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Período:134 Reunion:14 Fecha:14/09/2016 PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS DE FITOSANITARIOS
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Industria, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y de Agricultura y Ganadería recaídos en el proyecto de ley en revisión, contenido en el expediente 0138-s-2015 , sobre establecimiento de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron (Orden del Día N° 403).
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero saber si la estrategia del oficialismo es abandonar el recinto, ya que veo a varios señores diputados que se están retirando.
El miembro informante del proyecto en consideración es el señor diputado Alegre.
El miembro informante del proyecto en consideración es el señor diputado Alegre.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DE MENDIGUREN, JOSE IGNACIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: los integrantes de las tres comisiones que emitieron dictamen –Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Agricultura y Ganadería e Industria están incorporando modificaciones en su redacción y todavía no han logrado ponerse de acuerdo. Presuponían que este asunto iba a tratarse más tarde, y en este momento están trabajando. Por lo tanto, solicito que se pase a un cuarto intermedio de quince minutos para poder contar con la conclusión a la que hayan arribado los presidentes de las tres comisiones.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Hay otros oradores anotados para hacer uso de la palabra. De todas maneras, no hay quórum para votar su moción, señor diputado.
Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
SRA. COUSINET, GRACIELA (MENDOZA):
Señor presidente: me sorprende terriblemente lo que ha dicho el señor diputado De Mendiguren, porque estuvimos en una reunión conjunta de las tres comisiones en la que nuestro bloque hizo varias sugerencias de modificación, ninguna de las cuales fue aceptada, y ahora nos encontramos con que están tratando de introducir cambios en el dictamen de mayoría.
Soy secretaria de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y no he sido invitada a participar en ese trabajo. Quisiera saber por qué estas modificaciones no se discutieron en el ámbito que corresponde, que es el plenario de las comisiones.
Soy secretaria de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y no he sido invitada a participar en ese trabajo. Quisiera saber por qué estas modificaciones no se discutieron en el ámbito que corresponde, que es el plenario de las comisiones.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. BARLETTA, MARIO DOMINGO (SANTA FE):
Señor presidente: no sé si el Frente Renovador tiene alguna opción que alguien pueda explicitar, pero como bien dice la señora diputada Cousinet no vamos a escuchar los informes de los dictámenes de minoría sin antes conocer el del dictamen de mayoría.
Soy presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, pero la comisión cabecera es la que preside el señor diputado De Mendiguren.
Soy presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, pero la comisión cabecera es la que preside el señor diputado De Mendiguren.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Se ha formulado una moción de cuarto intermedio, pero no hay número suficiente en el recinto para someterla a votación.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: el señor diputado Alegre, miembro informante sobre este tema, está en el Salón de los Pasos Perdidos, y el señor diputado Massot, presidente del bloque del PRO, me acaba de decir que está viniendo al recinto. Simplemente debemos tener la voluntad de esperar unos minutos para ver si podemos tratar este tema, que no es menor sino muy importante.
Este proyecto ya fue sancionado por el Senado y aquí fue tratado por las respectivas comisiones. Nuestro bloque ha presentado una disidencia y en el día de hoy se estuvo intentando encontrar los consensos para corregirla y que vuelva al Senado.
Si ya se incorporó a la sesión el señor diputado Alegre, puede oficiar de miembro informante, y el diputado del PRO que está por llegar quizás nos asegure la mayoría que se requiere para cumplir con este trámite.
Este proyecto ya fue sancionado por el Senado y aquí fue tratado por las respectivas comisiones. Nuestro bloque ha presentado una disidencia y en el día de hoy se estuvo intentando encontrar los consensos para corregirla y que vuelva al Senado.
Si ya se incorporó a la sesión el señor diputado Alegre, puede oficiar de miembro informante, y el diputado del PRO que está por llegar quizás nos asegure la mayoría que se requiere para cumplir con este trámite.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: por una cuestión de economía legislativa, propongo que empiecen a hacer uso de la palabra los diputados que están presentes, para fundamentar su dictamen. En algún momento el oficialismo dará quórum.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ALEGRE, GILBERTO OSCAR (BUENOS AIRES):
Señor presidente: este es uno de los grandes temas que demanda nuestra sociedad. Sin duda, los envases vacíos de fitosanitarios sin un tratamiento adecuado dispersos por toda nuestra llanura son sumamente contaminantes y riesgosos para nuestra salud. Por lo tanto, debemos adoptar disposiciones urgentes para resolver este problema. Esto nos lleva a poner en tratamiento en este recinto esta norma que viene del Senado, respecto de la cual tenemos muchas objeciones, que de alguna manera tenemos que salvar en aras de encontrar una respuesta a lo que demanda la sociedad.
Este proyecto tiene muchas cuestiones que resultan absolutamente ilógicas, por lo que no entendemos cómo el Senado pudo aprobarlas. Una de ellas es que se establecen multas para quienes cometan infracciones al procedimiento de la ley, pero no se aclara a quiénes corresponden. Desde el punto de vista teórico, algunos dicen que esas sanciones corresponderían a los organizadores del sistema.
A su vez, se establece que en cada una de las etapas se pueden vulnerar las obligaciones fijadas, pero no se dice cuáles son las multas, por lo que estas podrían llegar a ser exorbitantes.
Esto no puede quedar de esta manera porque torna riesgosa la explotación agropecuaria. No puede quedar en manos de nadie en particular la facultad de establecer parámetros tan grandes de diferencias con el objeto de aplicar sanciones.
El proyecto de ley habla de castigar a quien no realicen buenas prácticas. De esta forma, estamos imposibilitando al productor que compre productos químicos, condenándolo a no seguir produciendo. También lo podríamos estar obligando a encontrar formas de vulnerar una sanción que no tiene lógica.
En la iniciativa se dispone que los bidones deben entregarse al año, pero los productos agroquímicos vencen a los tres años. ¿Cómo podemos imponer a alguien que adquiere un producto agroquímico con fecha de vencimiento a los tres años que debe devolver el bidón al año? De algún modo, lo condenamos a que viole esta disposición, por lo que hay que encontrar otro tipo de solución.
También vemos con preocupación que no queda en claro quién es la autoridad de aplicación. Se mencionan dos: el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuando debe haber una sola autoridad de aplicación.
Entendemos que es razonable y lógico dar una respuesta a la sociedad aprobando rápidamente este proyecto, pero no se puede sancionar una iniciativa de cualquier manera, por el apuro. No podemos dejar las multas en manos de la administración, sin tope alguno, por los montos que significan.
Las multas pueden ser pensadas en función de un pool de siembra grande que se desempeña en la Pampa Húmeda o de una pequeña economía regional, como podrían ser sectores de quintas. Ellos también pueden infraccionar al no entregar un bidón, y la multa sería exactamente la misma. Por eso, las multas debemos solucionarlas de inmediato, y podemos resolverlas en el recinto porque existe coincidencia en que se requiere sancionar definitivamente este proyecto de ley.
Las coincidencias nos llevan a plantearnos qué hacer. ¿Decidimos que el Poder Ejecutivo vete los artículos con los que no estamos de acuerdo? Y si no los veta, ¿podemos sancionar otro proyecto de ley? ¿Tenemos urgencia en aprobar esto? ¿Modificamos los artículos y enviamos el proyecto nuevamente al Senado?
En el espíritu del cuerpo existe una decisión respecto del camino a seguir. Podríamos pedir al presidente que vete los artículos que estamos cuestionando y que la reglamentación resuelva los conflictos, o introducir las modificaciones para que el proyecto vuelva al Senado.
La cuestión es que este proyecto debe ser definitivamente sancionado porque constituye una demanda de la sociedad. Sin embargo, se corre el riesgo de que si vuelve al Senado y se produce otro debate pueda perder estado parlamentario.
Entiendo que el cuerpo constituido en comisión debería encontrar una solución. La gran mayoría de los bloques está conteste en que este proyecto debe tener una salida en forma inmediata, y sin duda alguna, la mejor será la que apruebe el plenario. Siempre hemos resaltado el espíritu de trabajo que existe en esta Cámara para consensuar proyectos de ley, pero no debemos olvidar que la sociedad nos demanda que resolvamos este tema, por lo que hoy deberíamos encontrar una solución sin dificultades ni dilaciones.
Este proyecto tiene muchas cuestiones que resultan absolutamente ilógicas, por lo que no entendemos cómo el Senado pudo aprobarlas. Una de ellas es que se establecen multas para quienes cometan infracciones al procedimiento de la ley, pero no se aclara a quiénes corresponden. Desde el punto de vista teórico, algunos dicen que esas sanciones corresponderían a los organizadores del sistema.
A su vez, se establece que en cada una de las etapas se pueden vulnerar las obligaciones fijadas, pero no se dice cuáles son las multas, por lo que estas podrían llegar a ser exorbitantes.
Esto no puede quedar de esta manera porque torna riesgosa la explotación agropecuaria. No puede quedar en manos de nadie en particular la facultad de establecer parámetros tan grandes de diferencias con el objeto de aplicar sanciones.
El proyecto de ley habla de castigar a quien no realicen buenas prácticas. De esta forma, estamos imposibilitando al productor que compre productos químicos, condenándolo a no seguir produciendo. También lo podríamos estar obligando a encontrar formas de vulnerar una sanción que no tiene lógica.
En la iniciativa se dispone que los bidones deben entregarse al año, pero los productos agroquímicos vencen a los tres años. ¿Cómo podemos imponer a alguien que adquiere un producto agroquímico con fecha de vencimiento a los tres años que debe devolver el bidón al año? De algún modo, lo condenamos a que viole esta disposición, por lo que hay que encontrar otro tipo de solución.
También vemos con preocupación que no queda en claro quién es la autoridad de aplicación. Se mencionan dos: el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuando debe haber una sola autoridad de aplicación.
Entendemos que es razonable y lógico dar una respuesta a la sociedad aprobando rápidamente este proyecto, pero no se puede sancionar una iniciativa de cualquier manera, por el apuro. No podemos dejar las multas en manos de la administración, sin tope alguno, por los montos que significan.
Las multas pueden ser pensadas en función de un pool de siembra grande que se desempeña en la Pampa Húmeda o de una pequeña economía regional, como podrían ser sectores de quintas. Ellos también pueden infraccionar al no entregar un bidón, y la multa sería exactamente la misma. Por eso, las multas debemos solucionarlas de inmediato, y podemos resolverlas en el recinto porque existe coincidencia en que se requiere sancionar definitivamente este proyecto de ley.
Las coincidencias nos llevan a plantearnos qué hacer. ¿Decidimos que el Poder Ejecutivo vete los artículos con los que no estamos de acuerdo? Y si no los veta, ¿podemos sancionar otro proyecto de ley? ¿Tenemos urgencia en aprobar esto? ¿Modificamos los artículos y enviamos el proyecto nuevamente al Senado?
En el espíritu del cuerpo existe una decisión respecto del camino a seguir. Podríamos pedir al presidente que vete los artículos que estamos cuestionando y que la reglamentación resuelva los conflictos, o introducir las modificaciones para que el proyecto vuelva al Senado.
La cuestión es que este proyecto debe ser definitivamente sancionado porque constituye una demanda de la sociedad. Sin embargo, se corre el riesgo de que si vuelve al Senado y se produce otro debate pueda perder estado parlamentario.
Entiendo que el cuerpo constituido en comisión debería encontrar una solución. La gran mayoría de los bloques está conteste en que este proyecto debe tener una salida en forma inmediata, y sin duda alguna, la mejor será la que apruebe el plenario. Siempre hemos resaltado el espíritu de trabajo que existe en esta Cámara para consensuar proyectos de ley, pero no debemos olvidar que la sociedad nos demanda que resolvamos este tema, por lo que hoy deberíamos encontrar una solución sin dificultades ni dilaciones.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
SRA. COUSINET, GRACIELA (MENDOZA):
Señor presidente: tras la reunión conjunta de las tres comisiones elaboramos un dictamen de minoría incorporando aspectos que entendíamos no contemplaba el de mayoría, que tal como ha sido presentado está claramente direccionado a favor de Monsanto y hasta podríamos decir, de Bayer.
En estos días, las presiones de los productores de agrotóxicos y de los mismos agricultores, seguramente han logrado imponerse sobre algunos legisladores que quieren hacer esta norma aún más permisiva para los productores de agroquímicos y los sembradores de soja y maíz transgénicos.
En la última década y media, la Argentina se ha visto peligrosamente sometida a un modelo económico basado en el monopolio de un puñado de grandes empresas transnacionales, entre las que fundamentalmente se encuentran los productores de agroquímicos y de semillas transgénicas.
Durante muchos meses, un equipo de especialistas y técnicos de las universidades nacionales, del SENASA y del Ministerio de Medioambiente elaboró una propuesta con recomendaciones muy estrictas acerca de cómo debían tratarse los envases de productos agrotóxicos. Sin embargo, el gobierno anterior desconoció este proyecto y no sabemos por qué, sin hacer ninguna consulta, apareció otro proyecto de ley, que se lo quiere hacer pasar como un gran avance con respecto a la lucha contra la contaminación ambiental; sin embargo, constituye un retroceso vergonzoso y voy a decir por qué.
Los envases de agrotóxicos están regidos por la ley 24.051, de residuos peligrosos, que fue sancionada antes de la reforma constitucional de 1994. Es una ley de adhesión a la cual se ha incorporado la mayoría de las provincias, y las que no lo hicieron han elaborado una normativa aún más estricta. Esto significa que los envases de agrotóxicos ya están contemplados en la legislación.
Estamos de acuerdo con que se requiere una normativa específica, pero de ninguna aceptamos una legislación que sustrae los residuos de agrotóxicos de la Ley de Residuos Peligrosos. Y esto es lo que estamos considerando en este momento, porque el dictamen de mayoría no establece con claridad que los agrotóxicos son residuos peligrosos. Esto deja a la ciudadanía y a las poblaciones rurales y peri-rurales en una orfandad jurídica, porque cuando el juez estableció la responsabilidad de quienes habían fumigado y contaminado en el barrio Ituzaingó, de Córdoba, perjudicando la salud de la población, se basó en la ley 24.051, de residuos peligrosos. Cuando saquemos los envases de agrotóxicos del ámbito de esa norma, dejaremos a la población en una orfandad jurídica.
Los Médicos de Pueblos Fumigados y muchos investigadores de universidades nacionales están señalando cómo crece el cáncer y las malformaciones fetales en las poblaciones cercanas a donde se fumiga con agrotóxicos. Como diputados de la Nación, tenemos la obligación de velar por la salud pública, y una manera de hacerlo es cuidando el medioambiente.
Me llama la atención que cuando se tocan los intereses de las grandes corporaciones económicas inmediatamente se cierra la famosa grieta.
Este proyecto de ley también está en contra de tres convenios firmados por la Argentina: los de Basilea, Estocolmo y Rotterdam. Este último establece la prohibición del transporte de sustancias peligrosas de un país a otro, sobre todo para proteger a los países subdesarrollados, que terminaban siendo depósitos de residuos peligrosos. Con esta norma estaríamos haciendo dentro de las fronteras de nuestro país lo que las convenciones internacionales prohíben a nivel mundial.
Según este proyecto, los residuos peligrosos dejarían dejar de serlo si se produjera el triple lavado. ¿En qué consiste esto? Se llena un bidón con tres cuartas partes de agua, se lo sacude y se arroja el agua; esto se repite tres veces. Hay bidones de 20 litros, y sacudirlos es un poco difícil. El triple lavado es una norma IRAM, es decir, privada. En este caso, el Estado también está delegando en un organismo privado su necesaria responsabilidad de definir qué es un residuo peligroso y qué no lo es.
Por otra parte, todos los estudios científicos definen que el triple lavado de ninguna manera elimina todos los residuos peligrosos de un envase de plástico ni de ningún otro tipo, sino que los reduce a un cuarto. Por lo tanto, el triple lavado permite una manipulación menos riesgosa de los envases, pero de ninguna manera transforma los envases en no peligrosos, como pretende hacernos creer el proyecto de ley en consideración.
Hay dos aspectos absolutamente fundamentales en cualquier ley que trate de proteger al medioambiente. Uno, es el principio de la trazabilidad; tenemos que saber exactamente dónde se encuentra el envase en cada momento de su proceso, y esto de ninguna manera está especificado en el proyecto. Su texto es sumamente ambiguo, deja para la reglamentación posterior aspectos fundamentales.
El otro punto importantísimo es la responsabilidad extendida del productor. Este principio aceptado internacionalmente se refiere a que el fabricante tiene la responsabilidad sobre su producto hasta su reutilización, reciclado o destrucción.
Esta responsabilidad es económica. Nadie pretende que Monsanto se encargue de trasladar los residuos vacíos, pero sí debería pagar un impuesto para que el Estado se ocupe de esta tarea. En esta legislación no está contemplada la responsabilidad extendida sino como un principio prácticamente retórico porque la responsabilidad extendida es económica por parte de los fabricantes, y no solamente de los fabricantes de agrotóxicos o de residuos peligrosos, es una responsabilidad de todo fabricante. Es decir, los fabricantes de envases de plástico también deberían ser responsables hasta la disposición final de ese envase. Esto es lo que se debería hacer si realmente existiera un Estado presente, interventor y controlador de la actividad económica.
Por otro lado, e proyecto de ley incurre en desprolijidades jurídicas que pueden tornarlo inconstitucional. Por ejemplo, no contempla el derecho ni la potestad jurisdiccional de las provincias para autorizar o no el transporte de sustancias peligrosas en su territorio.
