ejemplo muy grave de impunidad que tuvimos recientemente es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que otorgó el llamado “dos por uno” a los genocidas de la última dictadura. No podemos dejar de mencionarlo en este recinto cuando nos encontramos debatiendo estos temas, porque fue aquí donde una diputada del oficialismo defendió el otorgamiento de la prisión domiciliaria para los genocidas.
Hablamos de un fallo que fue armado políticamente para dar impunidad, cuando dar impunidad a los genocidas es dar impunidad al gatillo fácil, a la “narcopolicía” y al régimen político. Acá hay una contradicción: estamos discutiendo una norma para que el Estado asista a las víctimas de delitos cuando muchas veces la lucha de esas víctimas es contra el propio Estado, que es el garante de la impunidad.
Quiero señalar estos problemas porque son importantes y tienen mucho que ver con la lucha de los familiares. Acá se ha dicho, por ejemplo, que estamos ante un problema de ineficiencia y que los jueces no cuentan con los recursos necesarios para atender las situaciones que sufren las víctimas de delitos. Permítaseme recordar al juez federal de Orán Raúl Reynoso cuando se paseaba por todos los medios nacionales diciendo que no tenía plata para combatir el narcotráfico. Todos los bloques políticos lo reivindicaban; hasta en una cadena nacional se dijo: ¡Pobre Reynoso; no tiene plata para combatir el narcotráfico! Este juez, a quien en ese entonces nosotros denunciamos por liberar a narcotraficantes, hoy está preso por recibir coimas.
En Tartagal, provincia de Salta, tendremos un juzgado federal, que atenderá el 99 por ciento de los casos de narcotráfico, a cargo de un hombre propuesto por el presidente Macri y votado por el Senado –el mismo Senado que votó a los dos jueces de la Corte que el gobierno quiso designar por decreto y que luego avalaron aquel fallo del “dos x uno” que fue sancionado en dos causas de narcotráfico cuando era secretario de juzgado.
A esto nos referimos cuando decimos que hay impunidad: a un Estado involucrado en el delito. Recordemos a los cinco jóvenes muertos en el Time Warp.
Este es, reitero, el problema central que enfrentan las víctimas de delitos. ¿Quiénes nombran a los jueces? ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura y quiénes lo integran? Recientemente, en Salta tuvimos un escándalo donde el gobernador tuvo que retroceder: habían armado un concurso para colocar a los jueces que convenían al gobierno.
Así se nombra a la gran mayoría de los jueces en nuestro país. Por eso hablamos de impunidad, queriendo contribuir de esta manera con los familiares de las víctimas.
Como lo he señalado durante el primer debate sobre este tema, para nosotros es clave la independencia del Estado en la lucha de los familiares. Vuelvo a advertirlo porque en esta iniciativa también hay, de alguna manera, un operativo de cooptación para tratar de aplacar la lucha de los familiares que todos los días enfrentan al Estado, que denuncian a los funcionarios, jueces y policías, tratando de incorporar a los organismos públicos del Estado con este tipo de leyes.
Ya marqué la contradicción de que se trata de una ley para que el Estado asista a las víctimas que muchas veces enfrentan al propio Estado.
Es evidente que el oficialismo ha realizado diversas maniobras –con la complicidad de otros para convocar a esta sesión especial, pero no con la intención de sancionar este proyecto de ley sino de bloquear el llamado a sesión especial que habíamos pedido para el día de mañana.
Esto tiene que quedar absolutamente claro a todos los presentes en este recinto.
En segundo lugar, en mi provincia –y en todo el Norte hemos llevado adelante una enorme lucha con las víctimas de la impunidad y sus familiares. Cuando los familiares y las víctimas comenzaron a organizarse hubo un debate acerca de cómo denominar a las respectivas organizaciones. Desde distintos sectores, sobre todo vinculados con el Estado, se trató de influenciar para que estas comisiones se llamasen, por ejemplo, “Comisiones de Víctimas de Delitos” o “Comisiones de Víctimas de la Inseguridad”. Sin embargo, muchos familiares se opusieron rotundamente a ello y dijeron que las iban a llamar “Comisiones de Víctimas de la Impunidad”, porque detrás de la mayoría de los crímenes de los cuales han sido víctimas están el Estado, las fuerzas de seguridad, los jueces y los funcionarios.
