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Período:134 Reunion:19 Fecha:2/11/2016 CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda recaídos en el proyecto de ley en revisión por el cual se regulan los contratos de participación público-privada. (Orden del Día N° 815).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 815
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
Señor presidente: volvemos a tratar en este recinto el proyecto de ley sobre participación público-privada, que ya debatimos la semana pasada y que nuevamente fue discutido ayer en el seno de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Dicha iniciativa obtuvo dictamen de mayoría, que seguidamente informaré.
Como dijimos la semana pasada, la sanción de este proyecto contribuirá a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país. La Argentina no solamente necesita el aporte del Estado para resolver el hecho de que uno de cada tres argentinos no tiene agua potable o que el 33 por ciento no tiene cloacas. Además, es necesario reconstruir las rutas del país y también unos 10 mil kilómetros de vías. Sucede que muchas veces el aporte estatal no alcanza para todo eso. Por ese motivo, muchos países –incluida la Argentina- han recurrido a este instrumento de participación público-privada. Por ejemplo, el expresidente Néstor Kirchner lo hizo en el año 2005 cuando firmó el decreto 967, que estableció este régimen.
Como dijimos la semana pasada, la sanción de este proyecto contribuirá a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país. La Argentina no solamente necesita el aporte del Estado para resolver el hecho de que uno de cada tres argentinos no tiene agua potable o que el 33 por ciento no tiene cloacas. Además, es necesario reconstruir las rutas del país y también unos 10 mil kilómetros de vías. Sucede que muchas veces el aporte estatal no alcanza para todo eso. Por ese motivo, muchos países –incluida la Argentina- han recurrido a este instrumento de participación público-privada. Por ejemplo, el expresidente Néstor Kirchner lo hizo en el año 2005 cuando firmó el decreto 967, que estableció este régimen.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2º de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
En la región esto también se ha hecho. Brasil, Chile y Colombia...
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Disculpe, señor diputado. La Presidencia solicita a los señores legisladores que guarden silencio.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
Como decía, Brasil, Chile y Colombia han utilizado este régimen y han avanzado mucho en obras de infraestructura, como la construcción de hospitales y cárceles. Por lo tanto, era necesario avanzar con una norma como la que estamos tratando, que tuviera fuerza de ley.
El Honorable Senado de la Nación dio sanción a esta iniciativa con el apoyo de la mayoría de sus miembros, pero durante la discusión en esta Cámara hemos ido incorporando diversas modificaciones que han mejorado su texto. Sobre todo, la idea es cuidar el trabajo de los argentinos, a nuestras pequeñas y medianas empresas y al medio ambiente.
A continuación, mencionaré las modificaciones introducidas al proyecto para ilustrar a los colegas en este recinto.
En primer lugar, hemos puesto énfasis en el cuidado del medio ambiente. El proyecto en tratamiento...
El Honorable Senado de la Nación dio sanción a esta iniciativa con el apoyo de la mayoría de sus miembros, pero durante la discusión en esta Cámara hemos ido incorporando diversas modificaciones que han mejorado su texto. Sobre todo, la idea es cuidar el trabajo de los argentinos, a nuestras pequeñas y medianas empresas y al medio ambiente.
A continuación, mencionaré las modificaciones introducidas al proyecto para ilustrar a los colegas en este recinto.
En primer lugar, hemos puesto énfasis en el cuidado del medio ambiente. El proyecto en tratamiento...
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
La Presidencia solicita a los señores diputados que están conversando que lo hagan fuera del recinto para que podamos escuchar al orador.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
Como decía, hemos incorporado normas sobre cuidado del medio ambiente, sobre todo en el artículo 5º, cuya redacción original ponía en cabeza del Estado esa responsabilidad. Por supuesto, aquí hemos ampliado esa responsabilidad al contratista, es decir, al sector privado, y además hemos dado intervención al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para que analice cada uno de los proyectos vinculados con la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente.
Por otro lado, hemos incorporado normativas para dar prioridad a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas nacionales, tanto en el diseño del proyecto como en todo lo relativo a la adjudicación de los pliegos, lo cual constituye una gran incorporación.
Recordemos que en el proyecto sancionado por el Senado ni siquiera se hacía mención a la aplicación de la ley de compre nacional. En cambio, en el dictamen de mayoría, con las incorporaciones realizadas hemos ratificado la aplicación de la ley 25.551, de compre nacional, más allá de que por supuesto se consideraba aplicable a este régimen.
Además, a pedido de los diferentes bloques parlamentarios con quienes hemos trabajado –y aprovecho para agradecer todos los aportes que han hecho-, hemos incorporado la obligación de que la provisión de bienes y servicios tenga como mínimo un 33 por ciento de componentes nacionales.
De esta manera, este instrumento que votaremos no solamente generará más obra pública y mayor cantidad de emprendimientos -que de alguna forma van a derivar en más trabajo para los argentinos-, sino que además respecto de la provisión de bienes y servicios impulsará a la industria nacional y a la pequeña y mediana empresa.
También nos interesaba avanzar en los controles, y por eso se agregaron más, no solo por parte del Estado con la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación, sino además por vía parlamentaria, al crear una comisión bicameral de seguimiento. Dicha comisión tendrá facultades para seguir cada uno de los procesos de PPP que vayan avanzando o perfeccionándose por parte del gobierno. Asimismo, se establece que el titular de la unidad de participación público-privada que estamos creando como órgano interviniente en este régimen tendrá la obligación de concurrir a esta comisión bicameral a informar al menos una vez por año sobre todo lo atinente al desempeño de este régimen.
Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Por otro lado, hemos incorporado normativas para dar prioridad a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas nacionales, tanto en el diseño del proyecto como en todo lo relativo a la adjudicación de los pliegos, lo cual constituye una gran incorporación.
Recordemos que en el proyecto sancionado por el Senado ni siquiera se hacía mención a la aplicación de la ley de compre nacional. En cambio, en el dictamen de mayoría, con las incorporaciones realizadas hemos ratificado la aplicación de la ley 25.551, de compre nacional, más allá de que por supuesto se consideraba aplicable a este régimen.
Además, a pedido de los diferentes bloques parlamentarios con quienes hemos trabajado –y aprovecho para agradecer todos los aportes que han hecho-, hemos incorporado la obligación de que la provisión de bienes y servicios tenga como mínimo un 33 por ciento de componentes nacionales.
De esta manera, este instrumento que votaremos no solamente generará más obra pública y mayor cantidad de emprendimientos -que de alguna forma van a derivar en más trabajo para los argentinos-, sino que además respecto de la provisión de bienes y servicios impulsará a la industria nacional y a la pequeña y mediana empresa.
También nos interesaba avanzar en los controles, y por eso se agregaron más, no solo por parte del Estado con la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación, sino además por vía parlamentaria, al crear una comisión bicameral de seguimiento. Dicha comisión tendrá facultades para seguir cada uno de los procesos de PPP que vayan avanzando o perfeccionándose por parte del gobierno. Asimismo, se establece que el titular de la unidad de participación público-privada que estamos creando como órgano interviniente en este régimen tendrá la obligación de concurrir a esta comisión bicameral a informar al menos una vez por año sobre todo lo atinente al desempeño de este régimen.
Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
Por otro lado, está claro que se trata de un instrumento más que estamos agregando ya que el Estado puede actuar en virtud de lo establecido por la ley nacional de Obras Públicas. Sin embargo, creemos que solo con ese régimen no alcanzará para resolver todos los problemas de infraestructura que tiene la Argentina.
Si me permiten, me gustaría leer los requerimientos que hemos relevado respecto de lo que hoy necesita nuestro país para obras de infraestructura. Por ejemplo, se necesitan inversiones de 26.000 millones de dólares para las rutas nacionales, 11.400 kilómetros de autopistas y 13.000 kilómetros de rutas seguras, así como también, 20.000 millones de dólares para obras de agua y saneamiento. Recordemos que, como señalé, en nuestro país tenemos un 30 por ciento de la población que todavía no tiene agua potable.
Además, se necesitan 15.000 millones de dólares para ferrocarriles, y hay que recuperar 10.000 kilómetros de vías por las cuales hoy es muy difícil la circulación de nuestros trenes. Necesitamos inversiones de 5.000 millones de dólares en puertos y aeropuertos para su dragado y señalización. También se necesitan 10.000 millones de dólares para inversiones en riego e inversiones por 3.500 millones de dólares para turismo. No alcanza solo el aporte del Estado para todas estas obras.
Por supuesto, en el proyecto de ley de presupuesto que hoy se sancionará se prevé un incremento de un 32 por ciento para inversiones en infraestructura, pero si no contamos con el aporte del sector privado, va a ser muy difícil cumplir con nuestros objetivos. Cabe señalar que todas estas inversiones en obras de infraestructura no solamente mejorarán la calidad de vida de la gente, sino que también permitirán reactivar nuestra economía y mejorar la producción tan necesaria para generar empleo genuino en un país donde tenemos un 30 por ciento de empleo en negro o no registrado.
Para no extenderme, solo quiero agregar que las modificaciones que hemos introducido sobre todo se deben al aporte de los diversos bloques. Siempre digo que cuando las normas se nutren de las diferentes visiones resultan mejores leyes. Creo que este Congreso ha ratificado este precepto; cada una de las leyes que hemos sancionado en esta Honorable Cámara han sido aprobadas mejor que cuando ingresaron. Esto se debe a la posibilidad de diálogo existente, a la búsqueda de consensos y a la recepción de las diferentes visiones de los distintos bloques parlamentarios.
El proyecto de participación público-privada no es la excepción. Hemos mejorado mucho esta iniciativa, que no solamente generará inversión, pues es un instrumento más para mejorar la infraestructura de la Argentina y fortalecer la pequeña y mediana empresa y la industria nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Si me permiten, me gustaría leer los requerimientos que hemos relevado respecto de lo que hoy necesita nuestro país para obras de infraestructura. Por ejemplo, se necesitan inversiones de 26.000 millones de dólares para las rutas nacionales, 11.400 kilómetros de autopistas y 13.000 kilómetros de rutas seguras, así como también, 20.000 millones de dólares para obras de agua y saneamiento. Recordemos que, como señalé, en nuestro país tenemos un 30 por ciento de la población que todavía no tiene agua potable.
Además, se necesitan 15.000 millones de dólares para ferrocarriles, y hay que recuperar 10.000 kilómetros de vías por las cuales hoy es muy difícil la circulación de nuestros trenes. Necesitamos inversiones de 5.000 millones de dólares en puertos y aeropuertos para su dragado y señalización. También se necesitan 10.000 millones de dólares para inversiones en riego e inversiones por 3.500 millones de dólares para turismo. No alcanza solo el aporte del Estado para todas estas obras.
Por supuesto, en el proyecto de ley de presupuesto que hoy se sancionará se prevé un incremento de un 32 por ciento para inversiones en infraestructura, pero si no contamos con el aporte del sector privado, va a ser muy difícil cumplir con nuestros objetivos. Cabe señalar que todas estas inversiones en obras de infraestructura no solamente mejorarán la calidad de vida de la gente, sino que también permitirán reactivar nuestra economía y mejorar la producción tan necesaria para generar empleo genuino en un país donde tenemos un 30 por ciento de empleo en negro o no registrado.
Para no extenderme, solo quiero agregar que las modificaciones que hemos introducido sobre todo se deben al aporte de los diversos bloques. Siempre digo que cuando las normas se nutren de las diferentes visiones resultan mejores leyes. Creo que este Congreso ha ratificado este precepto; cada una de las leyes que hemos sancionado en esta Honorable Cámara han sido aprobadas mejor que cuando ingresaron. Esto se debe a la posibilidad de diálogo existente, a la búsqueda de consensos y a la recepción de las diferentes visiones de los distintos bloques parlamentarios.
El proyecto de participación público-privada no es la excepción. Hemos mejorado mucho esta iniciativa, que no solamente generará inversión, pues es un instrumento más para mejorar la infraestructura de la Argentina y fortalecer la pequeña y mediana empresa y la industria nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. KICILLOF, AXEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar, como bloque no queremos repetir lo que ya se ha dicho respecto de este proyecto de ley en el fallido intento del oficialismo por sancionarlo rápidamente junto con este paquete de leyes –me permito decirlo neoliberales con las cuales quiere cerrar el año. Sin embargo, me parece que hace falta insistir en algunos aspectos.
Por algunos debates que hemos tenido en las comisiones y en el propio recinto antes de que se desmoronara el intento fallido de aprobar esta iniciativa con rapidez y solapadamente en la sesión pasada, entiendo que la opinión pública no ha caído en la cuenta de cuál es la significación de este proyecto. Es más, cuando lo debatimos la última vez en la reunión conjunta de comisión, las opiniones oscilaban entre que esto era absolutamente intrascendente –lo decía algún diputado del oficialismo vanagloriándose de que esta iniciativa era buena porque en principio era una copia o algo parecido al decreto de Néstor Kirchner del año 2005, lo que quería decir que era bueno aunque paradójicamente era una parte de la herencia que les parecía excelente y que era bueno porque no lo iba a usar nadie o porque no cambiaba el carácter de la realización y la contratación de la obra pública en el país. Es decir, lo bueno es que se iba a usar muy poco.
Mientras tanto, otros diputados, como lo ha hecho el señor diputado Lipovetzky recién, planteaban que esto era como una especie de revolución para conseguir miles de miles de millones de dólares para la obra pública. Oscilábamos entre votarlo porque no servía para nada y era un detalle o votarlo porque significaría un verdadero cambio en el monto, la cantidad y el volumen de obra pública que se iba a hacer en la Argentina.
Para que quede claro a los señores diputados que pueden estar un poco mareados por estos dos puntos de vista contradictorios del propio oficialismo, me permito decir que esto es, efectivamente, un cambio cualitativo que quiere introducir el gobierno de Macri en la forma en que se contrata, se realiza y se apropia la obra pública en nuestro país. O sea, es de interés e importancia supina y sustancial para el proyecto neoliberal que está tratando de aplicar el gobierno actual. Y lo está haciendo de manera solapada, oculta. En efecto, no lo ha informado en su campaña, sino que las cosas van apareciendo de esta manera, entre gallos y medianoche, mezcladas con otras leyes, pensando: vamos que sale todo junto. Así pretenden llevar a esta Cámara a tomar decisiones respecto de un proyecto tan importante como el de asociación público privada que todavía estamos tratando de dilucidar de qué se trata. Esto es lo más grave, porque no se ha comunicado a la sociedad de qué se trata.
Tal como estaba redactada la iniciativa del Poder Ejecutivo, era uno de esos famosos ejemplos de ensayo y error o de “aprendamos mientras hacemos”, que tiene el equipo que se vanagloria de ser el mejor de los últimos cincuenta años, pero cada vez que remite un proyecto presenta un error que después hay que subsanar. El Poder Ejecutivo debería presentar proyectos con un trabajo previo o una investigación, pero no es así: nos dicen que son de ensayo y error. Y en rigor, esto también es mentira, porque no son de ensayo y error; uno tras otro los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo expresan su propia voluntad, que por ejemplo era aprobar un tarifazo del 1.600 por ciento, y si no se aprobó, fue porque hubo resistencia.
Cuando analizamos el proyecto de ley de asociación público privada remitido por el Ejecutivo, como decíamos el otro día, vemos que el inconsciente del presidente de la Nación presentó una iniciativa a través de la cual se entregaba total y absolutamente la contratación, ejecución y apropiación de las obras públicas y de los servicios públicos en la Argentina. Esta es la voluntad del Poder Ejecutivo; si después se modificó, fue porque alguien le puso una traba, un límite o un poco de sensatez.
No puede ser que un gobierno que en su campaña hablaba de la revolución de la alegría y de mejorar las cosas que andaban mal, nos venga a decir que así lo vamos a lograr. Incluso, aseguraban que así íbamos a terminar con la falta de transparencia, la corrupción, los problemas de la obra pública, y que se iba a generar muchísima obra. Es mentira; donde se aplicó este tipo de contratación pasó todo lo contrario. No quieren tener un solo caso de corrupción en la obra pública, pero con este proyecto van a tener diez, veinte casos. Para que lo entienda todo el mundo, con esta iniciativa se está tercerizando o privatizando el proceso de decisión y contratación de la obra pública en el país.
Hablando con abogados –muchos de aquí lo son advertimos que este proyecto está diseñado para eludir el derecho administrativo argentino. Dicen que la forma de contratación de la obra pública anda mal y que muchas de estas leyes no son de este gobierno, sino que vienen de los 60 o de mucho antes. Bueno, corríjanlas, pero no inventen un tubo, una autopista, al lado de los métodos normales de contratación de la obra pública, para que esta se convierta en un cocoliche o en cualquier cosa guiada por el interés privado. Esto es lo que se pretende con esta iniciativa, y no exagero.
Podemos señalar punto por punto. La atribución que tiene el Estado de decidir, contratar, realizar, interceder, auditar, controlar y, sobre todo, socializar los resultados de la obra pública queda hoy en manos de privados. El proyecto de ley en tratamiento pretende esto porque desnacionaliza y desestatiza. ¿Qué quiere decir esto? Muchos señores diputados no han caído en la cuenta de que tal como está planteado en el texto casi cualquier obra o servicio que hiciera el Estado, e incluso aquellas que no realizara, ahora aparecerá como iniciativa privada conllevando condiciones especiales. De esta manera se acaban los regímenes; cada contrato será distinto porque le permitirá al Estado contratar la realización de una cloaca o un gasoducto, pero también prestar un servicio de telefonía, de cable o de cualquier cosa.
¿Cómo puede ocurrir eso? Un privado se acerca al sector público diciendo que quiere prestar un servicio determinado, propone un proyecto e inventa una asociación. Como el Estado no va a tener una participación sustancial en esta asociación público privada, se arma una sociedad anónima entre el Estado y el privado con el 0,01 por ciento en manos estatales y ninguna capacidad de voto. Dale que va: presentan un contrato, lo aprueban y después, cuando le vendan a cualquier precio esos servicios o el resultado de esas obras a los argentinos, lo único que podremos hacer es ver qué decía la letra chica del contrato. Tal como pasó en Perú y en otros lugares donde aplicaron este sistema, se sumarán miles de juicios de los contratistas extranjeros y en tribunales extranjeros, tal como lo admite este proyecto.
De esa manera tendremos que discutir en tribunales como el del juez Griesa cuánto cuestan los servicios de agua, de cloacas, de telefonía, de televisión o cualquier otro servicio esencial. Esto es lo que admite este proyecto de ley.
Considero que las modificaciones que se han hecho a este proyecto en la Cámara no son sustanciales. Es fácil demostrar que los problemas que señalamos en el proyecto en tratamiento han sido impedidos por medio de las modificaciones introducidas, que tienen buenas intenciones y que van en la buena dirección. En este caso ocurre lo mismo que sucedió con el pago a los fondos buitre, cuando introduciendo pequeñas modificaciones decían “está arreglado”, y se les pagó cualquier cosa. Aseguraban que se iba a producir una lluvia de dólares, pero citando al presidente de la Nación, “te la debo”; eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el país. Las provincias se están endeudando a cualquier tasa, a pesar de que hablaron de la existencia de tasas de interés favorables. Esa plata desapareció y no sabemos dónde está. Se pagó a los fondos buitre, los abogados y la propaganda contra el país.
Esta iniciativa no va a traer buenos resultados, abre la puerta y directamente entrega todos los requisitos que no otorga ningún país en su sano juicio para la contratación de la obra pública, que es un resorte y una palanca para el desarrollo nacional. Nada solucionaremos incluyendo en la norma la obligatoriedad de que un porcentaje de la obra tiene que ser argentino. Espero que las leyes laborales sigan siendo las argentinas y que la mano de obra también sea nacional. Si solo la mano de obra es argentina y todo lo demás es importado, habremos cumplido con el porcentaje requerido en el proyecto: 33 por ciento. Ese porcentaje se cubrirá con la mano de obra y todo lo demás será importado, y así potenciaremos más las importaciones.
La solución que nos trae el macrismo es endeudarnos más, entregar la obra pública a los privados y a los extranjeros, discutir las diferencias afuera y no con jueces argentinos. Si no quieren contratar, la solución no es entregar y privatizar la capacidad de obra del país a los privados y extranjeros sino otra: pensar en los intereses del país, en las pymes, en la mano de obra argentina, en nuestra capacidad productiva y en nuestro desarrollo nacional. Esta norma no piensa en eso. Quiero ver cómo la oposición en lugar de estar pidiendo pequeños cambios al proyecto, se opone a los resultados que tendrá esta iniciativa, como ocurrió con los fondos buitre. No alcanza con cambiar algunos puntos al texto.
Este proyecto no sirve, vende nuestra capacidad de obra, privatiza los servicios, mata a las pymes y el trabajo nacional.
El año que viene nos lamentaremos de esto, porque en el proyecto de presupuesto que vamos a considerar luego dice que un tercio de la obra se realizará por medio de este sistema. ¿Esto es sustancial o no? Nos van a seguir endeudando por el lado de las finanzas y por el de la participación público privada. Cortemos esto porque el país ya lo vivió; se llama privatización, neoliberalismo y endeudamiento. Nuestro bloque votará negativamente este proyecto de ley que va en contra del trabajo argentino y de sus intereses. (Aplausos en las bancas.)
Por algunos debates que hemos tenido en las comisiones y en el propio recinto antes de que se desmoronara el intento fallido de aprobar esta iniciativa con rapidez y solapadamente en la sesión pasada, entiendo que la opinión pública no ha caído en la cuenta de cuál es la significación de este proyecto. Es más, cuando lo debatimos la última vez en la reunión conjunta de comisión, las opiniones oscilaban entre que esto era absolutamente intrascendente –lo decía algún diputado del oficialismo vanagloriándose de que esta iniciativa era buena porque en principio era una copia o algo parecido al decreto de Néstor Kirchner del año 2005, lo que quería decir que era bueno aunque paradójicamente era una parte de la herencia que les parecía excelente y que era bueno porque no lo iba a usar nadie o porque no cambiaba el carácter de la realización y la contratación de la obra pública en el país. Es decir, lo bueno es que se iba a usar muy poco.
Mientras tanto, otros diputados, como lo ha hecho el señor diputado Lipovetzky recién, planteaban que esto era como una especie de revolución para conseguir miles de miles de millones de dólares para la obra pública. Oscilábamos entre votarlo porque no servía para nada y era un detalle o votarlo porque significaría un verdadero cambio en el monto, la cantidad y el volumen de obra pública que se iba a hacer en la Argentina.
Para que quede claro a los señores diputados que pueden estar un poco mareados por estos dos puntos de vista contradictorios del propio oficialismo, me permito decir que esto es, efectivamente, un cambio cualitativo que quiere introducir el gobierno de Macri en la forma en que se contrata, se realiza y se apropia la obra pública en nuestro país. O sea, es de interés e importancia supina y sustancial para el proyecto neoliberal que está tratando de aplicar el gobierno actual. Y lo está haciendo de manera solapada, oculta. En efecto, no lo ha informado en su campaña, sino que las cosas van apareciendo de esta manera, entre gallos y medianoche, mezcladas con otras leyes, pensando: vamos que sale todo junto. Así pretenden llevar a esta Cámara a tomar decisiones respecto de un proyecto tan importante como el de asociación público privada que todavía estamos tratando de dilucidar de qué se trata. Esto es lo más grave, porque no se ha comunicado a la sociedad de qué se trata.
Tal como estaba redactada la iniciativa del Poder Ejecutivo, era uno de esos famosos ejemplos de ensayo y error o de “aprendamos mientras hacemos”, que tiene el equipo que se vanagloria de ser el mejor de los últimos cincuenta años, pero cada vez que remite un proyecto presenta un error que después hay que subsanar. El Poder Ejecutivo debería presentar proyectos con un trabajo previo o una investigación, pero no es así: nos dicen que son de ensayo y error. Y en rigor, esto también es mentira, porque no son de ensayo y error; uno tras otro los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo expresan su propia voluntad, que por ejemplo era aprobar un tarifazo del 1.600 por ciento, y si no se aprobó, fue porque hubo resistencia.
Cuando analizamos el proyecto de ley de asociación público privada remitido por el Ejecutivo, como decíamos el otro día, vemos que el inconsciente del presidente de la Nación presentó una iniciativa a través de la cual se entregaba total y absolutamente la contratación, ejecución y apropiación de las obras públicas y de los servicios públicos en la Argentina. Esta es la voluntad del Poder Ejecutivo; si después se modificó, fue porque alguien le puso una traba, un límite o un poco de sensatez.
No puede ser que un gobierno que en su campaña hablaba de la revolución de la alegría y de mejorar las cosas que andaban mal, nos venga a decir que así lo vamos a lograr. Incluso, aseguraban que así íbamos a terminar con la falta de transparencia, la corrupción, los problemas de la obra pública, y que se iba a generar muchísima obra. Es mentira; donde se aplicó este tipo de contratación pasó todo lo contrario. No quieren tener un solo caso de corrupción en la obra pública, pero con este proyecto van a tener diez, veinte casos. Para que lo entienda todo el mundo, con esta iniciativa se está tercerizando o privatizando el proceso de decisión y contratación de la obra pública en el país.
Hablando con abogados –muchos de aquí lo son advertimos que este proyecto está diseñado para eludir el derecho administrativo argentino. Dicen que la forma de contratación de la obra pública anda mal y que muchas de estas leyes no son de este gobierno, sino que vienen de los 60 o de mucho antes. Bueno, corríjanlas, pero no inventen un tubo, una autopista, al lado de los métodos normales de contratación de la obra pública, para que esta se convierta en un cocoliche o en cualquier cosa guiada por el interés privado. Esto es lo que se pretende con esta iniciativa, y no exagero.
Podemos señalar punto por punto. La atribución que tiene el Estado de decidir, contratar, realizar, interceder, auditar, controlar y, sobre todo, socializar los resultados de la obra pública queda hoy en manos de privados. El proyecto de ley en tratamiento pretende esto porque desnacionaliza y desestatiza. ¿Qué quiere decir esto? Muchos señores diputados no han caído en la cuenta de que tal como está planteado en el texto casi cualquier obra o servicio que hiciera el Estado, e incluso aquellas que no realizara, ahora aparecerá como iniciativa privada conllevando condiciones especiales. De esta manera se acaban los regímenes; cada contrato será distinto porque le permitirá al Estado contratar la realización de una cloaca o un gasoducto, pero también prestar un servicio de telefonía, de cable o de cualquier cosa.
¿Cómo puede ocurrir eso? Un privado se acerca al sector público diciendo que quiere prestar un servicio determinado, propone un proyecto e inventa una asociación. Como el Estado no va a tener una participación sustancial en esta asociación público privada, se arma una sociedad anónima entre el Estado y el privado con el 0,01 por ciento en manos estatales y ninguna capacidad de voto. Dale que va: presentan un contrato, lo aprueban y después, cuando le vendan a cualquier precio esos servicios o el resultado de esas obras a los argentinos, lo único que podremos hacer es ver qué decía la letra chica del contrato. Tal como pasó en Perú y en otros lugares donde aplicaron este sistema, se sumarán miles de juicios de los contratistas extranjeros y en tribunales extranjeros, tal como lo admite este proyecto.
De esa manera tendremos que discutir en tribunales como el del juez Griesa cuánto cuestan los servicios de agua, de cloacas, de telefonía, de televisión o cualquier otro servicio esencial. Esto es lo que admite este proyecto de ley.
Considero que las modificaciones que se han hecho a este proyecto en la Cámara no son sustanciales. Es fácil demostrar que los problemas que señalamos en el proyecto en tratamiento han sido impedidos por medio de las modificaciones introducidas, que tienen buenas intenciones y que van en la buena dirección. En este caso ocurre lo mismo que sucedió con el pago a los fondos buitre, cuando introduciendo pequeñas modificaciones decían “está arreglado”, y se les pagó cualquier cosa. Aseguraban que se iba a producir una lluvia de dólares, pero citando al presidente de la Nación, “te la debo”; eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el país. Las provincias se están endeudando a cualquier tasa, a pesar de que hablaron de la existencia de tasas de interés favorables. Esa plata desapareció y no sabemos dónde está. Se pagó a los fondos buitre, los abogados y la propaganda contra el país.
Esta iniciativa no va a traer buenos resultados, abre la puerta y directamente entrega todos los requisitos que no otorga ningún país en su sano juicio para la contratación de la obra pública, que es un resorte y una palanca para el desarrollo nacional. Nada solucionaremos incluyendo en la norma la obligatoriedad de que un porcentaje de la obra tiene que ser argentino. Espero que las leyes laborales sigan siendo las argentinas y que la mano de obra también sea nacional. Si solo la mano de obra es argentina y todo lo demás es importado, habremos cumplido con el porcentaje requerido en el proyecto: 33 por ciento. Ese porcentaje se cubrirá con la mano de obra y todo lo demás será importado, y así potenciaremos más las importaciones.
La solución que nos trae el macrismo es endeudarnos más, entregar la obra pública a los privados y a los extranjeros, discutir las diferencias afuera y no con jueces argentinos. Si no quieren contratar, la solución no es entregar y privatizar la capacidad de obra del país a los privados y extranjeros sino otra: pensar en los intereses del país, en las pymes, en la mano de obra argentina, en nuestra capacidad productiva y en nuestro desarrollo nacional. Esta norma no piensa en eso. Quiero ver cómo la oposición en lugar de estar pidiendo pequeños cambios al proyecto, se opone a los resultados que tendrá esta iniciativa, como ocurrió con los fondos buitre. No alcanza con cambiar algunos puntos al texto.
Este proyecto no sirve, vende nuestra capacidad de obra, privatiza los servicios, mata a las pymes y el trabajo nacional.