Otro de los aspectos que cuestionamos es este famoso “doble comando”, o sea que la autoridad de aplicación sea tanto el Ministerio de Agroindustria como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por supuesto que estamos a favor de que sea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que realmente tiene interés en controlar y cuidar el medioambiente, y no el Ministerio de Agroindustria, cuyo interés es más bien el de beneficiar a los terratenientes y no a la población.
Por eso, sin presentar un proyecto de ley completamente distinto, incorporamos algunos aspectos. No voy a aburrirlos porque supongo que todos habrán leído el dictamen de minoría, pero simplemente quiero agregar cuáles son los puntos que especificamos claramente, como las condiciones que deben tener tanto los actores como los procesos y procedimientos, con respecto a los envases de agrotóxicos.
Al respecto, establecemos cuatro etapas. Una, es la del comercializador al usuario, y otra, la del usuario al centro de almacenamiento transitorio. Sobre todo, para quienes no han leído el proyecto de ley, aclaro que el centro de almacenamiento transitorio es un lugar donde se depositarían los envases de plástico. En ningún momento se especifica si debe estar techado, si puede estar al lado de una escuela, en un centro urbano o cerca de un curso de agua. Las dos etapas restantes son las siguientes: del centro de almacenamiento transitorio hacia el operador, y finalmente, desde el operador hacia la industria, cuando corresponda.
Para cada uno de estos cuatro momentos o fases hemos elaborado una cantidad de especificaciones relacionadas con las obligaciones de los actores.
Finalmente, hemos incorporado la creación de un consejo de control y la necesidad de que existan organizaciones de usuarios y de pobladores afectados por la contaminación con agroquímicos.
Estas son las sugerencias que nosotros hacemos a la Cámara. Creemos que es importante contar con una norma específica sobre agroquímicos, pero para ser honesta, preferiría que no existiera porque ya tenemos la Ley de Residuos Peligrosos y solamente hay que aplicarla.
En estos días, las presiones de los productores de agrotóxicos y de los mismos agricultores, seguramente han logrado imponerse sobre algunos legisladores que quieren hacer esta norma aún más permisiva para los productores de agroquímicos y los sembradores de soja y maíz transgénicos.
En la última década y media, la Argentina se ha visto peligrosamente sometida a un modelo económico basado en el monopolio de un puñado de grandes empresas transnacionales, entre las que fundamentalmente se encuentran los productores de agroquímicos y de semillas transgénicas.
Durante muchos meses, un equipo de especialistas y técnicos de las universidades nacionales, del SENASA y del Ministerio de Medioambiente elaboró una propuesta con recomendaciones muy estrictas acerca de cómo debían tratarse los envases de productos agrotóxicos. Sin embargo, el gobierno anterior desconoció este proyecto y no sabemos por qué, sin hacer ninguna consulta, apareció otro proyecto de ley, que se lo quiere hacer pasar como un gran avance con respecto a la lucha contra la contaminación ambiental; sin embargo, constituye un retroceso vergonzoso y voy a decir por qué.
Los envases de agrotóxicos están regidos por la ley 24.051, de residuos peligrosos, que fue sancionada antes de la reforma constitucional de 1994. Es una ley de adhesión a la cual se ha incorporado la mayoría de las provincias, y las que no lo hicieron han elaborado una normativa aún más estricta. Esto significa que los envases de agrotóxicos ya están contemplados en la legislación.
Estamos de acuerdo con que se requiere una normativa específica, pero de ninguna aceptamos una legislación que sustrae los residuos de agrotóxicos de la Ley de Residuos Peligrosos. Y esto es lo que estamos considerando en este momento, porque el dictamen de mayoría no establece con claridad que los agrotóxicos son residuos peligrosos. Esto deja a la ciudadanía y a las poblaciones rurales y peri-rurales en una orfandad jurídica, porque cuando el juez estableció la responsabilidad de quienes habían fumigado y contaminado en el barrio Ituzaingó, de Córdoba, perjudicando la salud de la población, se basó en la ley 24.051, de residuos peligrosos. Cuando saquemos los envases de agrotóxicos del ámbito de esa norma, dejaremos a la población en una orfandad jurídica.
Los Médicos de Pueblos Fumigados y muchos investigadores de universidades nacionales están señalando cómo crece el cáncer y las malformaciones fetales en las poblaciones cercanas a donde se fumiga con agrotóxicos. Como diputados de la Nación, tenemos la obligación de velar por la salud pública, y una manera de hacerlo es cuidando el medioambiente.
Me llama la atención que cuando se tocan los intereses de las grandes corporaciones económicas inmediatamente se cierra la famosa grieta.
Este proyecto de ley también está en contra de tres convenios firmados por la Argentina: los de Basilea, Estocolmo y Rotterdam. Este último establece la prohibición del transporte de sustancias peligrosas de un país a otro, sobre todo para proteger a los países subdesarrollados, que terminaban siendo depósitos de residuos peligrosos. Con esta norma estaríamos haciendo dentro de las fronteras de nuestro país lo que las convenciones internacionales prohíben a nivel mundial.
Según este proyecto, los residuos peligrosos dejarían dejar de serlo si se produjera el triple lavado. ¿En qué consiste esto? Se llena un bidón con tres cuartas partes de agua, se lo sacude y se arroja el agua; esto se repite tres veces. Hay bidones de 20 litros, y sacudirlos es un poco difícil. El triple lavado es una norma IRAM, es decir, privada. En este caso, el Estado también está delegando en un organismo privado su necesaria responsabilidad de definir qué es un residuo peligroso y qué no lo es.
Por otra parte, todos los estudios científicos definen que el triple lavado de ninguna manera elimina todos los residuos peligrosos de un envase de plástico ni de ningún otro tipo, sino que los reduce a un cuarto. Por lo tanto, el triple lavado permite una manipulación menos riesgosa de los envases, pero de ninguna manera transforma los envases en no peligrosos, como pretende hacernos creer el proyecto de ley en consideración.
Hay dos aspectos absolutamente fundamentales en cualquier ley que trate de proteger al medioambiente. Uno, es el principio de la trazabilidad; tenemos que saber exactamente dónde se encuentra el envase en cada momento de su proceso, y esto de ninguna manera está especificado en el proyecto. Su texto es sumamente ambiguo, deja para la reglamentación posterior aspectos fundamentales.
El otro punto importantísimo es la responsabilidad extendida del productor. Este principio aceptado internacionalmente se refiere a que el fabricante tiene la responsabilidad sobre su producto hasta su reutilización, reciclado o destrucción.
Esta responsabilidad es económica. Nadie pretende que Monsanto se encargue de trasladar los residuos vacíos, pero sí debería pagar un impuesto para que el Estado se ocupe de esta tarea. En esta legislación no está contemplada la responsabilidad extendida sino como un principio prácticamente retórico porque la responsabilidad extendida es económica por parte de los fabricantes, y no solamente de los fabricantes de agrotóxicos o de residuos peligrosos, es una responsabilidad de todo fabricante. Es decir, los fabricantes de envases de plástico también deberían ser responsables hasta la disposición final de ese envase. Esto es lo que se debería hacer si realmente existiera un Estado presente, interventor y controlador de la actividad económica.
Por otro lado, e proyecto de ley incurre en desprolijidades jurídicas que pueden tornarlo inconstitucional. Por ejemplo, no contempla el derecho ni la potestad jurisdiccional de las provincias para autorizar o no el transporte de sustancias peligrosas en su territorio.
Otro de los aspectos que cuestionamos es este famoso “doble comando”, o sea que la autoridad de aplicación sea tanto el Ministerio de Agroindustria como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por supuesto que estamos a favor de que sea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que realmente tiene interés en controlar y cuidar el medioambiente, y no el Ministerio de Agroindustria, cuyo interés es más bien el de beneficiar a los terratenientes y no a la población.
Por eso, sin presentar un proyecto de ley completamente distinto, incorporamos algunos aspectos. No voy a aburrirlos porque supongo que todos habrán leído el dictamen de minoría, pero simplemente quiero agregar cuáles son los puntos que especificamos claramente, como las condiciones que deben tener tanto los actores como los procesos y procedimientos, con respecto a los envases de agrotóxicos.
Al respecto, establecemos cuatro etapas. Una, es la del comercializador al usuario, y otra, la del usuario al centro de almacenamiento transitorio. Sobre todo, para quienes no han leído el proyecto de ley, aclaro que el centro de almacenamiento transitorio es un lugar donde se depositarían los envases de plástico. En ningún momento se especifica si debe estar techado, si puede estar al lado de una escuela, en un centro urbano o cerca de un curso de agua. Las dos etapas restantes son las siguientes: del centro de almacenamiento transitorio hacia el operador, y finalmente, desde el operador hacia la industria, cuando corresponda.
Para cada uno de estos cuatro momentos o fases hemos elaborado una cantidad de especificaciones relacionadas con las obligaciones de los actores.
Finalmente, hemos incorporado la creación de un consejo de control y la necesidad de que existan organizaciones de usuarios y de pobladores afectados por la contaminación con agroquímicos.
Estas son las sugerencias que nosotros hacemos a la Cámara. Creemos que es importante contar con una norma específica sobre agroquímicos, pero para ser honesta, preferiría que no existiera porque ya tenemos la Ley de Residuos Peligrosos y solamente hay que aplicarla.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. LOPEZ, PABLO SEBASTIAN (SALTA):
Señor presidente: está claro que estamos abordando un problema muy importante pero lamentablemente el proyecto en tratamiento se adelanta a algo que debiéramos discutir en primer lugar, es decir, la utilización de los agrotóxicos. Esta es una enorme limitación del debate.
En el transcurso de estas últimas tres semanas, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano habilitó un debate en el que participaron invitados que fijaron distintas posturas sobre la utilización de los agrotóxicos. En realidad, estamos interesados en tratar el tema, pero sospechamos que el gobierno nacional está intentando aprobar una ley de agrotóxicos que es absolutamente permisiva y que provocará enormes consecuencias para la población.
El Senado de la provincia de Buenos Aires acaba de sancionar una ley por la que se permite la fumigación terrestre hasta a diez metros de las viviendas. Por supuesto, se trataría solo de los productos clases III y IV, que si bien son los menos peligrosos no dejan de ser tóxicos.
El proyecto de ley que estamos discutiendo reconoce que los envases contienen productos tóxicos. Sin embargo, a la reunión de la comisión concurrió un funcionario del gobierno nacional que expresó que el problema de la fumigación sobre las escuelas se resuelve fácilmente, porque dijo: “Fumigaremos el fin de semana”. La tendencia es crear una ley permisiva, y para muestra basta un botón. No quiero seguir haciendo comentarios sobre una gran cantidad de barbaridades que en esas reuniones han dicho algunos defensores de la utilización de agroquímicos.
Quiero destacar dos cosas que sucedieron en esas reuniones, sobre todo en la del día de ayer. El problema no solamente es de los agroquímicos que se están utilizando y que son permitidos por la ley, sino que distintas organizaciones han denunciado la utilización de agroquímicos prohibidos en nuestro país o que se han prohibido en otros países pero que en la Argentina se siguen usando.
Ayer, por ejemplo, un diputado hizo una denuncia muy fuerte en el sentido de que en algunos municipios de la provincia de La Rioja se fumigan los olivos con sustancias prohibidas. Además, un diputado ha denunciado la muerte de dos niños en la provincia de Corrientes como consecuencia de la contaminación producida por agrotóxicos y agroquímicos, y manifestó algo que debería llamar la atención de todos los diputados, que a mi juicio es gravísimo: los responsables de la muerte de estos niños dijeron que esas muertes eran “daños colaterales” del sistema. Esto es gravísimo y pone de manifiesto que existe un problema muy grave detrás de esta cuestión.
Se han dicho otras cosas muy importantes. No solamente se utilizan agroquímicos y agrotóxicos en la explotación rural, sino que hay denuncias de municipios que hacen desmalezamiento de plazas con esas sustancias, o empresas ferroviarias -o tercerizadas de estas- que también hacen desmalezamiento de las vías con estos productos que claramente afectan la salud de las personas y particularmente, de los niños.
Quiero referirme a algo más que se dijo en estas rondas de debate. Se argumenta que hay que permitir la utilización de agroquímicos porque la población del mundo ha crecido y que, si no se usan esos productos, no hay posibilidad de alimentarla, por lo que sería una condición necesaria para acabar con el hambre en el mundo.
Sin embargo, hemos constatado que esto no es cierto. Después de muchos años de utilizar agroquímicos, no solamente que no se resolvió el problema del hambre en el mundo, sino que las desigualdades sociales se han agravado. De lo contrario, ¿cómo se explica que la República Argentina produzca alimentos para cuatrocientos millones de personas y, sin embargo, los niños se mueran de hambre?
Lo denuncié al principio de esta sesión: en la provincia de Salta, en los departamentos donde ha crecido exponencialmente el desarrollo agropecuario, particularmente de la soja, tenemos los peores índices sociales, así como las más importantes falencias en materia de vivienda, salud y educación, y es allí donde se producen las muertes por desnutrición.
Entonces, acá también debemos discutir acerca de todo este sistema productivo detrás del cual están los desmontes, la expulsión de las comunidades originarias y de los campesinos criollos. En algunos casos, como Santiago del Estero, estos son asesinados por bandas armadas, por los terratenientes que quieren quitarles sus tierras. Todo esto, para que la enorme ganancia que produce la tierra en nuestro país se la lleve un pequeño grupo de pools de siembra y los laboratorios, que fabrican las semillas transgénicas y los agroquímicos que están vinculados con esas semillas.
Esto es lo que dije ayer y que demuestra que en la Argentina estamos frente a un régimen productivo agrario que es completamente inviable e incompatible con nuestro medioambiente y con la vida y la salud de las personas que lo habitan.
Creo que es muy importante abordar este debate, particularmente por lo que ha ocurrido en mi provincia en estos días.
Del proyecto en tratamiento –que únicamente aborda el tema de los envases vacíos surge claramente que nos encontramos ante un problema. En los propios fundamentos se indica que existen cerca de 13.000 toneladas de envases vacíos de agrotóxicos deambulando por el país, lo que también genera graves problemas ambientales.
Además creo que hasta ahora nadie lo ha mencionado cabe recordar que esta propuesta, que ya cuenta con sanción del Honorable Senado, fue presentada por el Poder Ejecutivo anterior. Se trata de una iniciativa que resulta ambigua y poco precisa, lo que la convierte en un cheque en blanco a la hora de la reglamentación. Digo esto porque los aspectos más importantes de la norma como viene ocurriendo últimamente quedarán en manos de la reglamentación.
Al respecto, no tengo dudas de que dicha reglamentación resultará favorable a las empresas que fabrican estos productos y a los grandes grupos económicos que los utilizan para obtener mayor rentabilidad. De hecho, hablamos de sectores que ya fueron beneficiados con el levantamiento de las retenciones agropecuarias.
La propuesta tampoco aborda la situación de los trabajadores que manipulan estos agrotóxicos. Este es un tema que se tendría que haber considerado, porque los envases vacíos en muchos casos todavía contienen agrotóxicos. Sin embargo, no se prevé ningún régimen especial para los trabajadores que van a manipular ese veneno.
Por lo tanto, es necesario que se implemente un sistema o un convenio colectivo que prevea que quienes manipulen esos envases están realizando un trabajo insalubre. De este modo se podrá exigir a las empresas que adopten las medidas de seguridad necesarias para que ningún trabajador se vea afectado por la gestión de los envases vacíos.
También se señaló que se elimina el carácter de “residuo peligroso” para los envases vacíos de agrotóxicos. Sin embargo, durante la discusión en comisión un diputado del oficialismo dijo que eso de ninguna manera iba a ocurrir, porque del texto no surge ninguna norma que quite esa categoría a este tipo de envases. Lo cierto es que no lo dice explícitamente, pero está implícito en el proyecto, ya que los residuos peligrosos requieren un tratamiento especial, incluso para su transporte, lo cual no fue contemplado en la iniciativa en consideración.
Tampoco se reglamenta la disposición final de los envases vacíos, a pesar de que –como acabo de señalar estamos hablando de casi 13.000 toneladas de plástico. Por eso digo que implícitamente han sacado los envases vacíos de la categoría de “residuos peligrosos”.
Por otra parte, el proyecto prevé algo que, para nosotros, desde ningún punto de vista debería permitirse. Me refiero a la posibilidad del reciclado y la reutilización de este tipo de envases. Esto no habría que permitirlo, porque muchos científicos han demostrado que estos plásticos absorben el veneno que han contenido durante tiempo. Por lo tanto, en función de un principio precautorio, no debería admitirse la posibilidad de reciclar o reutilizar estos envases.
Nuestro dictamen de minoría hace un planteo que, a nuestro juicio, es fundamental. Creemos que la gestión de los envases vacíos de agrotóxicos tiene que ser llevada adelante de principio a fin por el Estado. Asimismo, entendemos que los fabricantes, los grandes grupos que utilizan estos agrotóxicos y los grandes comercializadores son los que mediante el pago de una tasa o impuesto especial deben financiar completamente el tratamiento de esos envases. Aquí ya se ha señalado algo al respecto.
Por ejemplo, el proyecto obliga a que haya un triple lavado. ¿Quién va a hacer ese triple lavado? Esto no se puede llevar a cabo en un lugar en el que no haya posibilidad de tratar el agua a utilizar en el lavado de esos envases, porque está contaminada. En muchas provincias hoy se realiza el triple lavado. ¿A dónde va a parar el agua? A los arroyos, a los ríos y a las capas freáticas. Ya hay denuncias –ayer se hizo una de acuíferos que están contaminados.