Hemos realizado varias audiencias públicas, pero no solo en este Congreso sino también en la ciudad de Tucumán, en la Plaza Independencia, donde la mayoría de los testimonios daban cuenta, por ejemplo, de que algún hijo había muerto trabajando en una empresa vinculada al gobierno o que en determinado crimen había estado involucrada la policía.
Además, hay casos emblemáticos que así lo demuestran, como el de la masacre de Once y el triángulo de burocracia sindical, con funcionarios y empresarios involucrados, el mismo triángulo que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra. La mayoría de los responsables de este asesinato y de los de la masacre de Once están impunes.
Tenemos también el caso de la propia provincia de Tucumán que mencioné y el de Paulina Lebbos, respecto del cual recientemente hemos convocado a una audiencia porque se van a cumplir doce años de dicho crimen y corremos el riesgo de que la causa prescriba. Allí están involucrados las fuerzas de seguridad, el fiscal –que armó un operativo de encubrimiento, el gobierno y el poder político de la provincia de Tucumán.
Podría decir que lo mismo ocurre en Salta, Santiago del Estero y Catamarca, donde se dieron casos similares, aunque en verdad debería hacer extensiva esta situación al resto del país, ya que tenemos el caso de Daniel Solano, en Río Negro, y el de Luciano Arruga, quien se negó a robar para la policía y fue desaparecido y asesinado.
Esto demuestra que el principal problema es la impunidad, garantizada para poderosos y empresarios por un régimen político que utiliza a sus fuerzas de seguridad para reprimir a los trabajadores que luchan por sus derechos. Este es el principal problema que enfrentan las víctimas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Este es el debate que venimos dando.
Un ejemplo muy grave de impunidad que tuvimos recientemente es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que otorgó el llamado “dos por uno” a los genocidas de la última dictadura. No podemos dejar de mencionarlo en este recinto cuando nos encontramos debatiendo estos temas, porque fue aquí donde una diputada del oficialismo defendió el otorgamiento de la prisión domiciliaria para los genocidas.
Hablamos de un fallo que fue armado políticamente para dar impunidad, cuando dar impunidad a los genocidas es dar impunidad al gatillo fácil, a la “narcopolicía” y al régimen político. Acá hay una contradicción: estamos discutiendo una norma para que el Estado asista a las víctimas de delitos cuando muchas veces la lucha de esas víctimas es contra el propio Estado, que es el garante de la impunidad.
Quiero señalar estos problemas porque son importantes y tienen mucho que ver con la lucha de los familiares. Acá se ha dicho, por ejemplo, que estamos ante un problema de ineficiencia y que los jueces no cuentan con los recursos necesarios para atender las situaciones que sufren las víctimas de delitos. Permítaseme recordar al juez federal de Orán Raúl Reynoso cuando se paseaba por todos los medios nacionales diciendo que no tenía plata para combatir el narcotráfico. Todos los bloques políticos lo reivindicaban; hasta en una cadena nacional se dijo: ¡Pobre Reynoso; no tiene plata para combatir el narcotráfico! Este juez, a quien en ese entonces nosotros denunciamos por liberar a narcotraficantes, hoy está preso por recibir coimas.
En Tartagal, provincia de Salta, tendremos un juzgado federal, que atenderá el 99 por ciento de los casos de narcotráfico, a cargo de un hombre propuesto por el presidente Macri y votado por el Senado –el mismo Senado que votó a los dos jueces de la Corte que el gobierno quiso designar por decreto y que luego avalaron aquel fallo del “dos x uno” que fue sancionado en dos causas de narcotráfico cuando era secretario de juzgado.
A esto nos referimos cuando decimos que hay impunidad: a un Estado involucrado en el delito. Recordemos a los cinco jóvenes muertos en el Time Warp.
Este es, reitero, el problema central que enfrentan las víctimas de delitos. ¿Quiénes nombran a los jueces? ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura y quiénes lo integran? Recientemente, en Salta tuvimos un escándalo donde el gobernador tuvo que retroceder: habían armado un concurso para colocar a los jueces que convenían al gobierno.
Así se nombra a la gran mayoría de los jueces en nuestro país. Por eso hablamos de impunidad, queriendo contribuir de esta manera con los familiares de las víctimas.
