Discursos

Período:134 Reunion:25 Fecha:15/02/2017 CUESTION DE PRIVILEGIO

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. SOLA, FELIPE CARLOS (BUENOS AIRES): Señor presidente: debería decir que estamos sorprendidos y anonadados por lo ocurrido con el convenio del Correo Argentino y el Estado nacional, pero no estamos ni sorprendidos ni anonadados porque vemos una actitud absolutamente laxa desde el punto de vista ético por parte del Poder Ejecutivo nacional en cabeza del presidente –sabemos que el Poder Ejecutivo es unipersonal- y de todos los que toman medidas, con su anuencia o sin ella, haciéndolo responsable de lo que ocurre.
Entonces, como decía, no estamos anonadados ni sorprendidos; estamos dolidos de cómo se puede llegar a celebrar un acuerdo que refiere directamente a una empresa que en algún momento ha sido de la familia Macri e, inclusive, del actual presidente, Mauricio Macri. Se trata de una empresa que él ha cedido a sus hijos, razón por la cual estos últimos son, en este momento, sus propietarios. En el año 2000 esta empresa dejó de pagar al Estado nacional los cánones correspondientes. Adoptó esta decisión como una medida económica, empresaria o lo que fuera, pero con la gravedad que ello implicaba. Esto se hizo mientras Mauricio Macri era director de la empresa.
A raíz de esto vinieron los problemas posteriores, es decir, la empresa se presentó en concurso. Lo que se pretendía era hacer todo lo más rápidamente posible mediante un concurso para que no se le decretara la quiebra, ya que en caso contrario los directores de las demás empresas, que conformaban un grupo muy grande, hubieran tenido que responder solidariamente. Me estoy refiriendo al grupo Macri y a los directores de las empresas SOCMA, SIDECO y otras.
Entonces, se trató de que ese concurso fuera resuelto velozmente. Cabe aclarar que en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner nacionalizó el Correo y le retiró a esa empresa la concesión que tenía. Por supuesto que el Correo andaba muy mal, ya que no pagaba los cánones y demás.
Mueve a risa que algo tan obvio como esto pueda ignorarse. Es como si fuera una burla. No percatarse de esto, como decía un paisano, es no darse cuenta de que un par de perros le pasan peleando a uno entre las gambas; en otras palabras, es estar muy distraído.
Yo no creo en la distracción, sino en la negligencia, en el “nadie se va a dar cuenta, déjalo pasar”. Me parece que en el presidente de la Nación hay una especie de actitud en cuanto a decir “el sentido común es mi sentido común”. En realidad, se trata del sentido común de una persona que ha sido educada en un grupo muy pequeño y rico. Entonces, ¿qué corno tiene que ver con el sentido común, que es lo que siente la mayoría? Es decir que se asigna a esa expresión una especie de lógica que tendrían los bien educados. Entonces, estos últimos creen que pueden hacer cosas que los supuestamente mal educados no pueden hacer, por ejemplo, beneficiar a la familia.
En este caso, quiero decir dos cosas. En primer término, en 2014 la fiscal general de la Cámara en lo Comercial rechazó una homologación diciendo que a pesar de que el artículo 19 de la Ley de Quiebras no permitía la indexación, ella veía una falta de conformidad del Estado nacional, porque el consentimiento había sido prestado por un funcionario incompetente. Esto se refería a la situación concreta de ese momento.
La fiscal también sostuvo la existencia de una irregular modificación en la estrategia defensiva de los intereses de Estado.
Asimismo, consideró que hubo una prescindencia de la apoyatura técnica y de los términos literales de la propuesta, un soslayo de los daños que se provocaban y un ocultamiento de la magnitud de la quita que ello implicaba.
Finalmente, hubo mala fe debido a que la empresa Correo Argentino oculta un activo en potencia, pero activo al fin, dentro de todos sus bienes con los que debe responder a sus acreedores quirografarios. Ese activo está determinado por la suma que podrían arrojar los tres juicios por daños y perjuicios iniciados al Estado nacional. Me refiero a esos juicios por los que solicitó una actualización a una tasa del 11 por ciento, mientras el Estado, con la firma del señor Mocoroa, sin una autorización concreta, pero sí verbalmente como lo admitió el ministro Aguad, quien debe elaborar una resolución-, le concedió, en cambio, la posibilidad de que le pagara a una tasa del 7 por ciento.
Esto es una vergüenza espantosa. No entiendo cómo los diputados, en especial, los que tienen más historia en este tipo de cosas y otorgan una gran importancia a la ética dentro de los valores políticos, tal como históricamente lo han hecho los miembros de la Unión Cívica Radical, todavía no pidieron la renuncia del ministro Aguad y una explicación concreta y satisfactoria, pero tal vez muy difícil de brindar, por parte del presidente Macri. (Aplausos en las bancas.)

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.