Si fuera el Estado el encargado de llevar adelante este proceso, financiado mediante un impuesto especial a las grandes empresas, no permitiría a los que utilizan estos agrotóxicos que esos envases terminen siendo utilizados sobre todo para colectar agua. Esos envases tienen que permanecer en un lugar hasta que un transporte adecuado los recoja, proceda a efectuar el triple lavado en un lugar en el que se pueda hacer el tratamiento del agua y sean depositados donde no afecten el ambiente.
Resulta claro que, en nombre del principio de la responsabilidad extendida, como plantea el proyecto, esta tarea no debería dejarse en manos de las empresas, que siempre están buscando el menor costo y que no harán un tratamiento adecuado. Tampoco está claro cómo lo harían, es decir, si las empresas llevarían a cabo un plan único o cada empresa realizaría su propio plan. Un plan debe estar centralizado en el Estado, y deben ser las empresas las que pongan el dinero para llevarlo adelante.
Por otra parte, nosotros no planteamos incorporar gente al consejo consultivo que prevé el proyecto del Poder Ejecutivo. Nos parece que es necesario otro tipo de control que esté a cargo de expertos de las universidades, profesionales del INTA, del INTI, y por supuesto, que cuente con la intervención de los sectores que han venido luchando contra la contaminación de los agrotóxicos en la Argentina durante todos estos años.
Nuestro planteo contiene una cuestión de fondo: incluso, el plan que elabore el Estado para la gestión debe ser sometido a una audiencia pública de carácter vinculante y debe existir un tiempo para abrir en la población un debate sobre ese plan de gestión. Asimismo, otros organismos como el INTA, el INTI y las propias organizaciones ambientalistas tienen que poder presentar su propio plan, sometido a la voluntad de los interesados, en una audiencia de carácter vinculante o mediante algún otro modo de forma tal que puedan opinar; pero no se debe dejar en manos de las empresas lo que el proyecto llama “Mejor práctica de gestión disponible”. El propio proyecto no sabe de qué se trata.
Para finalizar, insisto en la idea de que hay que discutir todo el régimen productivo agrario en la Argentina, que ha generado un enorme perjuicio para las poblaciones originarias criollas.
En nuestro país, hemos tenido la mayor tasa de desmonte del mundo en la región del Chaco Salteño y en la Región Chaqueña, que incluye las provincias de Formosa, Santiago del Estero y el propio Chaco. En esta región es donde mueren nuestros niños, más precisamente en la provincia de Salta.
Creemos que la población ya ha dictaminado sobre este punto. Me refiero a los pueblos de Ituzaingó y Malvinas Argentinas, que han ofrecido una lucha incansable –y la siguen dando- junto a Médicos de Pueblos Fumigados, y también otras organizaciones que han participado de los debates. Así, Malvinas Argentinas ha obtenido una enorme victoria al expulsar a Monsanto de dicha localidad.
Creo que hay que partir de esta discusión para terminar con un sistema productivo que hasta ahora ha demostrado ser absolutamente inviable y enemigo del ambiente y de la población.
En el transcurso de estas últimas tres semanas, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano habilitó un debate en el que participaron invitados que fijaron distintas posturas sobre la utilización de los agrotóxicos. En realidad, estamos interesados en tratar el tema, pero sospechamos que el gobierno nacional está intentando aprobar una ley de agrotóxicos que es absolutamente permisiva y que provocará enormes consecuencias para la población.
El Senado de la provincia de Buenos Aires acaba de sancionar una ley por la que se permite la fumigación terrestre hasta a diez metros de las viviendas. Por supuesto, se trataría solo de los productos clases III y IV, que si bien son los menos peligrosos no dejan de ser tóxicos.
El proyecto de ley que estamos discutiendo reconoce que los envases contienen productos tóxicos. Sin embargo, a la reunión de la comisión concurrió un funcionario del gobierno nacional que expresó que el problema de la fumigación sobre las escuelas se resuelve fácilmente, porque dijo: “Fumigaremos el fin de semana”. La tendencia es crear una ley permisiva, y para muestra basta un botón. No quiero seguir haciendo comentarios sobre una gran cantidad de barbaridades que en esas reuniones han dicho algunos defensores de la utilización de agroquímicos.
Quiero destacar dos cosas que sucedieron en esas reuniones, sobre todo en la del día de ayer. El problema no solamente es de los agroquímicos que se están utilizando y que son permitidos por la ley, sino que distintas organizaciones han denunciado la utilización de agroquímicos prohibidos en nuestro país o que se han prohibido en otros países pero que en la Argentina se siguen usando.
Ayer, por ejemplo, un diputado hizo una denuncia muy fuerte en el sentido de que en algunos municipios de la provincia de La Rioja se fumigan los olivos con sustancias prohibidas. Además, un diputado ha denunciado la muerte de dos niños en la provincia de Corrientes como consecuencia de la contaminación producida por agrotóxicos y agroquímicos, y manifestó algo que debería llamar la atención de todos los diputados, que a mi juicio es gravísimo: los responsables de la muerte de estos niños dijeron que esas muertes eran “daños colaterales” del sistema. Esto es gravísimo y pone de manifiesto que existe un problema muy grave detrás de esta cuestión.
Se han dicho otras cosas muy importantes. No solamente se utilizan agroquímicos y agrotóxicos en la explotación rural, sino que hay denuncias de municipios que hacen desmalezamiento de plazas con esas sustancias, o empresas ferroviarias -o tercerizadas de estas- que también hacen desmalezamiento de las vías con estos productos que claramente afectan la salud de las personas y particularmente, de los niños.
Quiero referirme a algo más que se dijo en estas rondas de debate. Se argumenta que hay que permitir la utilización de agroquímicos porque la población del mundo ha crecido y que, si no se usan esos productos, no hay posibilidad de alimentarla, por lo que sería una condición necesaria para acabar con el hambre en el mundo.
Sin embargo, hemos constatado que esto no es cierto. Después de muchos años de utilizar agroquímicos, no solamente que no se resolvió el problema del hambre en el mundo, sino que las desigualdades sociales se han agravado. De lo contrario, ¿cómo se explica que la República Argentina produzca alimentos para cuatrocientos millones de personas y, sin embargo, los niños se mueran de hambre?
Lo denuncié al principio de esta sesión: en la provincia de Salta, en los departamentos donde ha crecido exponencialmente el desarrollo agropecuario, particularmente de la soja, tenemos los peores índices sociales, así como las más importantes falencias en materia de vivienda, salud y educación, y es allí donde se producen las muertes por desnutrición.
Entonces, acá también debemos discutir acerca de todo este sistema productivo detrás del cual están los desmontes, la expulsión de las comunidades originarias y de los campesinos criollos. En algunos casos, como Santiago del Estero, estos son asesinados por bandas armadas, por los terratenientes que quieren quitarles sus tierras. Todo esto, para que la enorme ganancia que produce la tierra en nuestro país se la lleve un pequeño grupo de pools de siembra y los laboratorios, que fabrican las semillas transgénicas y los agroquímicos que están vinculados con esas semillas.
Esto es lo que dije ayer y que demuestra que en la Argentina estamos frente a un régimen productivo agrario que es completamente inviable e incompatible con nuestro medioambiente y con la vida y la salud de las personas que lo habitan.
Creo que es muy importante abordar este debate, particularmente por lo que ha ocurrido en mi provincia en estos días.
Del proyecto en tratamiento –que únicamente aborda el tema de los envases vacíos surge claramente que nos encontramos ante un problema. En los propios fundamentos se indica que existen cerca de 13.000 toneladas de envases vacíos de agrotóxicos deambulando por el país, lo que también genera graves problemas ambientales.
Además creo que hasta ahora nadie lo ha mencionado cabe recordar que esta propuesta, que ya cuenta con sanción del Honorable Senado, fue presentada por el Poder Ejecutivo anterior. Se trata de una iniciativa que resulta ambigua y poco precisa, lo que la convierte en un cheque en blanco a la hora de la reglamentación. Digo esto porque los aspectos más importantes de la norma como viene ocurriendo últimamente quedarán en manos de la reglamentación.
Al respecto, no tengo dudas de que dicha reglamentación resultará favorable a las empresas que fabrican estos productos y a los grandes grupos económicos que los utilizan para obtener mayor rentabilidad. De hecho, hablamos de sectores que ya fueron beneficiados con el levantamiento de las retenciones agropecuarias.
La propuesta tampoco aborda la situación de los trabajadores que manipulan estos agrotóxicos. Este es un tema que se tendría que haber considerado, porque los envases vacíos en muchos casos todavía contienen agrotóxicos. Sin embargo, no se prevé ningún régimen especial para los trabajadores que van a manipular ese veneno.
Por lo tanto, es necesario que se implemente un sistema o un convenio colectivo que prevea que quienes manipulen esos envases están realizando un trabajo insalubre. De este modo se podrá exigir a las empresas que adopten las medidas de seguridad necesarias para que ningún trabajador se vea afectado por la gestión de los envases vacíos.
También se señaló que se elimina el carácter de “residuo peligroso” para los envases vacíos de agrotóxicos. Sin embargo, durante la discusión en comisión un diputado del oficialismo dijo que eso de ninguna manera iba a ocurrir, porque del texto no surge ninguna norma que quite esa categoría a este tipo de envases. Lo cierto es que no lo dice explícitamente, pero está implícito en el proyecto, ya que los residuos peligrosos requieren un tratamiento especial, incluso para su transporte, lo cual no fue contemplado en la iniciativa en consideración.
Tampoco se reglamenta la disposición final de los envases vacíos, a pesar de que –como acabo de señalar estamos hablando de casi 13.000 toneladas de plástico. Por eso digo que implícitamente han sacado los envases vacíos de la categoría de “residuos peligrosos”.
Por otra parte, el proyecto prevé algo que, para nosotros, desde ningún punto de vista debería permitirse. Me refiero a la posibilidad del reciclado y la reutilización de este tipo de envases. Esto no habría que permitirlo, porque muchos científicos han demostrado que estos plásticos absorben el veneno que han contenido durante tiempo. Por lo tanto, en función de un principio precautorio, no debería admitirse la posibilidad de reciclar o reutilizar estos envases.
Nuestro dictamen de minoría hace un planteo que, a nuestro juicio, es fundamental. Creemos que la gestión de los envases vacíos de agrotóxicos tiene que ser llevada adelante de principio a fin por el Estado. Asimismo, entendemos que los fabricantes, los grandes grupos que utilizan estos agrotóxicos y los grandes comercializadores son los que mediante el pago de una tasa o impuesto especial deben financiar completamente el tratamiento de esos envases. Aquí ya se ha señalado algo al respecto.
Por ejemplo, el proyecto obliga a que haya un triple lavado. ¿Quién va a hacer ese triple lavado? Esto no se puede llevar a cabo en un lugar en el que no haya posibilidad de tratar el agua a utilizar en el lavado de esos envases, porque está contaminada. En muchas provincias hoy se realiza el triple lavado. ¿A dónde va a parar el agua? A los arroyos, a los ríos y a las capas freáticas. Ya hay denuncias –ayer se hizo una de acuíferos que están contaminados.
Si fuera el Estado el encargado de llevar adelante este proceso, financiado mediante un impuesto especial a las grandes empresas, no permitiría a los que utilizan estos agrotóxicos que esos envases terminen siendo utilizados sobre todo para colectar agua. Esos envases tienen que permanecer en un lugar hasta que un transporte adecuado los recoja, proceda a efectuar el triple lavado en un lugar en el que se pueda hacer el tratamiento del agua y sean depositados donde no afecten el ambiente.
Resulta claro que, en nombre del principio de la responsabilidad extendida, como plantea el proyecto, esta tarea no debería dejarse en manos de las empresas, que siempre están buscando el menor costo y que no harán un tratamiento adecuado. Tampoco está claro cómo lo harían, es decir, si las empresas llevarían a cabo un plan único o cada empresa realizaría su propio plan. Un plan debe estar centralizado en el Estado, y deben ser las empresas las que pongan el dinero para llevarlo adelante.
Por otra parte, nosotros no planteamos incorporar gente al consejo consultivo que prevé el proyecto del Poder Ejecutivo. Nos parece que es necesario otro tipo de control que esté a cargo de expertos de las universidades, profesionales del INTA, del INTI, y por supuesto, que cuente con la intervención de los sectores que han venido luchando contra la contaminación de los agrotóxicos en la Argentina durante todos estos años.
Nuestro planteo contiene una cuestión de fondo: incluso, el plan que elabore el Estado para la gestión debe ser sometido a una audiencia pública de carácter vinculante y debe existir un tiempo para abrir en la población un debate sobre ese plan de gestión. Asimismo, otros organismos como el INTA, el INTI y las propias organizaciones ambientalistas tienen que poder presentar su propio plan, sometido a la voluntad de los interesados, en una audiencia de carácter vinculante o mediante algún otro modo de forma tal que puedan opinar; pero no se debe dejar en manos de las empresas lo que el proyecto llama “Mejor práctica de gestión disponible”. El propio proyecto no sabe de qué se trata.
Para finalizar, insisto en la idea de que hay que discutir todo el régimen productivo agrario en la Argentina, que ha generado un enorme perjuicio para las poblaciones originarias criollas.
En nuestro país, hemos tenido la mayor tasa de desmonte del mundo en la región del Chaco Salteño y en la Región Chaqueña, que incluye las provincias de Formosa, Santiago del Estero y el propio Chaco. En esta región es donde mueren nuestros niños, más precisamente en la provincia de Salta.
Creemos que la población ya ha dictaminado sobre este punto. Me refiero a los pueblos de Ituzaingó y Malvinas Argentinas, que han ofrecido una lucha incansable –y la siguen dando- junto a Médicos de Pueblos Fumigados, y también otras organizaciones que han participado de los debates. Así, Malvinas Argentinas ha obtenido una enorme victoria al expulsar a Monsanto de dicha localidad.
Creo que hay que partir de esta discusión para terminar con un sistema productivo que hasta ahora ha demostrado ser absolutamente inviable y enemigo del ambiente y de la población.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. BARLETTA, MARIO DOMINGO (SANTA FE):
Señor presidente: estamos en una instancia del tratamiento de los temas que realmente generará las condiciones para resolver, más allá de las diferencias políticas, aquellos problemas en los que todos coincidimos. Me refiero al cuidado del mundo en que vivimos, es decir, nuestra tierra, nuestra casa. Como alguien dijo, este es apenas un lugar que nos prestan las generaciones futuras.
Estamos en la instancia de tratar un proyecto que, al mismo tiempo, tiene que sentar las bases para cuidar la salud humana. En los últimos tiempos ha aumentado el problema de la gestión de los envases vacíos de productos fitosanitarios cuya cantidad, aproximadamente, ha aumentado un 250 por ciento desde 1990 hasta la fecha, debido a que la aplicación del glifosato ha generado, según Aapresid, la utilización de trece millones de bidones.
Actualmente, tenemos siete millones de envases más vinculados a otros productos, lo cual arroja un total de veinte millones. Los que vivimos en ciudades más chicas o cerca del campo vemos asiduamente estos bidones, en el mejor de los casos, amontonados, y en el peor de los casos, llenados con agua o cualquier otro producto.
En realidad, los productores agropecuarios no tienen una debida conciencia del daño que causan, pero tampoco la tienen los que elaboran estos productos. El Estado se halla ausente en el establecimiento de las normas de eso se trata lo que estamos hoy haciendo aquí- y tampoco están establecidos los controles que se deben llevar a cabo.
¿Por qué esto es peligroso? Para los que no conocen tanto este tema, quiero informar que, en promedio, un 3 por ciento del producto que contiene el bidón queda adherido a él, es decir, entre un 1,5 por ciento y el 5 por ciento, de acuerdo con la viscosidad de su contenido. Algunos, los entierran; otros, los queman, y como dije, hay quienes los amontonan.
Pero lo cierto es que este proyecto de ley se ha trabajado durante la gestión del gobierno anterior entre quienes entienden de aspectos industriales, agropecuarios y ambientales. Elaboraron el proyecto, lo enviaron al Honorable Senado y este lo sancionó.
Esto fue retomado por el actual Poder Ejecutivo. Quienes entienden de cuestiones industriales, agropecuarias y ambientales encontraron también coincidencias, que fueron analizadas por los legisladores de los distintos partidos políticos.
Mediante este proyecto de ley queremos poner fin a este flagelo ambiental moderno, que es producto de la desinformación, la desidia, la ignorancia, y a veces, la actividad criminal.
Comparto lo que ha expresado un señor diputado del bloque del Frente Renovador en el sentido de que se pueden mejorar algunos aspectos de esta iniciativa. No obstante, siempre está presente el dilema de que a veces, en el afán de buscar la perfección, se pierde la oportunidad de poner en marcha una herramienta que insisto tanto el Poder Ejecutivo anterior como el actual y también los legisladores de los distintos partidos políticos estamos de acuerdo y en condiciones de aprobar.
Las dificultades que tiene este proyecto de ley pueden ser analizadas por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, siempre hay herramientas como el dictado de un decreto reglamentario o el veto de alguna parte de la ley respecto de la cual hay consenso de que no corresponde ser incluida. Tenemos la alternativa de poner en marcha un mecanismo que necesitamos en forma urgente para corregir, mediante la sanción de otra ley, aquellos aspectos sobre los cuales también estamos de acuerdo en que deben ser modificados.
Por eso, pido que en el caso de temas como el que nos ocupa, que son difíciles porque involucran diferentes intereses, miradas y perspectivas, y como dije al comienzo de mi exposición, tenemos la responsabilidad de cuidar la casa en la que vivimos y fundamentalmente la salud humana, los pongamos efectivamente en marcha cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. De lo contrario, podemos llegar a arrepentirnos de perder esta oportunidad por algunos aspectos que pueden y deben ser corregidos.