Como lo he señalado durante el primer debate sobre este tema, para nosotros es clave la independencia del Estado en la lucha de los familiares. Vuelvo a advertirlo porque en esta iniciativa también hay, de alguna manera, un operativo de cooptación para tratar de aplacar la lucha de los familiares que todos los días enfrentan al Estado, que denuncian a los funcionarios, jueces y policías, tratando de incorporar a los organismos públicos del Estado con este tipo de leyes.
Ya marqué la contradicción de que se trata de una ley para que el Estado asista a las víctimas que muchas veces enfrentan al propio Estado.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Diputado, termine, por favor.
SR.(LÓPEZ)
Ya termino, señor presidente.
Para finalizar, les dejo la misma reflexión que hice el año pasado: creemos que los familiares deben utilizar esta ley como un punto de apoyo para reforzar su lucha pero de manera independiente del Estado, conscientes de estos propósitos de cooptación y regimentación y seguir defendiendo su independencia.
Para finalizar, les dejo la misma reflexión que hice el año pasado: creemos que los familiares deben utilizar esta ley como un punto de apoyo para reforzar su lucha pero de manera independiente del Estado, conscientes de estos propósitos de cooptación y regimentación y seguir defendiendo su independencia.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Diputado, por favor.
SR.(LÓPEZ)
Ya termino.
Nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestro programa: elección por el voto popular de jueces y fiscales y control de los libros de las comisarías por parte de la población para acabar con la impunidad y el delito organizado que viene del propio Estado. (Aplausos.)
Nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestro programa: elección por el voto popular de jueces y fiscales y control de los libros de las comisarías por parte de la población para acabar con la impunidad y el delito organizado que viene del propio Estado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR.(GIORDANO)
En nombre de Izquierda Socialista quiero saludar a los familiares que están presentes hoy, que han transformado su dolor en lucha y han arrancado esta ley con sus denuncias, marchas y movilización.
Es una ley parcial, pero es un avance y un primer paso que han logrado ustedes, ningún diputado, por su lucha y movilización. Por eso, el primer mensaje es que usen esta ley que nosotros vamos a acompañar para seguir luchando y reclamando, y no confíen en que con una ley se puede lograr todo, como han dicho los defensores de esta norma.
No hay que jugar con las necesidades de las víctimas. La primera reflexión es que es tal el desprecio a las víctimas de los delitos, tanto del gobierno como de la Justicia, de los comisarios y de este Congreso, que uno ve con estupor que ahora en la ley se contempla el asesoramiento gratuito que antes no tenían, asistencia y protección y la disposición de que les reciban en forma inmediata la denuncia. ¡Miren de lo que estamos hablando! ¡Una ley para que les reciban la denuncia! ¡Es una barbaridad!
Entonces, los reparos a esta ley se basan en muchos datos de la realidad. Por ejemplo, gran parte de este articulado ya está en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, número 26.485, que se sancionó en 2009 hace ocho años para combatir los femicidios y que no haya ni una menos. Pero no se aplica.
Marcos Peña vino aquí a decir que se han construido solo nueve refugios para contener a las madres víctimas de violencia de género, porque no hay plata. Se destinan solo 4,21 pesos por año por mujer; crecen los femicidios y, claro, no hay plata porque se ha pagado a los fondos buitre y se exime de impuestos a las megamineras. ¿Cómo no va a haber plata para las mujeres?
Está aquí presente María Luján Rey, madre de una víctima de la masacre de Once. (Aplausos.) Si se hubiera escuchado a los ferroviarios y usuarios del Sarmiento, que decían que había que poner frenos automáticos, se habría evitado la masacre. Pero ahora el gobierno sigue con el soterramiento del Sarmiento una obra faraónica y no se coloca el freno automático que se reclama para evitar nuevas masacres.
Lo que deben reclamar los familiares de las víctimas de la tragedia de Once es que vayan presos todos los corruptos, porque fueron condenados y están en libertad. ¡Es una vergüenza!
Si se trata de defender a las víctimas, pongamos el caso del chofer de la Línea 514, que circula por la zona Sur del Conurbano, quien fue asesinado por no haber sistema de seguridad. El gobierno militarizó una huelga de choferes en Córdoba, pero no se digna escuchar a los choferes para evitar más muertes.
Otro ejemplo es el de la maestra de Rosario, María de los Ángeles París se van a cumplir dos meses de su muerte, que entró a hacer una denuncia en la Comisaría 10ª y murió. En esa causa no hay imputados.
