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Período:134 Reunion:3 Fecha:6/04/2016 INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA, ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE LAS LEYES 26.552 Y 27.078

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora diputada Camaño y otros señores diputados (expediente 1275-d-2016), por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga instruir a la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078.

Aquí proyecto de declaración por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga instruir la comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, expediente número 1275-d-2016

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En razón de que el proyecto no cuenta con dictamen de comisión, se va a votar si la Cámara acepta su tratamiento sobre tablas. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

- Resulta afirmativa.

SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES): Pido la palabra.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES): Señor presidente: solicité que la votación fuera nominal.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Señor diputado Recalde: no la habían solicitado antes.

SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES): Pedí la palabra y no me la dieron; aparte, me contestó que no era necesario. No importa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el proyecto de declaración.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

SR. GRANDINETTI, ALEJANDRO ARIEL (SANTA FE): Señor presidente: creo que quedó en claro que no nos sirve trabajar con miedo, como ocurrió en la anterior sesión donde se decía que había que elegir entre patria o buitres. Aquí también se generó miedo diciendo que se caía una ley; pero como dijo muy bien el señor diputado Raffo, sobre un total de ciento sesenta y seis artículos, estamos modificando veintitrés.
Lo primero que tenemos que aclarar es de qué se trata este DNU. Lo que aquí estábamos diciendo es si se votaba por la afirmativa o la negativa, y ya se votó. Lo que tenemos que ver a partir de ahora es cómo conformamos la nueva ley.
Me quiero abocar al tema de la comisión redactora, que tiene la misión de elaborar un proyecto para mejorar la ley de medios. La primera pregunta que tenemos que responder es para qué sirve la ley de medios, para qué sirve el periodismo.
Lo que estamos discutiendo en este recinto es que el periodismo sirve para controlar al poder político de turno. Esto no ocurre recién ahora sino que nace con la Revolución de 1810, con Mariano Moreno. En ese entonces, el ideólogo de la revolución fue también periodista.
Al respecto puedo hablar con autoridad porque durante veintiocho años fui periodista y ahora estoy en esta Cámara. A todos aquellos que están sensibilizados con la ley de medios les pido que no generen temor a los colegas, por ejemplo de las radios comunitarias –que también me desempeñé en una-, porque ya lo tienen por aquellos compañeros que han sido despedidos en los últimos tiempos.
La ley de medios también permitió que algunos dueños simplemente hicieran negocios y se olvidaran efectivamente de cuál era el rol del periodismo.
Quiero citar a Verbitsky, que está bastante lejos de algunas otras apreciaciones políticas que tiene. Verbitsky define al periodismo diciendo que para la neutralidad están los suizos, para la justicia están los jueces y para divulgar los hechos de gobierno están las oficinas que institucionalmente se dan al Poder Ejecutivo o a aquel que detenta el poder en determinado momento. Para el resto está el periodismo.
Entonces, lo que estamos discutiendo acá –y es muy importante que la comisión a crearse tenga en cuentason los intereses de los medios del interior, aquellos que tienen temor a los oligopolios del poder. Queremos que en ciento ochenta días se entregue a esta Cámara de Diputados un dictamen de esa comisión de notables –en la cual nos hubiera gustado proponer algunos nombrespara que rápidamente discutamos una norma. Digo esto porque un decreto de necesidad y urgencia, aunque perfeccionado por el trámite que acabamos de realizar, no tiene la misma fuerza o legitimidad –si se me permite la licenciaque una ley que convoque a todo el pueblo argentino.
En definitiva, señor presidente, estamos discutiendo nada más ni nada menos que los pilares de la representación de la democracia en esta modernidad. Es cierto que han cambiado las tecnologías y que marchamos hacia la convergencia tanto de las compañías telefónicas como de los medios de comunicación, y por ende, necesitamos una nueva ley. Por eso acompañamos esta propuesta. Pero no debe ser cualquier ley. Necesitamos una ley que discutamos todos rápidamente en este recinto, que no ocurra como con el impuesto a las ganancias, que pateamos para adelante postergando una necesidad básica.
Reitero: no es cualquier ley. Me apoyo en lo que manifestó el señor diputado preopinante, que expresó que la Constitución Nacional también menciona la libertad de expresión como el elemento fundamental que debe mantener la República. Los vehículos para mantener la libertad de expresión son los medios de comunicación, que si bien ahora tienen una convergencia tecnológica, más allá del tránsito de ideas y del divertimento, no dejan de ser la herramienta fundamental para hacer política democrática, para que podamos opinar y vivir respetando no solamente la voluntad de la mayoría sino también la voz de las minorías. Para eso sirven los medios de comunicación democráticos; para eso sirve esa comisión redactora, que pido encarecidamente nos permita representar a todos y que no solamente discutamos en este recinto quienes tenemos representación parlamentaria sino que convoquemos a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a las minorías étnicas y a todos aquellos que habitualmente no tienen voz.
A treinta y tres años de la recuperación de la democracia no podemos quedarnos solamente con un decreto de necesidad y urgencia que modifique una ley. Los periodistas estuvimos esperando mucho que se cambie ese decreto de necesidad y urgencia de la dictadura. Esto se hizo mediante una ley, a mi juicio, imperfecta. Pero necesitamos que esto se vuelva a discutir todo lo que sea necesario para mejorar la calidad institucional de nuestro país.
Sé que me quedan todavía cuatro minutos del tiempo que disponía para hacer uso de la palabra y que estamos todos cansados, así que los dejo a disposición de la Presidencia a fin de favorecer el debate. (Aplausos en las bancas.)