Han transcurrido seis o siete años y no tenemos una ley de presupuestos mínimos; esto no es culpa de nadie. Los presupuestos mínimos son las leyes que permiten a los legisladores establecer, desde el ámbito nacional, una uniformidad de criterios a aplicar en las distintas provincias y municipios.
Como bien dijo el señor diputado López, cuyas conclusiones no comparto, ayer fue el tercer martes consecutivo en el que se invitó a representantes de diferentes organizaciones –ambientalistas, agropecuarias e industriales y del Poder Ejecutivo. Todos y cada uno de ellos expusieron sus puntos de vista, no sobre el proyecto de ley en consideración sino respecto de la próxima iniciativa en la que vamos a trabajar, referida a la aplicación de estos productos, tema en el cual también existe una enorme anarquía. En algunos casos, esta cuestión es reglamentada por los municipios y por las provincias. En ocasiones, se establece que la aplicación de estos productos debe efectuarse a cincuenta metros de una escuela, mientras que en otros casos se determina que se lo tiene que hacer a 1.500 metros.
Lo cierto es que desde distintas perspectivas a veces se asumen posiciones extremas sin acudirse a los relevamientos necesarios que deben estar disponibles a la hora de adoptarse decisiones.
De todos modos, hemos empezado a transitar un buen camino en virtud del cual la comisión ha decidido realizar esta amplia convocatoria. Dijimos que no iba a ser la última y que continuaríamos realizando consultas. Pero esto no significa que no tengamos la firme decisión de avanzar a fin de establecer también los presupuestos mínimos para una ley de aplicación de productos fitosanitarios. No creo que ser alarmista respecto de lo que piense que hará el otro resulte el mejor camino. Es más productivo plantear qué es lo bueno que se quiere hacer, discutirlo, analizarlo y llegar finalmente a un acuerdo.
Entendemos que estos envases son insumos que no terminan su ciclo de vida cuando se utilizan los productos que contienen; por el contrario, tienen que ir al centro de almacenamiento transitorio –CAT- y luego ser enviados para su tratamiento y disposición final. En una economía circular, la idea es la de un Estado que se preocupe por los temas para cuyo tratamiento nos han elegido como legisladores nacionales.
Para finalizar, quiero expresar un agradecimiento muy especial a todos los que se involucraron en el análisis, lo profundizaron y plantearon sus dudas, a través de la firma de dictámenes, con disidencias parciales. Ante tales disidencias, que compartimos todos, nos comprometemos a resolverlas de una u otra manera. Lo importante es que hoy, la Cámara de Diputados toma una decisión trascendente en el sentido de que la Argentina retome el camino para demostrar que más allá de la búsqueda de réditos y diferencias políticas, lo importante es trabajar sobre los aspectos que brinden una mejor calidad de vida a todos nuestros habitantes. (Aplausos en las bancas.)
Estamos en la instancia de tratar un proyecto que, al mismo tiempo, tiene que sentar las bases para cuidar la salud humana. En los últimos tiempos ha aumentado el problema de la gestión de los envases vacíos de productos fitosanitarios cuya cantidad, aproximadamente, ha aumentado un 250 por ciento desde 1990 hasta la fecha, debido a que la aplicación del glifosato ha generado, según Aapresid, la utilización de trece millones de bidones.
Actualmente, tenemos siete millones de envases más vinculados a otros productos, lo cual arroja un total de veinte millones. Los que vivimos en ciudades más chicas o cerca del campo vemos asiduamente estos bidones, en el mejor de los casos, amontonados, y en el peor de los casos, llenados con agua o cualquier otro producto.
En realidad, los productores agropecuarios no tienen una debida conciencia del daño que causan, pero tampoco la tienen los que elaboran estos productos. El Estado se halla ausente en el establecimiento de las normas de eso se trata lo que estamos hoy haciendo aquí- y tampoco están establecidos los controles que se deben llevar a cabo.
¿Por qué esto es peligroso? Para los que no conocen tanto este tema, quiero informar que, en promedio, un 3 por ciento del producto que contiene el bidón queda adherido a él, es decir, entre un 1,5 por ciento y el 5 por ciento, de acuerdo con la viscosidad de su contenido. Algunos, los entierran; otros, los queman, y como dije, hay quienes los amontonan.
Pero lo cierto es que este proyecto de ley se ha trabajado durante la gestión del gobierno anterior entre quienes entienden de aspectos industriales, agropecuarios y ambientales. Elaboraron el proyecto, lo enviaron al Honorable Senado y este lo sancionó.
Esto fue retomado por el actual Poder Ejecutivo. Quienes entienden de cuestiones industriales, agropecuarias y ambientales encontraron también coincidencias, que fueron analizadas por los legisladores de los distintos partidos políticos.
Mediante este proyecto de ley queremos poner fin a este flagelo ambiental moderno, que es producto de la desinformación, la desidia, la ignorancia, y a veces, la actividad criminal.
Comparto lo que ha expresado un señor diputado del bloque del Frente Renovador en el sentido de que se pueden mejorar algunos aspectos de esta iniciativa. No obstante, siempre está presente el dilema de que a veces, en el afán de buscar la perfección, se pierde la oportunidad de poner en marcha una herramienta que insisto tanto el Poder Ejecutivo anterior como el actual y también los legisladores de los distintos partidos políticos estamos de acuerdo y en condiciones de aprobar.
Las dificultades que tiene este proyecto de ley pueden ser analizadas por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, siempre hay herramientas como el dictado de un decreto reglamentario o el veto de alguna parte de la ley respecto de la cual hay consenso de que no corresponde ser incluida. Tenemos la alternativa de poner en marcha un mecanismo que necesitamos en forma urgente para corregir, mediante la sanción de otra ley, aquellos aspectos sobre los cuales también estamos de acuerdo en que deben ser modificados.
Por eso, pido que en el caso de temas como el que nos ocupa, que son difíciles porque involucran diferentes intereses, miradas y perspectivas, y como dije al comienzo de mi exposición, tenemos la responsabilidad de cuidar la casa en la que vivimos y fundamentalmente la salud humana, los pongamos efectivamente en marcha cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. De lo contrario, podemos llegar a arrepentirnos de perder esta oportunidad por algunos aspectos que pueden y deben ser corregidos.
Han transcurrido seis o siete años y no tenemos una ley de presupuestos mínimos; esto no es culpa de nadie. Los presupuestos mínimos son las leyes que permiten a los legisladores establecer, desde el ámbito nacional, una uniformidad de criterios a aplicar en las distintas provincias y municipios.
Como bien dijo el señor diputado López, cuyas conclusiones no comparto, ayer fue el tercer martes consecutivo en el que se invitó a representantes de diferentes organizaciones –ambientalistas, agropecuarias e industriales y del Poder Ejecutivo. Todos y cada uno de ellos expusieron sus puntos de vista, no sobre el proyecto de ley en consideración sino respecto de la próxima iniciativa en la que vamos a trabajar, referida a la aplicación de estos productos, tema en el cual también existe una enorme anarquía. En algunos casos, esta cuestión es reglamentada por los municipios y por las provincias. En ocasiones, se establece que la aplicación de estos productos debe efectuarse a cincuenta metros de una escuela, mientras que en otros casos se determina que se lo tiene que hacer a 1.500 metros.
Lo cierto es que desde distintas perspectivas a veces se asumen posiciones extremas sin acudirse a los relevamientos necesarios que deben estar disponibles a la hora de adoptarse decisiones.
De todos modos, hemos empezado a transitar un buen camino en virtud del cual la comisión ha decidido realizar esta amplia convocatoria. Dijimos que no iba a ser la última y que continuaríamos realizando consultas. Pero esto no significa que no tengamos la firme decisión de avanzar a fin de establecer también los presupuestos mínimos para una ley de aplicación de productos fitosanitarios. No creo que ser alarmista respecto de lo que piense que hará el otro resulte el mejor camino. Es más productivo plantear qué es lo bueno que se quiere hacer, discutirlo, analizarlo y llegar finalmente a un acuerdo.
Entendemos que estos envases son insumos que no terminan su ciclo de vida cuando se utilizan los productos que contienen; por el contrario, tienen que ir al centro de almacenamiento transitorio –CAT- y luego ser enviados para su tratamiento y disposición final. En una economía circular, la idea es la de un Estado que se preocupe por los temas para cuyo tratamiento nos han elegido como legisladores nacionales.
Para finalizar, quiero expresar un agradecimiento muy especial a todos los que se involucraron en el análisis, lo profundizaron y plantearon sus dudas, a través de la firma de dictámenes, con disidencias parciales. Ante tales disidencias, que compartimos todos, nos comprometemos a resolverlas de una u otra manera. Lo importante es que hoy, la Cámara de Diputados toma una decisión trascendente en el sentido de que la Argentina retome el camino para demostrar que más allá de la búsqueda de réditos y diferencias políticas, lo importante es trabajar sobre los aspectos que brinden una mejor calidad de vida a todos nuestros habitantes. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
SR. BASTERRA, LUIS EUGENIO (FORMOSA):
Señor presidente: como bien comentaba el señor diputado preopinante, estamos tratando una iniciativa que fuera remitida por el Poder Ejecutivo durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que se trata de un proyecto discutido con mucha amplitud tanto en el ámbito del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. En ese sentido, vale recordar a quienes fueron parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería durante los últimos cuatro años.
En ese ámbito, discutimos y debatimos una realidad concreta vinculada con el marco regulatorio de la problemática de los agrotóxicos, los fitosanitarios, los agroquímicos o como quieran llamarlos. Muy fácil sería redactar una ley de un solo artículo que dijera: “Prohíbanse los agrotóxicos o fitosanitarios”. Así, nos libraríamos de toda responsabilidad y terminaríamos con el problema. Lo cierto es que estamos ante una problemática que nos exige inteligencia y consensos.
Es muy difícil compatibilizar los intereses diversos del que produce, el que vende insumos, el que los compra y el que los transforma. Por encima de ellos están los intereses de la sociedad, que tiene que lidiar contra sustancias que impiden la vida de determinados organismos. Consecuentemente, esta situación nos exige que pongamos toda nuestra inteligencia para llevar adelante esta intervención antrópica de forma tal que el resultado sea favorable a la producción de alimentos e insumos y a la dinámica de la producción agropecuaria, que fundamentalmente no impacten sobre la salud de los ciudadanos ni del medioambiente.
Por eso, en aquel momento basábamos la problemática de los agrotóxicos o de los fitosanitarios en tres aspectos. En primer lugar, desde el momento en que se produce el principio activo o se lo importa, su registro y todo lo que ocurre hasta que lo compra el usuario final.
En aquel entonces, existiendo un dictamen contenido en un orden del día, recaído en un proyecto que habíamos elaborado de consuno con algunos diputados, ante las fuertes críticas que recibimos desde los sectores del ambientalismo y de la salud, decidimos modificarlo.
Nos llevó un año presentar ese nuevo proyecto, aun teniendo mayoría en el recinto en ese momento, y orgullosamente podemos decir que lo firmaron todos los bloques mayoritarios de esta Cámara. Once bloques participaron de ese proyecto, que hoy está en el Senado y que constituye el primer tramo de esta problemática.
La segunda parte, a la que hizo referencia el señor diputado Barletta, está dada por lo que ocurre desde el momento que ese producto queda en poder de quien lo va a utilizar hasta que solo queda su desecho, que es el envase. Esa es la discusión que nos estamos dando hoy y son muy bienvenidos los aportes que hemos escuchado en la dinámica del debate, tanto de los productores como de quienes están comprometidos con la salud humana, porque nos permiten hacer un proyecto realmente positivo para el conjunto de los argentinos.
Finalmente, hoy estamos discutiendo un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, que nos reconforta que esté siendo apoyado por la mayoría de los bloques de esta Cámara, porque ayudará a resolver gran parte del problema de los envases de fitosanitarios.
Para despejar dudas, existe un concepto de absoluta relevancia. Me refiero a que los costos del sistema recaen sobre el generador del fitosanitario. Esto implica un cambio conceptual de lo que significaba que fuera el productor el responsable de trasladar ese envase y de hacerse cargo de él, porque ahora tendrá esa responsabilidad el que originó el producto.
El que se propone es un proyecto de ley de presupuestos mínimos. No se trata de la aplicación de un reglamento taxativo.
Tenemos once leyes de presupuestos mínimos, de las cuales efectivamente se aplican dos o tres. Esto es así porque han sido normas de mucha instrucción operativa, que finalmente no se hacen efectivas dadas las dificultades que presentan al momento de su aplicación.
Esta norma establece los lineamientos generales para que sean cumplidos mínimamente para garantizar los tres pilares de la sustentabilidad: la productividad, la salud humana –el campo de lo social y la sustentabilidad ambiental.
Por lo tanto, con las salvedades que han hecho varios diputados, con la complejidad de una ley que tendrá dos ámbitos administrativos de aplicación, con lo dificultoso que será el sistema de multas que propuso el Senado, creemos que contaremos con una herramienta que nos permitirá salir a la cancha a resolver el problema que hoy implica la no trazabilidad de estos envases, y sabremos a dónde van una vez que dejan de ser utilizados.
La Ley General del Ambiente es muy amplia, muy rescatable, pero como ley general tiene formas de aplicación y en este caso pierde la posibilidad de hacer el control efectivo del destino del envase.
Esta iniciativa viene a complementar la Ley General del Ambiente, porque acá ni un solo artículo se deroga de esa norma, pero contribuye a que esta problemática específica se resuelva de manera práctica, garantizando a la vez los tres pilares de la sustentabilidad.
Es por ello que vamos a acompañar este dictamen, con las disidencias planteadas por algunos de nuestros diputados, que aspiramos sean tenidas en cuenta en la etapa reglamentaria de la ley, de forma tal que esta pueda cumplir con los objetivos para los cuales fue concebida. (Aplausos en las bancas.)
En ese ámbito, discutimos y debatimos una realidad concreta vinculada con el marco regulatorio de la problemática de los agrotóxicos, los fitosanitarios, los agroquímicos o como quieran llamarlos. Muy fácil sería redactar una ley de un solo artículo que dijera: “Prohíbanse los agrotóxicos o fitosanitarios”. Así, nos libraríamos de toda responsabilidad y terminaríamos con el problema. Lo cierto es que estamos ante una problemática que nos exige inteligencia y consensos.
Es muy difícil compatibilizar los intereses diversos del que produce, el que vende insumos, el que los compra y el que los transforma. Por encima de ellos están los intereses de la sociedad, que tiene que lidiar contra sustancias que impiden la vida de determinados organismos. Consecuentemente, esta situación nos exige que pongamos toda nuestra inteligencia para llevar adelante esta intervención antrópica de forma tal que el resultado sea favorable a la producción de alimentos e insumos y a la dinámica de la producción agropecuaria, que fundamentalmente no impacten sobre la salud de los ciudadanos ni del medioambiente.
Por eso, en aquel momento basábamos la problemática de los agrotóxicos o de los fitosanitarios en tres aspectos. En primer lugar, desde el momento en que se produce el principio activo o se lo importa, su registro y todo lo que ocurre hasta que lo compra el usuario final.
En aquel entonces, existiendo un dictamen contenido en un orden del día, recaído en un proyecto que habíamos elaborado de consuno con algunos diputados, ante las fuertes críticas que recibimos desde los sectores del ambientalismo y de la salud, decidimos modificarlo.
Nos llevó un año presentar ese nuevo proyecto, aun teniendo mayoría en el recinto en ese momento, y orgullosamente podemos decir que lo firmaron todos los bloques mayoritarios de esta Cámara. Once bloques participaron de ese proyecto, que hoy está en el Senado y que constituye el primer tramo de esta problemática.
La segunda parte, a la que hizo referencia el señor diputado Barletta, está dada por lo que ocurre desde el momento que ese producto queda en poder de quien lo va a utilizar hasta que solo queda su desecho, que es el envase. Esa es la discusión que nos estamos dando hoy y son muy bienvenidos los aportes que hemos escuchado en la dinámica del debate, tanto de los productores como de quienes están comprometidos con la salud humana, porque nos permiten hacer un proyecto realmente positivo para el conjunto de los argentinos.
Finalmente, hoy estamos discutiendo un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, que nos reconforta que esté siendo apoyado por la mayoría de los bloques de esta Cámara, porque ayudará a resolver gran parte del problema de los envases de fitosanitarios.
Para despejar dudas, existe un concepto de absoluta relevancia. Me refiero a que los costos del sistema recaen sobre el generador del fitosanitario. Esto implica un cambio conceptual de lo que significaba que fuera el productor el responsable de trasladar ese envase y de hacerse cargo de él, porque ahora tendrá esa responsabilidad el que originó el producto.
El que se propone es un proyecto de ley de presupuestos mínimos. No se trata de la aplicación de un reglamento taxativo.
Tenemos once leyes de presupuestos mínimos, de las cuales efectivamente se aplican dos o tres. Esto es así porque han sido normas de mucha instrucción operativa, que finalmente no se hacen efectivas dadas las dificultades que presentan al momento de su aplicación.
Esta norma establece los lineamientos generales para que sean cumplidos mínimamente para garantizar los tres pilares de la sustentabilidad: la productividad, la salud humana –el campo de lo social y la sustentabilidad ambiental.
Por lo tanto, con las salvedades que han hecho varios diputados, con la complejidad de una ley que tendrá dos ámbitos administrativos de aplicación, con lo dificultoso que será el sistema de multas que propuso el Senado, creemos que contaremos con una herramienta que nos permitirá salir a la cancha a resolver el problema que hoy implica la no trazabilidad de estos envases, y sabremos a dónde van una vez que dejan de ser utilizados.
La Ley General del Ambiente es muy amplia, muy rescatable, pero como ley general tiene formas de aplicación y en este caso pierde la posibilidad de hacer el control efectivo del destino del envase.