En Córdoba, un médico digno, de los que defienden el hospital público, alias “Pecas”, estuvo 19 días en huelga de hambre pues la obra social del gobierno que no es obra social no le quiso reconocer la plata que puso de su bolsillo para operarse de un ojo porque corría riesgo su vida. La puso de su bolsillo y el gobierno no se la quiere devolver. En cambio, le ha dado un subsidio que este luchador donó porque no quiere dádivas.
¡Esas son las víctimas del desprecio de los gobiernos! Esta iniciativa habla de las víctimas de la discapacidad. Recordemos que se les ha querido sacar las pensiones por invalidez a miles de personas que las necesitan, y si se las devuelven, les dan 4.000 pesos, una miseria absoluta, cuando deberían percibir el costo de la canasta familiar.
Como una reflexión final, quisiera decir que no hacen falta leyes que protejan a las víctimas en sí mismas. Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa, pero remarcando que lo que hace falta es evitar que haya más víctimas como consecuencia de las políticas de los gobiernos, del accionar de los empresarios mafiosos y de la complicidad de los comisarios y de los jueces con el delito.
Ahora voy a ponerme en el cuello el pañuelo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lo haré porque así quedamos con quienes firmamos en su momento el proyecto de ley, a efectos de visibilizar el tema.
Muchos de los diputados que votarán a favor el proyecto de ley en tratamiento se niegan a reunir la comisión para considerar la iniciativa que impulsa la mencionada campaña nacional por el derecho al aborto, cuya finalidad es evitar que haya entre trescientas y quinientas mujeres víctimas como consecuencia de un derecho que no se les otorga. Es un genocidio hacia la mujer por el solo hecho de serlo, por culpa del gobierno anterior y del actual, de la Iglesia Católica y de los partidos tradicionales, que se niegan a evitar que haya más víctimas, femicidios y -como en el caso que menciono- genocidios.
Es por eso que seguiremos acompañando a los familiares y continuaremos la lucha contra este sistema capitalista, porque gobernar para unos ricos y un puñado de mafiosos deja todos los días víctimas que necesitan una reparación. Por eso los seguiremos acompañando en todas las luchas que de ahora en más emprendan. (Aplausos.)
Es una ley parcial, pero es un avance y un primer paso que han logrado ustedes, ningún diputado, por su lucha y movilización. Por eso, el primer mensaje es que usen esta ley que nosotros vamos a acompañar para seguir luchando y reclamando, y no confíen en que con una ley se puede lograr todo, como han dicho los defensores de esta norma.
No hay que jugar con las necesidades de las víctimas. La primera reflexión es que es tal el desprecio a las víctimas de los delitos, tanto del gobierno como de la Justicia, de los comisarios y de este Congreso, que uno ve con estupor que ahora en la ley se contempla el asesoramiento gratuito que antes no tenían, asistencia y protección y la disposición de que les reciban en forma inmediata la denuncia. ¡Miren de lo que estamos hablando! ¡Una ley para que les reciban la denuncia! ¡Es una barbaridad!
Entonces, los reparos a esta ley se basan en muchos datos de la realidad. Por ejemplo, gran parte de este articulado ya está en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, número 26.485, que se sancionó en 2009 hace ocho años para combatir los femicidios y que no haya ni una menos. Pero no se aplica.
Marcos Peña vino aquí a decir que se han construido solo nueve refugios para contener a las madres víctimas de violencia de género, porque no hay plata. Se destinan solo 4,21 pesos por año por mujer; crecen los femicidios y, claro, no hay plata porque se ha pagado a los fondos buitre y se exime de impuestos a las megamineras. ¿Cómo no va a haber plata para las mujeres?
Está aquí presente María Luján Rey, madre de una víctima de la masacre de Once. (Aplausos.) Si se hubiera escuchado a los ferroviarios y usuarios del Sarmiento, que decían que había que poner frenos automáticos, se habría evitado la masacre. Pero ahora el gobierno sigue con el soterramiento del Sarmiento una obra faraónica y no se coloca el freno automático que se reclama para evitar nuevas masacres.
Lo que deben reclamar los familiares de las víctimas de la tragedia de Once es que vayan presos todos los corruptos, porque fueron condenados y están en libertad. ¡Es una vergüenza!