El año que viene nos lamentaremos de esto, porque en el proyecto de presupuesto que vamos a considerar luego dice que un tercio de la obra se realizará por medio de este sistema. ¿Esto es sustancial o no? Nos van a seguir endeudando por el lado de las finanzas y por el de la participación público privada. Cortemos esto porque el país ya lo vivió; se llama privatización, neoliberalismo y endeudamiento. Nuestro bloque votará negativamente este proyecto de ley que va en contra del trabajo argentino y de sus intereses. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. LOPEZ, PABLO SEBASTIAN (SALTA):
Señor presidente: la semana pasada logramos que este proyecto de ley volviera a comisión, pero antes de expresarme sobre el punto, desde esta banca y en nombre del bloque del Frente de Izquierda que integramos con los diputados Soledad Sosa y Néstor Pitrola, quiero exigir la libertad inmediata de los once choferes de colectivos que están presos en Salta, rehenes del gobierno de Urtubey, de las empresas de transporte y del gobierno nacional por denunciar los despidos, el trabajo en negro y una serie de atropellos cometidos contra los trabajadores del transporte, en defensa de un enorme negocio que han hecho las empresas y el gobierno con los subsidios del Estado nacional y el de la provincia de Salta.
Con respecto al proyecto de participación público privada, ratificamos todo lo que hemos denunciado en la sesión de la semana pasada y presentamos un nuevo dictamen.
El dictamen firmado con el consenso de algunos bloques simplemente ha introducido un maquillaje porque no ha cambiado el carácter esencial del proyecto, que sirve para saltear la ley de obra pública, la de peajes y el decreto que regula las contrataciones del Estado.
Esta iniciativa, que surge ante la desesperación porque no vienen los fondos de inversión de los que tanto hablaba el gobierno, entrega mayores prebendas a los grupos privados nacionales y extranjeros para que hagan negocios. La mayor parte de esos negocios van a estar vinculados a la obra pública, donde los recursos los va a poner el Estado y las obras las van a usufructuar los privados.
El miembro informante de la mayoría dijo que se necesita el aporte de los privados, y esto no es así porque ellos no van a poner un peso.
Ya se ha señalado en el debate en comisión que quieren que la gran mayoría de las obras públicas incluidas en el presupuesto que discutiremos hoy se hagan por medio de este mecanismo, como por ejemplo lo dijo el ministro Dietrich. En infraestructura vial servirá para que no solo las empresas se beneficien con los sobreprecios de la construcción de una ruta, sino para que también puedan quedarse con la concesión y cobrar el peaje.
Quiero señalar un aspecto político importante de esta discusión. Estamos considerando estos asuntos en una sesión especial, y me parece una irregularidad, porque deberían debatirse en una ordinaria. Además, el proyecto de presupuesto no figura en primer lugar a pesar de que es la norma más importante para tratar, y el primer asunto del temario es el proyecto de participación público privada, para asegurarse los votos de todos los bloques con los que han tranzado para la aprobación del presupuesto, prometiendo alguna que otra obra más en determinadas provincias.
Por otra parte, los maquillajes realizados no modifican la esencia de la norma. Esto lo hemos denunciado y lo ratificamos ahora. El miembro informante de la mayoría dijo que se habían contemplado los reclamos sobre las cuestiones ambientales incluidas en el artículo 5°. Sin embargo, a ese artículo se le ha agregado nada más que un párrafo, que dice que “En la documentación contractual deberán especificarse las obligaciones que, a los fines antes indicados, deberán recaer sobre cada una de las partes del contrato de participación público-privada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de todas las obligaciones que la legislación aplicable pudiere imponerle en esta materia.” Y establece que el contrato deberá aprobarlo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Pero no dice que la contratista se va a hacer cargo de los pasivos ambientales. Solo dispone que en la documentación del contrato se va a establecer quién se hace cargo. Es decir que se mantiene lo que establecía el proyecto original para que el Estado se haga cargo de los pasivos ambientales, y como dije la semana pasada, este es el sueño de Chevron y de las empresas que pueden obtener concesiones: dejar un enorme pasivo ambiental y cargárselo al Estado.
Como va a contar con la aprobación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, parece que esto fuera alguna mejora, pero no lo es, sigue con la misma característica.
Lo mismo sucede con el problema de la entrega de la jurisdicción nacional en caso de una disputa legal. No ha sido modificado en nada el artículo 25 para evitar esta situación. Entonces, este gobierno va a hacer lo que hizo el anterior: entregar la jurisdicción, como bien dijo el señor diputado Kicillof. ¿Qué hizo su gobierno? Entregó la jurisdicción al juez Griesa.
Ahora, por pagar a los fondos buitre, a partir de la entrega de esa jurisdicción, no tenemos recursos para que haya agua, cloacas, viviendas para los trabajadores de este país. Y eso se profundizará con este proyecto de ley porque, como hizo el gobierno anterior con los fondos buitres, seguirán entregando la jurisdicción nacional en caso de conflictos.
Esto no ha cambiado, es simplemente un maquillaje que se ha hecho a la norma, que no ha cambiado en su esencia. Como dije la semana pasada, este proyecto ley que se está discutiendo en medio de los escándalos de corrupción por la obra pública, va a ser la corrupción misma porque permitirá evadir los pocos y escasos controles que aún existen sobre la contratación de la obra pública. Es por eso que ratificamos nuestro dictamen y votaremos negativamente el de mayoría.
Con respecto al proyecto de participación público privada, ratificamos todo lo que hemos denunciado en la sesión de la semana pasada y presentamos un nuevo dictamen.
El dictamen firmado con el consenso de algunos bloques simplemente ha introducido un maquillaje porque no ha cambiado el carácter esencial del proyecto, que sirve para saltear la ley de obra pública, la de peajes y el decreto que regula las contrataciones del Estado.
Esta iniciativa, que surge ante la desesperación porque no vienen los fondos de inversión de los que tanto hablaba el gobierno, entrega mayores prebendas a los grupos privados nacionales y extranjeros para que hagan negocios. La mayor parte de esos negocios van a estar vinculados a la obra pública, donde los recursos los va a poner el Estado y las obras las van a usufructuar los privados.
El miembro informante de la mayoría dijo que se necesita el aporte de los privados, y esto no es así porque ellos no van a poner un peso.
Ya se ha señalado en el debate en comisión que quieren que la gran mayoría de las obras públicas incluidas en el presupuesto que discutiremos hoy se hagan por medio de este mecanismo, como por ejemplo lo dijo el ministro Dietrich. En infraestructura vial servirá para que no solo las empresas se beneficien con los sobreprecios de la construcción de una ruta, sino para que también puedan quedarse con la concesión y cobrar el peaje.
Quiero señalar un aspecto político importante de esta discusión. Estamos considerando estos asuntos en una sesión especial, y me parece una irregularidad, porque deberían debatirse en una ordinaria. Además, el proyecto de presupuesto no figura en primer lugar a pesar de que es la norma más importante para tratar, y el primer asunto del temario es el proyecto de participación público privada, para asegurarse los votos de todos los bloques con los que han tranzado para la aprobación del presupuesto, prometiendo alguna que otra obra más en determinadas provincias.
Por otra parte, los maquillajes realizados no modifican la esencia de la norma. Esto lo hemos denunciado y lo ratificamos ahora. El miembro informante de la mayoría dijo que se habían contemplado los reclamos sobre las cuestiones ambientales incluidas en el artículo 5°. Sin embargo, a ese artículo se le ha agregado nada más que un párrafo, que dice que “En la documentación contractual deberán especificarse las obligaciones que, a los fines antes indicados, deberán recaer sobre cada una de las partes del contrato de participación público-privada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de todas las obligaciones que la legislación aplicable pudiere imponerle en esta materia.” Y establece que el contrato deberá aprobarlo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Pero no dice que la contratista se va a hacer cargo de los pasivos ambientales. Solo dispone que en la documentación del contrato se va a establecer quién se hace cargo. Es decir que se mantiene lo que establecía el proyecto original para que el Estado se haga cargo de los pasivos ambientales, y como dije la semana pasada, este es el sueño de Chevron y de las empresas que pueden obtener concesiones: dejar un enorme pasivo ambiental y cargárselo al Estado.
Como va a contar con la aprobación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, parece que esto fuera alguna mejora, pero no lo es, sigue con la misma característica.
Lo mismo sucede con el problema de la entrega de la jurisdicción nacional en caso de una disputa legal. No ha sido modificado en nada el artículo 25 para evitar esta situación. Entonces, este gobierno va a hacer lo que hizo el anterior: entregar la jurisdicción, como bien dijo el señor diputado Kicillof. ¿Qué hizo su gobierno? Entregó la jurisdicción al juez Griesa.
Ahora, por pagar a los fondos buitre, a partir de la entrega de esa jurisdicción, no tenemos recursos para que haya agua, cloacas, viviendas para los trabajadores de este país. Y eso se profundizará con este proyecto de ley porque, como hizo el gobierno anterior con los fondos buitres, seguirán entregando la jurisdicción nacional en caso de conflictos.
Esto no ha cambiado, es simplemente un maquillaje que se ha hecho a la norma, que no ha cambiado en su esencia. Como dije la semana pasada, este proyecto ley que se está discutiendo en medio de los escándalos de corrupción por la obra pública, va a ser la corrupción misma porque permitirá evadir los pocos y escasos controles que aún existen sobre la contratación de la obra pública. Es por eso que ratificamos nuestro dictamen y votaremos negativamente el de mayoría.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. HELLER, CARLOS SALOMON (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: hace unos días en este recinto se decidió que el tema volviera a comisión en función de la cantidad de cuestiones que se mencionaron como necesarias y eran imposibles de considerar en el seno de la Cámara. Esto solo me permitiría decir que aprobar el proyecto como vino originalmente era una verdadera imprudencia, como lo demuestra la cantidad de modificaciones que se han terminado incorporando en la vuelta a comisión.
Efectivamente, algunos aspectos mejoran en cuanto a la información, pero no cambian en lo esencial los ejes y los contenidos del proyecto.
Como positivo podemos mencionar la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos por parte del Parlamento, la obligación impuesta al Poder Ejecutivo de informar a este Congreso del impacto fiscal de los compromisos asumidos e incorporarlos en las respectivas leyes de presupuesto. Esto nos parece como avance, pero en los objetivos, la ideología y el contenido central, el proyecto sigue apuntando a la privatización, a profundizar aún más las políticas de desregulación, a allanar el camino para privatizar empresas proveedoras de servicios públicos, como vamos a tratar de señalar.
Como dije en la anterior sesión, a mi juicio este proyecto debería llamarse “de pérdida de soberanía nacional”, porque en su contenido hay un fuerte sentido de pérdida de soberanía, sobre todo en el tema ya mencionado por varios legisladores: la lesiva cláusula de la posibilidad de resolución de litigios en tribunales extranjeros, que podría llevar a potenciales conflictos que terminen otra vez en las comisiones especiales, como la del CIADI, una dependencia del Banco Mundial. Ello afectaría un atributo indelegable del gobierno argentino como son las atribuciones jurisdiccionales del Poder Judicial de la República.
En cuanto al sentido del proyecto de ley, me tomo la licencia de citar una fuente que nadie podrá suponer contraria a las intenciones que tiene este gobierno. Me refiero a la nota publicada en el diario Clarín el 28 de octubre, firmada por el periodista Marcelo Bonelli. En su editorial del 28 de octubre el señor Bonelli dice lo siguiente: “...hubo varios CEOs de las ‘multi’ que le reclamaron beneficios especiales para tomar la decisión de invertir en Argentina. Uno fue Andrew Liveris de Dow Chemical.”
Además, agrega: “Se trata de una ‘ley maestra’ que le da amplios poderes a la Casa Rosada para otorgar beneficios estatales a cambio de inversiones. Está direccionada hacia infraestructura y su amplitud recuerda y tiene puntos de contacto con la ‘ley Dromi’.” Ahora, agrego yo, la ley de reforma del Estado, conocida como ley Dromi, significó –apelo a la memoria el punto de partida de la ola de privatizaciones de los 90. El por entonces ministro de Obras y Servicios Públicos también justificaba la ley al señalar que las privatizaciones –miren qué coincidencia permitirían obtener recursos para paliar el déficit fiscal y dar eficiencia a los servicios públicos. El resultado está a la vista, y los parecidos con los fundamentos de este proyecto son llamativos.
Como ya dije, nos parece bien lo de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos, pero no obstante el proyecto no obliga a publicar las licitaciones en el Boletín Oficial, lo que nos parece inadmisible en una ley que propone transparencia, porque, por ejemplo, permitiría concentrar la adjudicación de obras en algunos empresarios en particular sin que la ciudadanía tenga posibilidades de tomar conocimiento. No se van a publicar en el Boletín Oficial.
Otros aspectos de esta normativa que me parecen inaceptables son los que están en el artículo 9°, inciso x), al que ya nos hemos referido antes: la prórroga de jurisdicción y la cesión de soberanía.
Cité, y lo vuelvo a recordar, la cláusula de reserva que el gobierno del doctor Alfonsín hizo incluir en el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 21, que dice que el gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno, y que tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causa de utilidad pública e interés social, ni lo que estos entiendan por indemnización justa. Podríamos acordarnos de aquella actitud del gobierno argentino en el año 1984.
En el articulado y en los fundamentos se habla de la definición del Banco Mundial sobre el concepto de asociación pública-privada, que se refiere a que los contratos entre una entidad privada y un gobierno para proporcionar un bien o servicio incluyen que la parte privada asuma un riesgo significativo y una responsabilidad de gestión, y al mismo tiempo que la remuneración esté vinculada al desempeño. Sin embargo, el inciso b) del artículo 9° del proyecto dice lo contrario, ya que establece que los contratos de participación público-privada deberán contemplar el equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos entre las partes, con el fin de minimizar el costo del proyecto y facilitar las condiciones de su financiamiento. Por un lado, decimos que esto está inspirado en los fundamentos del Banco Mundial y, por el otro, en el articulado del proyecto, y por el otro sostenemos absolutamente lo contrario.
Por otra parte, en el inciso g) del artículo 9° se desliza peligrosamente la posibilidad –supongo que este debe ser un error- de que bienes del Estado puedan pasar, a raíz de esto, a formar parte de esos contratos. Concretamente, dicho inciso establece que los aportes que la contratante se comprometa a efectuar durante la vigencia del contrato podrán consistir, entre otros, en aportes de dinero y en la cesión de fondos obtenidos de operaciones de crédito público y de la titularidad de bienes. Esto último implica que queda abierta la posibilidad de ceder la titularidad de bienes. Más adelante el inciso hace referencia, entre otras cosas, al otorgamiento de avales.
Asimismo, el inciso d) del artículo 9° es objetable porque delega a quienes estipulen los contratos de participación la facultad de fijar los mecanismos de control de cumplimiento, sus procedimientos de aplicación, las formas de ejecución y el destino de las sanciones de índole pecuniaria. A nuestro juicio, se trata de una derogación implícita de las leyes y organismos de control, como la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, que son obviadas en este proyecto y reemplazadas en su articulado.
Después aparece el tema de la utilidad razonable, que constituye una generalidad peligrosa. ¿A qué se considera utilidad razonable? En nuestra opinión, el texto del proyecto debería ser muchísimo más explícito, ya que esa utilidad razonable podría ir en detrimento del poder adquisitivo de los usuarios, cuestión que hoy tenemos a la vista a partir de las tarifas de los servicios públicos. En consecuencia, nos parece altamente peligroso dejar abierto el concepto de utilidad razonable.
Por su parte, el artículo 4° establece que la empresa contratante deberá ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos. Obsérvese el detalle: no dice “económica y social”, sino “económica y/o social”. Esto podría dar lugar a que se lleve adelante un proyecto que no sea de interés social, sino que vaya en contra de él pero que se lo apruebe por revestir un interés económico. Es decir que esa barrita seguida de la letra “o”, que pasan inadvertidamente, tienen, a nuestro juicio, una amplitud peligrosísima.
El proyecto menciona varias veces el tema de las pymes, que ha sido objeto de debate como uno de los aspectos que debían ser incorporados. Algunos fueron incluidos.
Se excluyó la posibilidad de que el contratista efectúe subcontrataciones sin previa comunicación a la contratante y que en caso de subcontratación el contratista optara preferentemente por empresas nacionales y/o pequeñas y medianas empresas locales. También en este caso, en nuestra opinión, la expresión “y/o” deja abierta la posibilidad de que sea “o” en lugar de “y”. Entonces, el espíritu que hemos planteado en el sentido de que esto esté orientado al compre nacional y a las pymes puede quedar ampliamente desvirtuado.
Tengo muchos otros temas para plantear, pero se ha agotado el tiempo de que dispongo para hacer uso de la palabra y quiero ser respetuoso de esa circunstancia.
Adelanto mi voto negativo respecto del proyecto en consideración y llamo a la reflexión porque entiendo que se trata de una iniciativa que compromete seriamente a la soberanía nacional y que dentro de algunos años nos vamos a lamentar por haberla aprobado. (Aplausos en las bancas.)
Efectivamente, algunos aspectos mejoran en cuanto a la información, pero no cambian en lo esencial los ejes y los contenidos del proyecto.
Como positivo podemos mencionar la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos por parte del Parlamento, la obligación impuesta al Poder Ejecutivo de informar a este Congreso del impacto fiscal de los compromisos asumidos e incorporarlos en las respectivas leyes de presupuesto. Esto nos parece como avance, pero en los objetivos, la ideología y el contenido central, el proyecto sigue apuntando a la privatización, a profundizar aún más las políticas de desregulación, a allanar el camino para privatizar empresas proveedoras de servicios públicos, como vamos a tratar de señalar.
Como dije en la anterior sesión, a mi juicio este proyecto debería llamarse “de pérdida de soberanía nacional”, porque en su contenido hay un fuerte sentido de pérdida de soberanía, sobre todo en el tema ya mencionado por varios legisladores: la lesiva cláusula de la posibilidad de resolución de litigios en tribunales extranjeros, que podría llevar a potenciales conflictos que terminen otra vez en las comisiones especiales, como la del CIADI, una dependencia del Banco Mundial. Ello afectaría un atributo indelegable del gobierno argentino como son las atribuciones jurisdiccionales del Poder Judicial de la República.
En cuanto al sentido del proyecto de ley, me tomo la licencia de citar una fuente que nadie podrá suponer contraria a las intenciones que tiene este gobierno. Me refiero a la nota publicada en el diario Clarín el 28 de octubre, firmada por el periodista Marcelo Bonelli. En su editorial del 28 de octubre el señor Bonelli dice lo siguiente: “...hubo varios CEOs de las ‘multi’ que le reclamaron beneficios especiales para tomar la decisión de invertir en Argentina. Uno fue Andrew Liveris de Dow Chemical.”
Además, agrega: “Se trata de una ‘ley maestra’ que le da amplios poderes a la Casa Rosada para otorgar beneficios estatales a cambio de inversiones. Está direccionada hacia infraestructura y su amplitud recuerda y tiene puntos de contacto con la ‘ley Dromi’.” Ahora, agrego yo, la ley de reforma del Estado, conocida como ley Dromi, significó –apelo a la memoria el punto de partida de la ola de privatizaciones de los 90. El por entonces ministro de Obras y Servicios Públicos también justificaba la ley al señalar que las privatizaciones –miren qué coincidencia permitirían obtener recursos para paliar el déficit fiscal y dar eficiencia a los servicios públicos. El resultado está a la vista, y los parecidos con los fundamentos de este proyecto son llamativos.
Como ya dije, nos parece bien lo de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos, pero no obstante el proyecto no obliga a publicar las licitaciones en el Boletín Oficial, lo que nos parece inadmisible en una ley que propone transparencia, porque, por ejemplo, permitiría concentrar la adjudicación de obras en algunos empresarios en particular sin que la ciudadanía tenga posibilidades de tomar conocimiento. No se van a publicar en el Boletín Oficial.
Otros aspectos de esta normativa que me parecen inaceptables son los que están en el artículo 9°, inciso x), al que ya nos hemos referido antes: la prórroga de jurisdicción y la cesión de soberanía.
Cité, y lo vuelvo a recordar, la cláusula de reserva que el gobierno del doctor Alfonsín hizo incluir en el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 21, que dice que el gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno, y que tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causa de utilidad pública e interés social, ni lo que estos entiendan por indemnización justa. Podríamos acordarnos de aquella actitud del gobierno argentino en el año 1984.
En el articulado y en los fundamentos se habla de la definición del Banco Mundial sobre el concepto de asociación pública-privada, que se refiere a que los contratos entre una entidad privada y un gobierno para proporcionar un bien o servicio incluyen que la parte privada asuma un riesgo significativo y una responsabilidad de gestión, y al mismo tiempo que la remuneración esté vinculada al desempeño. Sin embargo, el inciso b) del artículo 9° del proyecto dice lo contrario, ya que establece que los contratos de participación público-privada deberán contemplar el equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos entre las partes, con el fin de minimizar el costo del proyecto y facilitar las condiciones de su financiamiento. Por un lado, decimos que esto está inspirado en los fundamentos del Banco Mundial y, por el otro, en el articulado del proyecto, y por el otro sostenemos absolutamente lo contrario.
Por otra parte, en el inciso g) del artículo 9° se desliza peligrosamente la posibilidad –supongo que este debe ser un error- de que bienes del Estado puedan pasar, a raíz de esto, a formar parte de esos contratos. Concretamente, dicho inciso establece que los aportes que la contratante se comprometa a efectuar durante la vigencia del contrato podrán consistir, entre otros, en aportes de dinero y en la cesión de fondos obtenidos de operaciones de crédito público y de la titularidad de bienes. Esto último implica que queda abierta la posibilidad de ceder la titularidad de bienes. Más adelante el inciso hace referencia, entre otras cosas, al otorgamiento de avales.
Asimismo, el inciso d) del artículo 9° es objetable porque delega a quienes estipulen los contratos de participación la facultad de fijar los mecanismos de control de cumplimiento, sus procedimientos de aplicación, las formas de ejecución y el destino de las sanciones de índole pecuniaria. A nuestro juicio, se trata de una derogación implícita de las leyes y organismos de control, como la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, que son obviadas en este proyecto y reemplazadas en su articulado.
Después aparece el tema de la utilidad razonable, que constituye una generalidad peligrosa. ¿A qué se considera utilidad razonable? En nuestra opinión, el texto del proyecto debería ser muchísimo más explícito, ya que esa utilidad razonable podría ir en detrimento del poder adquisitivo de los usuarios, cuestión que hoy tenemos a la vista a partir de las tarifas de los servicios públicos. En consecuencia, nos parece altamente peligroso dejar abierto el concepto de utilidad razonable.
Por su parte, el artículo 4° establece que la empresa contratante deberá ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos. Obsérvese el detalle: no dice “económica y social”, sino “económica y/o social”. Esto podría dar lugar a que se lleve adelante un proyecto que no sea de interés social, sino que vaya en contra de él pero que se lo apruebe por revestir un interés económico. Es decir que esa barrita seguida de la letra “o”, que pasan inadvertidamente, tienen, a nuestro juicio, una amplitud peligrosísima.
El proyecto menciona varias veces el tema de las pymes, que ha sido objeto de debate como uno de los aspectos que debían ser incorporados. Algunos fueron incluidos.
Se excluyó la posibilidad de que el contratista efectúe subcontrataciones sin previa comunicación a la contratante y que en caso de subcontratación el contratista optara preferentemente por empresas nacionales y/o pequeñas y medianas empresas locales. También en este caso, en nuestra opinión, la expresión “y/o” deja abierta la posibilidad de que sea “o” en lugar de “y”. Entonces, el espíritu que hemos planteado en el sentido de que esto esté orientado al compre nacional y a las pymes puede quedar ampliamente desvirtuado.
Tengo muchos otros temas para plantear, pero se ha agotado el tiempo de que dispongo para hacer uso de la palabra y quiero ser respetuoso de esa circunstancia.
Adelanto mi voto negativo respecto del proyecto en consideración y llamo a la reflexión porque entiendo que se trata de una iniciativa que compromete seriamente a la soberanía nacional y que dentro de algunos años nos vamos a lamentar por haberla aprobado. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
SR. PASTORI, LUIS MARIO (MISIONES):
Señor presidente: más allá de que este proyecto de ley ya fue considerado en la última sesión y ampliamente debatido en la reunión plenaria de comisiones, vale la pena destacar algunas cuestiones que se han expresado y que son reiteradas por los señores miembros informantes de los dictámenes de minoría, en detrimento de esta iniciativa.
En primer término, quiero confirmar nuevamente que este proyecto establece un régimen de contrataciones alternativas respecto de los diferentes regímenes que ya existen en el derecho positivo argentino. No estamos derogando, modificando o liquidando absolutamente ninguno de ellos, como, por ejemplo, el de contratación general del Estado y las leyes de obras públicas y de concesión de obra pública.
Por el contrario, estamos incorporando un nuevo régimen a la pléyade de los que ya existen en el derecho administrativo argentino. Pero se trata de un nuevo mecanismo, que no es enteramente novedoso porque ya existe en una gran cantidad de países del mundo, como así también en varias provincias de la Argentina. Me refiero a aquellas que no están gobernadas por Cambiemos, como por ejemplo la de Misiones, a la que represento, que desde hace algunos años aprobó un sistema de participación público-privada. En consecuencia, esto no constituye una novedad que estamos trayendo a este recinto, inventada no sé por quién y con qué oscuros intereses.
Inclusive, en la reunión plenaria de comisiones celebrada en el día de ayer señalé que hubo un decreto de necesidad y urgencia dictado en el año 2000, durante el gobierno de Fernando De la Rúa, que estableció un régimen de participación público-privada que fue calificado como muy bueno desde el punto de vista de su propuesta y técnica legislativa. No obstante, ese decreto de necesidad y urgencia no prosperó porque seguramente al gobierno de la Alianza no lo ayudó el contexto social, económico y político en que se desenvolvió. Ese decreto no tuvo vida, sino que prácticamente nació muerto.
Cinco años después, el entonces presidente Néstor Kirchner dictó un decreto por el que también propuso un nuevo régimen de participación público-privada. Es aquí donde aparecen las primeras incoherencias, por lo menos por parte de los primeros dictámenes de minoría.
La verdad es que este proyecto podría haber estado en comisión no una semana, como ha ocurrido, sino un mes o un año. Durante todo ese tiempo le podríamos haber agregado todo lo que se nos hubiera ocurrido, pero lo cierto es que nunca lo hubiesen aprobado porque no creen en este régimen de asociación pública y privada para la ejecución de obras públicas.
Los mismos señores miembros informantes de los dictámenes de minoría manifestaron que se introdujeron a este proyecto muchas modificaciones, reconociendo que una gran cantidad de ellas eran acertadas. Podríamos haber introducido muchas modificaciones más, pero de todos modos no iban a aprobar esta iniciativa porque lo que subyace es una negación o no aceptación de este régimen. En otras palabras, no creen en este sistema.
De manera tal que se trata de una posición ideológica. Jamás nos podríamos poner de acuerdo respecto de este proyecto, por más modificaciones que le introduzcamos.
Aquí se han reiterado muchas cuestiones que hemos tratado de aclarar. Procuraré hacerlo una vez más.
En primer término, deseo expresar que siempre habrá una licitación pública o concurso, según sea el objeto del llamado. En varios artículos de esta iniciativa se aclara la participación de las pymes y de la industria y el trabajo nacionales. Respecto de este último, se ha incrementado su porcentaje mínimo de participación a pedido, según se señaló de la reunión de ayer, de la Confederación General del Trabajo.
En segundo lugar, se dice que este programa resultaría muy peligroso en manos de este gobierno. Me pregunto, en todo caso, qué hubiera pasado con un programa así en manos de la anterior administración.
Lógicamente, para que esto funcione y que este proyecto de ley pueda tener efectos positivos y canalice la enorme necesidad de infraestructura que existe a lo largo y lo ancho del país en todas las áreas requiere de algunas condiciones mínimas. Una de ellas es que el gobierno tenga credibilidad. No sé por qué fracasó lo del año 2005. ¿Habrá sido por falta de credibilidad? ¿Habrá sido porque un decreto no era garantía suficiente y hacía falta una ley? ¿Habrá sido que ni el propio gobierno que dictó ese decreto creía en este sistema porque ni siquiera lo usó y fracasó?
En segundo lugar, se requieren variables macroeconómicas realistas, que son las que hoy propone el gobierno de Cambiemos en el proyecto de ley de presupuesto que seguramente vamos a votar en algunas horas. Allí están las variables macroeconómicas que dan sustento para que el capital privado pueda creer cuando un gobierno licite una obra bajo este régimen de participación público-privada.
Se habló de falta de controles, y el artículo 22 del proyecto expresamente establece que la Auditoría General de la Nación, organismo que depende de este Congreso, va a auditar todos y cada uno de los proyectos que se ejecuten por este régimen. No lo hará en forma aleatoria, algunos sí otros no, pero además estos proyectos van a estar determinados, enumerados y explicados en los proyectos anuales de presupuesto que habrán de venir en lo sucesivo a este Congreso.
Además, si en el transcurso del año surgiera la necesidad de alguna obra pública a realizar por este régimen que no hubiera sido acordada en el presupuesto aprobado, tendrá que remitirse un proyecto de ley especial al Congreso. Están dadas todas las garantías. Por supuesto, existen los fantasmas de contrastar con los regímenes anteriores u otro tipo de obras. Ahora nos quieren venir a enseñar cómo se debe hacer la obra pública, quieren explicarnos y darnos clase de cómo tiene que ejecutar la obra pública el gobierno de Cambiemos. Pediría que las explicaciones se las den a los jueces en los tribunales, quienes están esperando que se las digan. (Aplausos en las bancas.)
Con respecto a la prórroga de jurisdicción, me voy a permitir leer el artículo 25 del proyecto porque está tan claro que no se puede seguir hablando de cesión de soberanía, que estamos entregando el país a empresas extranjeras, etcétera. El último párrafo del artículo 25 dice así: “En caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional y comunicado al Honorable Congreso de la Nación.” Se refiere al arbitraje con prórroga de jurisdicción.
Otro artículo anterior aclara muy bien en qué casos se puede llegar a un arbitraje internacional. Se trata de un arbitraje internacional y no jurisdiccional, es administrativo, no estamos cediendo jurisdicción sino pidiendo a un tribunal arbitral que brinde una solución a una controversia que no se puede resolver por otros medios en el país. No estamos cediendo jurisdicción a un juez de otro Estado, es un arbitraje de un tribunal administrativo. Para eso es la prórroga de jurisdicción; la cesión no es jurisdiccional, es un tribunal que tiene índole administrativa. No estamos pidiendo a un juez de otro Estado que diga qué parte tiene razón. Será un tribunal que se conformará seguramente con el acuerdo de las partes; por lo tanto, no hay cesión de soberanía.