Esta iniciativa viene a complementar la Ley General del Ambiente, porque acá ni un solo artículo se deroga de esa norma, pero contribuye a que esta problemática específica se resuelva de manera práctica, garantizando a la vez los tres pilares de la sustentabilidad.
Es por ello que vamos a acompañar este dictamen, con las disidencias planteadas por algunos de nuestros diputados, que aspiramos sean tenidas en cuenta en la etapa reglamentaria de la ley, de forma tal que esta pueda cumplir con los objetivos para los cuales fue concebida. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR.(SNOPEK (A.))
Señor presidente: tal como manifestaron los diputados de mi bloque que me precedieron en el uso de la palabra, hemos acompañado el tratamiento de este proyecto entendiendo que es un avance. De hecho, este proyecto es de vieja data.
En la Argentina hace falta establecer presupuestos mínimos para que los envases de residuos de agrotóxicos como los llaman algunos o de agentes protectores de cultivos –como los llamamos otros- tengan un destino final compatible con el concepto primordial que deberíamos sostener al evaluar estas cosas. Me refiero al concepto de sustentabilidad, que implica pensar en el desarrollo económico del país, pero con inclusión social y cuidando el medioambiente.
Quiero transmitirles una experiencia de nuestras provincias, ya que este proyecto también habla de la regionalización y de experiencias o proyectos a desarrollar luego por las empresas que comercializan o producen agentes protectores de cultivo. En otras palabras, habla de regionalizar su tratamiento para que no haya centros que recojan muy pocos envases y les resulte antieconómica esa recolección.
En Jujuy y Salta se desarrolló una experiencia en forma tripartita. Entre los productores agropecuarios agremiados en distintas cámaras empresariales, el INTA y las cooperativas de productores conformaron un programa llamado “Punto limpio”, que tenía en el INTA de Cerrillos, en el Valle de Lerma –digamos, trabajaba sobre los dos valles: el Valle de Lerma y el Valle de los Pericos-, el centro de deposición de los envases plásticos.
Había un sistema de capacitación de los productores para que supieran cómo tratar los envases. Por ejemplo, los capacitaban sobre el triple lavado -que es parte de las normas ISO a las que hace mención este proyecto- y la perforación de los envases para que no sean reutilizados. Si bien el triple lavado elimina el 99,9 por ciento de los residuos, cuando se trata de residuos que emulsionan en agua, queda un 0,01 por ciento. Por lo tanto, si esos envases son reutilizados para productos alimenticios, esto constituye un riesgo muy grande para la salud de la población. Por eso aconsejan perforar los envases plásticos.
En las fincas de los productores se ponían bolsones y el camión pasaba a recolectarlos una vez por semana y los llevaba al centro de Cerrillos. El resultado económico del tratamiento posterior y la venta de esos productos plásticos derivaba en acciones de ayuda social en hospitales y otros lugares, y eso se hacía a través del INTA.
En esta iniciativa no se aclara muy bien cuál sería el destino de los recursos. Luego de montados esos centros de deposición o de tratamiento, se habla de productores; no se especifica bien el destino de los recursos, que podría ser la reutilización de esos envases o el destino final que se les diera.
Hay cuestiones que nos preocupan y que han sido puestas de manifiesto por miembros de nuestro bloque. Por un lado, nos preocupa el artículo 5°, que habla de la interjurisdicción. Allí podría darse una discusión acerca de si se trata o no de una cuestión que avanza sobre las decisiones autónomas de las provincias, que en definitiva son las que tienen la potestad en el tema del cuidado del medioambiente. Está el Consejo Federal –el COFEMA-, que se ocupará de estos temas, en el que están representadas todas las provincias.
La norma alude a generar una convocatoria o que el COFEMA sea parte de ese consejo asesor de los organismos de aplicación de la futura ley. Acá también tenemos un problema, porque al haber dos organismos no se sabe quién llevará la batuta para el correspondiente control. Entiendo que el organismo de control debería ser el Ministerio de Agroindustria.
Textualmente, el artículo 5° del proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría , en relación con la interjurisdicción, dice lo siguiente: “a los efectos de esta ley, las autoridades competentes...” –con esto se entiende, porque el proyecto lo propone, que se trata de los ministerios de Agroindustria y Ambiente y Desarrollo Sustentable “...en sus acuerdos por movimientos interjurisdiccionales de envases vacíos de fitosanitarios, no podrán colocarse en una posición de aislamiento económico, social y ambiental. El tránsito interjurisdiccional no podrá ser prohibido por las provincias, pero sí razonablemente reglamentado.”
En primer lugar, debo aclarar que las provincias pueden prohibir el tránsito porque son autónomas. Por ejemplo, en Jujuy hace tiempo existía la intención de trasladar vía Jama desechos peligrosos producto de residuos nucleares. No es este el caso, pero cuando se trata de envases que no se disuelven en agua nos encontramos con que este proyecto los asimila a productos peligrosos. O sea que si existiera una ley provincial que dijera que se trata de residuos peligrosos, las provincias y los municipios –como autónomos que son verán si autorizan el paso de estos residuos. Esto nos preocupa.
Por otro lado, el mismo artículo 5° dice que razonablemente podrán reglamentarlo. ¿Quién va a juzgar la razonabilidad de los legisladores de una provincia o de los concejales de un municipio? O sea que la redacción no es muy feliz.
Otra cuestión que nos preocupa tiene que ver con las multas. El sistema es muy oneroso, sobre todo si se aplica a productores. En algunos casos se habla de desarrollar la actividad por el lapso de un mes o hasta de un año. Es decir que para los productores agropecuarios esto puede significar que con un mes de falta de producción terminen perdiendo un año de actividad. En definitiva, este sistema que figura en el Capítulo IX del proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría merecerá objeciones de nuestra parte en cada uno de los artículos, porque hay cuestiones no muy claras en cuanto a las multas.
En la Argentina hace falta establecer presupuestos mínimos para que los envases de residuos de agrotóxicos como los llaman algunos o de agentes protectores de cultivos –como los llamamos otros- tengan un destino final compatible con el concepto primordial que deberíamos sostener al evaluar estas cosas. Me refiero al concepto de sustentabilidad, que implica pensar en el desarrollo económico del país, pero con inclusión social y cuidando el medioambiente.
Quiero transmitirles una experiencia de nuestras provincias, ya que este proyecto también habla de la regionalización y de experiencias o proyectos a desarrollar luego por las empresas que comercializan o producen agentes protectores de cultivo. En otras palabras, habla de regionalizar su tratamiento para que no haya centros que recojan muy pocos envases y les resulte antieconómica esa recolección.
En Jujuy y Salta se desarrolló una experiencia en forma tripartita. Entre los productores agropecuarios agremiados en distintas cámaras empresariales, el INTA y las cooperativas de productores conformaron un programa llamado “Punto limpio”, que tenía en el INTA de Cerrillos, en el Valle de Lerma –digamos, trabajaba sobre los dos valles: el Valle de Lerma y el Valle de los Pericos-, el centro de deposición de los envases plásticos.
Había un sistema de capacitación de los productores para que supieran cómo tratar los envases. Por ejemplo, los capacitaban sobre el triple lavado -que es parte de las normas ISO a las que hace mención este proyecto- y la perforación de los envases para que no sean reutilizados. Si bien el triple lavado elimina el 99,9 por ciento de los residuos, cuando se trata de residuos que emulsionan en agua, queda un 0,01 por ciento. Por lo tanto, si esos envases son reutilizados para productos alimenticios, esto constituye un riesgo muy grande para la salud de la población. Por eso aconsejan perforar los envases plásticos.
En las fincas de los productores se ponían bolsones y el camión pasaba a recolectarlos una vez por semana y los llevaba al centro de Cerrillos. El resultado económico del tratamiento posterior y la venta de esos productos plásticos derivaba en acciones de ayuda social en hospitales y otros lugares, y eso se hacía a través del INTA.
En esta iniciativa no se aclara muy bien cuál sería el destino de los recursos. Luego de montados esos centros de deposición o de tratamiento, se habla de productores; no se especifica bien el destino de los recursos, que podría ser la reutilización de esos envases o el destino final que se les diera.
Hay cuestiones que nos preocupan y que han sido puestas de manifiesto por miembros de nuestro bloque. Por un lado, nos preocupa el artículo 5°, que habla de la interjurisdicción. Allí podría darse una discusión acerca de si se trata o no de una cuestión que avanza sobre las decisiones autónomas de las provincias, que en definitiva son las que tienen la potestad en el tema del cuidado del medioambiente. Está el Consejo Federal –el COFEMA-, que se ocupará de estos temas, en el que están representadas todas las provincias.
La norma alude a generar una convocatoria o que el COFEMA sea parte de ese consejo asesor de los organismos de aplicación de la futura ley. Acá también tenemos un problema, porque al haber dos organismos no se sabe quién llevará la batuta para el correspondiente control. Entiendo que el organismo de control debería ser el Ministerio de Agroindustria.
Textualmente, el artículo 5° del proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría , en relación con la interjurisdicción, dice lo siguiente: “a los efectos de esta ley, las autoridades competentes...” –con esto se entiende, porque el proyecto lo propone, que se trata de los ministerios de Agroindustria y Ambiente y Desarrollo Sustentable “...en sus acuerdos por movimientos interjurisdiccionales de envases vacíos de fitosanitarios, no podrán colocarse en una posición de aislamiento económico, social y ambiental. El tránsito interjurisdiccional no podrá ser prohibido por las provincias, pero sí razonablemente reglamentado.”
En primer lugar, debo aclarar que las provincias pueden prohibir el tránsito porque son autónomas. Por ejemplo, en Jujuy hace tiempo existía la intención de trasladar vía Jama desechos peligrosos producto de residuos nucleares. No es este el caso, pero cuando se trata de envases que no se disuelven en agua nos encontramos con que este proyecto los asimila a productos peligrosos. O sea que si existiera una ley provincial que dijera que se trata de residuos peligrosos, las provincias y los municipios –como autónomos que son verán si autorizan el paso de estos residuos. Esto nos preocupa.
Por otro lado, el mismo artículo 5° dice que razonablemente podrán reglamentarlo. ¿Quién va a juzgar la razonabilidad de los legisladores de una provincia o de los concejales de un municipio? O sea que la redacción no es muy feliz.
Otra cuestión que nos preocupa tiene que ver con las multas. El sistema es muy oneroso, sobre todo si se aplica a productores. En algunos casos se habla de desarrollar la actividad por el lapso de un mes o hasta de un año. Es decir que para los productores agropecuarios esto puede significar que con un mes de falta de producción terminen perdiendo un año de actividad. En definitiva, este sistema que figura en el Capítulo IX del proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría merecerá objeciones de nuestra parte en cada uno de los artículos, porque hay cuestiones no muy claras en cuanto a las multas.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
El señor diputado Alejandro Snopek comparte su término con la señora diputada por Córdoba, a quien le cedo la palabra.
SRA. BREZZO, MARIA EUGENIA (CORDOBA):
Señor presidente: voy a ser lo más escueta posible. Tenía mucho para comentar, pero trataré de ajustarme al espacio de tiempo establecido.
Celebro que esté en el recinto este tema, que viene de larga data. Distintas cámaras lo han tratado. Lo que pueda quedar pendiente podríamos considerarlo luego, cuando el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
Desde hace décadas el mundo se viene ocupando del tema que hoy nos convoca, como ocurrió con el Convenio de Basilea sobre desechos peligrosos y su eliminación. Se trata de una herramienta eficaz que establece que debemos reconocer la salud humana y el ambiente, tratando de reducir principalmente la generación de este tipo de envases.
El proyecto de ley establece un sistema de gestión integral de los envases vacíos de fitosanitarios, que ha sido elaborado a lo largo de estos años, como bien han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra. Existen experiencias concretas en distintas provincias que cuentan con el consenso de los sectores involucrados: cámaras registrantes, productores agropecuarios, cooperativas y entidades gremiales.
Quiero hacer referencia a lo que desde hace doce años venimos haciendo en Córdoba, que es el trámite del triple lavado. Tenemos espacios de disposición final de los residuos, y luego hay tratamientos para que puedan volver a utilizarse los envases para un mismo producto o bien para construir caños para cloacas, no para agua potable ni comestibles. Muchas provincias pueden aportar estas experiencias que ya han sido comprobadas y dan muy buenos resultados.
Entonces, podemos aprobar esta iniciativa, si bien tiene observaciones, para ponerla en marcha y evitar muchos inconvenientes, pero sobre todo, para cuidar la salud de las personas, que es lo que más nos importa.
Seguramente, el Poder Ejecutivo nacional ya tuvo en cuenta estas similitudes con la experiencia de Córdoba, y por eso valoro el resultado normativo que abarca uno de los aspectos relacionados con los efectos adversos del uso de fitosanitarios y la problemática de los envases vacíos.
Considerando que se ha logrado un equilibrio entre jurisdicción y fortaleza del federalismo, anticipo mi voto afirmativo y mi deseo de seguir debatiendo otros proyectos para reglamentar lo que no haya quedado contemplado en esta iniciativa.
Celebro que esté en el recinto este tema, que viene de larga data. Distintas cámaras lo han tratado. Lo que pueda quedar pendiente podríamos considerarlo luego, cuando el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
Desde hace décadas el mundo se viene ocupando del tema que hoy nos convoca, como ocurrió con el Convenio de Basilea sobre desechos peligrosos y su eliminación. Se trata de una herramienta eficaz que establece que debemos reconocer la salud humana y el ambiente, tratando de reducir principalmente la generación de este tipo de envases.
El proyecto de ley establece un sistema de gestión integral de los envases vacíos de fitosanitarios, que ha sido elaborado a lo largo de estos años, como bien han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra. Existen experiencias concretas en distintas provincias que cuentan con el consenso de los sectores involucrados: cámaras registrantes, productores agropecuarios, cooperativas y entidades gremiales.
Quiero hacer referencia a lo que desde hace doce años venimos haciendo en Córdoba, que es el trámite del triple lavado. Tenemos espacios de disposición final de los residuos, y luego hay tratamientos para que puedan volver a utilizarse los envases para un mismo producto o bien para construir caños para cloacas, no para agua potable ni comestibles. Muchas provincias pueden aportar estas experiencias que ya han sido comprobadas y dan muy buenos resultados.
Entonces, podemos aprobar esta iniciativa, si bien tiene observaciones, para ponerla en marcha y evitar muchos inconvenientes, pero sobre todo, para cuidar la salud de las personas, que es lo que más nos importa.
Seguramente, el Poder Ejecutivo nacional ya tuvo en cuenta estas similitudes con la experiencia de Córdoba, y por eso valoro el resultado normativo que abarca uno de los aspectos relacionados con los efectos adversos del uso de fitosanitarios y la problemática de los envases vacíos.
Considerando que se ha logrado un equilibrio entre jurisdicción y fortaleza del federalismo, anticipo mi voto afirmativo y mi deseo de seguir debatiendo otros proyectos para reglamentar lo que no haya quedado contemplado en esta iniciativa.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
SR. RUBIN, CARLOS GUSTAVO (CORRIENTES):
Señor presidente: Nicolás Arévalo y José Rivero eran dos gurises correntinos de 4 años de edad, que en el lapso de un año y medio fallecieron a causa de la contaminación con agroquímicos en la zona de Lavalle, provincia de Corrientes. Estas dos tristes consecuencias del mal uso de los agrotóxicos, la falta de controles del Estado, son una lamentable tragedia que ocurre en otros lugares del país.
Este es un tema muy importante, porque no solo está en juego un modelo de producción sino también la salud y la vida de las personas.
Vamos a acompañar en general este proyecto, pero tenemos diferencias en particular. Votaremos afirmativamente en general porque es preferible que se apruebe esta iniciativa a que no exista una reglamentación uniforme en todo el país en un tema tan importante.
Se trata de una norma sobre presupuestos mínimos, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Nacional; presupuestos entendidos no en términos de dinero, sino como establece la Ley General de Ambiente: una base mínima legal aplicable a todas las jurisdicciones del país. Una vez que la norma esté publicada, todas las jurisdicciones tienen que cumplirla, independientemente de que sean municipios o provincias, y no hará falta la sanción de una ley de adhesión.
Por lo tanto, creemos que es un avance; pero nos queda el gusto a poco, porque la iniciativa se refiere a los fitosanitarios, es decir, a aquellos productos químicos que se utilizan en el agro para la producción vegetal, excluyendo a los animales. Es decir que esta iniciativa no contemplaría todos los productos químicos que se utilizan en la producción ganadera, lo cual es una contradicción y dejaría afuera una parte importante de la producción argentina.
Además, estamos regulando la disposición final de los envases vacíos de agroquímicos, pero nada decimos del contenido. Estamos regulando el continente y no el contenido. La Argentina no tiene una ley nacional actualizada de aplicación y uso de agroquímicos. Realmente, es una cuestión que demuestra una gran asignatura pendiente de este Parlamento. Los agroquímicos no son solo importantes en cuanto a su toxicidad, sino también en cuanto a la forma en que se utilizan. Allí está el mayor peligro y problema. Ello se regula, justamente, con una ley que establezca presupuestos mínimos para la aplicación de estos productos.
Es decir, regular los envases y no la forma en que se utiliza el contenido nos provoca un sabor a poco. También sucede lo mismo con respecto a quienes financian todo este sistema de reciclado o de eliminación de los envases. La iniciativa solo menciona que todos son responsables, y cuando esto sucede lo que ocurre es que la pelota se tira de un lado para el otro.