Si se trata de defender a las víctimas, pongamos el caso del chofer de la Línea 514, que circula por la zona Sur del Conurbano, quien fue asesinado por no haber sistema de seguridad. El gobierno militarizó una huelga de choferes en Córdoba, pero no se digna escuchar a los choferes para evitar más muertes.
Otro ejemplo es el de la maestra de Rosario, María de los Ángeles París se van a cumplir dos meses de su muerte, que entró a hacer una denuncia en la Comisaría 10ª y murió. En esa causa no hay imputados.
En Córdoba, un médico digno, de los que defienden el hospital público, alias “Pecas”, estuvo 19 días en huelga de hambre pues la obra social del gobierno que no es obra social no le quiso reconocer la plata que puso de su bolsillo para operarse de un ojo porque corría riesgo su vida. La puso de su bolsillo y el gobierno no se la quiere devolver. En cambio, le ha dado un subsidio que este luchador donó porque no quiere dádivas.
¡Esas son las víctimas del desprecio de los gobiernos! Esta iniciativa habla de las víctimas de la discapacidad. Recordemos que se les ha querido sacar las pensiones por invalidez a miles de personas que las necesitan, y si se las devuelven, les dan 4.000 pesos, una miseria absoluta, cuando deberían percibir el costo de la canasta familiar.
Como una reflexión final, quisiera decir que no hacen falta leyes que protejan a las víctimas en sí mismas. Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa, pero remarcando que lo que hace falta es evitar que haya más víctimas como consecuencia de las políticas de los gobiernos, del accionar de los empresarios mafiosos y de la complicidad de los comisarios y de los jueces con el delito.
Ahora voy a ponerme en el cuello el pañuelo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lo haré porque así quedamos con quienes firmamos en su momento el proyecto de ley, a efectos de visibilizar el tema.
Muchos de los diputados que votarán a favor el proyecto de ley en tratamiento se niegan a reunir la comisión para considerar la iniciativa que impulsa la mencionada campaña nacional por el derecho al aborto, cuya finalidad es evitar que haya entre trescientas y quinientas mujeres víctimas como consecuencia de un derecho que no se les otorga. Es un genocidio hacia la mujer por el solo hecho de serlo, por culpa del gobierno anterior y del actual, de la Iglesia Católica y de los partidos tradicionales, que se niegan a evitar que haya más víctimas, femicidios y -como en el caso que menciono- genocidios.
Es por eso que seguiremos acompañando a los familiares y continuaremos la lucha contra este sistema capitalista, porque gobernar para unos ricos y un puñado de mafiosos deja todos los días víctimas que necesitan una reparación. Por eso los seguiremos acompañando en todas las luchas que de ahora en más emprendan. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
SR.(FRANCO)
Señor presidente: en nombre del bloque del Frente de la Concordia Misionero quiero saludar y rendir homenaje a las víctimas de delitos, las que hoy están siendo reivindicadas con la iniciativa en consideración. Seguramente tendría que haberse tratado antes, pero es importante que se haya tomado la decisión y que hoy estemos todos aquí para sancionarla.
Entonces, simplemente quería anticipar que acompañaremos la presente iniciativa con nuestro voto y que deseamos que esto sea bueno para que podamos tener un país con justicia, tal como venimos reclamando desde hace mucho tiempo. (Aplausos.)
Entonces, simplemente quería anticipar que acompañaremos la presente iniciativa con nuestro voto y que deseamos que esto sea bueno para que podamos tener un país con justicia, tal como venimos reclamando desde hace mucho tiempo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR.(OLMEDO)
Señor presidente: ¡por fin tratamos los temas importantes! ¡Tantos derechos se les dan a los delincuentes mientras las víctimas han tenido que esperar tanto tiempo para que sancionemos una ley! Gracias a Dios, si esta iniciativa se convierte hoy en ley, habremos dado un paso muy importante.
Es muy curioso lo que ocurre en la Argentina. Yo siempre digo que es el mundo al revés: al que comete un delito rápidamente le tapan la cara, lo custodian, le ponen un defensor público y va a la cárcel, con lo cual no paga más luz, agua ni gas. Además, no trabaja –si así lo quiere- y lo mantenemos entre todos; vale 100.000 pesos por mes. ¿Y qué les dimos a las víctimas en todos estos años? Nada.