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

SR.(D’AGOSTINO) Señor presidente: este proyecto de declaración ha llegado en un buen momento para ser tratado por la Honorable Cámara.
Respecto de los decretos de necesidad y urgencia, el inciso 3) del artículo 99 de la Constitución Nacional establece claramente la cuestión de la validez o invalidez cuando ingresan al control de la Comisión Bicameral. Además, la ley que reglamenta dicho artículo reitera el mismo esquema para el momento en el que los decretos son analizados por el Parlamento. Justamente, hace unos instantes acabamos de aprobar la validez de uno de ellos.
Asimismo, para que todos lo tengamos en claro, debo señalar que el decreto de necesidad y urgencia es un instrumento provisorio que tiene el Poder Ejecutivo. Tan así es que estamos esperando el ingreso de un proyecto de ley, que seguramente no será incompatible con ninguna de las iniciativas que presenten los diferentes bloques incluido el nuestro, con el objetivo de darle fuerza a este proyecto de declaración.
Hay una gran diferencia en el análisis de los aspectos comunicacionales. La comunicación no es una industria; la comunicación es un bien social y el Estado tiene que promover y proclamar que ese bien social sea distribuido equitativamente, a efectos de que lo reciban la totalidad de los habitantes de la Nación.
Eso no se consiguió con la ley de la dictadura 22.285, ya que ni siquiera contempló a las cooperativas y mutuales. Es más, tuvimos que recurrir a la Corte para conseguir la modificación del artículo 45 de esa norma. Posteriormente, sí fueron contempladas en la ley de medios sancionada el 9 de octubre de 2009, pero en la práctica una desacertada administración de la AFSCA mantuvo un plan técnico de 1991 para distribuir licencias y frecuencias. Así, algunos privilegiados obtuvieron rápidamente el permiso de venta de sus licencias prohibido por la ley, mientras que más de seis mil radios de frecuencia modulada de baja potencia no pudieron conseguir la viabilidad. Esas radios fueron acusadas de truchas, a pesar de sus directores, sonidistas, microfonistas, locutores y productores, que prácticamente formaban una familia.
Además, los canales de aire de baja potencia fueron mezclados con el resto de los canales de aire, como si fueran lo mismo, aunque la ley sancionada en 2009 fijaba límites a la cantidad de licencias.
Por otra parte, les recuerdo que el proyecto original de ley de medios también contemplaba la situación de las telefónicas, aunque gracias al consenso al que se arribó en aquel momento, ellas terminaron siendo excluidas del texto de la norma.
Pedimos que este proyecto de declaración sea sancionado hoy por unanimidad, porque eso nos permitirá poner un freno a los mecanismos de concentración de las comunicaciones. Además, podremos establecer pautas diferenciadoras, fundamentalmente para que las telefónicas, que en el decreto de necesidad de urgencia disponen de dos años más un año de prórroga para poder convertirse en cableoperadores, tengan una extensión de la licencia de cinco a diez años. No estamos en contra de la convergencia ni de la competencia.
Queremos que los cableoperadores y los dueños de las pequeñas radios ingresen a las nuevas tecnologías, pero entendemos que el Estado debe contener y comprender esa base fundamental de la distribución de la idea regional de la comunicación local, para que esas radios y canales de cable puedan mantener viva la comunicación, en la que se asienta ese derecho exclusivo, excluyente y protegido de la República Argentina que se llama libertad de expresión. (Aplausos en las bancas.)