Esperemos, como dicen, que la reglamentación pueda establecer claramente principios generales; pero el principio general básico sobre el medioambiente es que el que contamina, el que crea el riesgo, tiene que pagar. El que hace negocios con algo que es contaminante tiene que hacerse responsable económicamente de los resultados de esa actividad. Esto debería haber quedado bastante claro en esta iniciativa pero no lo está, con lo cual nos queda una gran incógnita sobre el tema. No sabemos de dónde saldrá la plata, lo cual pone en duda la aplicación de la norma.
Por eso, en bien de estos gurises correntinos que lamentablemente sufrieron la falta de controles, estamos haciendo este esfuerzo a pesar de que la iniciativa no es lo que queremos de apoyar el proyecto como un principio, pero dejando bien a salvo todo lo que nos falta por hacer para lograr una producción agropecuaria sustentable en la Argentina. Debemos sancionar las leyes que tanto se nos reclama, independientemente de los intereses económicos en juego, tratando de proteger el interés superior, que es el pueblo argentino.
Este es un tema muy importante, porque no solo está en juego un modelo de producción sino también la salud y la vida de las personas.
Vamos a acompañar en general este proyecto, pero tenemos diferencias en particular. Votaremos afirmativamente en general porque es preferible que se apruebe esta iniciativa a que no exista una reglamentación uniforme en todo el país en un tema tan importante.
Se trata de una norma sobre presupuestos mínimos, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Nacional; presupuestos entendidos no en términos de dinero, sino como establece la Ley General de Ambiente: una base mínima legal aplicable a todas las jurisdicciones del país. Una vez que la norma esté publicada, todas las jurisdicciones tienen que cumplirla, independientemente de que sean municipios o provincias, y no hará falta la sanción de una ley de adhesión.
Por lo tanto, creemos que es un avance; pero nos queda el gusto a poco, porque la iniciativa se refiere a los fitosanitarios, es decir, a aquellos productos químicos que se utilizan en el agro para la producción vegetal, excluyendo a los animales. Es decir que esta iniciativa no contemplaría todos los productos químicos que se utilizan en la producción ganadera, lo cual es una contradicción y dejaría afuera una parte importante de la producción argentina.
Además, estamos regulando la disposición final de los envases vacíos de agroquímicos, pero nada decimos del contenido. Estamos regulando el continente y no el contenido. La Argentina no tiene una ley nacional actualizada de aplicación y uso de agroquímicos. Realmente, es una cuestión que demuestra una gran asignatura pendiente de este Parlamento. Los agroquímicos no son solo importantes en cuanto a su toxicidad, sino también en cuanto a la forma en que se utilizan. Allí está el mayor peligro y problema. Ello se regula, justamente, con una ley que establezca presupuestos mínimos para la aplicación de estos productos.
Es decir, regular los envases y no la forma en que se utiliza el contenido nos provoca un sabor a poco. También sucede lo mismo con respecto a quienes financian todo este sistema de reciclado o de eliminación de los envases. La iniciativa solo menciona que todos son responsables, y cuando esto sucede lo que ocurre es que la pelota se tira de un lado para el otro.
Esperemos, como dicen, que la reglamentación pueda establecer claramente principios generales; pero el principio general básico sobre el medioambiente es que el que contamina, el que crea el riesgo, tiene que pagar. El que hace negocios con algo que es contaminante tiene que hacerse responsable económicamente de los resultados de esa actividad. Esto debería haber quedado bastante claro en esta iniciativa pero no lo está, con lo cual nos queda una gran incógnita sobre el tema. No sabemos de dónde saldrá la plata, lo cual pone en duda la aplicación de la norma.
Por eso, en bien de estos gurises correntinos que lamentablemente sufrieron la falta de controles, estamos haciendo este esfuerzo a pesar de que la iniciativa no es lo que queremos de apoyar el proyecto como un principio, pero dejando bien a salvo todo lo que nos falta por hacer para lograr una producción agropecuaria sustentable en la Argentina. Debemos sancionar las leyes que tanto se nos reclama, independientemente de los intereses económicos en juego, tratando de proteger el interés superior, que es el pueblo argentino.
SRA. BREZZO, MARIA EUGENIA (CORDOBA):
Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
SRA. BREZZO, MARIA EUGENIA (CORDOBA):
Señor presidente: pido permiso para insertar en el Diario de Sesiones la parte de mi discurso que no pude exponer.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Oportunamente se votarán las inserciones solicitadas.
Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
No encontrándose presente en el recinto la señora diputada Araceli Ferreyra, tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
No encontrándose presente en el recinto la señora diputada Araceli Ferreyra, tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. CASAÑAS, JUAN FRANCISCO (TUCUMAN):
Señor presidente: considero que fue lamentable lo que se intentó hacer. Arbitrariamente, trataron de digitar y de que no existiera el debate. No logro dimensionar el poder de lobby de los técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que son los verdaderos autores de esta iniciativa. A este pobre proyecto todos le encuentran falencias que se irán a corregir en el futuro, pero no entiendo para qué está el Congreso. ¿Por qué no las tratamos acá y las corregimos en este momento?
Se intentó que esto no se conociera, que no se discutiera este proyecto, pero sí que se aprobara. Entiendo que se intentó que en este Congreso predominaran los acuerdos de pasillo y favores en detrimento del debate franco y constructivo, con argumentos tan flojos y poco serios como el de sostener que el proyecto ya tiene sanción de una Cámara y que en la Cámara de Senadores once bloques diferentes lo aprobaron.
¿Para qué existen las dos Cámaras si vamos a hacer lo que dice la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados tiene que debatir y discutir las cosas. Es cierto que el tratamiento y gestión de envases fitosanitarios presenta un vacío de normativas, lo cual hace necesario la búsqueda de consensos y acuerdos, pero entiendo que hubo acuerdos entre pequeños grupos minoritarios.
También sostengo –el diputado Basterra lo decía hace un rato- que desde hace cinco años se viene discutiendo este tema en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Se invitó a técnicos, asociaciones, especialistas, ambientalistas y productores agropecuarios, y desde 2012 se viene trabajando en el tema. También se han presentado iniciativas que no fueron debatidas, pero ahora les dieron orden de aprobar este proyecto y nada más.
Por otro lado, la Comisión de Agricultura y Ganadería debiera haber sido comisión cabecera, pero se la trató de ningunear y ni siquiera entró al plenario a debatir. Esto no es poner palos en la rueda, sino pensar diferente, y esa es nuestra obligación.
Mediante este proyecto seguimos creando estructuras del Estado y curros poco claros; ahora voy a explicar por qué. Técnicamente, resulta necesario detenerse a ver cuál es el destino final de los envases vacíos.
Según CASAFE, desde el año 2015 se recolectaron 4.415 toneladas de plásticos que tienen un valor económico importante, no mencionado en el proyecto. En Brasil, por ejemplo, donde se sancionó la ley 9.974, el 40 por ciento de lo que se genera por los envases de plástico vacíos se usa para financiar esta estructura, pero acá nadie habla de ese tipo de cosas.
El proyecto también contempla sanciones. Creo que al muchacho que fijó los valores se le fue la mano: 10.000 sueldos básicos. Si pensamos en un sueldo básico de 8.000 pesos, estamos hablando de 80 millones de pesos para alguien que olvidó cinco bidones vacíos en un campo. Esta medida es sumamente arbitraria, es una locura.
La iniciativa contempla la suspensión de actividades, es decir, no se puede trabajar porque alguien cometió un error y se impone la clausura temporaria por un mes o por un año. No pueden generar dinero, dar de comer a la familia y a los empleados, porque se encontraron cuatro o cinco bidones vacíos.
El proyecto también vulnera las autonomías provinciales. Si bien es cierto que en su artículo 17 señala a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como autoridades competentes, el artículo 18 fija deberes para esta última, lo que implica un desconocimiento de su autonomía y preexistencia histórica. Está claro que una ley nacional no puede imponer obligaciones a las provincias.
Como se ha agotado el término del que dispongo para hacer uso de la palabra, pido autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Se intentó que esto no se conociera, que no se discutiera este proyecto, pero sí que se aprobara. Entiendo que se intentó que en este Congreso predominaran los acuerdos de pasillo y favores en detrimento del debate franco y constructivo, con argumentos tan flojos y poco serios como el de sostener que el proyecto ya tiene sanción de una Cámara y que en la Cámara de Senadores once bloques diferentes lo aprobaron.
¿Para qué existen las dos Cámaras si vamos a hacer lo que dice la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados tiene que debatir y discutir las cosas. Es cierto que el tratamiento y gestión de envases fitosanitarios presenta un vacío de normativas, lo cual hace necesario la búsqueda de consensos y acuerdos, pero entiendo que hubo acuerdos entre pequeños grupos minoritarios.
También sostengo –el diputado Basterra lo decía hace un rato- que desde hace cinco años se viene discutiendo este tema en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Se invitó a técnicos, asociaciones, especialistas, ambientalistas y productores agropecuarios, y desde 2012 se viene trabajando en el tema. También se han presentado iniciativas que no fueron debatidas, pero ahora les dieron orden de aprobar este proyecto y nada más.
Por otro lado, la Comisión de Agricultura y Ganadería debiera haber sido comisión cabecera, pero se la trató de ningunear y ni siquiera entró al plenario a debatir. Esto no es poner palos en la rueda, sino pensar diferente, y esa es nuestra obligación.
Mediante este proyecto seguimos creando estructuras del Estado y curros poco claros; ahora voy a explicar por qué. Técnicamente, resulta necesario detenerse a ver cuál es el destino final de los envases vacíos.
Según CASAFE, desde el año 2015 se recolectaron 4.415 toneladas de plásticos que tienen un valor económico importante, no mencionado en el proyecto. En Brasil, por ejemplo, donde se sancionó la ley 9.974, el 40 por ciento de lo que se genera por los envases de plástico vacíos se usa para financiar esta estructura, pero acá nadie habla de ese tipo de cosas.
El proyecto también contempla sanciones. Creo que al muchacho que fijó los valores se le fue la mano: 10.000 sueldos básicos. Si pensamos en un sueldo básico de 8.000 pesos, estamos hablando de 80 millones de pesos para alguien que olvidó cinco bidones vacíos en un campo. Esta medida es sumamente arbitraria, es una locura.
La iniciativa contempla la suspensión de actividades, es decir, no se puede trabajar porque alguien cometió un error y se impone la clausura temporaria por un mes o por un año. No pueden generar dinero, dar de comer a la familia y a los empleados, porque se encontraron cuatro o cinco bidones vacíos.
El proyecto también vulnera las autonomías provinciales. Si bien es cierto que en su artículo 17 señala a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como autoridades competentes, el artículo 18 fija deberes para esta última, lo que implica un desconocimiento de su autonomía y preexistencia histórica. Está claro que una ley nacional no puede imponer obligaciones a las provincias.
Como se ha agotado el término del que dispongo para hacer uso de la palabra, pido autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: creo que este proyecto tiene que ser un llamado de atención acerca del grave problema de contaminación que supone la utilización de agrotóxicos, el glifosato, entre otros, para los cultivos transgénicos.
Si se señala que los residuos que quedan en los envases vacíos son peligrosos para la salud, hay que preguntarse qué significa que se vuelquen 300 millones de litros de glifosato por año en las 23 millones de hectáreas plantadas con cultivos transgénicos.
El diario La Nación, que no puede ser sospechado de estar malquistado con los sectores rurales más poderosos, señaló en el mes de julio de 2016 que el río Paraná está contaminado con agrotóxicos. Esto significa que a su vez contaminará al río de la Plata, es decir, no solo tenemos pueblos fumigados y arroyos y ríos cercanos a los campos contaminados, sino que están contaminando el agua que vamos a tomar y con la que nos vamos a bañar.
Un estudio del Laboratorio de Agroquímica Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata señala que distintos distritos del noroeste de la provincia de Buenos Aires se encuentran en estado alarmante. Se trata de los distritos de Rojas, Salto, Junín, Arenales, Colón, Pergamino, Arrecifes, Ramallo y San Nicolás. El estado “alarmante” quiere decir que tienen alto peligro de contaminación, con las secuelas que eso conlleva.
Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud determinó, en marzo de 2015, que el glifosato es cancerígeno, algo que pudo comprobar la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario que, junto con la organización de Médicos de Pueblos Fumigados, han determinado el dramático incremento de los casos de cáncer en distintas localidades de las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires, y en especial, en la ciudad de Puerto General San Martín, uno de los puertos de exportación más importantes del país.
A su vez, no solamente se trata de carácter cancerígeno, sino que el científico Andrés Carrasco, hace ya diez años, señaló el peligro de malformación en los embriones. En ese momento, incluso científicos del Conicet lo descalificaron, pero años más tarde, revistas científicas de primer nivel internacional lo ratificaron. Lamentablemente, esto también se constató por el incremento de nacimientos de chicos con malformaciones en las áreas cercanas a los lugares de contaminación.
Ahora, nos llaman la atención porque no saben qué hacer con los residuos peligrosos que han generado, que hasta el momento se quemaban en un 50 por ciento ocasionando un incremento adicional de la contaminación.
Esto es un genocidio silencioso. Además, las inundaciones están determinadas o potenciadas por la devastación de los bosques nativos para ampliar la frontera agrícola y por la utilización de agrotóxicos que matan el microcosmos subterráneo de lombrices, ranas, etcétera, que da fertilidad y porosidad a la tierra. Esto ha determinado que la tierra se vaya compactando y, por lo tanto, no absorbe el agua y favorece el incremento de las inundaciones.
En este sentido, llamo la atención acerca de que es un deber del Parlamento tomar en cuenta los estudios que aluden a las consecuencias de este tipo de producción y sancionar las leyes necesarias, y no solamente poner un parcho como este, ya que ni siquiera asumieron la responsabilidad sobre qué hacer con los residuos que se generaban: que cada uno se arregle.
Fíjense el carácter que tienen ya no solamente los cultivos transgénicos y demás, sino los mismos alimentos que estamos consumiendo. En el caso de Lionel Messi, se presenta el hecho de que un deportista de alto rendimiento empieza a manifestar más tempranamente las secuelas de determinado consumo. Luego de consultar con distintos médicos acerca de las causas de sus malestares, un nutricionista en Suiza le prohibió absolutamente todo consumo de granos, frutas y verduras de origen transgénico, y a su vez, de pollo y otro tipo de carnes tratados con hormonas, porque consideró que son un veneno poderosísimo.
Ningún interés económico puede estar por encima del derecho a la vida y la salud de la población, y en este sentido llamo la atención en cuanto a que este parche no solucionará el drama que se está gestando en nuestro país como consecuencia de este tipo de producciones que, reitero, provoca un genocidio silencioso del cual no podemos ser cómplices.
Si se señala que los residuos que quedan en los envases vacíos son peligrosos para la salud, hay que preguntarse qué significa que se vuelquen 300 millones de litros de glifosato por año en las 23 millones de hectáreas plantadas con cultivos transgénicos.
El diario La Nación, que no puede ser sospechado de estar malquistado con los sectores rurales más poderosos, señaló en el mes de julio de 2016 que el río Paraná está contaminado con agrotóxicos. Esto significa que a su vez contaminará al río de la Plata, es decir, no solo tenemos pueblos fumigados y arroyos y ríos cercanos a los campos contaminados, sino que están contaminando el agua que vamos a tomar y con la que nos vamos a bañar.
Un estudio del Laboratorio de Agroquímica Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata señala que distintos distritos del noroeste de la provincia de Buenos Aires se encuentran en estado alarmante. Se trata de los distritos de Rojas, Salto, Junín, Arenales, Colón, Pergamino, Arrecifes, Ramallo y San Nicolás. El estado “alarmante” quiere decir que tienen alto peligro de contaminación, con las secuelas que eso conlleva.
Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud determinó, en marzo de 2015, que el glifosato es cancerígeno, algo que pudo comprobar la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario que, junto con la organización de Médicos de Pueblos Fumigados, han determinado el dramático incremento de los casos de cáncer en distintas localidades de las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires, y en especial, en la ciudad de Puerto General San Martín, uno de los puertos de exportación más importantes del país.
A su vez, no solamente se trata de carácter cancerígeno, sino que el científico Andrés Carrasco, hace ya diez años, señaló el peligro de malformación en los embriones. En ese momento, incluso científicos del Conicet lo descalificaron, pero años más tarde, revistas científicas de primer nivel internacional lo ratificaron. Lamentablemente, esto también se constató por el incremento de nacimientos de chicos con malformaciones en las áreas cercanas a los lugares de contaminación.
Ahora, nos llaman la atención porque no saben qué hacer con los residuos peligrosos que han generado, que hasta el momento se quemaban en un 50 por ciento ocasionando un incremento adicional de la contaminación.
Esto es un genocidio silencioso. Además, las inundaciones están determinadas o potenciadas por la devastación de los bosques nativos para ampliar la frontera agrícola y por la utilización de agrotóxicos que matan el microcosmos subterráneo de lombrices, ranas, etcétera, que da fertilidad y porosidad a la tierra. Esto ha determinado que la tierra se vaya compactando y, por lo tanto, no absorbe el agua y favorece el incremento de las inundaciones.
En este sentido, llamo la atención acerca de que es un deber del Parlamento tomar en cuenta los estudios que aluden a las consecuencias de este tipo de producción y sancionar las leyes necesarias, y no solamente poner un parcho como este, ya que ni siquiera asumieron la responsabilidad sobre qué hacer con los residuos que se generaban: que cada uno se arregle.