Mi gran respeto por la lucha de todos los padres y de todos los abuelos, pero lamentablemente las víctimas no están más. Voy a ser duro, pero lo cierto es que las van a visitar, con su alma y con su corazón, al cementerio. No hay ley que pueda subsanar el dolor que tienen. Por más que la ley diga lo que dijere, no les va a devolver a su ser querido.
Lo único seguro hoy en la Argentina es la inseguridad. Creo que el gobierno tiene que prestar atención y, además de esta ley, fijarse cómo vamos a hacer una Argentina segura. Es imperioso que cambiemos porque todos los que vivimos en una sociedad, hacemos el bien y trabajamos debemos tener derechos.
Habrá que ver qué derechos se les corta a los delincuentes, porque no puede ser que ellos tengan más derechos que las víctimas y que la sociedad en su conjunto. Algunos ni siquiera llegan a la puerta giratoria que ya están afuera.
Considero que hay otros temas importantes que también debemos tratar; por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad de los menores.
En este sentido, he presentado proyectos en los que se contempla que los padres se hagan cargo del menor de 14 años que comete un delito grave. Habrá que discutir al respecto; algunos me darán la razón y otros no, pero estoy convencido de que hay que debatir esta cuestión.
Por otro lado, quiero manifestar que estoy totalmente en desacuerdo con el diputado que me precedió en el uso de la palabra cuando se refirió al aborto. Yo tengo a Dios como líder. Mi único líder es Dios. Él da la vida. Ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a un niño. Curiosamente, no hay quien defienda a un niño por nacer cuando alguien toma la decisión de matarlo. Es mi compromiso, he jurado por Dios y los Santos Evangelios y voy a continuar en mi camino y en mi lucha. No hay ley que pueda cambiar los 300.000 o 400.000 abortos por año que se hacen en la Argentina, porque estamos hablando de niños que mueren antes de ver la luz y de conocer la patria. (Aplausos.)
Es muy curioso lo que ocurre en la Argentina. Yo siempre digo que es el mundo al revés: al que comete un delito rápidamente le tapan la cara, lo custodian, le ponen un defensor público y va a la cárcel, con lo cual no paga más luz, agua ni gas. Además, no trabaja –si así lo quiere- y lo mantenemos entre todos; vale 100.000 pesos por mes. ¿Y qué les dimos a las víctimas en todos estos años? Nada.
Mi gran respeto por la lucha de todos los padres y de todos los abuelos, pero lamentablemente las víctimas no están más. Voy a ser duro, pero lo cierto es que las van a visitar, con su alma y con su corazón, al cementerio. No hay ley que pueda subsanar el dolor que tienen. Por más que la ley diga lo que dijere, no les va a devolver a su ser querido.
Lo único seguro hoy en la Argentina es la inseguridad. Creo que el gobierno tiene que prestar atención y, además de esta ley, fijarse cómo vamos a hacer una Argentina segura. Es imperioso que cambiemos porque todos los que vivimos en una sociedad, hacemos el bien y trabajamos debemos tener derechos.
Habrá que ver qué derechos se les corta a los delincuentes, porque no puede ser que ellos tengan más derechos que las víctimas y que la sociedad en su conjunto. Algunos ni siquiera llegan a la puerta giratoria que ya están afuera.
Considero que hay otros temas importantes que también debemos tratar; por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad de los menores.
En este sentido, he presentado proyectos en los que se contempla que los padres se hagan cargo del menor de 14 años que comete un delito grave. Habrá que discutir al respecto; algunos me darán la razón y otros no, pero estoy convencido de que hay que debatir esta cuestión.
Por otro lado, quiero manifestar que estoy totalmente en desacuerdo con el diputado que me precedió en el uso de la palabra cuando se refirió al aborto. Yo tengo a Dios como líder. Mi único líder es Dios. Él da la vida. Ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a un niño. Curiosamente, no hay quien defienda a un niño por nacer cuando alguien toma la decisión de matarlo. Es mi compromiso, he jurado por Dios y los Santos Evangelios y voy a continuar en mi camino y en mi lucha. No hay ley que pueda cambiar los 300.000 o 400.000 abortos por año que se hacen en la Argentina, porque estamos hablando de niños que mueren antes de ver la luz y de conocer la patria. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR.(NEGRI)
Señor presidente: adelanto que haré uso de la palabra durante pocos minutos. Aquí se ha dicho prácticamente todo; sin embargo, pretendo precisar el alcance de algunos puntos centrales de este proyecto que hoy va a tener, aunque en forma tardía, sanción definitiva.