Hay que despejar estos fantasmas que se esgrimen al solo efecto de poder justificar por qué no van a votar un proyecto de ley con el cual ideológicamente están en contra. Está bien que estén en contra, que expresen su desacuerdo, que no lo voten hoy, como no lo hubieran votado la semana pasada, pero no agiten fantasmas que no existen poniendo un manto de dudas sobre algo que va a ser absolutamente transparente, que va a estar controlado por el Congreso, la Auditoría General de la Nación y el pueblo de la Nación Argentina cada vez que emita su voto cuando sea convocado a votar. (Aplausos en las bancas.)
En primer término, quiero confirmar nuevamente que este proyecto establece un régimen de contrataciones alternativas respecto de los diferentes regímenes que ya existen en el derecho positivo argentino. No estamos derogando, modificando o liquidando absolutamente ninguno de ellos, como, por ejemplo, el de contratación general del Estado y las leyes de obras públicas y de concesión de obra pública.
Por el contrario, estamos incorporando un nuevo régimen a la pléyade de los que ya existen en el derecho administrativo argentino. Pero se trata de un nuevo mecanismo, que no es enteramente novedoso porque ya existe en una gran cantidad de países del mundo, como así también en varias provincias de la Argentina. Me refiero a aquellas que no están gobernadas por Cambiemos, como por ejemplo la de Misiones, a la que represento, que desde hace algunos años aprobó un sistema de participación público-privada. En consecuencia, esto no constituye una novedad que estamos trayendo a este recinto, inventada no sé por quién y con qué oscuros intereses.
Inclusive, en la reunión plenaria de comisiones celebrada en el día de ayer señalé que hubo un decreto de necesidad y urgencia dictado en el año 2000, durante el gobierno de Fernando De la Rúa, que estableció un régimen de participación público-privada que fue calificado como muy bueno desde el punto de vista de su propuesta y técnica legislativa. No obstante, ese decreto de necesidad y urgencia no prosperó porque seguramente al gobierno de la Alianza no lo ayudó el contexto social, económico y político en que se desenvolvió. Ese decreto no tuvo vida, sino que prácticamente nació muerto.
Cinco años después, el entonces presidente Néstor Kirchner dictó un decreto por el que también propuso un nuevo régimen de participación público-privada. Es aquí donde aparecen las primeras incoherencias, por lo menos por parte de los primeros dictámenes de minoría.
La verdad es que este proyecto podría haber estado en comisión no una semana, como ha ocurrido, sino un mes o un año. Durante todo ese tiempo le podríamos haber agregado todo lo que se nos hubiera ocurrido, pero lo cierto es que nunca lo hubiesen aprobado porque no creen en este régimen de asociación pública y privada para la ejecución de obras públicas.
Los mismos señores miembros informantes de los dictámenes de minoría manifestaron que se introdujeron a este proyecto muchas modificaciones, reconociendo que una gran cantidad de ellas eran acertadas. Podríamos haber introducido muchas modificaciones más, pero de todos modos no iban a aprobar esta iniciativa porque lo que subyace es una negación o no aceptación de este régimen. En otras palabras, no creen en este sistema.
De manera tal que se trata de una posición ideológica. Jamás nos podríamos poner de acuerdo respecto de este proyecto, por más modificaciones que le introduzcamos.
Aquí se han reiterado muchas cuestiones que hemos tratado de aclarar. Procuraré hacerlo una vez más.
En primer término, deseo expresar que siempre habrá una licitación pública o concurso, según sea el objeto del llamado. En varios artículos de esta iniciativa se aclara la participación de las pymes y de la industria y el trabajo nacionales. Respecto de este último, se ha incrementado su porcentaje mínimo de participación a pedido, según se señaló de la reunión de ayer, de la Confederación General del Trabajo.
En segundo lugar, se dice que este programa resultaría muy peligroso en manos de este gobierno. Me pregunto, en todo caso, qué hubiera pasado con un programa así en manos de la anterior administración.
Lógicamente, para que esto funcione y que este proyecto de ley pueda tener efectos positivos y canalice la enorme necesidad de infraestructura que existe a lo largo y lo ancho del país en todas las áreas requiere de algunas condiciones mínimas. Una de ellas es que el gobierno tenga credibilidad. No sé por qué fracasó lo del año 2005. ¿Habrá sido por falta de credibilidad? ¿Habrá sido porque un decreto no era garantía suficiente y hacía falta una ley? ¿Habrá sido que ni el propio gobierno que dictó ese decreto creía en este sistema porque ni siquiera lo usó y fracasó?
En segundo lugar, se requieren variables macroeconómicas realistas, que son las que hoy propone el gobierno de Cambiemos en el proyecto de ley de presupuesto que seguramente vamos a votar en algunas horas. Allí están las variables macroeconómicas que dan sustento para que el capital privado pueda creer cuando un gobierno licite una obra bajo este régimen de participación público-privada.
Se habló de falta de controles, y el artículo 22 del proyecto expresamente establece que la Auditoría General de la Nación, organismo que depende de este Congreso, va a auditar todos y cada uno de los proyectos que se ejecuten por este régimen. No lo hará en forma aleatoria, algunos sí otros no, pero además estos proyectos van a estar determinados, enumerados y explicados en los proyectos anuales de presupuesto que habrán de venir en lo sucesivo a este Congreso.
Además, si en el transcurso del año surgiera la necesidad de alguna obra pública a realizar por este régimen que no hubiera sido acordada en el presupuesto aprobado, tendrá que remitirse un proyecto de ley especial al Congreso. Están dadas todas las garantías. Por supuesto, existen los fantasmas de contrastar con los regímenes anteriores u otro tipo de obras. Ahora nos quieren venir a enseñar cómo se debe hacer la obra pública, quieren explicarnos y darnos clase de cómo tiene que ejecutar la obra pública el gobierno de Cambiemos. Pediría que las explicaciones se las den a los jueces en los tribunales, quienes están esperando que se las digan. (Aplausos en las bancas.)
Con respecto a la prórroga de jurisdicción, me voy a permitir leer el artículo 25 del proyecto porque está tan claro que no se puede seguir hablando de cesión de soberanía, que estamos entregando el país a empresas extranjeras, etcétera. El último párrafo del artículo 25 dice así: “En caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional y comunicado al Honorable Congreso de la Nación.” Se refiere al arbitraje con prórroga de jurisdicción.
Otro artículo anterior aclara muy bien en qué casos se puede llegar a un arbitraje internacional. Se trata de un arbitraje internacional y no jurisdiccional, es administrativo, no estamos cediendo jurisdicción sino pidiendo a un tribunal arbitral que brinde una solución a una controversia que no se puede resolver por otros medios en el país. No estamos cediendo jurisdicción a un juez de otro Estado, es un arbitraje de un tribunal administrativo. Para eso es la prórroga de jurisdicción; la cesión no es jurisdiccional, es un tribunal que tiene índole administrativa. No estamos pidiendo a un juez de otro Estado que diga qué parte tiene razón. Será un tribunal que se conformará seguramente con el acuerdo de las partes; por lo tanto, no hay cesión de soberanía.
Hay que despejar estos fantasmas que se esgrimen al solo efecto de poder justificar por qué no van a votar un proyecto de ley con el cual ideológicamente están en contra. Está bien que estén en contra, que expresen su desacuerdo, que no lo voten hoy, como no lo hubieran votado la semana pasada, pero no agiten fantasmas que no existen poniendo un manto de dudas sobre algo que va a ser absolutamente transparente, que va a estar controlado por el Congreso, la Auditoría General de la Nación y el pueblo de la Nación Argentina cada vez que emita su voto cuando sea convocado a votar. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, que comparte el tiempo con el señor diputado Carmona.
SR. FURLAN, FRANCISCO ABEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestar que sigo teniendo la misma preocupación que tenía la semana pasada en función de los intereses que vengo a representar en esta Cámara.
Pertenezco a un gremio industrial, una organización cuyos trabajadores en este momento la están pasando muy mal en la Argentina, no solamente porque hemos perdido casi 25 mil puestos de trabajo sino también porque tenemos otros tantos compañeros suspendidos y con un escenario que en el corto y mediano plazo no va a mejorar sino todo lo contrario.
Basta con leer los títulos de los diarios de ayer para darse cuenta de cuál es la situación que vive la industria, pero claramente no venimos a alimentar fantasmas con nuestra posición sino a manifestar nuestra preocupación a partir de cosas que han sucedido este año en este Parlamento. A principios de año, el oficialismo nos dijo que resolviendo el problema de la deuda con los fondos buitre la Argentina se iba a encaminar a obtener préstamos para solucionar el problema de la inversión que todo el mundo coincide que es necesaria para la Argentina.
En aquel momento en el debate también hablaban de no agitar fantasmas, de que esa iba a ser la salida de la Argentina, y trascurridos siete meses no ocurrió nada de lo que se nos dijo en este Parlamento como argumento de por qué había que pagar a los fondos buitre: las inversiones todavía no han llegado a la Argentina.
Luego se remitió un proyecto de ley que todos votamos, que fue en defensa de las pymes y de las autopartistas. En esa ocasión también hubo muchos argumentos de por qué hacía falta proteger a las pymes y al trabajo argentino. Nuestro bloque acompañó esa decisión.
Los titulares de los diarios de ayer decían: “Se demora la recuperación de Brasil y la industria vuelve a caer fuerte”, “El deterioro de la industria automotriz arrastra a las autopartistas locales”, “La industria no encuentra piso y se enciende la alarma por la pérdida de empleos”, “Lejos de mostrar un repunte, la construcción se desplomó 13,1% y acumuló nueve meses en rojo”, “Todos los bloques industriales en rojo”, “Las pymes quedaron en el horno” y muestran un horno con las pizzas.
Lo peor de todo es que el ministro de Desarrollo Productivo, Francisco Cabrera, lamentó que las inversiones privadas no creen empleo en las cantidades suficientes. De esto se trata este proyecto de ley, que con el argumento de que la Argentina necesita financiamiento estamos haciendo que las multinacionales y el sistema financiero vengan a invertir a la Argentina con la excusa de la obra pública que hace falta. Nosotros sostenemos que hay que realizarla, pero no tiene que ser a costa de cualquier cosa ni de que esa inversión traiga como condicionamiento importar trabajo de otras latitudes.
Se ha dicho en este debate que se han mejorado del 25 al 33 por ciento los insumos y el trabajo argentino. ¿Está incluida la mano de obra? Como bien dijo el señor diputado Kicillof, si está incluida, con un poco más vamos a estar cumpliendo con ese porcentaje.
Así, en el párrafo que establece ese punto no se especifica si realmente la mano de obra está incluida. Pero aun estando incluida, ¿por qué tenemos que aceptar solamente el 33 por ciento de nuestros bienes, si es una obra pública que pagaremos todos los argentinos?
El financiamiento viene condicionado a que la Argentina lo pague. Y si lo tendremos que pagar, ¿por qué no establecemos, en función de la realidad productiva que tiene la industria y el trabajo en la Argentina, que un porcentaje mucho más amplio esté condicionado a que la industria nacional provea los insumos que necesitará esa inversión en obra pública?
¿Por qué no se plantea esto? ¿Cuál es el problema que tenemos los argentinos o este Parlamento, en cuanto a que no podemos debatir estas cuestiones que son centrales en la defensa de la producción y del trabajo? No podemos dejar de manifestar esta preocupación. Esto condiciona el futuro y los intereses que nosotros representamos.
Todos nos hemos expresado en los medios y en este Parlamento acerca de la necesidad de cuidar el trabajo argentino, pero, evidentemente, cuando sancionamos este tipo de proyectos de ley, dejamos a nuestros trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas indefensos ante la imposición a la que se verán sometidos con las multinacionales, que tendrán un financiamiento mucho más importante que el que pueda obtener cualquier pyme en la Argentina. De esa forma, aquellas podrán imponerse en cualquier licitación.
Por otro lado, seguramente comenzarán a concretar tercerizaciones, precarizando a las pymes, las que se verán obligadas a aceptar esas condiciones, porque no habrá trabajo en la Argentina, y el poco que haya existirá con el condicionamiento que impongan las grandes multinacionales que ganen las licitaciones de esos contratos de obras públicas. Esto lo sabemos y así lo hemos expresado.
Me habría gustado que el oficialismo hubiera tenido una apertura distinta, con un debate más amplio. Las cámaras de las pequeñas y medianas empresas no pudieron pronunciarse acerca de la preocupación que sabemos que ellos también tienen en cuanto a si se aprueba o no este proyecto de ley. Están tan preocupadas como nosotros, pero no han tenido oportunidad de manifestarse ante este Congreso, porque solo ha habido dos reuniones conjuntas de las comisiones, que se han citado de un día para el otro, sin siquiera tener la posibilidad de evaluar si esta iniciativa está bien o si la podemos mejorar.
Cuando desde el oficialismo se dice –así lo manifestó el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra que se podrían haber introducido mayores cambios a este proyecto de ley, pero que por más que hubiera estado un mes en tratamiento lo hubiéramos votado en contra, deja implícito que la iniciativa requiere mayores correcciones.
Entonces, no vamos a votar negativamente porque queramos, sino porque verdaderamente sentimos que detrás de este proyecto de ley que es central y hasta más importante que el propio presupuesto está el sueño de muchos argentinos.
Cedo la palabra al compañero Carmona.
Pertenezco a un gremio industrial, una organización cuyos trabajadores en este momento la están pasando muy mal en la Argentina, no solamente porque hemos perdido casi 25 mil puestos de trabajo sino también porque tenemos otros tantos compañeros suspendidos y con un escenario que en el corto y mediano plazo no va a mejorar sino todo lo contrario.
Basta con leer los títulos de los diarios de ayer para darse cuenta de cuál es la situación que vive la industria, pero claramente no venimos a alimentar fantasmas con nuestra posición sino a manifestar nuestra preocupación a partir de cosas que han sucedido este año en este Parlamento. A principios de año, el oficialismo nos dijo que resolviendo el problema de la deuda con los fondos buitre la Argentina se iba a encaminar a obtener préstamos para solucionar el problema de la inversión que todo el mundo coincide que es necesaria para la Argentina.
En aquel momento en el debate también hablaban de no agitar fantasmas, de que esa iba a ser la salida de la Argentina, y trascurridos siete meses no ocurrió nada de lo que se nos dijo en este Parlamento como argumento de por qué había que pagar a los fondos buitre: las inversiones todavía no han llegado a la Argentina.
Luego se remitió un proyecto de ley que todos votamos, que fue en defensa de las pymes y de las autopartistas. En esa ocasión también hubo muchos argumentos de por qué hacía falta proteger a las pymes y al trabajo argentino. Nuestro bloque acompañó esa decisión.
Los titulares de los diarios de ayer decían: “Se demora la recuperación de Brasil y la industria vuelve a caer fuerte”, “El deterioro de la industria automotriz arrastra a las autopartistas locales”, “La industria no encuentra piso y se enciende la alarma por la pérdida de empleos”, “Lejos de mostrar un repunte, la construcción se desplomó 13,1% y acumuló nueve meses en rojo”, “Todos los bloques industriales en rojo”, “Las pymes quedaron en el horno” y muestran un horno con las pizzas.
Lo peor de todo es que el ministro de Desarrollo Productivo, Francisco Cabrera, lamentó que las inversiones privadas no creen empleo en las cantidades suficientes. De esto se trata este proyecto de ley, que con el argumento de que la Argentina necesita financiamiento estamos haciendo que las multinacionales y el sistema financiero vengan a invertir a la Argentina con la excusa de la obra pública que hace falta. Nosotros sostenemos que hay que realizarla, pero no tiene que ser a costa de cualquier cosa ni de que esa inversión traiga como condicionamiento importar trabajo de otras latitudes.
Se ha dicho en este debate que se han mejorado del 25 al 33 por ciento los insumos y el trabajo argentino. ¿Está incluida la mano de obra? Como bien dijo el señor diputado Kicillof, si está incluida, con un poco más vamos a estar cumpliendo con ese porcentaje.
Así, en el párrafo que establece ese punto no se especifica si realmente la mano de obra está incluida. Pero aun estando incluida, ¿por qué tenemos que aceptar solamente el 33 por ciento de nuestros bienes, si es una obra pública que pagaremos todos los argentinos?
El financiamiento viene condicionado a que la Argentina lo pague. Y si lo tendremos que pagar, ¿por qué no establecemos, en función de la realidad productiva que tiene la industria y el trabajo en la Argentina, que un porcentaje mucho más amplio esté condicionado a que la industria nacional provea los insumos que necesitará esa inversión en obra pública?
¿Por qué no se plantea esto? ¿Cuál es el problema que tenemos los argentinos o este Parlamento, en cuanto a que no podemos debatir estas cuestiones que son centrales en la defensa de la producción y del trabajo? No podemos dejar de manifestar esta preocupación. Esto condiciona el futuro y los intereses que nosotros representamos.
Todos nos hemos expresado en los medios y en este Parlamento acerca de la necesidad de cuidar el trabajo argentino, pero, evidentemente, cuando sancionamos este tipo de proyectos de ley, dejamos a nuestros trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas indefensos ante la imposición a la que se verán sometidos con las multinacionales, que tendrán un financiamiento mucho más importante que el que pueda obtener cualquier pyme en la Argentina. De esa forma, aquellas podrán imponerse en cualquier licitación.
Por otro lado, seguramente comenzarán a concretar tercerizaciones, precarizando a las pymes, las que se verán obligadas a aceptar esas condiciones, porque no habrá trabajo en la Argentina, y el poco que haya existirá con el condicionamiento que impongan las grandes multinacionales que ganen las licitaciones de esos contratos de obras públicas. Esto lo sabemos y así lo hemos expresado.
Me habría gustado que el oficialismo hubiera tenido una apertura distinta, con un debate más amplio. Las cámaras de las pequeñas y medianas empresas no pudieron pronunciarse acerca de la preocupación que sabemos que ellos también tienen en cuanto a si se aprueba o no este proyecto de ley. Están tan preocupadas como nosotros, pero no han tenido oportunidad de manifestarse ante este Congreso, porque solo ha habido dos reuniones conjuntas de las comisiones, que se han citado de un día para el otro, sin siquiera tener la posibilidad de evaluar si esta iniciativa está bien o si la podemos mejorar.
Cuando desde el oficialismo se dice –así lo manifestó el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra que se podrían haber introducido mayores cambios a este proyecto de ley, pero que por más que hubiera estado un mes en tratamiento lo hubiéramos votado en contra, deja implícito que la iniciativa requiere mayores correcciones.
Entonces, no vamos a votar negativamente porque queramos, sino porque verdaderamente sentimos que detrás de este proyecto de ley que es central y hasta más importante que el propio presupuesto está el sueño de muchos argentinos.
Cedo la palabra al compañero Carmona.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. CARMONA, GUILLERMO RAMON (MENDOZA):
Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que me siento totalmente representado por las palabras del señor diputado Furlan. Es una genuina expresión de la preocupación de los trabajadores e industriales argentinos frente al proyecto de ley que impulsa el oficialismo.
Estamos a las puertas de la extranjerización, y no solamente de la obra pública. El objeto de esta iniciativa es tan amplio que habilita lo que internacionalmente se denomina contrataciones públicas.
Ya ayer hemos alertado, en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, sobre cómo funciona el mecanismo de extranjerización en relación con este proyecto.
Solicito que se reproduzca mi intervención de ayer en la reunión de las comisiones y me limitaré a marcar algunas cuestiones puntuales.
Estamos ante la situación de que en la Argentina, sin haber negociado ningún tratado con otro país, ni siquiera de libre comercio –respecto de los cuales tengo desconfianza, pero seguramente habrán quienes crean que es un camino adecuado, sin ninguna negociación, se están estableciendo las mismas concesiones, los mismos privilegios al capital internacional, para que vengan a la Argentina con una posición beneficiosa respecto de la industria nacional.
Cuando se comparan los textos del TPP, Tratado Transpacífico, con el de la PPP, Participación Público-Privada, observamos que son idénticos; es decir, están calcados.
En el capítulo del TPP relativo a contrataciones públicas, a cuestiones ambientales o de transparencia, se expresan los mismos términos que hoy la Argentina está concediendo al capital multinacional con este proyecto de ley que el oficialismo pretende aprobar.
Ayer dije que mi primera impresión era que podíamos estar ante una situación de un homónimo: TTP, Tratado Transpacífico, y PPP, Participación Público Privada. La terminología es muy parecida.
Más tarde, averigüé que esto en realidad se llama parónimo, palabras que suenan similares, pero que se escriben de forma diferente y su significado es distinto.
Luego del debate de ayer y de lo que he escuchado hoy, he llegado a la conclusión de que estamos ante un sinónimo. La participación público-privada, por los beneficios que establece a favor de la extranjerización y la intervención de multinacionales en la Argentina, es sinónimo de Tratado Transpacífico, TTP. Tiene el mismo contenido que estos nefastos tratados de libre comercio para la producción y la industria nacional.
Por lo expuesto, vamos a rechazar esta iniciativa. (Aplausos en las bancas.)
Estamos a las puertas de la extranjerización, y no solamente de la obra pública. El objeto de esta iniciativa es tan amplio que habilita lo que internacionalmente se denomina contrataciones públicas.
Ya ayer hemos alertado, en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, sobre cómo funciona el mecanismo de extranjerización en relación con este proyecto.
Solicito que se reproduzca mi intervención de ayer en la reunión de las comisiones y me limitaré a marcar algunas cuestiones puntuales.
Estamos ante la situación de que en la Argentina, sin haber negociado ningún tratado con otro país, ni siquiera de libre comercio –respecto de los cuales tengo desconfianza, pero seguramente habrán quienes crean que es un camino adecuado, sin ninguna negociación, se están estableciendo las mismas concesiones, los mismos privilegios al capital internacional, para que vengan a la Argentina con una posición beneficiosa respecto de la industria nacional.
Cuando se comparan los textos del TPP, Tratado Transpacífico, con el de la PPP, Participación Público-Privada, observamos que son idénticos; es decir, están calcados.
En el capítulo del TPP relativo a contrataciones públicas, a cuestiones ambientales o de transparencia, se expresan los mismos términos que hoy la Argentina está concediendo al capital multinacional con este proyecto de ley que el oficialismo pretende aprobar.
Ayer dije que mi primera impresión era que podíamos estar ante una situación de un homónimo: TTP, Tratado Transpacífico, y PPP, Participación Público Privada. La terminología es muy parecida.
Más tarde, averigüé que esto en realidad se llama parónimo, palabras que suenan similares, pero que se escriben de forma diferente y su significado es distinto.
Luego del debate de ayer y de lo que he escuchado hoy, he llegado a la conclusión de que estamos ante un sinónimo. La participación público-privada, por los beneficios que establece a favor de la extranjerización y la intervención de multinacionales en la Argentina, es sinónimo de Tratado Transpacífico, TTP. Tiene el mismo contenido que estos nefastos tratados de libre comercio para la producción y la industria nacional.
Por lo expuesto, vamos a rechazar esta iniciativa. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. BRÜGGE, JUAN FERNANDO (CORDOBA):
Señor presidente: desde el interbloque UNA queremos manifestar que se han hecho varios agregados al proyecto en análisis.
Por supuesto adelanto el voto por la afirmativa, sin perjuicio de que algunos de los miembros de esta bancada harán observaciones en particular sobre algunas cuestiones específicas.
He escuchado atentamente las diferentes posiciones que se han planteado. Como dijimos la semana pasada, creemos que con esta iniciativa se produce un avance comparativo en relación con los antecedentes que tiene la República Argentina, en la materia, especialmente con la llamada ley de reforma del Estado o “ley Dromi”. En esa norma no existía el nivel de control que hoy estamos incluyendo.
Es más, quizás uno de los elementos fundamentales de este proyecto está dado por el hecho de que el proceso de licitación, que obligatoriamente se debe abrir en todos los supuestos de contratación público privada, debe contener parámetros objetivos que permitan comparar ofertas que sean comparables técnica y económicamente, como el nivel de incidencia en el interés general.
Esto es diametralmente diferente a lo que pasó en la década menemista. En aquel momento se presentaban proyectos privados de ejecución de obras a través de la figura de la iniciativa privada que no tenían un marco comparativo para poder medir y evaluar diferentes ofertas, que incluso fueron aprobados por mecanismo de contratación directa, sin ningún tipo de control por parte de organismos públicos o con informes muy livianos, como dan cuenta de ello los dictámenes jurídicos, que se pueden consultar.
Por el contrario, en esta norma las licitaciones no solamente tienen que ser la forma de toda selección de contratista, sino que también, a propuesta de nuestra bancada –aprovecho para resaltar la excelente tarea que realizaron los diputados Marco Lavagna y Carla Pitiot, se han introducido importantes avances en lo que respecta a las condiciones de las ofertas.
Como decía recién, en este punto no solamente las ofertas tienen que ser comparables, sino que, además, se ha establecido concretamente que una vez determinada la posibilidad de una contratación público privada, la misma debe ser publicada en el Boletín Oficial. Los pliegos para la selección de la oferta más conveniente como la contratación deben ser puestos en conocimiento de la sociedad, así como el dictamen que establezca la oportunidad, la conveniencia y la posibilidad técnica de que el interés general será contemplado a través de este mecanismo más eficientemente de lo que podía hacerlo el Estado.
Todo esto nos permite afirmar que habrá una publicidad previa que para nada tenía prevista la ley Dromi, en la que no había ningún tipo de conocimiento previo, sino que a veces esas contrataciones se resolvían en los gabinetes de algunos ministerios y se otorgaban en forma directa.
Dijimos que se hicieron importantes agregados, que fueron compatibilizados con los otros bloques, algunos de los cuales hemos compartido. A modo de ejemplo, voy a señalar algunos, y en lo que respecta a otros, efectuaremos algún tipo de reflexión.
También nos diferenciamos de la ley que recién mencionamos, porque incorporamos requerimientos técnicos de medición para determinar de qué manera evolucionará y se perfeccionará el interés general por medio del uso de este tipo de contratación, que como han dicho muchos señores diputados, es un modelo que viene a complementar los regímenes de contratación pública que ya existen.
¿Para qué sirve establecer criterios de medición? Sirve justamente para que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22, la Auditoría General de la Nación deba efectuar el control correspondiente -que es una obligación legal-, pueda analizar el desarrollo, el resultado y la consecución del objeto del contrato. Esta incorporación es muy importante, pues para poder evaluar ese resultado debe existir un sistema de medición objetivo. Por eso es que nosotros establecimos ese requisito en el inciso e) del artículo 9° del dictamen de comisión.
Asimismo, incorporamos un nuevo concepto, que es el de las externalidades positivas, que tiene que estar presente en el dictamen técnico que se elabore en cada caso, de modo de favorecer la materialización de estos contratos.
También hemos establecido restricciones a la capacidad de ceder este tipo de contrato. Es muy común en la práctica de contratación de la obra pública que se presente alguna empresa con vastos antecedentes, pero que quizás tenga poca capacidad técnica o económica actual, pero que con esos antecedentes pueda tener una alta calificación en el proceso licitatorio y le sea adjudicada la misma, y entonces, después lisa y llanamente procede a ceder el contrato o a subcontratar. Hemos establecido condiciones para evitar esta maniobra a la que la denominada patria contratista nos tiene acostumbrados en la Argentina.
Asimismo, en lo que hace a los conflictos que se puedan presentar entre la contratante y la contratista, se incorpora la intervención de las universidades en los paneles técnicos. En efecto, les damos participación a los técnicos formados en nuestras universidades públicas para que puedan opinar al respecto, lo que asegura la participación de elementos objetivos e importantes en lo que hace a la existencia de la transparencia en la contratación y su ejecución.
Un aspecto no menor es la exigencia que hemos agregado de la necesidad de la existencia de componentes nacionales en los bienes y servicios, que obligatoriamente deben estar presentes en este tipo de contratos. Efectivamente, de la versión de la semana pasada a la actual hubo una mejoría, que está dada por el 33 por ciento que se exige como mínimo en ese esquema, a los fines de lograr una mayor presencia de componentes nacionales, a lo que se suma los agregados que hicimos en materia de protección de las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, me permitiré hacer una propuesta, que por supuesto luego desarrollaremos durante el tratamiento en particular. En el inciso i) del artículo 4°, cuando se hace referencia a que es un requisito de los pliegos fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas, propondremos que esa sea una prioridad, en la medida que –por supuesto- las capacidades técnicas y operativas así lo permitan.
En ese mismo inciso ya habíamos agregado la generación del valor agregado dentro del territorio nacional como uno de los requisitos fundamentales para poder avanzar en esta línea.
Asimismo, debo mencionar la incorporación de la obligatoriedad de la comunicación a la Comisión Bicameral de Seguimiento, lo que constituye un elemento de control parlamentario extra, que se ha agregado al proyecto que vino del Poder Ejecutivo. Del mismo modo, podemos citar la evaluación del beneficio y el reparto adecuado de los aportes y de los riesgos, aspecto que no había quedado claro en el texto originario y que aquí se especifica como aporte nuestro.
No es menor el requisito del dictamen previo por parte del ministerio con referencia al impacto en el medio ambiente. Queremos un contrato de participación público privada que tenga sustentabilidad no solamente económica, sino también ambiental, es decir, que proteja el medio ambiente y que genere un valor agregado en la protección del mismo. Porque justamente de eso se trata. A esta altura del análisis nos preguntamos: ¿por qué se permite este tipo de contrataciones? No es solamente porque el Estado no pueda, sino también porque la sociedad necesita en tiempo real solucionar problemas que quizás el Estado, en función de sus prioridades, no puede tener en cuenta en los tiempos que exige parte de la sociedad. Allí aparece entonces el sector privado, lo que no significa que los aspectos técnicos mencionados, no se tengan en cuenta. Me refiero a la preservación del medio ambiente y a evitar que se afecte la actividad laboral y económica en aquellos lugares donde se pretenda llevar adelante este tipo de contratos.