Fíjense el carácter que tienen ya no solamente los cultivos transgénicos y demás, sino los mismos alimentos que estamos consumiendo. En el caso de Lionel Messi, se presenta el hecho de que un deportista de alto rendimiento empieza a manifestar más tempranamente las secuelas de determinado consumo. Luego de consultar con distintos médicos acerca de las causas de sus malestares, un nutricionista en Suiza le prohibió absolutamente todo consumo de granos, frutas y verduras de origen transgénico, y a su vez, de pollo y otro tipo de carnes tratados con hormonas, porque consideró que son un veneno poderosísimo.
Ningún interés económico puede estar por encima del derecho a la vida y la salud de la población, y en este sentido llamo la atención en cuanto a que este parche no solucionará el drama que se está gestando en nuestro país como consecuencia de este tipo de producciones que, reitero, provoca un genocidio silencioso del cual no podemos ser cómplices.
SR. PRESIDENTE(GIOJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. GIUSTOZZI, RUBEN DARIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero dejar asentado que estoy de acuerdo con los objetivos y principios generales del proyecto en tratamiento. Sin duda, existe consenso sobre la necesidad de tratar los elementos de uso masivo, en este caso, el plástico. Estos envases requieren un tratamiento específico, profundo y estratégico, porque además sirve para crear conciencia sobre la utilización de determinados productos que aparecieron como consecuencia del confort y la modernidad de la vida actual.
También debo advertir –como bien dijo uno de los diputados preopinantes que las multas y sanciones que prevé el proyecto están fuera de toda dimensión, habida cuenta de que por sus características muchas producciones especialmente las economías regionales, por ser de carácter familiar, tienen su propia administración de residuos. Además, será necesario ayudar a las reparticiones municipales haciendo un poco de docencia, porque con este nivel de sanciones los productores quedan muy expuestos a que los coimeen o a que recaiga sobre ellos una sanción que puede ser letal para el desarrollo de su emprendimiento productivo.
Es muy normal ver en cualquier humilde producción agropecuaria –hablamos de pequeños productores viveristas, frutihortícolas y hasta apicultores que no saben qué hacer con esos envases.
Por lo tanto, es muy importante que se tenga en cuenta la administración de esos residuos, sobre todo por el tiempo que requiere educar a los usuarios de los productos en la necesidad de incorporar a su sistema productivo la gestión de esos residuos.
También debo advertir –como bien dijo uno de los diputados preopinantes que las multas y sanciones que prevé el proyecto están fuera de toda dimensión, habida cuenta de que por sus características muchas producciones especialmente las economías regionales, por ser de carácter familiar, tienen su propia administración de residuos. Además, será necesario ayudar a las reparticiones municipales haciendo un poco de docencia, porque con este nivel de sanciones los productores quedan muy expuestos a que los coimeen o a que recaiga sobre ellos una sanción que puede ser letal para el desarrollo de su emprendimiento productivo.
Es muy normal ver en cualquier humilde producción agropecuaria –hablamos de pequeños productores viveristas, frutihortícolas y hasta apicultores que no saben qué hacer con esos envases.
Por lo tanto, es muy importante que se tenga en cuenta la administración de esos residuos, sobre todo por el tiempo que requiere educar a los usuarios de los productos en la necesidad de incorporar a su sistema productivo la gestión de esos residuos.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
SR. GIUSTOZZI, RUBEN DARIO (BUENOS AIRES):
En consecuencia, aun acompañando en el espíritu este proyecto de ley sabemos que deberemos trabajar mucho en ese sentido. Vayan estas palabras a modo de consejo para que sea tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo nacional al momento de reglamentar la norma.
Por lo tanto, insisto en la necesidad de generar un mecanismo de transición que nos permita incorporar como un hábito saludable la gestión de estos residuos en todas las unidades productivas, especialmente en las economías regionales.
Por lo tanto, insisto en la necesidad de generar un mecanismo de transición que nos permita incorporar como un hábito saludable la gestión de estos residuos en todas las unidades productivas, especialmente en las economías regionales.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. VILLALONGA, JUAN CARLOS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero puntualizar aquellos aspectos que convierten a esta propuesta en un proyecto sobresaliente y no en una pobre iniciativa, como aquí han planteado algunos legisladores, si bien contiene algunas deficiencias que nosotros ya hemos reconocido.
En primer lugar, tengo que destacar que después de mucho tiempo esta Cámara está haciendo uso de un instrumento que le otorga la propia Constitución Nacional, que consiste en elaborar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Ese es el instrumento básico por medio del cual el Congreso puede definir una política ambiental nacional que cubra todo el territorio nacional. En este caso, lo estamos haciendo en un tema que, como ya sabemos, despierta enormes inquietudes en todo el país. Digo esto porque en todas las provincias existen problemas y todas hacen un uso intensivo de distintos agroquímicos y productos fitosanitarios.
Además, aclaro que esta propuesta no es un parche a ese problema; simplemente ataca un segmento que aplica agroquímicos. Justamente, en ese segmento la norma busca poner cierto orden. Tengamos en cuenta que en la actualidad reina el caos por la falta de una gestión adecuada de esta clase de envases. Por su parte, en aquellos lugares en donde sí hay una gestión medianamente apropiada, eso tiene que ver básicamente con la responsabilidad que han tomado los propios productores agropecuarios de la mano de organismos como el INTA u otras instituciones. Pero en líneas generales hoy tenemos un completo desorden. Estamos hablando de alrededor de 17 millones de envases que quedan dando vueltas y acumulándose en distintos lugares del país y que, por el tipo de productos que contuvieron, son residuos peligrosos.
Sobre este particular, aquí se hizo mención a si tales envases siguen siendo residuos peligrosos. El proyecto no desclasifica los envases vacíos de fitosanitarios de ser residuos peligrosos: siguen siéndolo. La ley 24.051, de residuos peligrosos, continúa completamente en vigencia y no hay motivos para que deje de estarlo en cuanto a qué tipo de gestión debe tener este tipo de materiales.
Este proyecto de ley establece un sistema administrativo, de gestión y de logística inversa para que estos envases retornen a quien fuera el productor original, es decir, el fabricante.
En este sentido, quiero rescatar otro elemento de esta iniciativa que no solo es importante, sino también innovador en cuanto a la legislación nacional. Esta sería la primera ley nacional en incorporar el principio de responsabilidad extendida del productor. Es decir, cuando aquí hablamos del productor nos referimos al fabricante. Este proyecto genera un sistema que tiene una logística que depende completamente de la responsabilidad del financiamiento y de la logística que provea el fabricante, o sea que el fabricante de los agroquímicos va a tener que hacerse cargo de toda la logística aguas arriba una vez que el usuario final –el productor agropecuario los haya utilizado.
Creo que estos son elementos muy importantes, dado que ordenan un tema que hoy se encuentra en completo desorden; apuntan a una cuestión que hoy es motivo de enrome preocupación en todo el país e introducen por primera vez el principio de la responsabilidad extendida del productor, algo innovador –insisto en la legislación nacional. Hace muchísimos años que venimos intentando que aparezca alguna norma de este tipo en el Congreso Nacional, y este sería el caso.
Voy a referirme a algunas observaciones que fueron señaladas aquí. Por ejemplo, con respecto a la interjurisdiccionalidad, es cierto que la buena gestión de este tipo de productos solo se puede dar con un sentido regional; es decir que debería compartirse la logística, las instalaciones y la infraestructura sin tener que resolverse todo en cada una de las jurisdicciones.
Algunas jurisdicciones no permiten el tránsito de este tipo de residuos peligrosos. La realidad es que mediante una ley nacional no podemos prohibir a las provincias que prohíban. En primer lugar, se estaría generando un conflicto jurídico –no podemos hacerlo, y en segundo término, estaríamos dando un tremendo mal paso. En este caso, tendríamos que dar una recomendación al Poder Ejecutivo para que cuando reglamente la ley lo haga en forma adecuada. No se pueden reglamentar las prohibiciones que las jurisdicciones han ido estableciendo.
Las prohibiciones que han ido apareciendo en los últimos años tienen obedecen a que las jurisdicciones se han protegido de un Estado...
En primer lugar, tengo que destacar que después de mucho tiempo esta Cámara está haciendo uso de un instrumento que le otorga la propia Constitución Nacional, que consiste en elaborar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Ese es el instrumento básico por medio del cual el Congreso puede definir una política ambiental nacional que cubra todo el territorio nacional. En este caso, lo estamos haciendo en un tema que, como ya sabemos, despierta enormes inquietudes en todo el país. Digo esto porque en todas las provincias existen problemas y todas hacen un uso intensivo de distintos agroquímicos y productos fitosanitarios.
Además, aclaro que esta propuesta no es un parche a ese problema; simplemente ataca un segmento que aplica agroquímicos. Justamente, en ese segmento la norma busca poner cierto orden. Tengamos en cuenta que en la actualidad reina el caos por la falta de una gestión adecuada de esta clase de envases. Por su parte, en aquellos lugares en donde sí hay una gestión medianamente apropiada, eso tiene que ver básicamente con la responsabilidad que han tomado los propios productores agropecuarios de la mano de organismos como el INTA u otras instituciones. Pero en líneas generales hoy tenemos un completo desorden. Estamos hablando de alrededor de 17 millones de envases que quedan dando vueltas y acumulándose en distintos lugares del país y que, por el tipo de productos que contuvieron, son residuos peligrosos.
Sobre este particular, aquí se hizo mención a si tales envases siguen siendo residuos peligrosos. El proyecto no desclasifica los envases vacíos de fitosanitarios de ser residuos peligrosos: siguen siéndolo. La ley 24.051, de residuos peligrosos, continúa completamente en vigencia y no hay motivos para que deje de estarlo en cuanto a qué tipo de gestión debe tener este tipo de materiales.
Este proyecto de ley establece un sistema administrativo, de gestión y de logística inversa para que estos envases retornen a quien fuera el productor original, es decir, el fabricante.
En este sentido, quiero rescatar otro elemento de esta iniciativa que no solo es importante, sino también innovador en cuanto a la legislación nacional. Esta sería la primera ley nacional en incorporar el principio de responsabilidad extendida del productor. Es decir, cuando aquí hablamos del productor nos referimos al fabricante. Este proyecto genera un sistema que tiene una logística que depende completamente de la responsabilidad del financiamiento y de la logística que provea el fabricante, o sea que el fabricante de los agroquímicos va a tener que hacerse cargo de toda la logística aguas arriba una vez que el usuario final –el productor agropecuario los haya utilizado.
Creo que estos son elementos muy importantes, dado que ordenan un tema que hoy se encuentra en completo desorden; apuntan a una cuestión que hoy es motivo de enrome preocupación en todo el país e introducen por primera vez el principio de la responsabilidad extendida del productor, algo innovador –insisto en la legislación nacional. Hace muchísimos años que venimos intentando que aparezca alguna norma de este tipo en el Congreso Nacional, y este sería el caso.
Voy a referirme a algunas observaciones que fueron señaladas aquí. Por ejemplo, con respecto a la interjurisdiccionalidad, es cierto que la buena gestión de este tipo de productos solo se puede dar con un sentido regional; es decir que debería compartirse la logística, las instalaciones y la infraestructura sin tener que resolverse todo en cada una de las jurisdicciones.
Algunas jurisdicciones no permiten el tránsito de este tipo de residuos peligrosos. La realidad es que mediante una ley nacional no podemos prohibir a las provincias que prohíban. En primer lugar, se estaría generando un conflicto jurídico –no podemos hacerlo, y en segundo término, estaríamos dando un tremendo mal paso. En este caso, tendríamos que dar una recomendación al Poder Ejecutivo para que cuando reglamente la ley lo haga en forma adecuada. No se pueden reglamentar las prohibiciones que las jurisdicciones han ido estableciendo.
Las prohibiciones que han ido apareciendo en los últimos años tienen obedecen a que las jurisdicciones se han protegido de un Estado...
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Por favor, vaya redondeando, señor diputado.
SR. VILLALONGA, JUAN CARLOS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
...que ha tendido al engaño y al no cumplimiento de las leyes. Así, las jurisdicciones han procurado parapetarse para no ser víctimas de engaños que pudieran provocarle aceptar residuos peligrosos. Insisto, este es un tema que debe ser adecuadamente corregido por vía reglamentaria.
Otro elemento que también aparece en las observaciones que hemos hecho y en algunos comentarios se relaciona con el denominado “doble comando”. La autoridad de aplicación tiene que ser única, y por supuesto, estar en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Si no, esta sería la única ley de presupuestos mínimos de protección ambiental cuya autoridad no fuera la máxima autoridad ambiental de la Nación.
Por estas razones, creo que este proyecto debe ser apoyado. Además, es una iniciativa que por primera vez tiene el principio de responsabilidad extendida del productor, algo que en este caso debe ser cumplido por parte de los fabricantes de agroquímicos.
Otro elemento que también aparece en las observaciones que hemos hecho y en algunos comentarios se relaciona con el denominado “doble comando”. La autoridad de aplicación tiene que ser única, y por supuesto, estar en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Si no, esta sería la única ley de presupuestos mínimos de protección ambiental cuya autoridad no fuera la máxima autoridad ambiental de la Nación.
Por estas razones, creo que este proyecto debe ser apoyado. Además, es una iniciativa que por primera vez tiene el principio de responsabilidad extendida del productor, algo que en este caso debe ser cumplido por parte de los fabricantes de agroquímicos.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
SR. TORROBA, FRANCISCO JAVIER (LA PAMPA):
Señor presidente: estamos ante una normativa que significa un avance en cuanto al cuidado del medioambiente, de la salud y del aprovechamiento industrial de los residuos fitosanitarios.
El presente proyecto viene a llenar un vacío legal que es de larga data en la Argentina. Llevamos muchos años viendo cómo se acumulan más de 150 millones de kilos de envases de plástico de fitosanitarios en baldíos, en guardatanques y en galpones.
Esta iniciativa involucra a todos los actores de la cadena: registrantes, transportistas, aplicadores, comercializadores, operadores y usuarios, y fija distintos tipos de responsabilidad en toda la cadena. De alguna manera, fija una hoja de ruta para determinar qué se puede hacer con los envases de fitosanitarios.
La normativa condiciona la reutilización, el reciclado, la valorización y la disposición final. Asimismo, prohíbe el abandono, la quema, el enterramiento de este tipo de residuos -que hoy son moneda corriente- y direcciona su reutilización. Pero todos estos avances –que apoyamos y meritamos- nos llevan a plantear dos objeciones, y hemos presentado las disidencias respectivas.
Por lo tanto, durante la consideración en particular del artículo 14 nos vamos a referir al “doble comando”, es decir, la responsabilidad de los ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Creemos que su texto puede constituir un entorpecimiento a la aplicación de la normativa.
Por otro lado, el inciso b) del artículo 25 estipula multas exorbitantes en sede administrativa para el derecho argentino, quedando pendiente las sedes penal y civil. Estas multas de alguna manera constituyen una violación del artículo 28, es decir, al principio de razonabilidad que debe tener el derecho entre el medio y el fin. Por consiguiente, plantearemos una disidencia que de alguna manera morigere este tipo de sanción.
Por otra parte, el inciso c) establece sanciones temporarias de quita de actividad y cierre que, de alguna manera, al tratarse de actividades biológicas no deberían producirse en el sector agropecuario.
Para terminar, quiero señalar que tenemos un sistema bicameral en la Argentina. Las correcciones que hay que introducir a las normas hay que hacerlas más allá de que provengan del Senado con sanción unánime o no.
Cuando en los Estados Unidos se discutió la eficiencia o no del sistema bicameral en cuanto a su agilidad, hubo una puja entre Madison y Jefferson. Así, prevaleció la mecánica de que una Cámara corrige a la otra, es decir que una Cámara mejora lo que hace la otra.
Por lo tanto, en este momento tenemos la oportunidad de introducir las correcciones que ya hemos planteado a este importante proyecto –que son necesarias-, que no solamente responde a una demanda social sino a una necesidad de nuestro país.
El presente proyecto viene a llenar un vacío legal que es de larga data en la Argentina. Llevamos muchos años viendo cómo se acumulan más de 150 millones de kilos de envases de plástico de fitosanitarios en baldíos, en guardatanques y en galpones.
Esta iniciativa involucra a todos los actores de la cadena: registrantes, transportistas, aplicadores, comercializadores, operadores y usuarios, y fija distintos tipos de responsabilidad en toda la cadena. De alguna manera, fija una hoja de ruta para determinar qué se puede hacer con los envases de fitosanitarios.
La normativa condiciona la reutilización, el reciclado, la valorización y la disposición final. Asimismo, prohíbe el abandono, la quema, el enterramiento de este tipo de residuos -que hoy son moneda corriente- y direcciona su reutilización. Pero todos estos avances –que apoyamos y meritamos- nos llevan a plantear dos objeciones, y hemos presentado las disidencias respectivas.
Por lo tanto, durante la consideración en particular del artículo 14 nos vamos a referir al “doble comando”, es decir, la responsabilidad de los ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Creemos que su texto puede constituir un entorpecimiento a la aplicación de la normativa.
Por otro lado, el inciso b) del artículo 25 estipula multas exorbitantes en sede administrativa para el derecho argentino, quedando pendiente las sedes penal y civil. Estas multas de alguna manera constituyen una violación del artículo 28, es decir, al principio de razonabilidad que debe tener el derecho entre el medio y el fin. Por consiguiente, plantearemos una disidencia que de alguna manera morigere este tipo de sanción.
Por otra parte, el inciso c) establece sanciones temporarias de quita de actividad y cierre que, de alguna manera, al tratarse de actividades biológicas no deberían producirse en el sector agropecuario.
Para terminar, quiero señalar que tenemos un sistema bicameral en la Argentina. Las correcciones que hay que introducir a las normas hay que hacerlas más allá de que provengan del Senado con sanción unánime o no.