Esta aprobación se da gracias al consenso que hemos logrado en la Cámara de Diputados y a la aceptación de las modificaciones que vinieron del Senado, que fundamentalmente se refieren a la definición de “víctima” y a la creación de la figura del defensor público de la víctima, entre las más importantes.
Quiero expresar que estamos satisfechos con este proyecto, pero también tenemos clara conciencia de que hoy no resolvemos las causas del delito, que son mucho más profundas y que abarcan a la legislación que es consecuencia del tratamiento que el Estado da a los ilícitos, agravándolos.
Deseo ser preciso en este punto. No estamos sancionando nuevas penas ni discutiendo agravamientos, disminuciones ni nuevos delitos. Sin embargo, esto no es menos importante que dar una respuesta sin demagogia. Sabemos que los familiares de las víctimas buscan justicia y verdad con celeridad.
Solo basta recordar que en 2015, año en el que se hizo una estadística completa, tuvimos un promedio por día de 7 homicidios, 10 violaciones, 12 muertes en accidentes viales y 27 robos agravados por lesiones o muerte. Desde 2008 que no contábamos con estadísticas acabadas. Tanto en Diputados como en el Senado se escucharon largas letanías y sanos reclamos de las víctimas de delitos y también de las organizaciones.
Con este proyecto venimos a reforzar el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y hacemos operativo el derecho de asistencia y patrocinio jurídico a la víctima de un delito. Al respecto cabe señalar que este derecho se encuentra protegido por normas vigentes, aunque de manera programática. Por eso se va a crear un órgano exclusivo que permitirá garantizar la tutela efectiva de los derechos de la víctima del delito.
También es importante señalar que esta iniciativa recoge los principios de rápida intervención y de no revictimización; plantea un enfoque diferencial del problema de acuerdo con cada caso particular; consagra la asistencia integral –incluida la jurídica- de la víctima, que además tendrá acceso al proceso técnico, y modifica el Código de Procedimiento Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
No quiero abundar en más detalles. Simplemente deseo dejar claramente establecido que amén de reconocer a las víctimas una serie de derechos como por ejemplo que se les reciba la denuncia en forma inmediata, que se les brinde un trato digno y que sufran la mínima molestia durante el procedimiento, éstas también tendrán derecho a intervenir como querellantes en el procedimiento penal y a requerir medidas de protección o seguridad para sus familiares. En este sentido, se incorpora la figura de la presunción de peligro en los casos en los que la víctima requiera medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares o la de los testigos que declaren en su interés. Incluso se va a presumir la existencia de peligro para la víctima cuando se trate de delitos contra la vida, contra la integridad sexual, de terrorismo, los cometidos por asociación ilícita u organización criminal, o por violencia de género contra la mujer y los de trata de personas.
También debo resaltar los derechos que se incorporan al Código Procesal Penal de la Nación, que van desde examinar los documentos y actuaciones a aportar información y prueba sobre la investigación, a ser escuchado ante cada decisión que implique –es importante subrayarlo la extinción o suspensión de la acción penal o la libertad del imputado durante el proceso. En estos casos las víctimas y sus familiares tendrán derecho a ser escuchados y notificados de aquellas decisiones que puedan requerir una revisión.
La propuesta modificada por el Honorable Senado establece que el cónyuge, conviviente, padres, hijos y hermanos podrán constituirse como querellantes particulares. La víctima tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión respecto de decisiones sobre las personas condenadas que impliquen salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o de semidetención, libertad asistida o régimen preparatorio para su liberación. Como dije, en todos estos casos las víctimas tendrán derecho a ser informadas y a expresar su opinión.
Todo esto constituye un avance significativo que de manera alguna implica la extinción del delito. Sin embargo, es peor combatirlo en absoluta soledad y sin que se reconozcan estos derechos a los familiares y a las víctimas del delito.
Por estas razones, ya no estamos en mora. Por el contrario, con este paso pequeño, que al mismo tiempo es gigantesco, estamos cumpliendo frente a la turbina de delitos que actualmente rodean a la sociedad. (Aplausos.)
Esta aprobación se da gracias al consenso que hemos logrado en la Cámara de Diputados y a la aceptación de las modificaciones que vinieron del Senado, que fundamentalmente se refieren a la definición de “víctima” y a la creación de la figura del defensor público de la víctima, entre las más importantes.