Por eso es que bien se ha previsto en el proyecto en consideración que se debe evaluar el impacto sobre la economía regional, sobre los aspectos que hacen al mercado laboral y, específicamente, sobre las pymes.
En conclusión, en este punto hemos avanzado en forma cuantitativa y en calidad, en comparación con aquel intento de querer incorporar al sector privado que se llevó adelante en la época de Menem y que hizo mucho mal en algunas áreas y que fracasó.
Por último, y en relación con un aspecto no menor, quiero señalar que un diputado preopinante hizo referencia a la llamada prórroga de jurisdicción en materia de arbitraje, en referencia al artículo 25 del proyecto. Al respecto, debo señalar que ese artículo establece que en la documentación contractual también se podrá determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje.
Si interpretamos correctamente el artículo 25, debemos entender que la prórroga solamente se puede admitir para el arbitraje y no para el avenimiento. Con independencia de que el párrafo segundo así lo establece, insistiremos para que quede claro que en caso de avenimiento no está permitida la prórroga de jurisdicción. La diferencia técnica es que en el avenimiento, que es un acuerdo entre partes, se requiere la homologación o la participación de un juez para que dé solidez y valor jurídico al acuerdo entre las partes.
Para finalizar, debo señalar que aquí se mencionó justamente la prórroga de jurisdicción y la subordinación de las leyes laborales a la legislación extranjera. Parece que hay quienes tienen muy poca memoria. Hace pocos años se estableció un criterio en el sentido de otorgar determinadas facultades a empresas chinas, por medio de contratos específicos elaborados, obviamente, por los propios chinos.
En donde se establecía no solamente que la inversión tenía que ser china, al igual que la financiación, sino que también las leyes laborales aplicables, en caso de haber incompatibilidad, eran las que regían en el país de origen del dinero. Esto es algo que no está previsto ni permitido en esta iniciativa, por lo que regirán las leyes laborales de la República Argentina, ya que no existe autorización legal alguna para que suceda esto que algunos diputados han venido planteando aquí.
Por lo tanto, con las observaciones que hemos formulado, más las que haremos en algunos aspectos durante el tratamiento en particular, adelantamos el voto favorable del interbloque UNA. (Aplausos en las bancas.)
Por supuesto adelanto el voto por la afirmativa, sin perjuicio de que algunos de los miembros de esta bancada harán observaciones en particular sobre algunas cuestiones específicas.
He escuchado atentamente las diferentes posiciones que se han planteado. Como dijimos la semana pasada, creemos que con esta iniciativa se produce un avance comparativo en relación con los antecedentes que tiene la República Argentina, en la materia, especialmente con la llamada ley de reforma del Estado o “ley Dromi”. En esa norma no existía el nivel de control que hoy estamos incluyendo.
Es más, quizás uno de los elementos fundamentales de este proyecto está dado por el hecho de que el proceso de licitación, que obligatoriamente se debe abrir en todos los supuestos de contratación público privada, debe contener parámetros objetivos que permitan comparar ofertas que sean comparables técnica y económicamente, como el nivel de incidencia en el interés general.
Esto es diametralmente diferente a lo que pasó en la década menemista. En aquel momento se presentaban proyectos privados de ejecución de obras a través de la figura de la iniciativa privada que no tenían un marco comparativo para poder medir y evaluar diferentes ofertas, que incluso fueron aprobados por mecanismo de contratación directa, sin ningún tipo de control por parte de organismos públicos o con informes muy livianos, como dan cuenta de ello los dictámenes jurídicos, que se pueden consultar.
Por el contrario, en esta norma las licitaciones no solamente tienen que ser la forma de toda selección de contratista, sino que también, a propuesta de nuestra bancada –aprovecho para resaltar la excelente tarea que realizaron los diputados Marco Lavagna y Carla Pitiot, se han introducido importantes avances en lo que respecta a las condiciones de las ofertas.
Como decía recién, en este punto no solamente las ofertas tienen que ser comparables, sino que, además, se ha establecido concretamente que una vez determinada la posibilidad de una contratación público privada, la misma debe ser publicada en el Boletín Oficial. Los pliegos para la selección de la oferta más conveniente como la contratación deben ser puestos en conocimiento de la sociedad, así como el dictamen que establezca la oportunidad, la conveniencia y la posibilidad técnica de que el interés general será contemplado a través de este mecanismo más eficientemente de lo que podía hacerlo el Estado.
Todo esto nos permite afirmar que habrá una publicidad previa que para nada tenía prevista la ley Dromi, en la que no había ningún tipo de conocimiento previo, sino que a veces esas contrataciones se resolvían en los gabinetes de algunos ministerios y se otorgaban en forma directa.
Dijimos que se hicieron importantes agregados, que fueron compatibilizados con los otros bloques, algunos de los cuales hemos compartido. A modo de ejemplo, voy a señalar algunos, y en lo que respecta a otros, efectuaremos algún tipo de reflexión.
También nos diferenciamos de la ley que recién mencionamos, porque incorporamos requerimientos técnicos de medición para determinar de qué manera evolucionará y se perfeccionará el interés general por medio del uso de este tipo de contratación, que como han dicho muchos señores diputados, es un modelo que viene a complementar los regímenes de contratación pública que ya existen.
¿Para qué sirve establecer criterios de medición? Sirve justamente para que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22, la Auditoría General de la Nación deba efectuar el control correspondiente -que es una obligación legal-, pueda analizar el desarrollo, el resultado y la consecución del objeto del contrato. Esta incorporación es muy importante, pues para poder evaluar ese resultado debe existir un sistema de medición objetivo. Por eso es que nosotros establecimos ese requisito en el inciso e) del artículo 9° del dictamen de comisión.
Asimismo, incorporamos un nuevo concepto, que es el de las externalidades positivas, que tiene que estar presente en el dictamen técnico que se elabore en cada caso, de modo de favorecer la materialización de estos contratos.
También hemos establecido restricciones a la capacidad de ceder este tipo de contrato. Es muy común en la práctica de contratación de la obra pública que se presente alguna empresa con vastos antecedentes, pero que quizás tenga poca capacidad técnica o económica actual, pero que con esos antecedentes pueda tener una alta calificación en el proceso licitatorio y le sea adjudicada la misma, y entonces, después lisa y llanamente procede a ceder el contrato o a subcontratar. Hemos establecido condiciones para evitar esta maniobra a la que la denominada patria contratista nos tiene acostumbrados en la Argentina.
Asimismo, en lo que hace a los conflictos que se puedan presentar entre la contratante y la contratista, se incorpora la intervención de las universidades en los paneles técnicos. En efecto, les damos participación a los técnicos formados en nuestras universidades públicas para que puedan opinar al respecto, lo que asegura la participación de elementos objetivos e importantes en lo que hace a la existencia de la transparencia en la contratación y su ejecución.
Un aspecto no menor es la exigencia que hemos agregado de la necesidad de la existencia de componentes nacionales en los bienes y servicios, que obligatoriamente deben estar presentes en este tipo de contratos. Efectivamente, de la versión de la semana pasada a la actual hubo una mejoría, que está dada por el 33 por ciento que se exige como mínimo en ese esquema, a los fines de lograr una mayor presencia de componentes nacionales, a lo que se suma los agregados que hicimos en materia de protección de las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, me permitiré hacer una propuesta, que por supuesto luego desarrollaremos durante el tratamiento en particular. En el inciso i) del artículo 4°, cuando se hace referencia a que es un requisito de los pliegos fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas, propondremos que esa sea una prioridad, en la medida que –por supuesto- las capacidades técnicas y operativas así lo permitan.
En ese mismo inciso ya habíamos agregado la generación del valor agregado dentro del territorio nacional como uno de los requisitos fundamentales para poder avanzar en esta línea.
Asimismo, debo mencionar la incorporación de la obligatoriedad de la comunicación a la Comisión Bicameral de Seguimiento, lo que constituye un elemento de control parlamentario extra, que se ha agregado al proyecto que vino del Poder Ejecutivo. Del mismo modo, podemos citar la evaluación del beneficio y el reparto adecuado de los aportes y de los riesgos, aspecto que no había quedado claro en el texto originario y que aquí se especifica como aporte nuestro.
No es menor el requisito del dictamen previo por parte del ministerio con referencia al impacto en el medio ambiente. Queremos un contrato de participación público privada que tenga sustentabilidad no solamente económica, sino también ambiental, es decir, que proteja el medio ambiente y que genere un valor agregado en la protección del mismo. Porque justamente de eso se trata. A esta altura del análisis nos preguntamos: ¿por qué se permite este tipo de contrataciones? No es solamente porque el Estado no pueda, sino también porque la sociedad necesita en tiempo real solucionar problemas que quizás el Estado, en función de sus prioridades, no puede tener en cuenta en los tiempos que exige parte de la sociedad. Allí aparece entonces el sector privado, lo que no significa que los aspectos técnicos mencionados, no se tengan en cuenta. Me refiero a la preservación del medio ambiente y a evitar que se afecte la actividad laboral y económica en aquellos lugares donde se pretenda llevar adelante este tipo de contratos.
Por eso es que bien se ha previsto en el proyecto en consideración que se debe evaluar el impacto sobre la economía regional, sobre los aspectos que hacen al mercado laboral y, específicamente, sobre las pymes.
En conclusión, en este punto hemos avanzado en forma cuantitativa y en calidad, en comparación con aquel intento de querer incorporar al sector privado que se llevó adelante en la época de Menem y que hizo mucho mal en algunas áreas y que fracasó.
Por último, y en relación con un aspecto no menor, quiero señalar que un diputado preopinante hizo referencia a la llamada prórroga de jurisdicción en materia de arbitraje, en referencia al artículo 25 del proyecto. Al respecto, debo señalar que ese artículo establece que en la documentación contractual también se podrá determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje.
Si interpretamos correctamente el artículo 25, debemos entender que la prórroga solamente se puede admitir para el arbitraje y no para el avenimiento. Con independencia de que el párrafo segundo así lo establece, insistiremos para que quede claro que en caso de avenimiento no está permitida la prórroga de jurisdicción. La diferencia técnica es que en el avenimiento, que es un acuerdo entre partes, se requiere la homologación o la participación de un juez para que dé solidez y valor jurídico al acuerdo entre las partes.
Para finalizar, debo señalar que aquí se mencionó justamente la prórroga de jurisdicción y la subordinación de las leyes laborales a la legislación extranjera. Parece que hay quienes tienen muy poca memoria. Hace pocos años se estableció un criterio en el sentido de otorgar determinadas facultades a empresas chinas, por medio de contratos específicos elaborados, obviamente, por los propios chinos.
En donde se establecía no solamente que la inversión tenía que ser china, al igual que la financiación, sino que también las leyes laborales aplicables, en caso de haber incompatibilidad, eran las que regían en el país de origen del dinero. Esto es algo que no está previsto ni permitido en esta iniciativa, por lo que regirán las leyes laborales de la República Argentina, ya que no existe autorización legal alguna para que suceda esto que algunos diputados han venido planteando aquí.
Por lo tanto, con las observaciones que hemos formulado, más las que haremos en algunos aspectos durante el tratamiento en particular, adelantamos el voto favorable del interbloque UNA. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
SR. ZILIOTTO, SERGIO RAUL (LA PAMPA):
Señor presidente: en primer lugar, quiero ratificar plenamente lo que este bloque planteó en la sesión anterior, en cuanto a la posición que tenemos respecto del proyecto de ley en consideración.
Hace quince días, cuando tratamos el tema en comisión, la casi unanimidad de los bloques políticos de esta Cámara coincidimos en dos cuestiones. Por un lado, que había que avanzar, que el país necesitaba una herramienta de este tipo para incorporar infraestructura, pero también coincidimos en que era necesario introducir una gran cantidad de cambios porque la iniciativa, tal como venía de la Cámara de Senadores, era –como se dice comúnmente- “invotable”.
Como corresponde, señor presidente, nos pusimos a trabajar. Coincidimos varios diputados de distintos bloques en buscar responsablemente en nuestra tarea de legisladores una solución que contenga el respeto a los intereses de distintos sectores de la República Argentina.
Por eso acordamos cambios en tres direcciones muy claras. Por un lado, la incorporación de sectores que estaban excluidos del proyecto original; por otro lado, mayores controles a esta operatoria y, en tercer lugar, establecer límites a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional en cuanto a hacia dónde y en qué emprendimientos se iban a invertir los dineros de los argentinos.
Someramente, en lo que significa la incorporación de nuestros sectores, hemos hecho un trabajo conjunto. No nos hacemos dueños de todas las modificaciones. Apuntamos a que se respete la industria y por eso hay un piso mínimo de participación del componente nacional del 33 por ciento.
Además, aseguramos que realmente se respete el trabajo argentino, pero principalmente esto tiene que ver con una historia que tenemos en este bloque desde hace mucho tiempo, cuando nos iniciamos conjuntamente y decidimos un camino en común. Siempre hemos defendido el trabajo argentino, la industria nacional y las pymes. Por eso logramos que se tenga muy en cuenta a las pymes, no solo al momento de elaborar los pliegos de licitación en forma beneficiosa, para que puedan participar de esa compulsa, sino que también se las tenga en cuenta a partir de criterios diferenciales al momento de evaluar ofertas.
En lo que hace a los mayores controles, aparte de la AGN, logramos incorporar la participación de la Procuración del Tesoro en lo que hace a dos cuestiones muy claras. Por un lado, tiene que intervenir cuando haya cesión de contratos y, por otro lado, también –y creo que esto es lo más importante- debe informar cuando alguna de las partes invoque la ruptura de la ecuación económico-financiera del contrato, ya que esta sería la puerta a una renegociación del mismo.
Dejamos salvados los presupuestos mínimos que nos exige la ley ambiental y hemos puesto mayores controles al privado para que cumpla con esa legislación vigente.
Tal como lo han planteado otros diputados, hemos incorporado uno de los controles del Parlamento, que es la comisión de seguimiento de la ejecución de estos contratos.
En cuanto a los límites de la discrecionalidad, hemos establecido una discrecionalidad política. No es mi estilo contestar, señor presidente, pero se dicen cosas inexactas y se nos trata de mezclar en una “transa”. Parece que al consenso algunos aquí lo llaman “transa”.
Es muy claro que ningún privado va a venir a decirle al gobierno: “Yo quiero hacer esta obra, y la voy a hacer”. No es así. Las obras deben figurar en el presupuesto con el nombre correspondiente. Eso ha quedado muy claro.
Por otro lado, también en lo que hace a la participación que tiene este nuevo programa en cuanto al total de la distribución de los esfuerzos de los argentinos, se le ha puesto un tope, en el sentido de que esta operatoria nunca puede superar el equivalente al 7 por ciento del PBI.
Por eso nos sentimos muy conformes, con la tranquilidad de haber trabajado. No sé cuántos tendrán esa satisfacción.
Siempre hemos defendido el trabajo argentino. Eso sí, cuando defendemos a los trabajadores no ponemos una vara de 2 mil o más de 2 mil para defenderlos o para llevar adelante medidas de acción directa.
Se habló hace un rato de extranjerización. Estoy muy conforme con lo que vamos a votar, pero, seguramente, si esto tiene algún tipo de extranjerización, cuando vuelva al Senado su sector político mayoritario -que responde a quienes hoy están en contra de esta operatoria- en el juego de la democracia tendrá la posibilidad política de hacer valer lo que ellos plantean con respecto a la extranjerización.
Por último, quiero dejar en claro que, cuando se habla de extranjerización, ella constituye casi una entelequia si no se la pone en visos terrenales.
Podemos hablar de la extranjerización de la soberanía: el acuerdo con China constituye una extranjerización de la soberanía, porque no solo autorizamos la contratación directa de empresas chinas o –como lo planteaba el diputado que me precedió en el uso de la palabra- permitimos que los contratos sean reglados por las leyes chinas, sino que también las tasas de interés eran establecidas por el sistema financiero chino. Es decir que la cuantía de esas tasas de interés no las poníamos nosotros.
Por eso, ratificando todo lo dicho hoy y lo manifestado la semana pasada, con mucha convicción –y a partir del trabajo desarrollado- este bloque Justicialista va a votar favorablemente esta iniciativa. (Aplausos en las bancas.)
Hace quince días, cuando tratamos el tema en comisión, la casi unanimidad de los bloques políticos de esta Cámara coincidimos en dos cuestiones. Por un lado, que había que avanzar, que el país necesitaba una herramienta de este tipo para incorporar infraestructura, pero también coincidimos en que era necesario introducir una gran cantidad de cambios porque la iniciativa, tal como venía de la Cámara de Senadores, era –como se dice comúnmente- “invotable”.
Como corresponde, señor presidente, nos pusimos a trabajar. Coincidimos varios diputados de distintos bloques en buscar responsablemente en nuestra tarea de legisladores una solución que contenga el respeto a los intereses de distintos sectores de la República Argentina.
Por eso acordamos cambios en tres direcciones muy claras. Por un lado, la incorporación de sectores que estaban excluidos del proyecto original; por otro lado, mayores controles a esta operatoria y, en tercer lugar, establecer límites a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional en cuanto a hacia dónde y en qué emprendimientos se iban a invertir los dineros de los argentinos.
Someramente, en lo que significa la incorporación de nuestros sectores, hemos hecho un trabajo conjunto. No nos hacemos dueños de todas las modificaciones. Apuntamos a que se respete la industria y por eso hay un piso mínimo de participación del componente nacional del 33 por ciento.
Además, aseguramos que realmente se respete el trabajo argentino, pero principalmente esto tiene que ver con una historia que tenemos en este bloque desde hace mucho tiempo, cuando nos iniciamos conjuntamente y decidimos un camino en común. Siempre hemos defendido el trabajo argentino, la industria nacional y las pymes. Por eso logramos que se tenga muy en cuenta a las pymes, no solo al momento de elaborar los pliegos de licitación en forma beneficiosa, para que puedan participar de esa compulsa, sino que también se las tenga en cuenta a partir de criterios diferenciales al momento de evaluar ofertas.
En lo que hace a los mayores controles, aparte de la AGN, logramos incorporar la participación de la Procuración del Tesoro en lo que hace a dos cuestiones muy claras. Por un lado, tiene que intervenir cuando haya cesión de contratos y, por otro lado, también –y creo que esto es lo más importante- debe informar cuando alguna de las partes invoque la ruptura de la ecuación económico-financiera del contrato, ya que esta sería la puerta a una renegociación del mismo.
Dejamos salvados los presupuestos mínimos que nos exige la ley ambiental y hemos puesto mayores controles al privado para que cumpla con esa legislación vigente.
Tal como lo han planteado otros diputados, hemos incorporado uno de los controles del Parlamento, que es la comisión de seguimiento de la ejecución de estos contratos.
En cuanto a los límites de la discrecionalidad, hemos establecido una discrecionalidad política. No es mi estilo contestar, señor presidente, pero se dicen cosas inexactas y se nos trata de mezclar en una “transa”. Parece que al consenso algunos aquí lo llaman “transa”.
Es muy claro que ningún privado va a venir a decirle al gobierno: “Yo quiero hacer esta obra, y la voy a hacer”. No es así. Las obras deben figurar en el presupuesto con el nombre correspondiente. Eso ha quedado muy claro.
Por otro lado, también en lo que hace a la participación que tiene este nuevo programa en cuanto al total de la distribución de los esfuerzos de los argentinos, se le ha puesto un tope, en el sentido de que esta operatoria nunca puede superar el equivalente al 7 por ciento del PBI.
Por eso nos sentimos muy conformes, con la tranquilidad de haber trabajado. No sé cuántos tendrán esa satisfacción.
Siempre hemos defendido el trabajo argentino. Eso sí, cuando defendemos a los trabajadores no ponemos una vara de 2 mil o más de 2 mil para defenderlos o para llevar adelante medidas de acción directa.
Se habló hace un rato de extranjerización. Estoy muy conforme con lo que vamos a votar, pero, seguramente, si esto tiene algún tipo de extranjerización, cuando vuelva al Senado su sector político mayoritario -que responde a quienes hoy están en contra de esta operatoria- en el juego de la democracia tendrá la posibilidad política de hacer valer lo que ellos plantean con respecto a la extranjerización.
Por último, quiero dejar en claro que, cuando se habla de extranjerización, ella constituye casi una entelequia si no se la pone en visos terrenales.
Podemos hablar de la extranjerización de la soberanía: el acuerdo con China constituye una extranjerización de la soberanía, porque no solo autorizamos la contratación directa de empresas chinas o –como lo planteaba el diputado que me precedió en el uso de la palabra- permitimos que los contratos sean reglados por las leyes chinas, sino que también las tasas de interés eran establecidas por el sistema financiero chino. Es decir que la cuantía de esas tasas de interés no las poníamos nosotros.
Por eso, ratificando todo lo dicho hoy y lo manifestado la semana pasada, con mucha convicción –y a partir del trabajo desarrollado- este bloque Justicialista va a votar favorablemente esta iniciativa. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
SRA. COUSINET, GRACIELA (MENDOZA):
Señor presidente: el bloque del Frente Amplio Progresista se expresó claramente en la sesión anterior.
Ante la moción de que esta iniciativa volviera a comisión, nos abstuvimos, y lo hicimos con la intención de que fuera votada y rechazada, porque considerábamos que ningún tipo de modificación podía transformarla en una buena ley, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que, volviendo al Senado, fuera ratificada tal como llegó.
Por lo tanto, vamos a seguir sosteniendo lo que hemos opinado la diputada Stolbizer y yo en la sesión anterior, y si bien vemos que se ha hecho un esfuerzo por modificar algunos aspectos de este proyecto, en realidad consideramos que más bien son modificaciones terminológicas, que no hacen a la esencia de lo que la iniciativa pretende.
Se sigue reservando en los futuros contratos la capacidad discrecional para determinar la responsabilidad de los contratantes y contratistas con respecto a los perjuicios medioambientales.
Se sigue sosteniendo la prórroga de jurisdicción, más allá de ciertas explicaciones que algunos diputados han dado en el sentido de hacer creer que esta prórroga de jurisdicción no implica efectos jurídicos. Pero el arbitraje también tiene efectos jurídicos y esta prórroga de jurisdicción, sin la menor duda, constituye una entrega de la soberanía nacional a tribunales extranjeros.
Se sigue sosteniendo la garantía de ganancias mínimas. Es decir, se cambió “ganancias razonables” por “ganancias mínimas”, pero el concepto sigue siendo el mismo.
No voy a insistir en lo que ya dijimos durante la sesión pasada; eso quedó grabado y consta en actas. Simplemente voy a terminar mi exposición ratificando que el Bloque Progresista se va a oponer a este proyecto de ley y que vamos a votarlo negativamente, porque consideramos que a pesar de los esfuerzos –que valoro- por modificarla, lo esencial sigue siendo lo mismo y, en definitiva, responde a una ideología y a una concepción del desarrollo social y económico del país que considera que la inversión extranjera debe ser el motor de la economía por sobre los capitales nacionales. Históricamente vemos que cuando esta concepción se ha impuesto, peor nos ha ido, y cuando se ha impuesto la concepción de defender el trabajo y el esfuerzo nacionales, el país ha crecido más. (Aplausos en las bancas.)
Ante la moción de que esta iniciativa volviera a comisión, nos abstuvimos, y lo hicimos con la intención de que fuera votada y rechazada, porque considerábamos que ningún tipo de modificación podía transformarla en una buena ley, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que, volviendo al Senado, fuera ratificada tal como llegó.
Por lo tanto, vamos a seguir sosteniendo lo que hemos opinado la diputada Stolbizer y yo en la sesión anterior, y si bien vemos que se ha hecho un esfuerzo por modificar algunos aspectos de este proyecto, en realidad consideramos que más bien son modificaciones terminológicas, que no hacen a la esencia de lo que la iniciativa pretende.
Se sigue reservando en los futuros contratos la capacidad discrecional para determinar la responsabilidad de los contratantes y contratistas con respecto a los perjuicios medioambientales.
Se sigue sosteniendo la prórroga de jurisdicción, más allá de ciertas explicaciones que algunos diputados han dado en el sentido de hacer creer que esta prórroga de jurisdicción no implica efectos jurídicos. Pero el arbitraje también tiene efectos jurídicos y esta prórroga de jurisdicción, sin la menor duda, constituye una entrega de la soberanía nacional a tribunales extranjeros.
Se sigue sosteniendo la garantía de ganancias mínimas. Es decir, se cambió “ganancias razonables” por “ganancias mínimas”, pero el concepto sigue siendo el mismo.
No voy a insistir en lo que ya dijimos durante la sesión pasada; eso quedó grabado y consta en actas. Simplemente voy a terminar mi exposición ratificando que el Bloque Progresista se va a oponer a este proyecto de ley y que vamos a votarlo negativamente, porque consideramos que a pesar de los esfuerzos –que valoro- por modificarla, lo esencial sigue siendo lo mismo y, en definitiva, responde a una ideología y a una concepción del desarrollo social y económico del país que considera que la inversión extranjera debe ser el motor de la economía por sobre los capitales nacionales. Históricamente vemos que cuando esta concepción se ha impuesto, peor nos ha ido, y cuando se ha impuesto la concepción de defender el trabajo y el esfuerzo nacionales, el país ha crecido más. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. GIUSTOZZI, RUBEN DARIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar, cuando aparece una herramienta de estas características, obviamente es importante buscar antecedentes, profundizar y ver qué es lo que se está haciendo en el mundo en esta materia.
Aun cuando pueda haber aristas para observar, creo que solo se trata de un instrumento que este gobierno merece y necesita tener, de la misma manera que en su primer año de gobierno necesita contar con el presupuesto, que seguramente aprobaremos hoy. Necesita contar con los elementos en los que cree para poder administrar el país y generar las herramientas a fin de conseguir los objetivos que se ha propuesto al inicio de su gestión. A cualquier gobierno le sucede eso, sobre todo por una condición natural de decidir con qué elementos va a tratar de conseguir los objetivos que se propuso.
Pero hay muchos otros temas tan importantes como este. Días pasados esta cuestión tomó una dimensión tal que al principio me dio bronca y después lástima. Me dio lástima ver cómo este Congreso dejaba de lado y permitía pasar temas tan importantes que constituyen casi el corazón de la podredumbre argentina. Aclaro que, no obstante esto, a lo largo de los años y en este mismo período legislativo ha habido aportes de prestigiosos diputados.
Hace dos años, sentado en una banca un poco más allá, dije que había que prestar atención, porque había compraventa de cárceles según el nivel de recaudación. Se lo dije también al entonces jefe de Gabinete. Sabiendo que era solo simbólico, pedí que pusieran este pedido en letra mayúscula en la versión taquigráfica y que, por favor, se prestara atención, porque era un cáncer que avanzaba sin ninguna cura.
Pero hay un cáncer peor aún. Hace muchos años, cuando yo recién empezaba en la política, un viejo militante me decía: “Mirá, Darío, la prostitución, el juego, la droga, los delitos manchados con sangre que se llevan vidas, son un mostrador redondo. Y en el medio está la corrupción judicial, policial, etcétera.” Eso es importante. Acompañemos este proyecto.
Muchos que hoy dicen que esto es neoliberal, ¿saben lo que han acompañado en los años noventa, dando herramientas para la transformación? Aclaro que no los culpo, era propio de la época. Algunos nos oponíamos, pero quiero recordar de qué se trataba: eliminación de las paritarias, relaciones carnales, 25 por ciento de desocupación. Recordarán lo de “ramal que para, ramal que cierra”, el abrazo a Rojas, el alineamiento con el consenso de Washington, las privatizaciones salvajes.
Esta es una herramienta, muchachos, y hay que votarla, pero no escondamos las cosas importantes, sobre las que voy a volver a referirme en el momento en que se trate el proyecto de presupuesto.
Hace años denuncié, repito, que en el medio de ese mostrador redondo estaba la corrupción policial que tomaba rehenes. Aclaro no estoy hablando de toda la policía; eso sería caer en una de esas generalizaciones que tanto asco me dan. Ahora bien, ¿cómo es posible que haya crecido constituyendo casi un estado paralelo? ¿Cómo es posible que en este recinto –insisto que después voy a ampliar no le dediquemos el tiempo ni la importancia que tiene la constitución de un Estado paralelo, un Estado que se financia blanqueando guita del narcotráfico a través del juego en los bingos donde, además, se cambian cheques a veces provenientes del Estado? Además, hay servicios de prostitución VIP que les plantan a jueces, fiscales y políticos. ¿Quieren que les diga más o menos por dónde anda? Sabemos por dónde anda y hay que empezar a decirlo.
Se trata de narcotráfico, juego y construcción de hoteles. Y no me estoy refiriendo a Hotesur ni a hoteles del sur. Hoteles, restaurantes, juego. Todo difícil de controlar. Todo imposible de cuantificar. Incluso, las iglesias evangélicas son utilizadas como mecanismo de recaudación de recursos que nadie puede explicar.
En mi gestión como intendente, mi primer decreto fue declarar la emergencia en la nocturnidad. Después, en oportunidad del análisis del proyecto de presupuesto, voy a ampliar esto. El diputado Caviglia en su momento denunció solitariamente a Yabrán y mostró el entramado que venía ya desde la dictadura militar.
El otro día recordábamos lo escandaloso que era eso, pero era apenas un granito de arena en comparación con lo que resultó ser después. ¿Saben por qué? Porque pese a que había jueces probos que trabajaban esforzadamente, estaban limitados en su capacidad operativa. Recordarán en Ezeiza lo de Intercargo e Interbaires, cuando se denunció que la Aduana era un ámbito por donde entraba y salía de todo. Ahí ya notábamos que era un mecanismo por donde pasaba el narcotráfico sin ningún tipo de control.
Recordarán ustedes –el diputado Caviglia lo tiene bien presente que en ese momento, estando Juliá a cargo de la Fuerza Aérea, operaban, trabajaban y se constituyeron ejércitos de complicidades. Con sus manos manchadas con sangre hicieron lo peor. Ese era un Estado paralelo. Esas son cosas importantes.