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. CARLOTTO, REMO GERARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: en las últimas intervenciones de este debate sobre el decreto del Poder Ejecutivo empezaron a darse algunas señales que consideramos centrales respecto de lo que significa esta modificación. A mi juicio, es un tratamiento quirúrgico que se hizo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para dar garantías a determinado grupo; por eso digo que este es el “decreto Clarín”, porque viene a garantizar aquel que fue el espíritu de la discusión que se dio a lo largo y ancho del país cuando se debatió la mencionada norma. Me refiero al criterio antimonopólico que encerraba, al criterio de romper con los esquemas dominantes en la comunicación de nuestro país.
El decreto que se acaba de validar está dirigido a concretar un negocio que, en realidad, ya se concretó, porque el Grupo Clarín, que bancó la campaña electoral del presidente Macri, ya fue retribuido por eso; pero vendrá por nuevas demandas, como lo hizo en la búsqueda de condicionamientos del sistema democrático en la Argentina.
No está mal que en nuestro país hablemos de que existen disputas y de que estas deben ser planteadas con claridad. Por supuesto que creemos en el consenso y en el debate, pero extraño el momento en que tratamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con estas gradas ocupadas por representantes de distintas organizaciones, de las universidades, de las radios comunitarias, de medios de comunicación independientes y de sectores vinculados con pequeñas cableras del interior. En aquella ocasión también estuvieron presentes artistas y productores.
Ahora, porque consideran que la administración llevada adelante por el titular de la AFSCA pudo ser equivocada, buscan desarticular aquella norma en un punto específico: el criterio de desmonopolización que contenía la ley.
Creo que hay un interés económico. Como este es un gobierno de las corporaciones y de las empresas, el razonamiento es empresarial. Estamos hablando de la comunicación no como un derecho sino como un negocio. Se hace referencia a los mercados en lugar de pensar en los derechos de los ciudadanos y tampoco se mencionan ciertos artículos de la Constitución Nacional; por ejemplo, el artículo 75, inciso 22, que contempla diversos pactos sobre derechos humanos consagrados por la Argentina.
También llama nuestra atención el momento en que se produce esta discusión, ya que el viernes habrá una audiencia, con muchos de los que participaron en la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre la gravedad que significa este cercenamiento –este tratamiento quirúrgico, como dije antesque se le ha provocado.
Para el presidente Macri, tener una empresa offshore no es un problema. Es parte de su matriz; evadir impuestos es parte de su naturaleza, como en el caso de muchos empresarios. Lo dice o lo plantea de esa forma, y de la misma manera se ha actuado en beneficio de determinados grupos económicos, como lo reflejan las medidas tomadas en este decreto específicamente y en otros.
Por lo expuesto, nuestro bloque no acompañará este proyecto de resolución.
No quiero terminar mi discurso sin decir lo siguiente. Por un lado, para mí, hoy ha sido una jornada muy triste por el modo en se ha manejado la Presidencia de esta Cámara en el tratamiento de los distintos temas. Pero también me produce mucha tristeza que en esta sesión no hayamos hecho un reconocimiento a quienes participaron en la guerra de Malvinas, en 1982. Yo pertenezco a esa generación, por lo que he tenido queridos amigos que han sido partícipes en el conflicto bélico del Atlántico Sur.
Por eso, no puedo terminar mi participación en esta sesión sin recordar a cada uno de aquellos compañeros que dieron su vida luchando por parte de nuestro territorio irredento. (Aplausos en las bancas.)
Por último, señor presidente, quiero mencionar con orgullo y alegría que hace pocos días las Naciones Unidas han ampliado el territorio nacional a partir de una política profundamente impulsada por nuestra Cancillería durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Es allí donde nosotros tenemos que encontrar esos consensos que buscamos; no dilapidar las políticas públicas y ser funcionales a la retracción del Estado sino ser activos partícipes para que los derechos de nuestro pueblo no sean conculcados. (Aplausos en las bancas.)