Quiero expresar que estamos satisfechos con este proyecto, pero también tenemos clara conciencia de que hoy no resolvemos las causas del delito, que son mucho más profundas y que abarcan a la legislación que es consecuencia del tratamiento que el Estado da a los ilícitos, agravándolos.
Deseo ser preciso en este punto. No estamos sancionando nuevas penas ni discutiendo agravamientos, disminuciones ni nuevos delitos. Sin embargo, esto no es menos importante que dar una respuesta sin demagogia. Sabemos que los familiares de las víctimas buscan justicia y verdad con celeridad.
Solo basta recordar que en 2015, año en el que se hizo una estadística completa, tuvimos un promedio por día de 7 homicidios, 10 violaciones, 12 muertes en accidentes viales y 27 robos agravados por lesiones o muerte. Desde 2008 que no contábamos con estadísticas acabadas. Tanto en Diputados como en el Senado se escucharon largas letanías y sanos reclamos de las víctimas de delitos y también de las organizaciones.
Con este proyecto venimos a reforzar el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y hacemos operativo el derecho de asistencia y patrocinio jurídico a la víctima de un delito. Al respecto cabe señalar que este derecho se encuentra protegido por normas vigentes, aunque de manera programática. Por eso se va a crear un órgano exclusivo que permitirá garantizar la tutela efectiva de los derechos de la víctima del delito.
También es importante señalar que esta iniciativa recoge los principios de rápida intervención y de no revictimización; plantea un enfoque diferencial del problema de acuerdo con cada caso particular; consagra la asistencia integral –incluida la jurídica- de la víctima, que además tendrá acceso al proceso técnico, y modifica el Código de Procedimiento Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
No quiero abundar en más detalles. Simplemente deseo dejar claramente establecido que amén de reconocer a las víctimas una serie de derechos como por ejemplo que se les reciba la denuncia en forma inmediata, que se les brinde un trato digno y que sufran la mínima molestia durante el procedimiento, éstas también tendrán derecho a intervenir como querellantes en el procedimiento penal y a requerir medidas de protección o seguridad para sus familiares. En este sentido, se incorpora la figura de la presunción de peligro en los casos en los que la víctima requiera medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares o la de los testigos que declaren en su interés. Incluso se va a presumir la existencia de peligro para la víctima cuando se trate de delitos contra la vida, contra la integridad sexual, de terrorismo, los cometidos por asociación ilícita u organización criminal, o por violencia de género contra la mujer y los de trata de personas.
También debo resaltar los derechos que se incorporan al Código Procesal Penal de la Nación, que van desde examinar los documentos y actuaciones a aportar información y prueba sobre la investigación, a ser escuchado ante cada decisión que implique –es importante subrayarlo la extinción o suspensión de la acción penal o la libertad del imputado durante el proceso. En estos casos las víctimas y sus familiares tendrán derecho a ser escuchados y notificados de aquellas decisiones que puedan requerir una revisión.
La propuesta modificada por el Honorable Senado establece que el cónyuge, conviviente, padres, hijos y hermanos podrán constituirse como querellantes particulares. La víctima tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión respecto de decisiones sobre las personas condenadas que impliquen salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o de semidetención, libertad asistida o régimen preparatorio para su liberación. Como dije, en todos estos casos las víctimas tendrán derecho a ser informadas y a expresar su opinión.
Todo esto constituye un avance significativo que de manera alguna implica la extinción del delito. Sin embargo, es peor combatirlo en absoluta soledad y sin que se reconozcan estos derechos a los familiares y a las víctimas del delito.
Por estas razones, ya no estamos en mora. Por el contrario, con este paso pequeño, que al mismo tiempo es gigantesco, estamos cumpliendo frente a la turbina de delitos que actualmente rodean a la sociedad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR.(LASPINA)
Señor presidente: solicito que se cierre el debate y se adopte como texto el producido por la Honorable Cámara constituida en comisión, por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que estamos considerando.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se va a votar la proposición formulada por el señor diputado por Santa Fe.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Queda aprobado como despacho de la Honorable Cámara constituida en comisión el texto del proyecto de ley remitido por el Senado, por el que se aceptan las modificaciones que le introdujera a la iniciativa en tratamiento.
Se levanta la conferencia.
Se levanta la conferencia.
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