En cambio, este proyecto es una herramienta que debemos dar al gobierno para intentar dinamizar la economía. Debemos iniciar este debate diciendo las cosas como son. Cuando me toque intervenir en el debate del proyecto de presupuesto voy a hablar de lo que son capaces de hacer, cómo actúan y cómo amenazan, propio de las mafias tanas que se ven en las películas. Que esto tampoco sea una generalización, también ocurrían estas cosas en la época de la ley seca. Crecía y crecía, había un Estado paralelo que se comía jueces, fiscales, políticos, fuerzas de seguridad y todo el mundo miraba para otro lado.
Crecía el horror y todo el mundo miraba para otro lado. No miremos para otro lado. Demos a estos temas la suficiente importancia. Somos diputados de la Nación. Siento que hay quienes han tomado la bandera y con dificultad la llevan adelante. Pero aquella corrupción policial que denunciamos, vinculada al servicio penitenciario y a tantas cosas insisto, no todos no era parte del problema, era el problema. Me refiero al Estado convertido en el verdugo del pueblo, escondiendo la verdad, garantizando y generando mecanismos para que fluyan, como torrentes interminables, fondos provenientes del narcotráfico que envenenan a los pibes, y después salen con caritas de ángel, corderos; en el fondo, solo son lobos.
No demos a este tema más importancia de la que tiene. Hay otros asuntos muy importantes, y es indignante las cosas que se escuchan en los medios de difusión; cómo se utiliza la difamación, la extorsión y, como dije, la prostitución VIP para plantar situaciones y tantos otros mecanismos, como las escuchas clandestinas.
Esto no es responsabilidad de este gobierno, sino, básicamente, de todos y, esencialmente, de aquellos que se hacen los giles y son sus principales actores.
Aun cuando pueda haber aristas para observar, creo que solo se trata de un instrumento que este gobierno merece y necesita tener, de la misma manera que en su primer año de gobierno necesita contar con el presupuesto, que seguramente aprobaremos hoy. Necesita contar con los elementos en los que cree para poder administrar el país y generar las herramientas a fin de conseguir los objetivos que se ha propuesto al inicio de su gestión. A cualquier gobierno le sucede eso, sobre todo por una condición natural de decidir con qué elementos va a tratar de conseguir los objetivos que se propuso.
Pero hay muchos otros temas tan importantes como este. Días pasados esta cuestión tomó una dimensión tal que al principio me dio bronca y después lástima. Me dio lástima ver cómo este Congreso dejaba de lado y permitía pasar temas tan importantes que constituyen casi el corazón de la podredumbre argentina. Aclaro que, no obstante esto, a lo largo de los años y en este mismo período legislativo ha habido aportes de prestigiosos diputados.
Hace dos años, sentado en una banca un poco más allá, dije que había que prestar atención, porque había compraventa de cárceles según el nivel de recaudación. Se lo dije también al entonces jefe de Gabinete. Sabiendo que era solo simbólico, pedí que pusieran este pedido en letra mayúscula en la versión taquigráfica y que, por favor, se prestara atención, porque era un cáncer que avanzaba sin ninguna cura.
Pero hay un cáncer peor aún. Hace muchos años, cuando yo recién empezaba en la política, un viejo militante me decía: “Mirá, Darío, la prostitución, el juego, la droga, los delitos manchados con sangre que se llevan vidas, son un mostrador redondo. Y en el medio está la corrupción judicial, policial, etcétera.” Eso es importante. Acompañemos este proyecto.
Muchos que hoy dicen que esto es neoliberal, ¿saben lo que han acompañado en los años noventa, dando herramientas para la transformación? Aclaro que no los culpo, era propio de la época. Algunos nos oponíamos, pero quiero recordar de qué se trataba: eliminación de las paritarias, relaciones carnales, 25 por ciento de desocupación. Recordarán lo de “ramal que para, ramal que cierra”, el abrazo a Rojas, el alineamiento con el consenso de Washington, las privatizaciones salvajes.
Esta es una herramienta, muchachos, y hay que votarla, pero no escondamos las cosas importantes, sobre las que voy a volver a referirme en el momento en que se trate el proyecto de presupuesto.
Hace años denuncié, repito, que en el medio de ese mostrador redondo estaba la corrupción policial que tomaba rehenes. Aclaro no estoy hablando de toda la policía; eso sería caer en una de esas generalizaciones que tanto asco me dan. Ahora bien, ¿cómo es posible que haya crecido constituyendo casi un estado paralelo? ¿Cómo es posible que en este recinto –insisto que después voy a ampliar no le dediquemos el tiempo ni la importancia que tiene la constitución de un Estado paralelo, un Estado que se financia blanqueando guita del narcotráfico a través del juego en los bingos donde, además, se cambian cheques a veces provenientes del Estado? Además, hay servicios de prostitución VIP que les plantan a jueces, fiscales y políticos. ¿Quieren que les diga más o menos por dónde anda? Sabemos por dónde anda y hay que empezar a decirlo.
Se trata de narcotráfico, juego y construcción de hoteles. Y no me estoy refiriendo a Hotesur ni a hoteles del sur. Hoteles, restaurantes, juego. Todo difícil de controlar. Todo imposible de cuantificar. Incluso, las iglesias evangélicas son utilizadas como mecanismo de recaudación de recursos que nadie puede explicar.
En mi gestión como intendente, mi primer decreto fue declarar la emergencia en la nocturnidad. Después, en oportunidad del análisis del proyecto de presupuesto, voy a ampliar esto. El diputado Caviglia en su momento denunció solitariamente a Yabrán y mostró el entramado que venía ya desde la dictadura militar.
El otro día recordábamos lo escandaloso que era eso, pero era apenas un granito de arena en comparación con lo que resultó ser después. ¿Saben por qué? Porque pese a que había jueces probos que trabajaban esforzadamente, estaban limitados en su capacidad operativa. Recordarán en Ezeiza lo de Intercargo e Interbaires, cuando se denunció que la Aduana era un ámbito por donde entraba y salía de todo. Ahí ya notábamos que era un mecanismo por donde pasaba el narcotráfico sin ningún tipo de control.
Recordarán ustedes –el diputado Caviglia lo tiene bien presente que en ese momento, estando Juliá a cargo de la Fuerza Aérea, operaban, trabajaban y se constituyeron ejércitos de complicidades. Con sus manos manchadas con sangre hicieron lo peor. Ese era un Estado paralelo. Esas son cosas importantes.
En cambio, este proyecto es una herramienta que debemos dar al gobierno para intentar dinamizar la economía. Debemos iniciar este debate diciendo las cosas como son. Cuando me toque intervenir en el debate del proyecto de presupuesto voy a hablar de lo que son capaces de hacer, cómo actúan y cómo amenazan, propio de las mafias tanas que se ven en las películas. Que esto tampoco sea una generalización, también ocurrían estas cosas en la época de la ley seca. Crecía y crecía, había un Estado paralelo que se comía jueces, fiscales, políticos, fuerzas de seguridad y todo el mundo miraba para otro lado.
Crecía el horror y todo el mundo miraba para otro lado. No miremos para otro lado. Demos a estos temas la suficiente importancia. Somos diputados de la Nación. Siento que hay quienes han tomado la bandera y con dificultad la llevan adelante. Pero aquella corrupción policial que denunciamos, vinculada al servicio penitenciario y a tantas cosas insisto, no todos no era parte del problema, era el problema. Me refiero al Estado convertido en el verdugo del pueblo, escondiendo la verdad, garantizando y generando mecanismos para que fluyan, como torrentes interminables, fondos provenientes del narcotráfico que envenenan a los pibes, y después salen con caritas de ángel, corderos; en el fondo, solo son lobos.
No demos a este tema más importancia de la que tiene. Hay otros asuntos muy importantes, y es indignante las cosas que se escuchan en los medios de difusión; cómo se utiliza la difamación, la extorsión y, como dije, la prostitución VIP para plantar situaciones y tantos otros mecanismos, como las escuchas clandestinas.
Esto no es responsabilidad de este gobierno, sino, básicamente, de todos y, esencialmente, de aquellos que se hacen los giles y son sus principales actores.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. GUZMAN, ANDRES ERNESTO (CORDOBA):
Señor presidente: voy a ser muy breve para expresar la posición de nuestro bloque ante este tema, que votaremos en contra.
En principio, estamos tratando por segunda vez en el recinto el proyecto de ley que establece un sistema de contratación de participación público privada, justamente porque no se lograron los consensos necesarios; es polémico, tiene muchas críticas y no existió la posibilidad de darle el tratamiento correspondiente durante la sesión pasada. Si bien en el análisis en comisión se realizaron algunas modificaciones, finalmente en el día de hoy estamos considerándolo.
Desde el punto de vista técnico, podemos encontrar algunos puntos a favor y otros, en contra. Particularmente, el señor diputado Brügge acaba de realizar importantes aportes técnicos. Asimismo, valoramos muchísimo la actitud de los compañeros de la oposición, que han tenido la buena voluntad –a pesar de estar en contra en muchas oportunidades de hacer aportes valiosos.
No compartimos la regla: “Cuanto peor, mejor”; en realidad, la visión debe ser: “Cuanto mejor, mejor”. Si hay posibilidad de hacer aportes para contribuir, bienvenido sea. Nadie quiere que al país le vaya mal; todo lo contrario, en este sentido creemos que a la Argentina debe irle bien, y para eso tenemos que hacer nuestros aportes. En todo caso, desde la oposición, debemos buscar las formas para representar a las mayorías y ser una alternativa política en el futuro, no solo superadora de Macri, sino también de nosotros mismos.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Pablo Gabriel Tonelli.
En principio, estamos tratando por segunda vez en el recinto el proyecto de ley que establece un sistema de contratación de participación público privada, justamente porque no se lograron los consensos necesarios; es polémico, tiene muchas críticas y no existió la posibilidad de darle el tratamiento correspondiente durante la sesión pasada. Si bien en el análisis en comisión se realizaron algunas modificaciones, finalmente en el día de hoy estamos considerándolo.
Desde el punto de vista técnico, podemos encontrar algunos puntos a favor y otros, en contra. Particularmente, el señor diputado Brügge acaba de realizar importantes aportes técnicos. Asimismo, valoramos muchísimo la actitud de los compañeros de la oposición, que han tenido la buena voluntad –a pesar de estar en contra en muchas oportunidades de hacer aportes valiosos.
No compartimos la regla: “Cuanto peor, mejor”; en realidad, la visión debe ser: “Cuanto mejor, mejor”. Si hay posibilidad de hacer aportes para contribuir, bienvenido sea. Nadie quiere que al país le vaya mal; todo lo contrario, en este sentido creemos que a la Argentina debe irle bien, y para eso tenemos que hacer nuestros aportes. En todo caso, desde la oposición, debemos buscar las formas para representar a las mayorías y ser una alternativa política en el futuro, no solo superadora de Macri, sino también de nosotros mismos.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Pablo Gabriel Tonelli.
SR. GUZMAN, ANDRES ERNESTO (CORDOBA):
En el marco de ese camino podemos seguir hablando de cuestiones técnicas, pero lo importante es la lectura política de esta norma que estamos analizando.
Consideramos que Cambiemos está dejando pasar otra posibilidad importante que le ha dado el pueblo argentino a través del voto popular. Macri no es la dictadura, ganó con el voto popular, generó un partido político, expresó un proyecto político y la gente lo votó, y ganó; eso hay que bancárselo y hacer una autocrítica para entender por qué se dio esa situación en la Argentina. Por supuesto que no estamos de acuerdo con las políticas económicas, advertimos los costos de dichas políticas, a las cuales somos opositores, y así vamos a expresarlo, pero responsablemente.
Cambiemos deja pasar una gran posibilidad porque rompe un pacto electoral que lo llevó a esa victoria, no solo con promesas como modificar el impuesto a las ganancias o no devaluar, sino también con una bandera que fue la transparencia y un gobierno abierto. Recordemos que en oportunidad de tratarse la iniciativa conocida como “gobierno abierto” o difusión de la información pública, fue acompañada por los señores diputados, lo cual es correcto. Sin embargo, en esta ocasión, cuando hablamos de obra pública, tocamos un punto neurálgico muy importante.
Los señores diputados de izquierda propiciaron una modificación, destacando algo trascendente: cómo aumentaron los patrimonios de los funcionarios vinculados con la obra pública desde la época de la dictadura hasta la fecha. En la Argentina, la obra pública siempre ha estado asociada a la corrupción; ese es un problema que debemos poner sobre la mesa. Obviamente, se trata de una situación que debemos analizar.
Si hablamos de cambios, de transparencia, de luchar contra la corrupción, asumiendo que no es propiedad de un partido o sector político, debemos hacer autocrítica y poner el tema sobre la mesa con absoluta sinceridad, a fin de comprender que todos somos parte de este debate, que necesitamos cambiar. En ese sentido, eso es lo que la gente está pidiendo a la política y a sus representantes, sumado a la situación de que realmente está pasando hambre.
Creo que Cambiemos deja pasar esta posibilidad, porque ampliando la participación del sector privado en la contratación de obra pública, no se logrará mayor control o democratización. Tampoco estamos en contra de los privados; ojalá haya muchísimas empresas y privados para que no haya monopolios en ningún rubro, sea algo más horizontal y pueda accederse a licitaciones más abiertas.
Estas cuestiones no son las que se están debatiendo en este momento; tampoco se está poniendo la órbita sobre el control de los plazos en el inicio o terminación de las obras o en las propias licitaciones. Se está ampliando, nada más y nada menos, que la participación privada en las contrataciones del Estado. Esta medida no va a resolver este problema, sino alcanzar un mayor control por parte del Estado, fortalecerlo y así generar un mayor control público.
Desde este lugar estamos planteando nuestra posición política; debemos abordar el tema de la transparencia y la corrupción con todas las cartas sobre la mesa. Por ello, advertimos una incongruencia que deseamos marcar desde esta bandera y pacto social que tuvo Cambiemos el año pasado con el electorado.
Más allá de los análisis técnicos, por estos motivos políticos, este bloque votará en contra de esta norma.
Consideramos que Cambiemos está dejando pasar otra posibilidad importante que le ha dado el pueblo argentino a través del voto popular. Macri no es la dictadura, ganó con el voto popular, generó un partido político, expresó un proyecto político y la gente lo votó, y ganó; eso hay que bancárselo y hacer una autocrítica para entender por qué se dio esa situación en la Argentina. Por supuesto que no estamos de acuerdo con las políticas económicas, advertimos los costos de dichas políticas, a las cuales somos opositores, y así vamos a expresarlo, pero responsablemente.
Cambiemos deja pasar una gran posibilidad porque rompe un pacto electoral que lo llevó a esa victoria, no solo con promesas como modificar el impuesto a las ganancias o no devaluar, sino también con una bandera que fue la transparencia y un gobierno abierto. Recordemos que en oportunidad de tratarse la iniciativa conocida como “gobierno abierto” o difusión de la información pública, fue acompañada por los señores diputados, lo cual es correcto. Sin embargo, en esta ocasión, cuando hablamos de obra pública, tocamos un punto neurálgico muy importante.
Los señores diputados de izquierda propiciaron una modificación, destacando algo trascendente: cómo aumentaron los patrimonios de los funcionarios vinculados con la obra pública desde la época de la dictadura hasta la fecha. En la Argentina, la obra pública siempre ha estado asociada a la corrupción; ese es un problema que debemos poner sobre la mesa. Obviamente, se trata de una situación que debemos analizar.
Si hablamos de cambios, de transparencia, de luchar contra la corrupción, asumiendo que no es propiedad de un partido o sector político, debemos hacer autocrítica y poner el tema sobre la mesa con absoluta sinceridad, a fin de comprender que todos somos parte de este debate, que necesitamos cambiar. En ese sentido, eso es lo que la gente está pidiendo a la política y a sus representantes, sumado a la situación de que realmente está pasando hambre.
Creo que Cambiemos deja pasar esta posibilidad, porque ampliando la participación del sector privado en la contratación de obra pública, no se logrará mayor control o democratización. Tampoco estamos en contra de los privados; ojalá haya muchísimas empresas y privados para que no haya monopolios en ningún rubro, sea algo más horizontal y pueda accederse a licitaciones más abiertas.
Estas cuestiones no son las que se están debatiendo en este momento; tampoco se está poniendo la órbita sobre el control de los plazos en el inicio o terminación de las obras o en las propias licitaciones. Se está ampliando, nada más y nada menos, que la participación privada en las contrataciones del Estado. Esta medida no va a resolver este problema, sino alcanzar un mayor control por parte del Estado, fortalecerlo y así generar un mayor control público.
Desde este lugar estamos planteando nuestra posición política; debemos abordar el tema de la transparencia y la corrupción con todas las cartas sobre la mesa. Por ello, advertimos una incongruencia que deseamos marcar desde esta bandera y pacto social que tuvo Cambiemos el año pasado con el electorado.
Más allá de los análisis técnicos, por estos motivos políticos, este bloque votará en contra de esta norma.
SR. PRESIDENTE(TONELLI)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: hace exactamente ochenta y un años los jóvenes radicales yrigoyenistas nucleados en FORJA, como, Gabriel del Mazo, Homero Manzi, Luis Dellepiane, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros, daban a conocer su primer documento en el que cuestionaban con dolor el silencio del radicalismo en el Parlamento y, en especial, ante aquello que poco después ellos llamarían el “estatuto legal del coloniaje”, haciendo referencia al acuerdo comercial firmado en 1933 por el vicepresidente de la Nación, Julio Argentino Roca, hijo, y el encargado de negocios de Inglaterra, Walter Runciman.
Me pregunto qué opinarían esos nobles militantes radicales ante la firma de dos proyectos que se complementan perfectamente, como son el relativo a las participaciones público privadas y el irracional endeudamiento que se establece en el presupuesto, y que constituyen un nuevo estatuto legal.
Por una parte, la iniciativa de participación público privada, a la que se le han realizado algunos retoques, pero no de fondo, mantiene un espíritu de sometimiento del Estado nacional a los condicionamientos y pretensiones de las corporaciones y bancos, tanto los trasnacionales extranjeros como los locales. De hecho, se mantiene la sumisión al arbitraje en los tribunales extranjeros, aunque se le haya puesto este condicionamiento de que debe ser avalado por el Poder Ejecutivo. Pero un Poder Ejecutivo que está dispuesto a firmar este tipo de tratados y, por lo tanto, a someterse a la voluntad, no da la sensación de que se niegue. Con lo cual volvemos a tener una situación en la cual ya hemos pasado muy malas experiencias, que se sintetizan en la imagen espectral del juez Griesa de los Estados Unidos.
Se define que el Estado va a brindar avales y al mismo tiempo garantizar una racional rentabilidad para las empresas a su vez, esto significa que no corren ningún riesgo empresario y se establecen las condiciones para que, ante cualquier tormenta económica o financiera que pueda producirse, estén dadas las bases para una nueva maniobra de estatización de los costos y de la deuda privada.
Esto establece una nueva línea histórica, que no es precisamente la de FORJA: es la línea histórica que se inicia con Martínez de Hoz y sigue con el ministro Cavallo, es decir, que se desarrolla durante la dictadura, el menemismo y la Alianza, y ahora pareciera consolidarse en Cambiemos. ¿Cuál es esa línea? Otorgar beneficios a las corporaciones y bancos, y costos para el Estado y el pueblo argentinos. Esta película ya la vimos y sabemos cómo termina: en lo que pasó en 2001 y en una dramática decadencia del país.
Al mismo tiempo, esto significa muy claramente ir cumpliendo las condiciones para la entrada de la Argentina en la Alianza del Pacífico, como parte del ingreso al Tratado Transpacífico. Una de ellas es entregar el Estado a la voracidad de las corporaciones y bancos, como muestra el dramático ejemplo de México. El tema de la paulatina “mexicanización” de la Argentina se va consolidando cada vez más.
Con referencia a los daños ambientales, si bien se han establecido algunos elementos para que las empresas se comprometan a no generar los daños que conocemos –de Monsanto, de la Barrick Gold y de quienes ahora están dedicándose al fracking en los hidrocarburos no convencionales, ante la pregunta al jefe de gobierno de quién se hace responsable de los sucesivos derrames de la Barrick Gold en San Juan en el río Jáchal y otros, la respuesta fue que eso pertenece al derecho privado. Entonces, o tenemos el derecho privado, donde los pobladores de Jáchal deben enfrentar ni más ni menos que a la Barrick Gold, o tenemos un Estado que se hace responsable de cuáles son esos daños o perjuicios ambientales.
Por lo tanto, hay una subordinación de la soberanía nacional al espíritu de la Alianza del Pacífico. Quiero mencionar dos elementos de la Alianza del Pacífico. En la reunión de Puerto Varas, a la cual concurrió el presidente Macri en junio del año pasado, se declaró que lo nuevo de este proyecto es que surge de un entramado empresario hacia arriba y no como una política de Estado. Es decir que la lógica y los valores son esencialmente empresarios: costobeneficioprecio; el que lo pueda pagar, que lo pague, y el que no, paciencia.
Pero a su vez esto supuso una inmolación de las pymes y de los trabajadores, porque otro de los comentarios que hicieron quienes estuvieron reunidos en Puerto Varas es que el problema más grave de Argentina y Brasil es la fortaleza de las organizaciones sindicales.
Esto es un anuncio de un paso peligrosísimo que estamos dando y que se va a consolidar con el entrampamiento de la deuda externa prevista en el presupuesto. (Aplausos en las bancas.)
Me pregunto qué opinarían esos nobles militantes radicales ante la firma de dos proyectos que se complementan perfectamente, como son el relativo a las participaciones público privadas y el irracional endeudamiento que se establece en el presupuesto, y que constituyen un nuevo estatuto legal.
Por una parte, la iniciativa de participación público privada, a la que se le han realizado algunos retoques, pero no de fondo, mantiene un espíritu de sometimiento del Estado nacional a los condicionamientos y pretensiones de las corporaciones y bancos, tanto los trasnacionales extranjeros como los locales. De hecho, se mantiene la sumisión al arbitraje en los tribunales extranjeros, aunque se le haya puesto este condicionamiento de que debe ser avalado por el Poder Ejecutivo. Pero un Poder Ejecutivo que está dispuesto a firmar este tipo de tratados y, por lo tanto, a someterse a la voluntad, no da la sensación de que se niegue. Con lo cual volvemos a tener una situación en la cual ya hemos pasado muy malas experiencias, que se sintetizan en la imagen espectral del juez Griesa de los Estados Unidos.
Se define que el Estado va a brindar avales y al mismo tiempo garantizar una racional rentabilidad para las empresas a su vez, esto significa que no corren ningún riesgo empresario y se establecen las condiciones para que, ante cualquier tormenta económica o financiera que pueda producirse, estén dadas las bases para una nueva maniobra de estatización de los costos y de la deuda privada.
Esto establece una nueva línea histórica, que no es precisamente la de FORJA: es la línea histórica que se inicia con Martínez de Hoz y sigue con el ministro Cavallo, es decir, que se desarrolla durante la dictadura, el menemismo y la Alianza, y ahora pareciera consolidarse en Cambiemos. ¿Cuál es esa línea? Otorgar beneficios a las corporaciones y bancos, y costos para el Estado y el pueblo argentinos. Esta película ya la vimos y sabemos cómo termina: en lo que pasó en 2001 y en una dramática decadencia del país.
Al mismo tiempo, esto significa muy claramente ir cumpliendo las condiciones para la entrada de la Argentina en la Alianza del Pacífico, como parte del ingreso al Tratado Transpacífico. Una de ellas es entregar el Estado a la voracidad de las corporaciones y bancos, como muestra el dramático ejemplo de México. El tema de la paulatina “mexicanización” de la Argentina se va consolidando cada vez más.
Con referencia a los daños ambientales, si bien se han establecido algunos elementos para que las empresas se comprometan a no generar los daños que conocemos –de Monsanto, de la Barrick Gold y de quienes ahora están dedicándose al fracking en los hidrocarburos no convencionales, ante la pregunta al jefe de gobierno de quién se hace responsable de los sucesivos derrames de la Barrick Gold en San Juan en el río Jáchal y otros, la respuesta fue que eso pertenece al derecho privado. Entonces, o tenemos el derecho privado, donde los pobladores de Jáchal deben enfrentar ni más ni menos que a la Barrick Gold, o tenemos un Estado que se hace responsable de cuáles son esos daños o perjuicios ambientales.
Por lo tanto, hay una subordinación de la soberanía nacional al espíritu de la Alianza del Pacífico. Quiero mencionar dos elementos de la Alianza del Pacífico. En la reunión de Puerto Varas, a la cual concurrió el presidente Macri en junio del año pasado, se declaró que lo nuevo de este proyecto es que surge de un entramado empresario hacia arriba y no como una política de Estado. Es decir que la lógica y los valores son esencialmente empresarios: costobeneficioprecio; el que lo pueda pagar, que lo pague, y el que no, paciencia.
Pero a su vez esto supuso una inmolación de las pymes y de los trabajadores, porque otro de los comentarios que hicieron quienes estuvieron reunidos en Puerto Varas es que el problema más grave de Argentina y Brasil es la fortaleza de las organizaciones sindicales.
Esto es un anuncio de un paso peligrosísimo que estamos dando y que se va a consolidar con el entrampamiento de la deuda externa prevista en el presupuesto. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(TONELLI)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. BREGMAN, MYRIAM (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en lo fundamental, adherimos al dictamen expresado por el señor diputado Pablo López. Asimismo, como lo hicimos en la sesión anterior en que se trató este tema, queremos reiterar que el nivel de entrega de esta iniciativa, de ataque a los intereses nacionales, es solo comparable al de la ley de pago a los fondos buitre.
Los cambios que se introdujeron en las comisiones no modifican en lo esencial el contenido que venimos denunciando. Sigue vigente la prórroga de jurisdicción y el arbitraje, cuando la Argentina ya sabe qué significa eso. Puedo citar como ejemplo el fallo del CIADI, que condenó a la Argentina en más de 400 millones de dólares a favor de la francesa Suez, dueña y vaciadora de Aguas Argentinas. También puedo mencionar el caso de Siemens que fue sponsor del “mini Davos”, ese foro de inversiones donde dicen que se pergeñó esta iniciativa o que fue cuna de esta iniciativa, que anunció que solo traería inversiones si se sanciona esta norma.
Entonces, creemos que no se puede discutir durante horas y horas de corrupción y después levantar la mano para aprobar iniciativas como ésta.
También queremos destacar que en el caso de este proyecto entreguista vuelve a ocurrir lo mismo que sucedió con la ley sobre los fondos buitre: se ha conformado una nueva mayoría que cogobierna la Argentina. Digo esto porque esta norma viene del Senado, donde fue apoyada y promovida por el PJFrente para la Victoria, y ahora seguramente los gobernadores también estarán llamando a muchos diputados para que apoyen esta iniciativa en este recinto. Esto lo queremos destacar particularmente.
Es tan escandalosa este proyecto de ley que hasta se lo comparó con la “ley Dromi”, que permitió el saqueo del Estado. Esto no se salva con los controles o supuestos controles que se han colocado, porque no pueden controlar los que votan la entrega. Para nosotros, los únicos que pueden y deben controlar un verdadero plan estatal de obras públicas son los trabajadores.
Quiero finalizar diciendo lo siguiente: a los trabajadores se les niega garantizarles por ley un salario mínimo equivalente a la canasta familiar para que puedan llegar dignamente a fin de mes. Pero con este proyecto de ley sí se garantiza a las empresas una ganancia mínima. Por lo tanto, es un verdadero desastre y vergüenza lo que aquí se está votando. Por eso, todo nuestro rechazo para este proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
Los cambios que se introdujeron en las comisiones no modifican en lo esencial el contenido que venimos denunciando. Sigue vigente la prórroga de jurisdicción y el arbitraje, cuando la Argentina ya sabe qué significa eso. Puedo citar como ejemplo el fallo del CIADI, que condenó a la Argentina en más de 400 millones de dólares a favor de la francesa Suez, dueña y vaciadora de Aguas Argentinas. También puedo mencionar el caso de Siemens que fue sponsor del “mini Davos”, ese foro de inversiones donde dicen que se pergeñó esta iniciativa o que fue cuna de esta iniciativa, que anunció que solo traería inversiones si se sanciona esta norma.
Entonces, creemos que no se puede discutir durante horas y horas de corrupción y después levantar la mano para aprobar iniciativas como ésta.
También queremos destacar que en el caso de este proyecto entreguista vuelve a ocurrir lo mismo que sucedió con la ley sobre los fondos buitre: se ha conformado una nueva mayoría que cogobierna la Argentina. Digo esto porque esta norma viene del Senado, donde fue apoyada y promovida por el PJFrente para la Victoria, y ahora seguramente los gobernadores también estarán llamando a muchos diputados para que apoyen esta iniciativa en este recinto. Esto lo queremos destacar particularmente.
Es tan escandalosa este proyecto de ley que hasta se lo comparó con la “ley Dromi”, que permitió el saqueo del Estado. Esto no se salva con los controles o supuestos controles que se han colocado, porque no pueden controlar los que votan la entrega. Para nosotros, los únicos que pueden y deben controlar un verdadero plan estatal de obras públicas son los trabajadores.
Quiero finalizar diciendo lo siguiente: a los trabajadores se les niega garantizarles por ley un salario mínimo equivalente a la canasta familiar para que puedan llegar dignamente a fin de mes. Pero con este proyecto de ley sí se garantiza a las empresas una ganancia mínima. Por lo tanto, es un verdadero desastre y vergüenza lo que aquí se está votando. Por eso, todo nuestro rechazo para este proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(TONELLI)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. ABRAHAM, ALEJANDRO (MENDOZA):
Señor presidente…
SR. CARMONA, GUILLERMO RAMON (MENDOZA):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. ABRAHAM, ALEJANDRO (MENDOZA):
Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE(TONELLI)
Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. CARMONA, GUILLERMO RAMON (MENDOZA):
Señor presidente: en primer lugar, agradezco al señor diputado Abraham por haberme concedido la interrupción.