Cuando en los Estados Unidos se discutió la eficiencia o no del sistema bicameral en cuanto a su agilidad, hubo una puja entre Madison y Jefferson. Así, prevaleció la mecánica de que una Cámara corrige a la otra, es decir que una Cámara mejora lo que hace la otra.
Por lo tanto, en este momento tenemos la oportunidad de introducir las correcciones que ya hemos planteado a este importante proyecto –que son necesarias-, que no solamente responde a una demanda social sino a una necesidad de nuestro país.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. LOPARDO, MARIA PAULA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: celebro que estemos debatiendo este proyecto de ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases de fitosanitarios.
Esta propuesta del sistema de gestión integral de fitosanitarios es largamente demandada, dado que los envases se gestionan de una manera inadecuada: se arrojan al agua, se entierran y esto genera problemas primeramente en el ambiente y luego, por rebote, en la salud.
Dicho esto, deseo efectuar un par de comentarios que me parecen importantes para no confundir a la población.
En primer término, quiero hacer una distinción entre la legislación en materia de envases y la correspondiente a la aplicación de productos agroquímicos. Me parece que esto es importante porque implica realidades distintas y el manejo de principios diferentes.
La aplicación de los productos agroquímicos hace referencia a la manera en que ellos se utilizan en los cultivos. En este caso, estamos hablando de la generación de la logística y de la instrumentación de los mejores procedimientos para ser lo más eficaces posibles en la recolección de los envases. Esto es lo que torna importante disponer de esta norma legal relativa a los envases.
Por otra parte, algunos señores diputados preopinantes han señalado que la iniciativa es demasiado flexible o amplia y que brinda muchas libertades. Efectivamente, una ley de presupuestos mínimos funciona de esta manera ya que sienta las bases o estándares mínimos, es decir, es el piso inderogable por debajo del cual se considera que algo es peligroso y por encima del cual hay que efectuar una protección. Asimismo, se otorgan a las provincias las facultades necesarias para que hagan una complementación, al tiempo que se confiere a la Nación la potestad de hacer lo propio mediante el dictado de la normativa correspondiente.
De hecho, hay disposiciones tales como la prohibición de enterrar los envases o de volcarlos en el agua que fluye y que podría ser utilizada.
Quiero hacer referencia a la introducción del concepto de la responsabilidad extendida del productor. Este es el pilar del sistema que se propone en este proyecto de ley. La responsabilidad extendida del productor es un proceso análogo al del contaminador pagador. En otras palabras, esto significa que el que contamina, paga.
En este sentido, quien coloca un producto riesgoso en el mercado es responsable de ello, lo que constituye un principio jurídico. Por eso, entre las sanciones previstas en los últimos artículos de esta iniciativa se encuentra la aplicación de una multa. Esta última, eventualmente, es abonada por el registrante, es decir, quien tiene la última responsabilidad en la gestión, el monitoreo y la devolución de los envases.
También se ha señalado que los CAT o centros de almacenamiento transitorios pueden estar ubicados en áreas urbanas. En este sentido, el inciso b) del artículo 13 del proyecto contenido en el dictamen de mayoría establece que serán localizados en zonas rurales y/o industriales, cumpliendo además la normativa complementaria que corresponda.
Asimismo, se ha expresado que el triple lavado no elimina la toxicidad. Al respecto, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Universidad de San Pablo han señalado que el triple lavado consagrado por la Norma IRAM 12.069 elimina el 99,99 por ciento de la toxicidad del líquido. Por lo tanto, si eventualmente quedara este mínimo grado de toxicidad nada quitaría que las provincias lo consideren como un residuo peligroso y apliquen la normativa que para ello han sancionado.
Finalmente, la posibilidad de incorporar la Norma IRAM 12.069 es sumamente importante, porque otorga jerarquía normativa a una disposición de carácter voluntario. Si bien el triple lavado era llevado a cabo por los productores agropecuarios, en este caso, por el hecho de incluirlo y darle esa jerarquía normativa se convierte en algo de cumplimiento obligatorio.
Por lo tanto, celebro y acompaño el tratamiento de este proyecto de ley, porque considero que será de suma utilidad para dar una solución definitiva al manejo eficaz de los envases de agroquímicos. (Aplausos en las bancas.)
Esta propuesta del sistema de gestión integral de fitosanitarios es largamente demandada, dado que los envases se gestionan de una manera inadecuada: se arrojan al agua, se entierran y esto genera problemas primeramente en el ambiente y luego, por rebote, en la salud.
Dicho esto, deseo efectuar un par de comentarios que me parecen importantes para no confundir a la población.
En primer término, quiero hacer una distinción entre la legislación en materia de envases y la correspondiente a la aplicación de productos agroquímicos. Me parece que esto es importante porque implica realidades distintas y el manejo de principios diferentes.
La aplicación de los productos agroquímicos hace referencia a la manera en que ellos se utilizan en los cultivos. En este caso, estamos hablando de la generación de la logística y de la instrumentación de los mejores procedimientos para ser lo más eficaces posibles en la recolección de los envases. Esto es lo que torna importante disponer de esta norma legal relativa a los envases.
Por otra parte, algunos señores diputados preopinantes han señalado que la iniciativa es demasiado flexible o amplia y que brinda muchas libertades. Efectivamente, una ley de presupuestos mínimos funciona de esta manera ya que sienta las bases o estándares mínimos, es decir, es el piso inderogable por debajo del cual se considera que algo es peligroso y por encima del cual hay que efectuar una protección. Asimismo, se otorgan a las provincias las facultades necesarias para que hagan una complementación, al tiempo que se confiere a la Nación la potestad de hacer lo propio mediante el dictado de la normativa correspondiente.
De hecho, hay disposiciones tales como la prohibición de enterrar los envases o de volcarlos en el agua que fluye y que podría ser utilizada.
Quiero hacer referencia a la introducción del concepto de la responsabilidad extendida del productor. Este es el pilar del sistema que se propone en este proyecto de ley. La responsabilidad extendida del productor es un proceso análogo al del contaminador pagador. En otras palabras, esto significa que el que contamina, paga.
En este sentido, quien coloca un producto riesgoso en el mercado es responsable de ello, lo que constituye un principio jurídico. Por eso, entre las sanciones previstas en los últimos artículos de esta iniciativa se encuentra la aplicación de una multa. Esta última, eventualmente, es abonada por el registrante, es decir, quien tiene la última responsabilidad en la gestión, el monitoreo y la devolución de los envases.
También se ha señalado que los CAT o centros de almacenamiento transitorios pueden estar ubicados en áreas urbanas. En este sentido, el inciso b) del artículo 13 del proyecto contenido en el dictamen de mayoría establece que serán localizados en zonas rurales y/o industriales, cumpliendo además la normativa complementaria que corresponda.
Asimismo, se ha expresado que el triple lavado no elimina la toxicidad. Al respecto, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Universidad de San Pablo han señalado que el triple lavado consagrado por la Norma IRAM 12.069 elimina el 99,99 por ciento de la toxicidad del líquido. Por lo tanto, si eventualmente quedara este mínimo grado de toxicidad nada quitaría que las provincias lo consideren como un residuo peligroso y apliquen la normativa que para ello han sancionado.
Finalmente, la posibilidad de incorporar la Norma IRAM 12.069 es sumamente importante, porque otorga jerarquía normativa a una disposición de carácter voluntario. Si bien el triple lavado era llevado a cabo por los productores agropecuarios, en este caso, por el hecho de incluirlo y darle esa jerarquía normativa se convierte en algo de cumplimiento obligatorio.
Por lo tanto, celebro y acompaño el tratamiento de este proyecto de ley, porque considero que será de suma utilidad para dar una solución definitiva al manejo eficaz de los envases de agroquímicos. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
SR. ZIEGLER, ALEX ROBERTO (MISIONES):
Señor presidente: por lo que he podido rescatar de las exposiciones de los miembros informantes de los distintos dictámenes, en general claramente puede concluirse en la necesidad de implementar una reglamentación a nivel nacional que regule el modo en que se administran los envases vacíos que contienen algún tipo de sustancia tóxica vinculada con la producción agropecuaria, en especial los vegetales. En línea con lo señalado por el señor diputado Rubin, por la provincia de Corrientes, cabe señalar que en este caso no estamos considerando lo relacionado con la producción animal.
En definitiva, algunas alocuciones reflejaron claramente el argumento de que esta norma resulta muy flexible; otras, en cambio, plantearon que algunos aspectos son muy estrictos. Lo cierto es que a la Argentina le falta caminar diez pasos hacia adelante para alcanzar una gestión razonablemente amigable con el medioambiente en relación con la problemática de los envases vacíos que contienen algún tipo de fitotóxico. A veces, tratando de dar diez pasos de golpe ni siquiera damos los primeros que deberíamos dar. En este sentido, acompaño las palabras pronunciadas por el señor diputado Basterra. Podemos visualizar que existen algunas imperfecciones, pero si seguimos buscando defectos y la iniciativa va de una Cámara a la otra nunca daremos los primeros pasos necesarios en esta materia.
Valoro este proyecto de ley de presupuestos mínimos porque establece una vara igualitaria para todas las jurisdicciones del país. Sé que hay jurisdicciones que realizan mejor que otras la gestión de sus envases vacíos y provincias que enfocan correctamente la temática vinculada con la ley de venta de agrotóxicos o agroquímicos con o sin receta. En este caso puntual no podemos hacer otra cosa más que acompañar la iniciativa.
Seguramente, las diferencias que existen podremos analizarlas sentándonos a dialogar con los integrantes de los consejos asesores federales, en representación de los veinticuatro distritos, y los representantes del INTA, el SENASA y otros organismos públicos nacionales como el Consejo Federal Agropecuario y el COFESA, en materia de salud.
Esta iniciativa sobre presupuestos mínimos nos dará las garantías de que todas las provincias tendrán sus propios criterios dentro de una misma reglamentación. Por ejemplo, en el inciso f) del artículo 11 se hace clara referencia a que deben considerarse las particularidades regionales de los productores y de los operadores vinculados con los fitosanitarios. Esa garantía escrita en el proyecto de ley abre una ventana ante aquellos que tuvieron dudas respecto de lo estricto de la norma a fin de encontrar los mecanismos necesarios para que cada sector productivo pueda plantear sus realidades.
Créanme que es absolutamente necesario salir adelante hoy con esta iniciativa y sancionarla para que el Poder Ejecutivo nacional pueda emitir la mejor reglamentación. De esta manera, en el país podrá existir una buena gestión, mejor que la que hay, en materia de envases vacíos de productos fitosanitarios.
Por las razones expuestas, apoyamos el proyecto en consideración y esperamos el acompañamiento de todos los bloques.
En definitiva, algunas alocuciones reflejaron claramente el argumento de que esta norma resulta muy flexible; otras, en cambio, plantearon que algunos aspectos son muy estrictos. Lo cierto es que a la Argentina le falta caminar diez pasos hacia adelante para alcanzar una gestión razonablemente amigable con el medioambiente en relación con la problemática de los envases vacíos que contienen algún tipo de fitotóxico. A veces, tratando de dar diez pasos de golpe ni siquiera damos los primeros que deberíamos dar. En este sentido, acompaño las palabras pronunciadas por el señor diputado Basterra. Podemos visualizar que existen algunas imperfecciones, pero si seguimos buscando defectos y la iniciativa va de una Cámara a la otra nunca daremos los primeros pasos necesarios en esta materia.
Valoro este proyecto de ley de presupuestos mínimos porque establece una vara igualitaria para todas las jurisdicciones del país. Sé que hay jurisdicciones que realizan mejor que otras la gestión de sus envases vacíos y provincias que enfocan correctamente la temática vinculada con la ley de venta de agrotóxicos o agroquímicos con o sin receta. En este caso puntual no podemos hacer otra cosa más que acompañar la iniciativa.
Seguramente, las diferencias que existen podremos analizarlas sentándonos a dialogar con los integrantes de los consejos asesores federales, en representación de los veinticuatro distritos, y los representantes del INTA, el SENASA y otros organismos públicos nacionales como el Consejo Federal Agropecuario y el COFESA, en materia de salud.
Esta iniciativa sobre presupuestos mínimos nos dará las garantías de que todas las provincias tendrán sus propios criterios dentro de una misma reglamentación. Por ejemplo, en el inciso f) del artículo 11 se hace clara referencia a que deben considerarse las particularidades regionales de los productores y de los operadores vinculados con los fitosanitarios. Esa garantía escrita en el proyecto de ley abre una ventana ante aquellos que tuvieron dudas respecto de lo estricto de la norma a fin de encontrar los mecanismos necesarios para que cada sector productivo pueda plantear sus realidades.
Créanme que es absolutamente necesario salir adelante hoy con esta iniciativa y sancionarla para que el Poder Ejecutivo nacional pueda emitir la mejor reglamentación. De esta manera, en el país podrá existir una buena gestión, mejor que la que hay, en materia de envases vacíos de productos fitosanitarios.
Por las razones expuestas, apoyamos el proyecto en consideración y esperamos el acompañamiento de todos los bloques.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Si ningún otro señor diputado desea hacer uso de la palabra, se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Industria, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Agricultura y Ganadería recaído en el proyecto de ley en revisión sobre establecimiento de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada. Orden del Día N° 403.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ALEGRE, GILBERTO OSCAR (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en el bloque desistimos de llevar adelante una observación, por lo que vamos a acompañar el proyecto en su totalidad.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Puede hacer la aclaración en el tratamiento en particular, señor diputado.
- Se practica la votación nominal2016/134OT13_04_R14.pdf.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 176 señores diputados presentes, 162 han votado por la afirmativa y 13 por la negativa.
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Han votado 162 señores diputados por la afirmativa y 13 por la negativa. No se registraron abstenciones. (Aplausos en las bancas.)
aquí votación nominal
Se deja constancia del voto afirmativo del señor diputado Núñez.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Queda aprobado en general el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría. Pasamos a la consideración en particular.
Teniendo en cuenta que el proyecto viene en revisión del Senado y que hay un acuerdo de los diferentes bloques de no aceptar modificaciones, si hay asentimiento podemos votar todos los capítulos en forma conjunta pudiendo cada diputado pedir la palabra para dejar aclarado su voto con respecto a alguno de los artículos o capítulos.
Teniendo en cuenta que el proyecto viene en revisión del Senado y que hay un acuerdo de los diferentes bloques de no aceptar modificaciones, si hay asentimiento podemos votar todos los capítulos en forma conjunta pudiendo cada diputado pedir la palabra para dejar aclarado su voto con respecto a alguno de los artículos o capítulos.
- Asentimiento.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: solicito permiso para abstenerme en la votación del capítulo IX.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
SR. TORROBA, FRANCISCO JAVIER (LA PAMPA):
Señor presidente: dejo planteada una disidencia en los artículos 14 y 25.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
SR. OLIVARES, HECTOR ENRIQUE (LA RIOJA):
Señor presidente: planteo la misma disidencia que el señor diputado preopinante.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. BORSANI, LUIS GUSTAVO (MENDOZA):
Señor presidente: conjuntamente con los señores diputados Torroba y Bazze hemos planteado una disidencia parcial porque no estamos de acuerdo con la redacción del artículo 14 ni tampoco con la del artículo 25, incisos b) y c).
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Dejo constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.
Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.
SRA. TERADA, ALICIA (CHACO):
Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la votación del capítulo IX.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
SRA. MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA (CORDOBA):
Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la votación del capítulo IX.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
SRA. COPES, ANA ISABEL (SANTA FE):
Señor presidente: en igual sentido, solicito autorización para abstenerme en la votación del capítulo IX.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ALEGRE, GILBERTO OSCAR (BUENOS AIRES):
Señor presidente: adelanto que nos vamos a abstener de votar el capítulo V completo.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. GIUSTOZZI, RUBEN DARIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: adelanto que los bloques Juntos por Argentina y Compromiso Federal se abstendrán de votar el capítulo IX.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR.(SNOPEK (A.))
Señor presidente: solicito autorización para abstenerme de votar el capítulo IX, que comprende los artículos 25 a 30.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DE MENDIGUREN, JOSE IGNACIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: nosotros también nos abstendremos de votar esos artículos.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ALEGRE, GILBERTO OSCAR (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero aclarar que nos abstendremos de votar el capítulo IX. Lo que pasa es que en el proyecto que tengo acá figura como Capítulo V, artículo 40, y en el proyecto en tratamiento, dice “Capítulo IX”, a partir del artículo 25.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Está aclarado, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
SR. TABOADA, JORGE (CHUBUT):
Señor presidente: nuestro bloque también se abstendrá de votar el capítulo IX.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. RAFFO, JULIO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: mi abstención va en el mismo sentido que la de los diputados Alegre y Alejandro Snopek.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. BEVILACQUA, GUSTAVO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: yo también me abstendré de votar el capítulo IX.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
SR. KRONEBERGER, DANIEL RICARDO (LA PAMPA):
Señor presidente: en el mismo sentido que los diputados Borsani y Torroba, me voy a abstener de votar los artículos 14 y 25, incisos b) y c).
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por el Chubut.
SR. BERMEJO, SIXTO OSVALDO (CHUBUT):
Señor presidente: desde el bloque Trabajo y Dignidad nos abstendremos de votar el capítulo IX.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se va a votar en la forma indicada.
Resulta afirmativa.
Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Si hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se autorizarán las inserciones solicitadas por los señores diputados durante el transcurso de la sesión.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Si hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se autorizarán las inserciones solicitadas por los señores diputados durante el transcurso de la sesión.
- Asentimiento.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.
Habiendo concluido el temario de esta reunión, queda levantada la sesión.
Habiendo concluido el temario de esta reunión, queda levantada la sesión.
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