Quiero decir que me he quedado preocupado por la afirmación reiterada con respecto a los acuerdos con China. Aquí se ha dicho que hemos votado algo que no hemos votado. Yo fui uno de los responsables de defender estos acuerdos en las reuniones de comisión. Lo que se ha dicho en cuanto a la prórroga de jurisdicción y a la concesión de privilegios laborales para la parte china no me parecía haberlo defendido ni votado. Es más: eso va en contra de mis convicciones.
Por eso me remití a la lectura de cada uno de los acuerdos que se lograron con la República Popular de China durante nuestro gobierno, y puedo decirles lo siguiente. El artículo 6° del Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre Argentina y China dice: “Con sujeción a su legislación y de conformidad con el derecho internacional aplicable, cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados o por cuenta propia, en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor”.
¿Saben qué quiere decir esto? Que si vienen chinos a trabajar a la Argentina, se les aplica igualdad de condiciones; por lo tanto, se les aplica la legislación argentina.
También quiero hacer referencia brevemente a lo que se ha afirmado sobre la prórroga de jurisdicción y el arbitraje. El artículo 8°, que habla sobre resolución de controversias, dice: “Las partes procurarán resolver mediante negociaciones directas cualquier controversia que pudiera surgir entre ellas en relación con la interpretación y aplicación del presente Convenio Marco y de cualquiera de los instrumentos concertados en el marco de dicho Convenio.”
Entiendo que a veces se opine desde lo que dicen los medios de comunicación, pero me parece que en este ámbito tenemos que dirigirnos a los textos que han sido aprobados para no faltar a la verdad, cosa que se hace muchas veces involuntariamente.
Esto se asemeja a la afirmación de que la Argentina estaba permitiendo a los chinos construir una base militar en la provincia del Neuquén, lo cual es una mentira, una falsedad que en ocasiones se dice con tanta seguridad que parece ser cierto. (Aplausos en las bancas.)
Quiero decir que me he quedado preocupado por la afirmación reiterada con respecto a los acuerdos con China. Aquí se ha dicho que hemos votado algo que no hemos votado. Yo fui uno de los responsables de defender estos acuerdos en las reuniones de comisión. Lo que se ha dicho en cuanto a la prórroga de jurisdicción y a la concesión de privilegios laborales para la parte china no me parecía haberlo defendido ni votado. Es más: eso va en contra de mis convicciones.
Por eso me remití a la lectura de cada uno de los acuerdos que se lograron con la República Popular de China durante nuestro gobierno, y puedo decirles lo siguiente. El artículo 6° del Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre Argentina y China dice: “Con sujeción a su legislación y de conformidad con el derecho internacional aplicable, cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados o por cuenta propia, en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor”.
¿Saben qué quiere decir esto? Que si vienen chinos a trabajar a la Argentina, se les aplica igualdad de condiciones; por lo tanto, se les aplica la legislación argentina.
También quiero hacer referencia brevemente a lo que se ha afirmado sobre la prórroga de jurisdicción y el arbitraje. El artículo 8°, que habla sobre resolución de controversias, dice: “Las partes procurarán resolver mediante negociaciones directas cualquier controversia que pudiera surgir entre ellas en relación con la interpretación y aplicación del presente Convenio Marco y de cualquiera de los instrumentos concertados en el marco de dicho Convenio.”
Entiendo que a veces se opine desde lo que dicen los medios de comunicación, pero me parece que en este ámbito tenemos que dirigirnos a los textos que han sido aprobados para no faltar a la verdad, cosa que se hace muchas veces involuntariamente.
Esto se asemeja a la afirmación de que la Argentina estaba permitiendo a los chinos construir una base militar en la provincia del Neuquén, lo cual es una mentira, una falsedad que en ocasiones se dice con tanta seguridad que parece ser cierto. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(TONELLI)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. ABRAHAM, ALEJANDRO (MENDOZA):
Señor presidente: seré breve. Un diputado oficialista decía que la sanción de esta norma va a dar buen resultado y que tendrá buen acogimiento porque se funda en la confianza y en la transparencia.
A ese diputado quiero decirle que los capitales no son tontos. En la Argentina con este gobierno ya se fugaron 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué confianza nos van a tener esos capitales, si en este país los propios funcionarios se llevan la plata a paraísos fiscales a través de empresas off shore? La verdad es que no sé si esos capitales van a confiar en nosotros.
Esta norma no es una herramienta más, sino que será la consagración directa del fracaso de la política económica del gobierno. Se trata, además, de un proyecto que ha reunido acuerdos en lugares que no han sido esta casa del pueblo. Digo esto porque apenas asumió el gobierno eliminó retenciones, lo cual produjo un rojo que pensaba que iba a salvar con la liquidación que luego harían los agroexportadores, cosa que no ocurrió. El rojo continúa.
Inmediatamente, ante esta situación decidió buscar otra solución. ¿Cuál? Pagar a los fondos buitres así viene una lluvia de dólares, se ven brotes verdes, y no sé cuántas cosas más, cosas que tampoco ocurrieron. Todavía estamos esperando que eso se solucione.
Este gobierno, rápido de reflejos –eso debemos reconocerlo-, sanciona la ley de blanqueo bajo el grandilocuente título de “reparación histórica para los jubilados”, que fracasó o está fracasando. Solamente 4.600 millones de dólares han sido blanqueados o van a blanquearse y ni siquiera se sabe si van a ingresar al sistema.
Entonces, digamos las cosas como son: esta norma es realmente un último manotazo de ahogado que está dando este gobierno para tratar de salvar ese rojo que produjo, fruto de la transferencia de riquezas de todos los argentinos a unos pocos sectores agroexportadores y mineros que han sido beneficiados. Hoy no podemos hacer una obra pública y estamos entregando todo. No quiero ser maleducado, pero estamos entregando hasta lo que no deberíamos para conseguir un peso.
Como decía, los capitales no son tontos: no van a venir con esta ley ni con ninguna. Y si lo hacen, les aseguro que van a hipotecar el futuro de todos los argentinos, porque además con el endeudamiento que se aprobará aquí más tarde –de aproximadamente 30.000 millones de dólares-, vamos a tener que pagar estas obras que ni siquiera sabemos que van a ser nuestras.
Entonces, tampoco mintamos a los gobernadores incorporándoles obras sujetas a condiciones suspensivas en virtud de esta norma, que sabemos que no va a tener resultado porque ni el capital -ni nadie- puede tener confianza en un gobierno en el que su propio pueblo no confía. (Aplausos en las bancas.)
A ese diputado quiero decirle que los capitales no son tontos. En la Argentina con este gobierno ya se fugaron 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué confianza nos van a tener esos capitales, si en este país los propios funcionarios se llevan la plata a paraísos fiscales a través de empresas off shore? La verdad es que no sé si esos capitales van a confiar en nosotros.
Esta norma no es una herramienta más, sino que será la consagración directa del fracaso de la política económica del gobierno. Se trata, además, de un proyecto que ha reunido acuerdos en lugares que no han sido esta casa del pueblo. Digo esto porque apenas asumió el gobierno eliminó retenciones, lo cual produjo un rojo que pensaba que iba a salvar con la liquidación que luego harían los agroexportadores, cosa que no ocurrió. El rojo continúa.
Inmediatamente, ante esta situación decidió buscar otra solución. ¿Cuál? Pagar a los fondos buitres así viene una lluvia de dólares, se ven brotes verdes, y no sé cuántas cosas más, cosas que tampoco ocurrieron. Todavía estamos esperando que eso se solucione.
Este gobierno, rápido de reflejos –eso debemos reconocerlo-, sanciona la ley de blanqueo bajo el grandilocuente título de “reparación histórica para los jubilados”, que fracasó o está fracasando. Solamente 4.600 millones de dólares han sido blanqueados o van a blanquearse y ni siquiera se sabe si van a ingresar al sistema.
Entonces, digamos las cosas como son: esta norma es realmente un último manotazo de ahogado que está dando este gobierno para tratar de salvar ese rojo que produjo, fruto de la transferencia de riquezas de todos los argentinos a unos pocos sectores agroexportadores y mineros que han sido beneficiados. Hoy no podemos hacer una obra pública y estamos entregando todo. No quiero ser maleducado, pero estamos entregando hasta lo que no deberíamos para conseguir un peso.
Como decía, los capitales no son tontos: no van a venir con esta ley ni con ninguna. Y si lo hacen, les aseguro que van a hipotecar el futuro de todos los argentinos, porque además con el endeudamiento que se aprobará aquí más tarde –de aproximadamente 30.000 millones de dólares-, vamos a tener que pagar estas obras que ni siquiera sabemos que van a ser nuestras.
Entonces, tampoco mintamos a los gobernadores incorporándoles obras sujetas a condiciones suspensivas en virtud de esta norma, que sabemos que no va a tener resultado porque ni el capital -ni nadie- puede tener confianza en un gobierno en el que su propio pueblo no confía. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(TONELLI)
No encontrándose presente en el recinto el señor diputado Gilberto Oscar Alegre, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. SANCHEZ, FERNANDO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: hemos escuchado en esta discusión muchas cosas que son absolutamente inexactas y otras críticas respecto de asuntos que vienen siendo aprobados, justificados y usados hace mucho tiempo.
El verdadero debate sobre esta nueva modalidad de contratación del Estado -efectivamente debería ser llamada “modalidades”, en plural-, es una discusión básica que si uno quiere puede resolverla desde el punto de vista ideológico.
Ahora bien, si la resolvemos desde el punto de vista ideológico lo único que debemos pedir es que los diputados sean sensatos con la posición adoptada anteriormente. Uno puede decir “yo quiero más Estado”; otro, “yo quiero más privado”. ¿En qué aspecto puede discutirse eso? Básicamente en aquellas funciones que son indelegables del Estado. ¿Cuáles son esas funciones? Las que seguramente nadie discute acá, y que tienen que ser prestadas por el Estado de manera eficaz: la Justicia, la seguridad, la defensa, la representación del Estado en el exterior y alguna otra. Todas las demás pueden ser discutidas. ¿Puede llevarlas adelante el Estado? Sí. ¿Pueden llevarla adelante los privados? Sí. ¿Puede asociarse el Estado con el privado? Sí. Entre ellas están las obras y los servicios públicos, unos más que otros. No es lo mismo la prestación de agua potable que la de telefonía celular, si se trata de un servicio público. No es lo mismo una obra menor que una de trascendencia, como por ejemplo una represa.
Mi posición -si se quiere, ideológica-, mi manera de ver la vida y de ver la relación entre lo público y lo privado, es que la mayoría de las cuestiones que tienen que garantizarse con la participación del Estado pueden ser llevadas adelante de esas tres maneras diferentes.
¿Qué es lo que no puede dejar de hacer el Estado –y con esto me refiero a la ejecución-, aun resolviendo que lo lleve adelante el privado o que lo realice el privado con participación del Estado? La regulación y el control. Eso no puede delegarlo.
Veo que a los diputados que están hablando no les interesa lo que estoy diciendo. Compañero Lavagna...
El verdadero debate sobre esta nueva modalidad de contratación del Estado -efectivamente debería ser llamada “modalidades”, en plural-, es una discusión básica que si uno quiere puede resolverla desde el punto de vista ideológico.
Ahora bien, si la resolvemos desde el punto de vista ideológico lo único que debemos pedir es que los diputados sean sensatos con la posición adoptada anteriormente. Uno puede decir “yo quiero más Estado”; otro, “yo quiero más privado”. ¿En qué aspecto puede discutirse eso? Básicamente en aquellas funciones que son indelegables del Estado. ¿Cuáles son esas funciones? Las que seguramente nadie discute acá, y que tienen que ser prestadas por el Estado de manera eficaz: la Justicia, la seguridad, la defensa, la representación del Estado en el exterior y alguna otra. Todas las demás pueden ser discutidas. ¿Puede llevarlas adelante el Estado? Sí. ¿Pueden llevarla adelante los privados? Sí. ¿Puede asociarse el Estado con el privado? Sí. Entre ellas están las obras y los servicios públicos, unos más que otros. No es lo mismo la prestación de agua potable que la de telefonía celular, si se trata de un servicio público. No es lo mismo una obra menor que una de trascendencia, como por ejemplo una represa.
Mi posición -si se quiere, ideológica-, mi manera de ver la vida y de ver la relación entre lo público y lo privado, es que la mayoría de las cuestiones que tienen que garantizarse con la participación del Estado pueden ser llevadas adelante de esas tres maneras diferentes.
¿Qué es lo que no puede dejar de hacer el Estado –y con esto me refiero a la ejecución-, aun resolviendo que lo lleve adelante el privado o que lo realice el privado con participación del Estado? La regulación y el control. Eso no puede delegarlo.
Veo que a los diputados que están hablando no les interesa lo que estoy diciendo. Compañero Lavagna...
SR. PRESIDENTE(TONELLI)
La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio para que podamos escuchar a quien está haciendo uso de la palabra.
SR. SANCHEZ, FERNANDO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Lo que también hay que decir es que esto es una modalidad de contratación o contrataciones alternativas, cosa que ha mencionado el señor diputado Pastori en su exposición. ¿Alternativa a qué? A la obra pública. Me refiero a la vieja ley de obra pública que establece bastantes requisitos, muchos controles y básicamente pone en situación de privilegio al Estado, aunque no necesariamente sea éste el que más cumple.
Hay que decir la verdad: en esa relación que se da entre lo público y lo privado –porque el Estado contrata a un privado para llevar adelante la ejecución de la obra pública-, se han dado violaciones de contratos y de pliegos de los privados y el Estado. Esa es siempre la excusa. Es más: el negocio no es la obra sino la redeterminación de precio.
El negocio siempre es espurio, porque se tiene que contar con funcionarios públicos para violar los principios generales de la contratación establecidos por ley para dar al sector privado beneficios extraordinarios que nada tienen que ver con el interés general. Ello, por supuesto, siempre dejando una tajada al funcionario público que lo permite.
¿Cuáles son las otras modalidades de contratación? La ley de concesiones, que es también muy vieja, aunque no tanto como la de obra pública.
Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Hay que decir la verdad: en esa relación que se da entre lo público y lo privado –porque el Estado contrata a un privado para llevar adelante la ejecución de la obra pública-, se han dado violaciones de contratos y de pliegos de los privados y el Estado. Esa es siempre la excusa. Es más: el negocio no es la obra sino la redeterminación de precio.
El negocio siempre es espurio, porque se tiene que contar con funcionarios públicos para violar los principios generales de la contratación establecidos por ley para dar al sector privado beneficios extraordinarios que nada tienen que ver con el interés general. Ello, por supuesto, siempre dejando una tajada al funcionario público que lo permite.
¿Cuáles son las otras modalidades de contratación? La ley de concesiones, que es también muy vieja, aunque no tanto como la de obra pública.
Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
SR. SANCHEZ, FERNANDO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Aquellos que criticaron las condiciones de la ley de concesiones lo hicieron porque esa norma nació en los años 90. Pero se olvidaron de que hubo algo que se llamó UNIREN: Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos. Deben recordar esto todos los diputados, pero sobre todo uno que cumplió la función de renegociador, a quien no quiero mencionar para que no me quite tiempo.
Las Cámaras del Congreso tenían que revisar esas concesiones renegociadas. ¿Saben qué encontramos? Yo fui miembro de la comisión bicameral, y no hablo del año 2003 sino de 2007, 2008 y 2009. Encontramos que esas renegociaciones tenían más privilegios que las leoninas ventajas que había otorgado Carlos Menem con la ley de Dromi en los años 90. Había más ventajas y existía la comisión bicameral. ¿Saben lo que hacía la mayoría del Frente para la Victoria? Resolvía aprobar la renegociación, dar más plata para las concesionarias, y se terminaba la historia. Además, subsidios y más subsidios.
También estaban los decretos de Néstor Kirchner sobre la PPP. Es cierto, no fueron usados, pero existían. ¿Saben por qué no los usaban? Porque era mucho mejor utilizar la renegociación de contratos y la ley de obra pública, que resultaba violada en muchísimos aspectos.
Ese señor diputado no debe recordar que los contratos con China incluían la contratación directa, es decir, la peor de las formas. ¿Saben dónde queda el interés general? En el fondo del tacho, porque no hay concurso, competencia, regulación previa ni condiciones de garantías que sean las más convenientes, y porque las revisiones no existen.
En este caso va a haber concurso –artículo 12; en este caso va a haber control –artículo 21; en este caso va a haber información a la comisión bicameral, sobre todo cuando el presupuesto requiera impacto fiscal, es decir, el uso de recursos públicos, y fundamentalmente va a haber una unidad de participación público privada, conforme al artículo 29. Pero detengámonos en los funcionarios del Poder Ejecutivo que estarán a cargo de esta unidad, porque tanto en la ley de obra pública como en la de concesiones y en la de PPP –en esta nueva modalidad todo está relacionado con la honestidad, la probidad y la profesionalidad con que los funcionarios públicos se sientan a escribir, a negociar y a hacer cumplir los contratos.
El artículo 29...
Las Cámaras del Congreso tenían que revisar esas concesiones renegociadas. ¿Saben qué encontramos? Yo fui miembro de la comisión bicameral, y no hablo del año 2003 sino de 2007, 2008 y 2009. Encontramos que esas renegociaciones tenían más privilegios que las leoninas ventajas que había otorgado Carlos Menem con la ley de Dromi en los años 90. Había más ventajas y existía la comisión bicameral. ¿Saben lo que hacía la mayoría del Frente para la Victoria? Resolvía aprobar la renegociación, dar más plata para las concesionarias, y se terminaba la historia. Además, subsidios y más subsidios.
También estaban los decretos de Néstor Kirchner sobre la PPP. Es cierto, no fueron usados, pero existían. ¿Saben por qué no los usaban? Porque era mucho mejor utilizar la renegociación de contratos y la ley de obra pública, que resultaba violada en muchísimos aspectos.
Ese señor diputado no debe recordar que los contratos con China incluían la contratación directa, es decir, la peor de las formas. ¿Saben dónde queda el interés general? En el fondo del tacho, porque no hay concurso, competencia, regulación previa ni condiciones de garantías que sean las más convenientes, y porque las revisiones no existen.
En este caso va a haber concurso –artículo 12; en este caso va a haber control –artículo 21; en este caso va a haber información a la comisión bicameral, sobre todo cuando el presupuesto requiera impacto fiscal, es decir, el uso de recursos públicos, y fundamentalmente va a haber una unidad de participación público privada, conforme al artículo 29. Pero detengámonos en los funcionarios del Poder Ejecutivo que estarán a cargo de esta unidad, porque tanto en la ley de obra pública como en la de concesiones y en la de PPP –en esta nueva modalidad todo está relacionado con la honestidad, la probidad y la profesionalidad con que los funcionarios públicos se sientan a escribir, a negociar y a hacer cumplir los contratos.
El artículo 29...
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Vaya terminando, por favor, señor diputado.
SR. SANCHEZ, FERNANDO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Con esto termino, señora presidenta. El artículo 29 de esta iniciativa dice, entre otras cosas, que la unidad de participación público privada –esto es sustancial para hacer una diferencia con la anterior defraudación generalizada de la lluvia de dólares de la década pasada tiene que crear una página web –pareciera una cosa tonta, pero creo que aquí está la gran distinción en la que se publique todo, no solo el pliego de licitación, sino absolutamente todo. Cabe señalar que los negociados pueden venir después de la licitación, no solo durante la licitación.
En consecuencia, señora presidenta, la diferencia la van a hacer los funcionarios públicos que apliquen esta ley, y en este sentido espero que su conducta sea absolutamente contraria a la que tuvieron los funcionarios que hoy nos critican. (Aplausos en las bancas.)
En consecuencia, señora presidenta, la diferencia la van a hacer los funcionarios públicos que apliquen esta ley, y en este sentido espero que su conducta sea absolutamente contraria a la que tuvieron los funcionarios que hoy nos critican. (Aplausos en las bancas.)
SRA.(PRESIENTA (GIMÉNEZ))
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CASTAGNETO, CARLOS DANIEL (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: me permito decir con mucho orgullo que nuestro espacio político puede dar testimonio del éxito de los últimos doce años de gobierno, con inversiones que superaron los 200 millones de pesos.
A veces, cuando se habla, no se tiene conciencia de todo lo realizado. Por ese motivo quiero mencionar algunas de las obras que hemos realizado en esos doce años. Ellas son, entre otras, las usinas Belgrano, en Campana, y San Martín, en Rosario; la Central Vuelta de Obligado, en Santa Fe; las centrales Barragán, en Ensenada, y Brigadier López, en la localidad de Sauce Viejo, en Santa Fe; la central Guillermo Brown; las hidroeléctricas Los Caracoles y Punta Negra, en la provincia de San Juan; las treinta y una centrales eléctricas que trabajan con energías renovables; los 330 kilómetros de gasoductos troncales; la autovía de la ruta nacional 14; la ampliación de la Avenida General Paz, y los 30.000 kilómetros de fibra óptica.
En diciembre de 2015 dejamos obras a mitad de construcción, pero el actual gobierno las ha parado. Entre los años 2003 y 2015 se ejecutaron obras para el desarrollo de la industria nacional y del campo tecnológico nacional. Los trabajadores y las empresas constructoras fueron todas argentinas. No fue casualidad el crecimiento del sector, que significó un 35 por ciento del PBI en la construcción.
La infraestructura creció y creó dos millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Sin lugar a dudas, al país aún le falta mucha obra de infraestructura y tiene mucha deuda pendiente, pero este proyecto de ley no encierra la sana intención de mejorar, perfeccionar ni corregir el sistema actual. Para desarrollar esa infraestructura aún falta, como también falta para reanimar toda esa industria de la construcción que este año registra la mayor caída de su historia.
Este proyecto cambia todo el sistema actual, ya que propiciará la salida del Estado en la planificación de la infraestructura, obligará al Estado como principal responsable de las consecuencias legales negativas, financieras y ambientales que puedan ocasionar las obras, implicará la dolarización de los contratos de obra pública a precios y costos internacionales, impulsará un mayor endeudamiento del país que en once meses ya creció un 8 por ciento del PBI y beneficiará a las empresas constructoras extranjeras en desmedro de las argentinas. Esas empresas extranjeras, con plena seguridad, no mirarán a ningún proveedor de insumos y materiales que no sea de su país de origen, en desmedro de las empresas y proveedores argentinos. Asimismo, se destruirán puestos de trabajo, generando más recesión, pobreza e indigencia.
En resumen, este es un proyecto para importar y contraer más endeudamiento a la vez que genera más trabajo e industria extranjera. Además, no se aplicarán leyes como la 13.064, de obra pública, impulsada por el general Perón, que desde el año 1947 regula el sistema de inversión pública. Tampoco se aplicará la ley 17.520, de 1967, para las obras de infraestructura otorgadas en concesión ni la ley de contratación establecida por el decreto 1.023 del año 2001.
En este sentido quisiera aclarar varios aspectos. Cuando se habla de licitación, tenemos licitación pública, privada, directa, indirecta e internacional. Acá solamente hay consulta de precios, compulsa de precios, es decir, no hay precios de referencia ni precios testigo ni control de calidad. Este convenio público y privado lleva nada más a un acuerdo entre partes que va a beneficiar a un cierto grupo de empresas que, aun más, pueden ceder la contratación.
Por otro lado, quiero aclarar...
A veces, cuando se habla, no se tiene conciencia de todo lo realizado. Por ese motivo quiero mencionar algunas de las obras que hemos realizado en esos doce años. Ellas son, entre otras, las usinas Belgrano, en Campana, y San Martín, en Rosario; la Central Vuelta de Obligado, en Santa Fe; las centrales Barragán, en Ensenada, y Brigadier López, en la localidad de Sauce Viejo, en Santa Fe; la central Guillermo Brown; las hidroeléctricas Los Caracoles y Punta Negra, en la provincia de San Juan; las treinta y una centrales eléctricas que trabajan con energías renovables; los 330 kilómetros de gasoductos troncales; la autovía de la ruta nacional 14; la ampliación de la Avenida General Paz, y los 30.000 kilómetros de fibra óptica.
En diciembre de 2015 dejamos obras a mitad de construcción, pero el actual gobierno las ha parado. Entre los años 2003 y 2015 se ejecutaron obras para el desarrollo de la industria nacional y del campo tecnológico nacional. Los trabajadores y las empresas constructoras fueron todas argentinas. No fue casualidad el crecimiento del sector, que significó un 35 por ciento del PBI en la construcción.
La infraestructura creció y creó dos millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Sin lugar a dudas, al país aún le falta mucha obra de infraestructura y tiene mucha deuda pendiente, pero este proyecto de ley no encierra la sana intención de mejorar, perfeccionar ni corregir el sistema actual. Para desarrollar esa infraestructura aún falta, como también falta para reanimar toda esa industria de la construcción que este año registra la mayor caída de su historia.
Este proyecto cambia todo el sistema actual, ya que propiciará la salida del Estado en la planificación de la infraestructura, obligará al Estado como principal responsable de las consecuencias legales negativas, financieras y ambientales que puedan ocasionar las obras, implicará la dolarización de los contratos de obra pública a precios y costos internacionales, impulsará un mayor endeudamiento del país que en once meses ya creció un 8 por ciento del PBI y beneficiará a las empresas constructoras extranjeras en desmedro de las argentinas. Esas empresas extranjeras, con plena seguridad, no mirarán a ningún proveedor de insumos y materiales que no sea de su país de origen, en desmedro de las empresas y proveedores argentinos. Asimismo, se destruirán puestos de trabajo, generando más recesión, pobreza e indigencia.
En resumen, este es un proyecto para importar y contraer más endeudamiento a la vez que genera más trabajo e industria extranjera. Además, no se aplicarán leyes como la 13.064, de obra pública, impulsada por el general Perón, que desde el año 1947 regula el sistema de inversión pública. Tampoco se aplicará la ley 17.520, de 1967, para las obras de infraestructura otorgadas en concesión ni la ley de contratación establecida por el decreto 1.023 del año 2001.
En este sentido quisiera aclarar varios aspectos. Cuando se habla de licitación, tenemos licitación pública, privada, directa, indirecta e internacional. Acá solamente hay consulta de precios, compulsa de precios, es decir, no hay precios de referencia ni precios testigo ni control de calidad. Este convenio público y privado lleva nada más a un acuerdo entre partes que va a beneficiar a un cierto grupo de empresas que, aun más, pueden ceder la contratación.
Por otro lado, quiero aclarar...
SRA.(PRESIENTA (GIMÉNEZ))
Vaya finalizando, señor diputado.
SR. CASTAGNETO, CARLOS DANIEL (BUENOS AIRES):
Ya cierro, señora presidenta.
Decía que por otro lado la comisión legislativa tiene a su cargo un control ex post. Nosotros queremos que el control sea ex ante y no después de un año de realizados los convenios. Asimismo, en el Poder Ejecutivo se crea un organismo respecto del cual propongo que sea autárquico y regulado.
A través de esta iniciativa, que vamos a aprobar antes que la ley de presupuesto, estamos generando un endeudamiento de hasta el 5 por ciento del PBI. Imagínense cuántos miles de millones de pesos estamos aprobando en este proyecto por un convenio entre lo público y privado en el que no interviene ningún mecanismo de contratación como los exigidos en las normas actuales.
Este proyecto de ley claramente viola el artículo 765 del Código Civil de la Nación y los artículos 7° y 10 de la ley 23.938. (Aplausos en las bancas.)
Decía que por otro lado la comisión legislativa tiene a su cargo un control ex post. Nosotros queremos que el control sea ex ante y no después de un año de realizados los convenios. Asimismo, en el Poder Ejecutivo se crea un organismo respecto del cual propongo que sea autárquico y regulado.
A través de esta iniciativa, que vamos a aprobar antes que la ley de presupuesto, estamos generando un endeudamiento de hasta el 5 por ciento del PBI. Imagínense cuántos miles de millones de pesos estamos aprobando en este proyecto por un convenio entre lo público y privado en el que no interviene ningún mecanismo de contratación como los exigidos en las normas actuales.
Este proyecto de ley claramente viola el artículo 765 del Código Civil de la Nación y los artículos 7° y 10 de la ley 23.938. (Aplausos en las bancas.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. LOPARDO, MARIA PAULA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: a pesar de que estoy convencida de los beneficios que trae este proyecto de ley, no quiero abundar en ellos dado que los diputados Sánchez, Pastori y Lipovetzky ya han sido elocuentes.
Quiero resaltar la perspectiva ambiental que trae este proyecto vinculado a la obra pública, que no estaba en la redacción anterior. Me refiero a la obligación del gobierno de promover proyectos que tiendan a preservar el ambiente y la sustentabilidad. Esto habla no solo de la sustentabilidad económica y social sino también de la ambiental. De esta manera se está dando respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible que planteó la ONU en 2015.
Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad ambiental, que se ha discutido aquí, fruto del conceso y del debate –ha sido sumamente debatida y se enriqueció mucho con los aportes de los diputados de los distintos bloques, se deslindan las obligaciones que tienen las partes contratante y contratista. A mi juicio queda claro que las obligaciones que pacten los contratistas deben cumplir –así lo establece el segundo párrafo del artículo 5° con aquellas que en materia ambiental impone la legislación vigente.
En este aspecto la Ley General del Ambiente dispone que quien ocasione un daño ambiental tiene la obligación de repararlo, y en su defecto, de sustituirlo mediante una indemnización. Así está previsto en el artículo 28 de la Ley General del Ambiente. Las partes en este contrato de participación público privada no pueden dejar esto de lado porque es una norma de orden público. De esta manera, claramente quedan a cargo de la contratista las obligaciones que signifiquen la responsabilidad por el daño que cause. Sin perjuicio de ello, están incluidas las pautas para mitigar los daños que también debe prever el Estado, y por ello se habla de la necesidad de contar con un dictamen del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Finalmente quiero señalar que otro caso en el que se incluye la variable ambiental es al hacer referencia a la imposibilidad de contratar, porque se incluye les doy la bienvenida a aquellas empresas que hayan recibido sanciones por violación a las normas ambientales. Estas tres cuestiones son claramente innovadoras.
Celebro este proyecto de participación público privada que no dudo que será un puntal y un pilar para la reactivación de nuestro país, de las pymes y de la industria nacional.
Vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU. Creo que el hecho de incorporar la variable ambiental es de suma importancia; así estaríamos a la vanguardia del mundo. (Aplausos en las bancas.)
Quiero resaltar la perspectiva ambiental que trae este proyecto vinculado a la obra pública, que no estaba en la redacción anterior. Me refiero a la obligación del gobierno de promover proyectos que tiendan a preservar el ambiente y la sustentabilidad. Esto habla no solo de la sustentabilidad económica y social sino también de la ambiental. De esta manera se está dando respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible que planteó la ONU en 2015.
Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad ambiental, que se ha discutido aquí, fruto del conceso y del debate –ha sido sumamente debatida y se enriqueció mucho con los aportes de los diputados de los distintos bloques, se deslindan las obligaciones que tienen las partes contratante y contratista. A mi juicio queda claro que las obligaciones que pacten los contratistas deben cumplir –así lo establece el segundo párrafo del artículo 5° con aquellas que en materia ambiental impone la legislación vigente.
En este aspecto la Ley General del Ambiente dispone que quien ocasione un daño ambiental tiene la obligación de repararlo, y en su defecto, de sustituirlo mediante una indemnización. Así está previsto en el artículo 28 de la Ley General del Ambiente. Las partes en este contrato de participación público privada no pueden dejar esto de lado porque es una norma de orden público. De esta manera, claramente quedan a cargo de la contratista las obligaciones que signifiquen la responsabilidad por el daño que cause. Sin perjuicio de ello, están incluidas las pautas para mitigar los daños que también debe prever el Estado, y por ello se habla de la necesidad de contar con un dictamen del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Finalmente quiero señalar que otro caso en el que se incluye la variable ambiental es al hacer referencia a la imposibilidad de contratar, porque se incluye les doy la bienvenida a aquellas empresas que hayan recibido sanciones por violación a las normas ambientales. Estas tres cuestiones son claramente innovadoras.
Celebro este proyecto de participación público privada que no dudo que será un puntal y un pilar para la reactivación de nuestro país, de las pymes y de la industria nacional.
Vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU. Creo que el hecho de incorporar la variable ambiental es de suma importancia; así estaríamos a la vanguardia del mundo. (Aplausos en las bancas.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Dado que no se encuentra presente el señor diputado Solá, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. CONESA, EDUARDO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: quiero manifestar que este proyecto de ley es muy importante para el país porque hay un déficit fiscal considerable que es necesario reducir.
En el proyecto de presupuesto oficial el déficit fiscal es del 4,2 por ciento, pero probablemente será bastante más alto. Una forma de reducir el déficit fiscal es concesionando la obra pública y utilizando este proyecto de ley. De manera que me parece muy importante aprobarlo.
Sin embargo, tengo algunas reservas con respecto a esta norma, porque por ejemplo el artículo 15 del proyecto habla de la adjudicación a la oferta más conveniente. Tal como ustedes se darán cuenta, la expresión “más conveniente” es muy subjetiva y se presta al tráfico de influencias. Paradojalmente el artículo 24 de la misma norma condena el tráfico de influencias. Por lo tanto, estamos ante una contradicción en el seno del mismo proyecto. Por un lado repito la adjudicación se hará a la oferta “más conveniente”, y por otro, se penaliza el tráfico de influencias que está estipulado a través de la vaga frase de la “oferta más conveniente”.
Por eso he propuesto no ha sido receptado todavía pero quizá exista la oportunidad de incluirlo que el artículo 15 establezca que en las licitaciones las ofertas se presentarán en dos sobres. En el primero especificarán los detalles del proyecto y se presentará la garantía bancaria. En caso de que las ofertas del primer sobre cumplan con las condiciones del pliego, se abrirá un segundo sobre donde estará el factor de adjudicación, que debe ser único y que puede ser el precio, la tarifa o una fórmula polinómica, pero tiene que ser una adjudicación indubitable, donde no haya absolutamente ninguna duda de quién es el ganador. De esta manera las licitaciones se harán en forma rápida, se evitará la corrupción y se elegirá sin lugar a dudas la mejor oferta. Esto es fundamental para el éxito de la norma. En caso de no ser así, las adjudicaciones se demorarán y esta iniciativa no servirá.
Por otro lado, quiero destacar que hay ciertas cláusulas que hablan de la prórroga de la jurisdicción. Yo entiendo que el artículo 116 de la Constitución Nacional prohíbe las prórrogas de jurisdicción, porque dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus tribunales inferiores son competentes para dictar resolución en las causas en que la Nación sea parte.
Esto se debe a que la Nación Argentina es soberana y no puede delegar sus cuestiones en jueces de otro país. Si lo hace, queda como una especie de municipalidad de otro país.
Sin embargo, puede pactar –entiendo que esto es perfectamente constitucional la cláusula de prórroga a favor de tribunales internacionales a condición de que sean efectivamente imparciales.
Por último, quiero destacar una circunstancia que me parece que ha sido pasada por alto en el análisis que se refiere a la posibilidad de financiar autopistas o caminos aislados en el país por medio del método de participación público privada. Esto no funciona de esta manera, porque para poder financiar las rutas el peaje debe cobrarse en zonas donde haya mucho tráfico, y en el interior del país no hay suficiente tráfico para financiar las rutas de esta manera.
En la práctica hemos visto que lo único que hacen los concesionarios en el interior del país es cortar el pasto; no construyen rutas. Así esto se convierte en un negociado.
Si queremos que la ley de participación público privada sea eficiente en la construcción de rutas y autopistas tenemos que ver la ley federal de autopistas que nosotros hemos presentado, donde se financia una red de 13.400 kilómetros de autopistas en todo el país, pero no con un peaje común sino con un impuesto de 14 centavos al litro de combustible que pagan los vehículos. De esta forma se permite fácilmente la financiación de un sistema que traería tremendas externalidades a la economía nacional.
En los Estados Unidos se probó que la inversión más rentable de toda su historia fue la red federal de autopistas que hizo construir en la década del 50 el presidente Eisenhower. Cuando se la hizo se consideraba que era antieconómica; después se vio que era la inversión más rentable de la historia de los Estados Unidos.
En la actualidad tenemos el ejemplo de la República Popular China, que en los últimos veinte años ha construido una red de autopistas espectacular y que sin duda ha sido una de las causas del crecimiento vertiginoso de ese país en los últimos veinte años.
En el proyecto de presupuesto oficial el déficit fiscal es del 4,2 por ciento, pero probablemente será bastante más alto. Una forma de reducir el déficit fiscal es concesionando la obra pública y utilizando este proyecto de ley. De manera que me parece muy importante aprobarlo.
Sin embargo, tengo algunas reservas con respecto a esta norma, porque por ejemplo el artículo 15 del proyecto habla de la adjudicación a la oferta más conveniente. Tal como ustedes se darán cuenta, la expresión “más conveniente” es muy subjetiva y se presta al tráfico de influencias. Paradojalmente el artículo 24 de la misma norma condena el tráfico de influencias. Por lo tanto, estamos ante una contradicción en el seno del mismo proyecto. Por un lado repito la adjudicación se hará a la oferta “más conveniente”, y por otro, se penaliza el tráfico de influencias que está estipulado a través de la vaga frase de la “oferta más conveniente”.
Por eso he propuesto no ha sido receptado todavía pero quizá exista la oportunidad de incluirlo que el artículo 15 establezca que en las licitaciones las ofertas se presentarán en dos sobres. En el primero especificarán los detalles del proyecto y se presentará la garantía bancaria. En caso de que las ofertas del primer sobre cumplan con las condiciones del pliego, se abrirá un segundo sobre donde estará el factor de adjudicación, que debe ser único y que puede ser el precio, la tarifa o una fórmula polinómica, pero tiene que ser una adjudicación indubitable, donde no haya absolutamente ninguna duda de quién es el ganador. De esta manera las licitaciones se harán en forma rápida, se evitará la corrupción y se elegirá sin lugar a dudas la mejor oferta. Esto es fundamental para el éxito de la norma. En caso de no ser así, las adjudicaciones se demorarán y esta iniciativa no servirá.
Por otro lado, quiero destacar que hay ciertas cláusulas que hablan de la prórroga de la jurisdicción. Yo entiendo que el artículo 116 de la Constitución Nacional prohíbe las prórrogas de jurisdicción, porque dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus tribunales inferiores son competentes para dictar resolución en las causas en que la Nación sea parte.
Esto se debe a que la Nación Argentina es soberana y no puede delegar sus cuestiones en jueces de otro país. Si lo hace, queda como una especie de municipalidad de otro país.
Sin embargo, puede pactar –entiendo que esto es perfectamente constitucional la cláusula de prórroga a favor de tribunales internacionales a condición de que sean efectivamente imparciales.
Por último, quiero destacar una circunstancia que me parece que ha sido pasada por alto en el análisis que se refiere a la posibilidad de financiar autopistas o caminos aislados en el país por medio del método de participación público privada. Esto no funciona de esta manera, porque para poder financiar las rutas el peaje debe cobrarse en zonas donde haya mucho tráfico, y en el interior del país no hay suficiente tráfico para financiar las rutas de esta manera.
En la práctica hemos visto que lo único que hacen los concesionarios en el interior del país es cortar el pasto; no construyen rutas. Así esto se convierte en un negociado.
Si queremos que la ley de participación público privada sea eficiente en la construcción de rutas y autopistas tenemos que ver la ley federal de autopistas que nosotros hemos presentado, donde se financia una red de 13.400 kilómetros de autopistas en todo el país, pero no con un peaje común sino con un impuesto de 14 centavos al litro de combustible que pagan los vehículos. De esta forma se permite fácilmente la financiación de un sistema que traería tremendas externalidades a la economía nacional.
En los Estados Unidos se probó que la inversión más rentable de toda su historia fue la red federal de autopistas que hizo construir en la década del 50 el presidente Eisenhower. Cuando se la hizo se consideraba que era antieconómica; después se vio que era la inversión más rentable de la historia de los Estados Unidos.
En la actualidad tenemos el ejemplo de la República Popular China, que en los últimos veinte años ha construido una red de autopistas espectacular y que sin duda ha sido una de las causas del crecimiento vertiginoso de ese país en los últimos veinte años.
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del fuego.
SR. MARTINEZ, OSCAR ANSELMO (TIERRA DEL FUEGO):
Señor presidente: hoy estamos ante un nuevo acto de esta política de sometimiento y entrega. Es coincidente con lo que ha sido la primera acción que el oficialismo, en la expresión de su bancada parlamentaria, trajo a tratamiento en este espacio cuando vino a pretender convencernos de acordar y pagar con los fondos buitres como única alternativa del desarrollo del país y la economía, reconociendo esa fraudulenta deuda que, entre otros, tiene como autores irresponsables al actual presidente de la Nación, que se benefició con la estatización que en su momento también encaró su socio, Sturzenegger, que hoy cumple funciones en el gobierno.
Se trata de un tema muy sensible al pueblo, como es la obra pública y la necesidad de mayor infraestructura a lo largo y ancho de nuestro país. En esto tienen un acabado conocimiento porque justamente este presidente y su familia, la ascendente y también la descendente, se han visto beneficiados en el crecimiento de su patrimonio, en el enriquecimiento a través de la obra pública.
Esto no es casual, y debe tener importantes socios para poder desarrollar este tipo de proyectos y políticas de entrega y sumisión. Si hasta parece paradójico que en el 200 aniversario de nuestra independencia, y quizás por algún reconocimiento también de entrega al rey al que el gobierno nacional invitó para rendirle honores, haya este tipo de proyectos que vienen a extranjerizar el derecho y la responsabilidad del Estado y a poner en riesgo la industria nacional y los puestos de trabajo.
Reiteradamente se mencionan a las pymes. Si en verdad este gobierno tuviera una política de apoyarlas y acompañarlas no las castigaría con los tarifazos que les ha aplicado, con las elevadas tasas de interés ni con la apertura indiscriminada de la importación, que ha llevado a que muchas estén en riesgo de no poder mantenerse en la actualidad.
Son argumentos falsos sobre los que intentan poner una mentira para desarrollar un proyecto de enajenación, de entrega, como ha sido en otras épocas. Tienen un apuro sospechoso, quizás por hacer una entrega al que resulte electo en el gran país del Norte en los próximos días, como un obsequio representativo de la sumisión en las relaciones carnales, como lo ha sido en otras épocas.
Alguien dijo, y otro diputado lo reiteró, que lamentaba que éste sea un problema ideológico. Por supuesto que es profundamente ideológico, y desde esa convicción clara es donde nos paramos para manifestar nuestro rechazo y oposición.
¿Cómo no va a ser ideológica la decisión de quién administra la obra pública, quién decide sobre los trabajadores, sus condiciones y sus salarios? Conocemos bastante la actitud y política de los CEO de las multinacionales que hoy están administrando el Estado nacional.
Por eso, y con mucha fuerza, queremos manifestarnos rechazando absolutamente este tipo de proyectos.
Hace muy pocas horas, en nuestra querida Tierra del Fuego se han movilizado una vez más miles de trabajadores, acompañados por cientos de habitantes de la provincia, que han tomado la decisión de defender la industria nacional, en contra de los ataques por la apertura de la importación. Además, han tomado como consigna fundamental la defensa de la soberanía nacional ante un gobierno que intenta como única política de Estado expulsarnos de esa provincia para despoblarla, quizás como un proyecto para lograr negociar mejor con los piratas ingleses la entrega del petróleo, la pesca y los recursos naturales de las islas Malvinas.
Justamente por eso venimos a denunciar todo esto una vez más y a plantear la necesidad imperiosa de unir esfuerzos en defensa de la pequeña y mediana empresa, de la industria nacional y de los puestos de trabajo. Estos proyectos solamente vienen a generar más entrega y más sumisión, cumpliendo con las órdenes del Fondo Monetario Internacional que otra vez más viene a entrometer sus garras en un Estado, que creíamos que había podido resolver las enormes dificultades a partir del pago de esa fraudulenta deuda externa acumulada, entre otros, por los privados, como el presidente actual, que se vio beneficiado por su estatización.
Por eso, convencidos de que esta no es una buena herramienta –ni siquiera es una herramienta, votamos absolutamente en contra de este proyecto. (Aplausos en las bancas.)
Se trata de un tema muy sensible al pueblo, como es la obra pública y la necesidad de mayor infraestructura a lo largo y ancho de nuestro país. En esto tienen un acabado conocimiento porque justamente este presidente y su familia, la ascendente y también la descendente, se han visto beneficiados en el crecimiento de su patrimonio, en el enriquecimiento a través de la obra pública.
Esto no es casual, y debe tener importantes socios para poder desarrollar este tipo de proyectos y políticas de entrega y sumisión. Si hasta parece paradójico que en el 200 aniversario de nuestra independencia, y quizás por algún reconocimiento también de entrega al rey al que el gobierno nacional invitó para rendirle honores, haya este tipo de proyectos que vienen a extranjerizar el derecho y la responsabilidad del Estado y a poner en riesgo la industria nacional y los puestos de trabajo.
Reiteradamente se mencionan a las pymes. Si en verdad este gobierno tuviera una política de apoyarlas y acompañarlas no las castigaría con los tarifazos que les ha aplicado, con las elevadas tasas de interés ni con la apertura indiscriminada de la importación, que ha llevado a que muchas estén en riesgo de no poder mantenerse en la actualidad.
Son argumentos falsos sobre los que intentan poner una mentira para desarrollar un proyecto de enajenación, de entrega, como ha sido en otras épocas. Tienen un apuro sospechoso, quizás por hacer una entrega al que resulte electo en el gran país del Norte en los próximos días, como un obsequio representativo de la sumisión en las relaciones carnales, como lo ha sido en otras épocas.
Alguien dijo, y otro diputado lo reiteró, que lamentaba que éste sea un problema ideológico. Por supuesto que es profundamente ideológico, y desde esa convicción clara es donde nos paramos para manifestar nuestro rechazo y oposición.
¿Cómo no va a ser ideológica la decisión de quién administra la obra pública, quién decide sobre los trabajadores, sus condiciones y sus salarios? Conocemos bastante la actitud y política de los CEO de las multinacionales que hoy están administrando el Estado nacional.
Por eso, y con mucha fuerza, queremos manifestarnos rechazando absolutamente este tipo de proyectos.
Hace muy pocas horas, en nuestra querida Tierra del Fuego se han movilizado una vez más miles de trabajadores, acompañados por cientos de habitantes de la provincia, que han tomado la decisión de defender la industria nacional, en contra de los ataques por la apertura de la importación. Además, han tomado como consigna fundamental la defensa de la soberanía nacional ante un gobierno que intenta como única política de Estado expulsarnos de esa provincia para despoblarla, quizás como un proyecto para lograr negociar mejor con los piratas ingleses la entrega del petróleo, la pesca y los recursos naturales de las islas Malvinas.
Justamente por eso venimos a denunciar todo esto una vez más y a plantear la necesidad imperiosa de unir esfuerzos en defensa de la pequeña y mediana empresa, de la industria nacional y de los puestos de trabajo. Estos proyectos solamente vienen a generar más entrega y más sumisión, cumpliendo con las órdenes del Fondo Monetario Internacional que otra vez más viene a entrometer sus garras en un Estado, que creíamos que había podido resolver las enormes dificultades a partir del pago de esa fraudulenta deuda externa acumulada, entre otros, por los privados, como el presidente actual, que se vio beneficiado por su estatización.
Por eso, convencidos de que esta no es una buena herramienta –ni siquiera es una herramienta, votamos absolutamente en contra de este proyecto. (Aplausos en las bancas.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. RAFFO, JULIO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero agradecer al señor diputado Horacio Alonso, que está anotado para hablar y está aquí presente, que me haya cedido su tiempo. Le solicito que registre esa cesión, por la que tendría diez minutos, cinco más cinco.
He hecho un poco más de quince observaciones al Orden del Día N° 815. Tranquilícense porque voy a mencionar cuatro o cinco, las más importantes. Solicito que el resto de mis observaciones se incorporen como anexo de lo que voy a decir ahora.
En primer lugar, comprendo la preocupación que hay porque tengamos una buena ley, y yo la hago mía. Algunos diputados nacionales que en su momento compartimos la Legislatura de la ciudad hemos votado en su oportunidad una ley que mandó el entonces jefe de Gobierno para aligerar algunas trabas de trámite de la ley de contrataciones de la ciudad. El espíritu lo comprendo, lo respeto y lo comparto. De ahí a que se apruebe todo lo que la ley dice, hay una distancia y hago mías las palabras del señor diputado Conesa en el sentido de que hay cosas que deberían ser corregidas, y espero que así sea.
Quiero destacar algunas cosas que yo atribuyo a la premura injustificada, a mi juicio, con que esta norma se ha redactado. Esta es una alternativa a las disposiciones de la ley 13.064. Está bien, ¿pero qué resulta? Al apartar toda esa ley, como alternativa, se aparta también su artículo 4°, que dice que “El proyecto de obra pública deberá prever, en los casos de obra que implique el acceso de público, para su aprobación por los organismos legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas limitativas de la accesibilidad de las personas con discapacidad”.
Aquella ley preveía, para el caso de obras públicas con acceso del público, la situación de las personas con discapacidad. Acá nos estamos olvidando de ellas. Nada costaría hacer referencia a ellas y mantener de la ley 13.064 esta disposición. Lo pido en nombre de todas las personas con discapacidad física que hay en nuestro país.
El artículo 3° establece una norma que a mi juicio es claramente inconstitucional. Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios podrán aplicar esta ley.
En el artículo 31 se dice que se invita a las provincias a adherir, pero antes de esta circunstancia ya se aprobó que esto se aplique. La situación se complica con el artículo 22 de este proyecto de ley, que establece que todos los contratos que se celebren a partir de esta norma legal serán auditados por la Auditoría General de la Nación. Quiero recordar que cada provincia tiene sus propios órganos de auditoría.
Entonces, si se aplicaran estricta y literalmente las disposiciones de este proyecto de ley tal como está redactado, habría dos auditorías sobre una misma obra: por un lado, la de la Auditoría General de la Nación, y por el otro, la de la respectiva provincia. ¿Cuál de las dos prevalecerá en caso de conflicto? ¿Por qué no se confía en las provincias? Me parece que esto debe ser corregido.
Por su parte, el inciso e) del artículo 4° del proyecto de ley establece que en oportunidad de estructurarse estos proyectos se tendrá en cuenta la rentabilidad económica y/o social de los mismos. En mi opinión, no debe decir “y/o social”, sino “y social”. La alternativa no puede ser la rentabilidad económica o la social. El Estado no es un empresario más que solamente pueda actuar en función de la rentabilidad económica. Por el contrario, los dineros públicos siempre tienen que estar destinados a intereses públicos o sociales. La rentabilidad económica les basta a los empresarios; la comprendo y la respeto porque hace al desarrollo del país. Pero reitero que el Estado no puede actuar solamente en función de ella.
En lo concerniente al inciso k) del artículo 9° del proyecto de ley, adhiero a las críticas que se han formulado. Dicha disposición hace referencia a las garantías mínimas razonables. A mi juicio, la parte contratada debería efectuar, antes de presentarse, un cálculo de costos para determinar si el proyecto le conviene o no. En caso afirmativo se presentará. Pero yo me pregunto lo siguiente: a las pymes, que generan una gran cantidad de trabajo para los argentinos, ¿quién les garantiza la rentabilidad? Como ya lo han expresado otros señores diputados, esta disposición debería eliminarse.
Por su parte, el artículo 14 de la iniciativa en consideración establece que cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen podrá establecerse un procedimiento transparente de consulta, debate e intercambio de opiniones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que habría obras públicas de montos muy pequeños que no justificarían un procedimiento transparente de consulta? Toda obra pública es grande. No hay obras públicas pequeñas que no justifiquen estos procedimientos transparentes. En consecuencia, creo que esto debería aplicarse a todos los casos y no solamente a algunos. Además, no hay ningún criterio para determinar cuáles son las obras públicas y cuáles las pequeñas. Por ello, considero que esto también debe ser corregido.
Los artículos 23 y 24 del proyecto de ley establecen con buen criterio –y lo celebro- las restricciones para participar de estos contratos. Una de ellas es la referida a la corrupción, mientras que la otra se relaciona con la intervención que podrían haber tenido los funcionarios públicos. En este sentido, el funcionario que dictaminó no puede participar en esto. Me llamó la atención lo estricto que se es con los concursados y quebrados o con aquellos cuyas quiebras están en trámite. Todos sabemos que una persona concursada es aquella a la que le fue mal en los negocios, por lo que se presenta en concurso, propone un plan de pagos, se le aprueba un concordato y de esa forma todo el mundo se queda satisfecho.
Pero los delincuentes que estafan al Estado no están incluidos en esta iniciativa. Los que han incurrido en cohecho y los que están presos por haber cometido delitos contra la obra pública no están comprendidos. Un asesor me dijo –no sé si será cierto- que el señor Lázaro Báez está esperando una carta de agradecimiento, ya que no se lo excluye de la posibilidad de participar en la obra pública. Yo me pregunto lo siguiente: ¿con qué criterio se excluye al que tiene un concurso y no al que está detenido con prisión preventiva, o bien, condenado, como en el caso de algunos funcionarios?
He hecho un poco más de quince observaciones al Orden del Día N° 815. Tranquilícense porque voy a mencionar cuatro o cinco, las más importantes. Solicito que el resto de mis observaciones se incorporen como anexo de lo que voy a decir ahora.
En primer lugar, comprendo la preocupación que hay porque tengamos una buena ley, y yo la hago mía. Algunos diputados nacionales que en su momento compartimos la Legislatura de la ciudad hemos votado en su oportunidad una ley que mandó el entonces jefe de Gobierno para aligerar algunas trabas de trámite de la ley de contrataciones de la ciudad. El espíritu lo comprendo, lo respeto y lo comparto. De ahí a que se apruebe todo lo que la ley dice, hay una distancia y hago mías las palabras del señor diputado Conesa en el sentido de que hay cosas que deberían ser corregidas, y espero que así sea.
Quiero destacar algunas cosas que yo atribuyo a la premura injustificada, a mi juicio, con que esta norma se ha redactado. Esta es una alternativa a las disposiciones de la ley 13.064. Está bien, ¿pero qué resulta? Al apartar toda esa ley, como alternativa, se aparta también su artículo 4°, que dice que “El proyecto de obra pública deberá prever, en los casos de obra que implique el acceso de público, para su aprobación por los organismos legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas limitativas de la accesibilidad de las personas con discapacidad”.
Aquella ley preveía, para el caso de obras públicas con acceso del público, la situación de las personas con discapacidad. Acá nos estamos olvidando de ellas. Nada costaría hacer referencia a ellas y mantener de la ley 13.064 esta disposición. Lo pido en nombre de todas las personas con discapacidad física que hay en nuestro país.
El artículo 3° establece una norma que a mi juicio es claramente inconstitucional. Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios podrán aplicar esta ley.
En el artículo 31 se dice que se invita a las provincias a adherir, pero antes de esta circunstancia ya se aprobó que esto se aplique. La situación se complica con el artículo 22 de este proyecto de ley, que establece que todos los contratos que se celebren a partir de esta norma legal serán auditados por la Auditoría General de la Nación. Quiero recordar que cada provincia tiene sus propios órganos de auditoría.
Entonces, si se aplicaran estricta y literalmente las disposiciones de este proyecto de ley tal como está redactado, habría dos auditorías sobre una misma obra: por un lado, la de la Auditoría General de la Nación, y por el otro, la de la respectiva provincia. ¿Cuál de las dos prevalecerá en caso de conflicto? ¿Por qué no se confía en las provincias? Me parece que esto debe ser corregido.
Por su parte, el inciso e) del artículo 4° del proyecto de ley establece que en oportunidad de estructurarse estos proyectos se tendrá en cuenta la rentabilidad económica y/o social de los mismos. En mi opinión, no debe decir “y/o social”, sino “y social”. La alternativa no puede ser la rentabilidad económica o la social. El Estado no es un empresario más que solamente pueda actuar en función de la rentabilidad económica. Por el contrario, los dineros públicos siempre tienen que estar destinados a intereses públicos o sociales. La rentabilidad económica les basta a los empresarios; la comprendo y la respeto porque hace al desarrollo del país. Pero reitero que el Estado no puede actuar solamente en función de ella.
En lo concerniente al inciso k) del artículo 9° del proyecto de ley, adhiero a las críticas que se han formulado. Dicha disposición hace referencia a las garantías mínimas razonables. A mi juicio, la parte contratada debería efectuar, antes de presentarse, un cálculo de costos para determinar si el proyecto le conviene o no. En caso afirmativo se presentará. Pero yo me pregunto lo siguiente: a las pymes, que generan una gran cantidad de trabajo para los argentinos, ¿quién les garantiza la rentabilidad? Como ya lo han expresado otros señores diputados, esta disposición debería eliminarse.
Por su parte, el artículo 14 de la iniciativa en consideración establece que cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen podrá establecerse un procedimiento transparente de consulta, debate e intercambio de opiniones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que habría obras públicas de montos muy pequeños que no justificarían un procedimiento transparente de consulta? Toda obra pública es grande. No hay obras públicas pequeñas que no justifiquen estos procedimientos transparentes. En consecuencia, creo que esto debería aplicarse a todos los casos y no solamente a algunos. Además, no hay ningún criterio para determinar cuáles son las obras públicas y cuáles las pequeñas. Por ello, considero que esto también debe ser corregido.
Los artículos 23 y 24 del proyecto de ley establecen con buen criterio –y lo celebro- las restricciones para participar de estos contratos. Una de ellas es la referida a la corrupción, mientras que la otra se relaciona con la intervención que podrían haber tenido los funcionarios públicos. En este sentido, el funcionario que dictaminó no puede participar en esto. Me llamó la atención lo estricto que se es con los concursados y quebrados o con aquellos cuyas quiebras están en trámite. Todos sabemos que una persona concursada es aquella a la que le fue mal en los negocios, por lo que se presenta en concurso, propone un plan de pagos, se le aprueba un concordato y de esa forma todo el mundo se queda satisfecho.
Pero los delincuentes que estafan al Estado no están incluidos en esta iniciativa. Los que han incurrido en cohecho y los que están presos por haber cometido delitos contra la obra pública no están comprendidos. Un asesor me dijo –no sé si será cierto- que el señor Lázaro Báez está esperando una carta de agradecimiento, ya que no se lo excluye de la posibilidad de participar en la obra pública. Yo me pregunto lo siguiente: ¿con qué criterio se excluye al que tiene un concurso y no al que está detenido con prisión preventiva, o bien, condenado, como en el caso de algunos funcionarios?
SR. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
La Presidencia recuerda al señor diputado que ha finalizado el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra, por lo que le solicita que redondee su exposición.
SR. RAFFO, JULIO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Quisiera saber si me ha otorgado un tiempo de diez minutos para hacer uso de la palabra, considerando los cinco minutos correspondientes al señor diputado Alonso.
SR. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Sí, señor diputado.
SR. RAFFO, JULIO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Gracias, señora presidenta.
De manera tal que quiero proponer el agregado de un inciso estableciendo la exclusión de aquellos que incurrieron en la comisión de delitos comprendidos en los artículos 11, 12 y 13 del Código Penal.
Por otra parte, se debe considerar el tema del daño. El artículo 10 del proyecto de ley en consideración determina en su último párrafo que si hubiera daños se pagarán aquellos previstos en el contrato. Como dijo un filósofo, es sabido que siempre hay más en lo dado que en lo conocido y más en lo previsto que en lo imprevisto. Es decir que si un cierto daño no se encuentra previsto en el contrato –por ejemplo, el derrame de un ácido- no será indemnizado.
Resulta imposible prever lo imprevisto y todos los daños que se pueden causar, a menos que se quiera otorgar un bill de indemnidad o patente de corso para que solamente se indemnicen los daños previstos en el contrato.
Por lo tanto, solicito a la comisión que por lo menos acepte algunas de las propuestas de modificación que he formulado.
Para finalizar mi exposición, deseo señalar que estoy en contra de la prórroga de jurisdicción. También lo estuve cuando el entonces presidente Néstor Kirchner estableció una prórroga para que el juez Griesa juzgara nuestra deuda. Cuando hice uso de la palabra en la reunión de la comisión, un querido y respetado diputado dijo que me refería a los títulos de la deuda, lo que es distinto al tema de la obra pública. En ese caso, debo reconocer que lo que me enseñaron en la facultad está mal. En otras palabras, allí me enseñaron que la soberanía nacional es una sola, mientras que ahora parecería que hay una para los títulos y otra para la obra pública.
Comprendo a quienes dicen que se puede prorrogar todo porque hay una sola soberanía nacional. Yo sigo la línea de los que sostienen, como el señor diputado Conesa, que no se puede prorrogar nada. Pero lo que no entiendo es lo que dicen algunos, en el sentido de que para ciertas cosas se puede entregar la soberanía y para otras no. Por mi parte, considero que, tal como me enseñaron, la soberanía es una sola y es indivisible.
De manera tal que quiero proponer el agregado de un inciso estableciendo la exclusión de aquellos que incurrieron en la comisión de delitos comprendidos en los artículos 11, 12 y 13 del Código Penal.
Por otra parte, se debe considerar el tema del daño. El artículo 10 del proyecto de ley en consideración determina en su último párrafo que si hubiera daños se pagarán aquellos previstos en el contrato. Como dijo un filósofo, es sabido que siempre hay más en lo dado que en lo conocido y más en lo previsto que en lo imprevisto. Es decir que si un cierto daño no se encuentra previsto en el contrato –por ejemplo, el derrame de un ácido- no será indemnizado.
Resulta imposible prever lo imprevisto y todos los daños que se pueden causar, a menos que se quiera otorgar un bill de indemnidad o patente de corso para que solamente se indemnicen los daños previstos en el contrato.
Por lo tanto, solicito a la comisión que por lo menos acepte algunas de las propuestas de modificación que he formulado.
Para finalizar mi exposición, deseo señalar que estoy en contra de la prórroga de jurisdicción. También lo estuve cuando el entonces presidente Néstor Kirchner estableció una prórroga para que el juez Griesa juzgara nuestra deuda. Cuando hice uso de la palabra en la reunión de la comisión, un querido y respetado diputado dijo que me refería a los títulos de la deuda, lo que es distinto al tema de la obra pública. En ese caso, debo reconocer que lo que me enseñaron en la facultad está mal. En otras palabras, allí me enseñaron que la soberanía nacional es una sola, mientras que ahora parecería que hay una para los títulos y otra para la obra pública.
Comprendo a quienes dicen que se puede prorrogar todo porque hay una sola soberanía nacional. Yo sigo la línea de los que sostienen, como el señor diputado Conesa, que no se puede prorrogar nada. Pero lo que no entiendo es lo que dicen algunos, en el sentido de que para ciertas cosas se puede entregar la soberanía y para otras no. Por mi parte, considero que, tal como me enseñaron, la soberanía es una sola y es indivisible.
SR. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
SR.(GOICOCHEA)
Señora presidenta: hace poco cumplimos treinta y tres años ininterrumpidos de democracia. Curiosamente, en la Nación tenemos un índice de pobreza del 33 por ciento.
Durante estos años el país experimentó un neoliberalismo por el que se sacralizaban el libre mercado, la desregulación y la flexibilización laboral. Pendularmente, luego del estallido social nos fuimos del neoliberalismo a un estatismo en el que pensamos que el Estado omnisciente, omnipresente y omnipotente iba a resolver todo. Pero lo cierto es que hoy estamos aquí con un índice de pobreza del 33 por ciento sobre nuestras espaldas.
Creo que más allá de lo que es un contrato comercial público o privado, si los argentinos somos inteligentes –todos nos conocemos al derecho y al revés, porque fuimos actores durante estos años y en este ciclo político ininterrumpido; algunos fueron actores principales y otros de reparto- podremos dar respuestas a los compatriotas que lo esperan de nosotros, aplicando como una forma de doctrina política nueva la solidaria interrelación público-privada.
Considero que si este contrato público-privado ayuda al compre nacional, a la participación de las pymes y a mover el amperímetro de una Argentina que se encuentra en recesión desde 2015, debemos brindarle nuestro acompañamiento.
Mediante la comisión bicameral y los informes que se emitan el año que viene, esta ley que se sancione probablemente será evaluada en el proyecto de ley de presupuesto para 2018. Aquí estaremos, en este Parlamento, todos presentes, con la alegría de haber podido generar empleo genuino en la Argentina, de haber aumentado la actividad económica y, por qué no, de haber sancionado una norma exitosa que finalmente permitirá la ampliación de ese límite del 7 por ciento del producto.
Por lo expuesto, voy a votar por la afirmativa este proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado porque es democrático y porque ese cuerpo representa a las provincias argentinas y no presenta un mapa oficialista, sino que predominantemente está integrado por legisladores del Partido Justicialista o del Frente para la Victoria. Pero hoy, desde el oficialismo, desde el gobierno del presidente Macri, estamos brindando una herramienta que creemos que es necesaria justamente para generar empleo y mejorar el índice de pobreza en la Argentina. (Aplausos en las bancas.)
Durante estos años el país experimentó un neoliberalismo por el que se sacralizaban el libre mercado, la desregulación y la flexibilización laboral. Pendularmente, luego del estallido social nos fuimos del neoliberalismo a un estatismo en el que pensamos que el Estado omnisciente, omnipresente y omnipotente iba a resolver todo. Pero lo cierto es que hoy estamos aquí con un índice de pobreza del 33 por ciento sobre nuestras espaldas.
Creo que más allá de lo que es un contrato comercial público o privado, si los argentinos somos inteligentes –todos nos conocemos al derecho y al revés, porque fuimos actores durante estos años y en este ciclo político ininterrumpido; algunos fueron actores principales y otros de reparto- podremos dar respuestas a los compatriotas que lo esperan de nosotros, aplicando como una forma de doctrina política nueva la solidaria interrelación público-privada.
Considero que si este contrato público-privado ayuda al compre nacional, a la participación de las pymes y a mover el amperímetro de una Argentina que se encuentra en recesión desde 2015, debemos brindarle nuestro acompañamiento.
Mediante la comisión bicameral y los informes que se emitan el año que viene, esta ley que se sancione probablemente será evaluada en el proyecto de ley de presupuesto para 2018. Aquí estaremos, en este Parlamento, todos presentes, con la alegría de haber podido generar empleo genuino en la Argentina, de haber aumentado la actividad económica y, por qué no, de haber sancionado una norma exitosa que finalmente permitirá la ampliación de ese límite del 7 por ciento del producto.
Por lo expuesto, voy a votar por la afirmativa este proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado porque es democrático y porque ese cuerpo representa a las provincias argentinas y no presenta un mapa oficialista, sino que predominantemente está integrado por legisladores del Partido Justicialista o del Frente para la Victoria. Pero hoy, desde el oficialismo, desde el gobierno del presidente Macri, estamos brindando una herramienta que creemos que es necesaria justamente para generar empleo y mejorar el índice de pobreza en la Argentina. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
SR. DOÑATE, CLAUDIO MARTIN (RIO NEGRO):
Señora presidenta: creo que estamos nada más y nada menos que ante un nuevo capítulo de esta alarmante película que está viviendo la Argentina. Se trata de una pieza más de esta ingeniería de DNU, decretos, leyes, resoluciones, designaciones de CEO y operaciones bien montadas por el Poder Ejecutivo en connivencia con el Poder Judicial con parte del Poder Judicial, del partido judicial, de la corporación mediática también, y por supuesto, de los intereses económicos y de la especulación financiera transnacional.
No se puede analizar este proyecto de PPP que hoy se impulsa, que estamos tratando, si no es en el marco de todo este andamiaje que describo, en esta decisión que deriva inevitablemente en resultados absolutamente opuestos a los que pregonan, a los que prometen y que dicen garantizar.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
No se puede analizar este proyecto de PPP que hoy se impulsa, que estamos tratando, si no es en el marco de todo este andamiaje que describo, en esta decisión que deriva inevitablemente en resultados absolutamente opuestos a los que pregonan, a los que prometen y que dicen garantizar.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
SR. DOÑATE, CLAUDIO MARTIN (RIO NEGRO):
Creo que este proyecto de ley de participación públicoprivada es parte de ese engranaje, de una especie de ingeniería de reloj, un reloj que tiene un tic-tac cada vez más fuerte, de mayor volumen, que se acelera, que es cada vez más dinámico y que en realidad no es un reloj suizo de decoración sino una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar.
Vengo escuchando a diputados que apoyan este proyecto, que lo impulsan con el mismo discurso de la lluvia de inversiones, de la generación de empleo, de lograr la pobreza cero, y vuelven a repetir los mismos argumentos que venimos escuchando hace once meses. Lo mismo decían con la devaluación, con la liberación del cepo y con la quita de retenciones. ¿Qué lograron? Más inflación, más desocupación, más concentración de la riqueza, más precarización laboral, menos inversiones y más especulación financiera.
Esos son los logros de doce meses de permanente tratamiento de leyes y aprobación de leyes, decretos, DNU y designaciones. Están todos por la misma ingeniería, por ese reloj, ese mismo tic-tac que no es un reloj suizo sino una bomba de tiempo que –repito- va a explotar. Lo mismo dijeron con la ley de pago a los fondos buitre. Los mismos argumentos que expresaron, diciendo que pagando deuda con deuda venía la lluvia de inversiones. No hay garúa, no hay una gota de inversiones; nada de eso, todo lo contrario.
Lo mismo dijeron con el blanqueo. Recuerdo cuando el presidente Macri fue descubierto con sus fondos, su plata escondida en las cuevas fiscales. Rápidamente sacaron esa ley para blanquear. Nos prometieron que 60.000 millones de dólares de esos fondos mal habidos, de esos fondos provenientes de la evasión, iban a volver al país porque con este presidente, Macri, sí iban a volver esos fondos de dudosa procedencia. No pasó nada de eso. Ustedes oficialmente acaban de confirmar que de los 60.000 millones de dólares apenas más de 4.000 millones quizás sean parte del blanqueo. Un fracaso absoluto, una mentira más.
Yo creo que también ahora con este proyecto de ley de participación públicoprivada, como decía el compañero diputado Carmona, haciendo un juego de palabras, en lugar de PPP participación públicoprivada, tenemos que “prepararnos para lo peor”, porque evidentemente los resultados van a ser los mismos ante una ley idéntica a las aplicadas en la década del 90. Estamos camino a un proceso de privatización de los servicios públicos nacionales.
Quiero alertar en este Congreso que están preparando el terreno para una nueva ola de privatizaciones en la Argentina. Volvemos a un Estado bobo, a un Estado ausente con esta ley ante el fracaso de una inversión, ante el no logro de los resultados que se pretenden. Es el Estado el que se va a hacer cargo de esos pasivos, los ambientales y también los económicos, los de prestación de servicios.
Es una vergüenza absoluta, una entrega inaceptable. Escucho además que hay algunos compañeros de la oposición acompañadora que le buscan la vuelta por todos lados. Yo creo que hacen esfuerzos interminables por tratar de justificar este maquillaje que le han hecho en las últimas horas a este proyecto de ley. Es inaceptable.
Escuché en la comisión que un diputado de la “oposición”, de la oposición acompañadora, hablaba de la gran modificación que había tenido el artículo 25 sobre la prórroga de jurisdicción. ¿Saben lo que modificaron de esta nueva entrega? Es el mismo texto original; lo único que le agregaron es que se le va a comunicar al Honorable Congreso la decisión de prorrogar la jurisdicción y dársela a Griesa o a un tribunal internacional. Es una vergüenza.
Yo veía que festejaban los cambios producidos en el texto. Creo que es una tomada de pelo que además tiene que ver con otro tipo de acuerdos que desconocemos y que no deben traer detrás ningún resultado positivo para el pueblo argentino.
Creo que también estamos frente a un nuevo acto de complicidad de muchos sectores –vuelvo a decir- de una oposición acompañadora a los que pido una reflexión: no han logrado nada acompañando estas leyes durante estos once meses. Los resultados han sido trágicos. Los vemos todos los días en la calle. Ustedes también lo saben, y saben también que este proyecto de ley no va a tener ningún resultado; por el contrario, no va a haber inversión, va a haber una extranjerización, vamos a perder soberanía y además corremos el riesgo de quedar en la historia en una triste y lamentable página de una nueva historia de entrega y destrucción en la Argentina. (Aplausos en las bancas.)
Vengo escuchando a diputados que apoyan este proyecto, que lo impulsan con el mismo discurso de la lluvia de inversiones, de la generación de empleo, de lograr la pobreza cero, y vuelven a repetir los mismos argumentos que venimos escuchando hace once meses. Lo mismo decían con la devaluación, con la liberación del cepo y con la quita de retenciones. ¿Qué lograron? Más inflación, más desocupación, más concentración de la riqueza, más precarización laboral, menos inversiones y más especulación financiera.
Esos son los logros de doce meses de permanente tratamiento de leyes y aprobación de leyes, decretos, DNU y designaciones. Están todos por la misma ingeniería, por ese reloj, ese mismo tic-tac que no es un reloj suizo sino una bomba de tiempo que –repito- va a explotar. Lo mismo dijeron con la ley de pago a los fondos buitre. Los mismos argumentos que expresaron, diciendo que pagando deuda con deuda venía la lluvia de inversiones. No hay garúa, no hay una gota de inversiones; nada de eso, todo lo contrario.
Lo mismo dijeron con el blanqueo. Recuerdo cuando el presidente Macri fue descubierto con sus fondos, su plata escondida en las cuevas fiscales. Rápidamente sacaron esa ley para blanquear. Nos prometieron que 60.000 millones de dólares de esos fondos mal habidos, de esos fondos provenientes de la evasión, iban a volver al país porque con este presidente, Macri, sí iban a volver esos fondos de dudosa procedencia. No pasó nada de eso. Ustedes oficialmente acaban de confirmar que de los 60.000 millones de dólares apenas más de 4.000 millones quizás sean parte del blanqueo. Un fracaso absoluto, una mentira más.
Yo creo que también ahora con este proyecto de ley de participación públicoprivada, como decía el compañero diputado Carmona, haciendo un juego de palabras, en lugar de PPP participación públicoprivada, tenemos que “prepararnos para lo peor”, porque evidentemente los resultados van a ser los mismos ante una ley idéntica a las aplicadas en la década del 90. Estamos camino a un proceso de privatización de los servicios públicos nacionales.
Quiero alertar en este Congreso que están preparando el terreno para una nueva ola de privatizaciones en la Argentina. Volvemos a un Estado bobo, a un Estado ausente con esta ley ante el fracaso de una inversión, ante el no logro de los resultados que se pretenden. Es el Estado el que se va a hacer cargo de esos pasivos, los ambientales y también los económicos, los de prestación de servicios.
Es una vergüenza absoluta, una entrega inaceptable. Escucho además que hay algunos compañeros de la oposición acompañadora que le buscan la vuelta por todos lados. Yo creo que hacen esfuerzos interminables por tratar de justificar este maquillaje que le han hecho en las últimas horas a este proyecto de ley. Es inaceptable.
Escuché en la comisión que un diputado de la “oposición”, de la oposición acompañadora, hablaba de la gran modificación que había tenido el artículo 25 sobre la prórroga de jurisdicción. ¿Saben lo que modificaron de esta nueva entrega? Es el mismo texto original; lo único que le agregaron es que se le va a comunicar al Honorable Congreso la decisión de prorrogar la jurisdicción y dársela a Griesa o a un tribunal internacional. Es una vergüenza.
Yo veía que festejaban los cambios producidos en el texto. Creo que es una tomada de pelo que además tiene que ver con otro tipo de acuerdos que desconocemos y que no deben traer detrás ningún resultado positivo para el pueblo argentino.
Creo que también estamos frente a un nuevo acto de complicidad de muchos sectores –vuelvo a decir- de una oposición acompañadora a los que pido una reflexión: no han logrado nada acompañando estas leyes durante estos once meses. Los resultados han sido trágicos. Los vemos todos los días en la calle. Ustedes también lo saben, y saben también que este proyecto de ley no va a tener ningún resultado; por el contrario, no va a haber inversión, va a haber una extranjerización, vamos a perder soberanía y además corremos el riesgo de quedar en la historia en una triste y lamentable página de una nueva historia de entrega y destrucción en la Argentina. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. AMADEO, EDUARDO PABLO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: a principios de los años 70, China, que venía de llenar de soberanía al mundo y no podía ganar una guerra a un país chico de Asia, tenía hambre, estaba destruida, hasta que un líder decidió jugarse y empezó a plantear otro país. Hoy en día ese país es la segunda potencia mundial.
No me quiero comparar; simplemente quiero decir que a veces cuando oigo alguno de los argumentos que se dan en este Congreso pienso que están mirando afuera. ¿Están mirando la Argentina que tenemos? ¿Están mirando el país del hambre, el país de la pobreza, el país de la falta de inversión, el país donde los argentinos no somos iguales dependiendo de la distancia al puerto? Esta es la discusión que tenemos hoy en la Argentina.
La verdadera soberanía es poder hacer lo que uno quiere porque tiene capacidad y decisión política, pero también porque tiene economía, infraestructura, trabajo, empresas nacionales potentes, y esta es la discusión que estamos teniendo hoy, no el onanismo de encerrarnos aquí adentro para ver quién es más soberano.
Este proyecto de ley es una fuente enorme de generación de empleo. Aplaudo a los diputados de la oposición que se han preocupado por la generación de empleo, por las pymes, pero sin duda esto va a generar empleo. ¿Acaso no generan empleo los ferrocarriles, los diques, todos los proyectos que se van a financiar con esto?
Quiero dejar tranquilos a los señores diputados que nos creen, no a los que nos miran con desconfianza. Este proyecto tiene todos los controles necesarios en respeto a las leyes para que no vuelvan a repetirse los festivales corruptos que hemos visto en el pasado. Este es un proyecto transformador.
No se equivoquen: la Argentina no es una niña de quince años o un joven pintón al que todos quieren; es un país gastado, triste, que no puede levantar vuelo si no tomamos medidas audaces, y esta es una medida audaz. Esta es una ley que va a integrar el país. Por eso quiero reafirmar a los compañeros diputados que se han preocupado por el tema del trabajo: vamos a generar trabajo, vamos a generar pymes, vamos a generar seguridad, vamos a integrar la Argentina.
Para finalizar, quiero leer las obras que haremos con este proyecto. En este sentido, quiero decir a los diputados que no están de acuerdo con esta iniciativa que cuando vuelvan a sus provincias podrán decir con orgullo que participaron de un Congreso que apoyará la construcción de las obras que a continuación mencionaré: El Salado, tramo 4; El Tambolar, en San Juan; sistema de riego en la Meseta Intermedia de Chubut; en Neuquén, Valle Inferior del río Limay; Colonia Josefa, de Río Negro; Acueducto del Este, en San Luis; El Bolsón; Formosa; La Pampa; Las Tunas; Canal Norte de Santa Cruz. Todas estas son obras de riego que podrán anunciar en sus provincias, aunque se hayan opuesto.
Menciono otras obras: la red cloacal de Chascomús; la obra para control de inundaciones, en La Pampa; la rehabilitación integral de los trenes de las líneas Mitre, Roca, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur; todo el sistema de frenado automático; el puerto de Comodoro Rivadavia; la ruta 36, en Córdoba; la ruta 19, en Córdoba; la ruta 33, de Rufino a Rosario; la ruta 3, en el tramo que abarca Azul-Bahía Blanca-Coronel Dorrego; la ruta 34, Rosario-Sunchales, San Genaro-Cañada Rosquín y Taboada-La Banda; el acceso al puerto de Rosario; el acueducto del Chaco; y muchas otras.
Con esta norma estaremos respondiendo a lo que la gente espera de nosotros: un país integrado, con trabajo y equidad federal. (Aplausos en las bancas.)
No me quiero comparar; simplemente quiero decir que a veces cuando oigo alguno de los argumentos que se dan en este Congreso pienso que están mirando afuera. ¿Están mirando la Argentina que tenemos? ¿Están mirando el país del hambre, el país de la pobreza, el país de la falta de inversión, el país donde los argentinos no somos iguales dependiendo de la distancia al puerto? Esta es la discusión que tenemos hoy en la Argentina.
La verdadera soberanía es poder hacer lo que uno quiere porque tiene capacidad y decisión política, pero también porque tiene economía, infraestructura, trabajo, empresas nacionales potentes, y esta es la discusión que estamos teniendo hoy, no el onanismo de encerrarnos aquí adentro para ver quién es más soberano.
Este proyecto de ley es una fuente enorme de generación de empleo. Aplaudo a los diputados de la oposición que se han preocupado por la generación de empleo, por las pymes, pero sin duda esto va a generar empleo. ¿Acaso no generan empleo los ferrocarriles, los diques, todos los proyectos que se van a financiar con esto?
Quiero dejar tranquilos a los señores diputados que nos creen, no a los que nos miran con desconfianza. Este proyecto tiene todos los controles necesarios en respeto a las leyes para que no vuelvan a repetirse los festivales corruptos que hemos visto en el pasado. Este es un proyecto transformador.
No se equivoquen: la Argentina no es una niña de quince años o un joven pintón al que todos quieren; es un país gastado, triste, que no puede levantar vuelo si no tomamos medidas audaces, y esta es una medida audaz. Esta es una ley que va a integrar el país. Por eso quiero reafirmar a los compañeros diputados que se han preocupado por el tema del trabajo: vamos a generar trabajo, vamos a generar pymes, vamos a generar seguridad, vamos a integrar la Argentina.
Para finalizar, quiero leer las obras que haremos con este proyecto. En este sentido, quiero decir a los diputados que no están de acuerdo con esta iniciativa que cuando vuelvan a sus provincias podrán decir con orgullo que participaron de un Congreso que apoyará la construcción de las obras que a continuación mencionaré: El Salado, tramo 4; El Tambolar, en San Juan; sistema de riego en la Meseta Intermedia de Chubut; en Neuquén, Valle Inferior del río Limay; Colonia Josefa, de Río Negro; Acueducto del Este, en San Luis; El Bolsón; Formosa; La Pampa; Las Tunas; Canal Norte de Santa Cruz. Todas estas son obras de riego que podrán anunciar en sus provincias, aunque se hayan opuesto.
Menciono otras obras: la red cloacal de Chascomús; la obra para control de inundaciones, en La Pampa; la rehabilitación integral de los trenes de las líneas Mitre, Roca, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur; todo el sistema de frenado automático; el puerto de Comodoro Rivadavia; la ruta 36, en Córdoba; la ruta 19, en Córdoba; la ruta 33, de Rufino a Rosario; la ruta 3, en el tramo que abarca Azul-Bahía Blanca-Coronel Dorrego; la ruta 34, Rosario-Sunchales, San Genaro-Cañada Rosquín y Taboada-La Banda; el acceso al puerto de Rosario; el acueducto del Chaco; y muchas otras.
Con esta norma estaremos respondiendo a lo que la gente espera de nosotros: un país integrado, con trabajo y equidad federal. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión por el cual se regulan los Contratos de Participación Público-Privada (Orden del Día N° 815).
Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
SRA. FERREYRA, ARACELI (CORRIENTES):
Pido permiso para insertar mi discurso sobre este tema.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.
SRA. TERADA, ALICIA (CHACO):
Señor presidente: solicito insertar mi discurso.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DAER, HECTOR RICARDO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: pido permiso para abstenerme en la votación.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. CLERI, MARCOS (SANTA FE):
Señor presidente: solicito permiso para insertar mi exposición sobre este tema.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
SR. TOMAS, HECTOR DANIEL (SAN JUAN):
Señor presidente: pido permiso para insertar mi discurso.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. PLAINI, FRANCISCO OMAR (BUENOS AIRES):
Señor presidente: solicito permiso para abstenerme en la votación.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. BARRETO, JORGE RUBEN (ENTRE RIOS):
Señor presidente: solicito permiso para abstenerme en la votación.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MOYANO, JUAN FACUNDO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: solicito permiso para abstenerme en la votación.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se ha tomado debida nota de las inserciones y pedidos de abstención solicitados por los señores diputados.
Se va a votar nominalmente en general.
Conforme al tablero electrónico, sobre 236 señores diputados presentes, 151 han votado por la afirmativa y 77 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Se va a votar nominalmente en general.
Conforme al tablero electrónico, sobre 236 señores diputados presentes, 151 han votado por la afirmativa y 77 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Votaron por la afirmativa 151 señores diputados y por la negativa, 77. Además, se registraron 6 abstenciones. (Aplausos en las bancas.)
Se practica la votación2016/134OE18_02_R19.pdf
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
SRA. ARENAS, BERTA HORTENSIA (SAN LUIS):
Señor presidente: quiero consignar mi voto por la afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, dejan constancia de su voto por la negativa la señora diputada Garré y el señor diputado De Vido.
Corresponde iniciar la consideración en particular. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Asimismo, dejan constancia de su voto por la negativa la señora diputada Garré y el señor diputado De Vido.
Corresponde iniciar la consideración en particular. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR.(LIPOVETSKY)
Señor presidente: propongo que votemos capítulo por capítulo, teniendo en cuenta la gran cantidad de artículos que contiene el proyecto.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Si la Cámara está de acuerdo, votaremos capítulo por capítulo.
Asentimiento.
Asentimiento.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el Capítulo I, que comprende los artículos 1° a 11.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el Capítulo II, que comprende los artículos 12 a 17.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el Capítulo III, que comprende los artículos 18 a 20.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el Capítulo IV, que comprende los artículos 21 y 22.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el Capítulo V, que comprende el artículo 23.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el Capítulo VI, que comprende el artículo 24.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. RAFFO, JULIO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: entiendo que la comisión iba a aceptar una modificación propuesta para la redacción del artículo 23. Por lo tanto, solicito la reconsideración de esa disposición.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se va a votar la reconsideración del artículo 23, de acuerdo con lo solicitado por el señor diputado Raffo. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
Resulta afirmativa.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. RAFFO, JULIO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: propuse que en este artículo se agregara como inciso h) que se excluya a los condenados con sentencia firme por los delitos previstos en los títulos XI, XII y XIII del Código Penal.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR.(LIPOVETSKY)
Señor presidente: se acepta la modificación, incorporando el inciso h) en el artículo 23, que por supuesto deberá ser aplicado a los condenados y procesados con sentencia firme.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
SRA. MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA (CORDOBA):
Señor presidente: propongo una reforma al inciso f), cuya redacción dice así: “Haber recibido dentro de los últimos cinco años anteriores al llamado público sanciones por violación a las normas ambientales, siempre que la resolución se encuentre firme;”
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR.(LIPOVETSKY)
Señor presidente: no aceptaremos la modificación.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. KICILLOF, AXEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: propongo dos nuevos incisos para agregar al artículo 23. El primero sería modificar el inciso c) por la siguiente redacción: “Ser funcionario público, o ser una firma, empresa o entidad con la cual el funcionario esté vinculado, o haya estado vinculado en los últimos cuatro años, por razones de dirección, participación o dependencia;”
Asimismo, propongo incluir un nuevo artículo con la siguiente redacción: “Ser familiar hasta cuarto grado de consanguineidad de las personas humanas referidas al artículo anterior.”
Asimismo, propongo incluir un nuevo artículo con la siguiente redacción: “Ser familiar hasta cuarto grado de consanguineidad de las personas humanas referidas al artículo anterior.”
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR.(LIPOVETSKY)
Señor presidente: mantendremos la redacción dictaminada por la comisión, con la modificación del señor diputado Raffo.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. ABRAHAM, ALEJANDRO (MENDOZA):
Señor presidente: el miembro informante ha hablado de “procesado con sentencia firme”. Me parece que esa figura no existe. Lo aclaro a fin de que no se deslice un error de técnica legislativa ni idiomático, incluyendo una figura penal que no existe.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR.(LIPOVETSKY)
Señor presidente: la terminología es discutible pero puede ser procesado con resolución firme. En realidad, el auto de procesamiento puede ser apelado. Por lo tanto, tiene que estar firme para que se consolide; ese es el espíritu.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se va a votar el artículo 23, con la modificación aceptada por la comisión.
Resulta afirmativa.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el Capítulo VII, que comprende los artículos 25 a 27.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: solicito votación nominal para el artículo 25.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
La Presidencia sometería a votación el Capítulo VII artículo por artículo, ya que el diputado Recalde pidió la votación nominal del artículo 25.
SR. KUNKEL, CARLOS MIGUEL (BUENOS AIRES):
Se puede votar los tres artículos del capítulo en forma nominal, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Es verdad, podría votarse nominalmente los artículos 25 a 27, es decir, el capítulo completo, con lo que ahorraríamos tiempo.
SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES):
Insisto en que solamente se vote en forma nominal el artículo 25, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Conforme a lo solicitado, se va a votar en forma nominal el artículo 25.
- .
- Conforme al tablero electrónico, sobre 231 señores diputados presentes, 137 han votado por la afirmativa y 89 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
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- Conforme al tablero electrónico, sobre 231 señores diputados presentes, 137 han votado por la afirmativa y 89 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Se practica la votación nominal2016/134OE18_03_R19.pdf
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Se han registrado 137 votos afirmativos, 89 negativos y 3 abstenciones.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
SRA. CARRIZO, NILDA MABEL (TUCUMAN):
Señor presidente: quiero aclarar que voté por la negativa, porque me levanté de la banca y se borró mi voto.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se tiene presente, señora diputada.
Se van a votar los artículos 26 y 27, que completan el Capítulo VII.
Resulta afirmativa.
Se van a votar los artículos 26 y 27, que completan el Capítulo VII.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el Capítulo VIII, que comprende los artículos 28 y 29.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el Capítulo IX, que comprende el artículo 30.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el Capítulo X, que comprende los artículos 31 a 33.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
El artículo 34 es de forma.
Se va a votar.
Resulta afirmativa.
El artículo 34 es de forma.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
Habiendo sido modificado el texto aprobado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.
Habiendo sido modificado el texto aprobado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.
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